Matías Gatica Lindsay

La subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, aseguró ayer que en caso de que la Justicia corrobore que la mujer encontrada en Argentina es efectivamente Bernarda Vera, quien figuraba en el listado de detenidos desaparecidos en la dictadura, la hija podría dejar de recibir reparaciones y otro tipo de prestaciones estatales.

El caso lo sacó a la luz un reportaje de Chilevisión, que reveló que Vera no habría sido ejectutada, sino que escapó hacia Argentina en 1978, país al que regresó en 1999 luego de recibir la residencia en Suecia, y donde vive hace al menos dos décadas. La situación generó acusaciones de un posible ocultamiento del Gobierno, dado que en 2024 el Plan Nacional de Búsqueda recibió la alerta.

El lunes el ministro de Seguridad, Luis Cordero, aseguró que gracias a ese plan se dio con el paradero de Vera y ayer la subsecretaria Quintanilla reforzó esa idea asegurando que "fuimos muy diligentes en esto".

El Ejecutivo sostiene que ante la alerta requirieron antecedentes a la PDI y a la Cancillería sueca, que en mayo pasado confirmó la residencia de una persona con esos nombres, documento que se entregó al ministro en visita Álvaro Mesa para que lo investigara. Sin embargo, Quintanilla indicó que el Estado aún no tiene "certeza plena" de que la mujer ubicada sea Bernarda Vera, ya que no hay huellas dactilares, fotografías, ni otra identificación biométrica.

La autoridad insistió en que no se judicializó de inmediato porque no se tenía la certeza de que se trate de ella. "Antes de informar una situación como esta, con la seriedad y sensibilidad que tiene, evidentemente nosotros tenemos que tener certeza de qué tan verosímil es o no este relato, porque lo que está en juego es la dignidad de la familia", afirmó.

"Nosotros tenemos que tener garantías de seriedad de lo que estamos diciendo y nosotros hasta mayo del 2025 no la teníamos", agregó Quintanilla, quien reiteró de que no hay hasta la fecha "ningún antecedente hoy para pensar ni presumir mínimamente la mala fe de la familia de Bernarda".

Sin embargo aseguró que en caso de confirmarse de que efectivamente es Vera "lo que procede es corregir esa calificación y, por tanto, una vez corregida esa calificación, deja de existir una causa para recibir reparaciones u otro tipo de prestación asociada a esta calificación".

Ayer diputados UDI presentaron un oficio a la Contraloría para que solicite información sobre el Plan Nacional de Búsqueda e indague si podría haber otros casos como el de Vera. Quintanilla aseguró que no los hay.

El Gobierno ingresó a la Cámara de Diputados la Ley de Presupuesto 2026, que no incluyó la glosa de libre disposición que administraciones anteriores sí consideraron.

La exclusión fue confirmada por el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, quien aseguró que "la comisión de gasto (...) hizo una propuesta específica respecto a qué hacer con la glosa republicana. Nosotros vamos a tomar esa propuesta (...) En simple, lo que significa es que no se libera un monto específico, sino que se le da más libertad a la administración siguiente para que pueda reasignar recursos".

Más tarde añadió que "cuando hay un cambio de administración es razonable que la administración que viene tenga la posibilidad de reorientar una parte de ese presupuesto de acuerdo a las prioridades que tiene. Para que eso exista lo importante es que exista flexibilidad para reasignar entre distintos ministerios y eso es lo que hace nuestra propuesta, sin dejar un monto establecido".

Esto fue criticado por los candidatos. Evelyn Matthei (UDI) señaló que "nunca en la historia de los últimos 30 años, desde que volvió la democracia, había sucedido que un Gobierno no le deje nada de libre disposición al Gobierno entrante". Por su parte, José Antonio Kast (Rep) dijo que "generalmente esa glosa le decían glosa republicana, lamento que el Presidente en esto no sea republicano"; mientras que Jeannette Jara (PC) admitió que "me habría gustado que se siguiera la lógica de siempre", aunque agregó que lo relevante es no reducir el gasto social.

El Gobierno confirmó la suspensión "momentánea" del proceso de consulta indígena que estaba realizando en la Macrozona Sur para crear un nuevo sistema de tierras en base a las recomendaciones de la Comisión para la Paz y el Entendimiento.

Según detalló el Gobierno, este es un mecanismo que estaba contemplado y podía ser solicitado por cualquier pueblo involucrado. Y en este caso "tiene por objetivo dar paso a una serie de diálogos territoriales con los distintos actores", lo que aseguró que "permitirá profundizar en propuestas para un sistema de acceso a tierras más ágil y eficiente que el actual".

El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, dijo que esto se debió a "la razonable solicitud de las comunidades indígenas", lo que a la vez permitirá "poder desplegarnos de mejor manera en las regiones de Biobío, La Araucanía, Los Ríos y los Lagos con las autoridades tradicionales, con las diferentes dirigencias, poniendo a disposición de ellos una mayor información sobre la materia a consultar. Esto nos permitirá una revinculación con ellas y disipar cualquier tipo de dudas sobre lo que se estaba consultando". Actualmente se han realizado 71 encuentros y han participado más de 3.600 personas.

Al no alcanzar el quorum de 11 votos a favor, la Corte Suprema determinó que el ministro Antonio Ulloa no sea destituido de su cargo a raíz de los chats que mantuvo con el abogado Luis Hermosilla y que le valió la apertura de un cuaderno de remoción. El resultado fue de siete votos a favor y siete en contra. Dado el resultado, un grupo de parlamentarios oficialistas anunció que presentará una acusación constitucional contra Ulloa