Matías Gatica Lindsay

El Servicio Médico Legal adelantó la entrega de los cuerpos de los mineros fallecidos en un derrumbe ocurrido el 31 de julio en El Teniente, que dejó seis trabajadores muertos y nueve heridos. En un principio el organismo puso como fecha límite el viernes, luego habló de 48 horas, pero finalmente confirmó que todos iban a ser entregados a sus familias en la noche de ayer.

A las 8:30 horas, y luego que fueran entregados los dos primeros cuerpos, el SML y la Fiscalía indicaron que tras las autopsias, durante el día se entregarían a sus familiares los cuerpos de Moisés Pavez y Carlos Arancibia para que se realicen sus funerales, quedando pendientes aún los de Gonzalo Núñez y Alex Araya.

A esa hora y tras críticas de los familiares por la demora, el fiscal Aquiles Cubillos dijo que el proceso demoraba porque se debía "garantizar que se hagan todas las pericias para la adecuada entrega"; y aseguró que quedan múltiples diligencias pendientes en este caso, que se indaga como cuasidelito de homicidio.

La directora de SML, Marisol Prado, comentó que "nuestro objetivo siempre ha sido trabajar con la mayor celeridad, y de esa manera poder entregar algo de tranquilidad a las familias, y poder entregar los informes periciales para que la justicia pueda llegar a esas familias".

El SML confirmó pasadas las 18:00 horas que se entregaron los cuerpos de Moisés Pavez y Carlos Arancibia, y que los dos restantes iban a llegar a sus familias en la noche de ayer, lo que al cierre de esta edición aún no ocurría.

Claudia Caroca, madre del minero Gonzalo Núñez, acusó a Codelco de falta de empatía y dijo en Chilevisión que "hubo mal manejo de comunicación" de la estatal.

En el punto de prensa junto al SML el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien participó en el emotivo funeral del minero Jean Miranda, sostuvo que se tomó el compromiso de que "se deben esclarecer completamente las causas del accidente".

Codelco señaló a la Comisión para el Mercado Financiero que El Teniente suspendió "sus operaciones y procesos productivos a raíz del lamentable evento sísmico del 31 de julio" y que "está comprometida con el restablecimiento de la operación tan pronto como las condiciones de seguridad lo permitan".

Además, dijo que "los efectos de esta paralización aún no es posible cuantificarlos".

En la tarde la PDI realizó diligencias en la empresa contratista Salfa Montaje, que junto a Gardilcic era una de las subcontratistas de los trabajadores fallecidos.

El candidato presidencial del PDG, Franco Parisi, bromeó ayer con el resultado de la encuesta Plaza Pública de Cadem, que lo ubicó en tercer lugar con 10% de apoyo, desplazando al cuarto lugar a la candidata de Chile Vamos Evelyn Matthei, con 8%.

El sondeo es liderado por José Antonio Kast (Rep), con un 28%, seguido de Jeannette Jara (PC), con un 27%. Detrás de Parisi y Matthei está Johannes Kaiser (PNL), quinto con 6%.

De visita en Puchuncaví, Parisi aseguró que "que las encuestas nos dan lo mismo. Sabemos que en Chile hay un cartel de encuestas nacionales. Las encuestas internacionales ya nos dan un 17%. Según nuestras estimaciones, y con el impacto que estamos teniendo a través de redes sociales, estamos sobre el 18% y debajo del 22%, casi empatado con la que iría en segundo lugar", que sería Jeannette Jara.

"La próxima semana quizás le llegue un buen bono a alguna de las encuestadoras por parte de Matthei para subir unos tres puntos", ironizó. "Estamos muy tranquilos y lo más probable es que pasemos a segunda vuelta. Va a ser bueno para Chile", agregó.

Matthei respondió que el fin de semana "hubo cuatro encuestas. Tres buenas y una mala, me quedo con las tres buenas". Agregó que la campaña parte en septiembre y "la única encuesta que vale es la del 16 de noviembre".

La Corte de Apelaciones de Coyhaique ordenó el desafuero del diputado Miguel Ángel Calisto (Ind-Dem), quien es investigado por un presunto delito de fraude al Fisco.

En junio el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella en su contra, Carla Graf, Roland Cárcamo y Felipe Klein, a quienes acusa de desviar, a través de asesorías, dineros "provenientes de asignaciones parlamentarías para fines no previstos en la ley de presupuestos de la nación". Dichos pagos aseguró que se fueron incrementando injustificadamente.

Ante ello la Fiscalía solicitó el desafuero del diputado, el que fue acogido por la Corte de Apelaciones. Calisto lamentó esta decisión, asegurando que la indagatoria es por una denuncia anónima que se realizó hace más de cinco años, que acusó a una asesora de no trabajar formalmente. "El criterio de la Corte es distinto a la visión que presentó nuestra defensa", dijo, añadiendo que le llama "la atención que no se haya considerado (...) el informe del Consejo de Asignaciones, que refleja que la asesora entregó todos los informes correspondientes en todos los meses correspondientes".

Calisto afirmó que apelará ante la Corte Suprema y dijo estar "tranquilo y convencido" en su inocencia.