Matías Gatica Lindsay

El Juzgado de Garantía de Limache formalizó por atentado contra la autoridad y lesiones menos graves a dos hermanos acusados de golpear al diputado PDG Javier Olivares y un asesor, pero los dejó en libertad, lo que irritó al periodista.

Pasada la medianoche del domingo el parlamentario y su equipo acudieron a la celebración del aniversario del Club de Fútbol Amateur Montevideo de Olmué, donde fue agredido con golpes de puño y pie por otro asistente y su hermano. Olivares acusó que uno de ellos le gritó: "Viva la izquierda libre".

Carabineros detuvo a los dos sospechosos el lunes y ayer fueron formalizados. El tribunal rechazó la cautelar de prisión preventiva solicitada por la defensa del diputado y acogió parcialmente la petición de la Fiscalía, dejando a los imputados con prohibición de acercarse a la víctima y firma quincenal, pero rechazando el arraigo nacional.

"Tenemos una justicia tremendamente garantista, que primero va con y para los delincuentes y no para las víctimas", criticó Olivares, quien acusó a la Fiscalía de no atreverse a pedir la prisión preventiva. "Yo siempre he sido crítico del Ministerio Público; creo que su trabajo es bastante paupérrimo y hoy lo han demostrado", añadió.

El fiscal Rodrigo Lippi dijo que el Ministerio Público actúa por el principio de objetividad y los delitos formalizados a los imputados "no mantienen penas altas, no mantienen penas de crimen e incluso en el caso de atentado a la autoridad tiene pena alternativa de multa".

El defensor de los imputado, Felipe Salas, alegó que hay "notables inconsistencias" en las declaraciones de los denunciantes.

De hecho, ayer el club organizador emitió una declaración en que aclaró que Olivares no fue invitado a la fiesta y dirigió "expresiones ofensivas e insultos" hacia una de las asistentes, a la que empujó, lo que "generó la reacción de su cónyuge, quien le propinó un golpe en el rostro". Además, indicó que el diputado habría estado bajo los efectos del alcohol -algo que Olivares negó-, añadiendo que él y sus acompañantes también agredieron a la víctima inicial y que Olivares los instó a seguir con la pelea afuera.

La mujer con la que se inició el conflicto aseguró que nadie le aludió su tendencia partidista y el presidente del club, Claudio Gutiérrez, lo confirmó. "Nunca se le gritaron consignas políticas, tengo que ser honesto, soy militante de RN", dijo a radio ADN.

Matías Gatica Lindsay

El Juzgado de Garantía de Limache formalizó por atentado contra la autoridad y lesiones menos graves a dos hermanos acusados de golpear al diputado PDG Javier Olivares y un asesor, pero los dejó en libertad, lo que irritó al periodista.

Pasada la medianoche del domingo el parlamentario y su equipo acudieron a la celebración del aniversario del Club de Fútbol Amateur Montevideo de Olmué, donde fue agredido con golpes de puño y pie por otro asistente y su hermano. Olivares acusó que uno de ellos le gritó: "Viva la izquierda libre".

Carabineros detuvo a los dos sospechosos el lunes y ayer fueron formalizados. El tribunal rechazó la cautelar de prisión preventiva solicitada por la defensa del diputado y acogió parcialmente la petición de la Fiscalía, dejando a los imputados con prohibición de acercarse a la víctima y firma quincenal, pero rechazando el arraigo nacional.

"Tenemos una justicia tremendamente garantista, que primero va con y para los delincuentes y no para las víctimas", criticó Olivares, quien acusó a la Fiscalía de no atreverse a pedir la prisión preventiva. "Yo siempre he sido crítico del Ministerio Público; creo que su trabajo es bastante paupérrimo y hoy lo han demostrado", añadió.

El fiscal Rodrigo Lippi dijo que el Ministerio Público actúa por el principio de objetividad y los delitos formalizados a los imputados "no mantienen penas altas, no mantienen penas de crimen e incluso en el caso de atentado a la autoridad tiene pena alternativa de multa".

El defensor de los imputado, Felipe Salas, alegó que hay "notables inconsistencias" en las declaraciones de los denunciantes.

De hecho, ayer el club organizador emitió una declaración en que aclaró que Olivares no fue invitado a la fiesta y dirigió "expresiones ofensivas e insultos" hacia una de las asistentes, a la que empujó, lo que "generó la reacción de su cónyuge, quien le propinó un golpe en el rostro". Además, indicó que el diputado habría estado bajo los efectos del alcohol -algo que Olivares negó-, añadiendo que él y sus acompañantes también agredieron a la víctima inicial y que Olivares los instó a seguir con la pelea afuera.

La mujer con la que se inició el conflicto aseguró que nadie le aludió su tendencia partidista y el presidente del club, Claudio Gutiérrez, lo confirmó. "Nunca se le gritaron consignas políticas, tengo que ser honesto, soy militante de RN", dijo a radio ADN.

Matías Gatica Lindsay

El Juzgado de Garantía de Limache formalizó por atentado contra la autoridad y lesiones menos graves a dos hermanos acusados de golpear al diputado PDG Javier Olivares y un asesor, pero los dejó en libertad, lo que irritó al periodista.

Pasada la medianoche del domingo el parlamentario y su equipo acudieron a la celebración del aniversario del Club de Fútbol Amateur Montevideo de Olmué, donde fue agredido con golpes de puño y pie por otro asistente y su hermano. Olivares acusó que uno de ellos le gritó: "Viva la izquierda libre".

Carabineros detuvo a los dos sospechosos el lunes y ayer fueron formalizados. El tribunal rechazó la cautelar de prisión preventiva solicitada por la defensa del diputado y acogió parcialmente la petición de la Fiscalía, dejando a los imputados con prohibición de acercarse a la víctima y firma quincenal, pero rechazando el arraigo nacional.

"Tenemos una justicia tremendamente garantista, que primero va con y para los delincuentes y no para las víctimas", criticó Olivares, quien acusó a la Fiscalía de no atreverse a pedir la prisión preventiva. "Yo siempre he sido crítico del Ministerio Público; creo que su trabajo es bastante paupérrimo y hoy lo han demostrado", añadió.

El fiscal Rodrigo Lippi dijo que el Ministerio Público actúa por el principio de objetividad y los delitos formalizados a los imputados "no mantienen penas altas, no mantienen penas de crimen e incluso en el caso de atentado a la autoridad tiene pena alternativa de multa".

El defensor de los imputado, Felipe Salas, alegó que hay "notables inconsistencias" en las declaraciones de los denunciantes.

De hecho, ayer el club organizador emitió una declaración en que aclaró que Olivares no fue invitado a la fiesta y dirigió "expresiones ofensivas e insultos" hacia una de las asistentes, a la que empujó, lo que "generó la reacción de su cónyuge, quien le propinó un golpe en el rostro". Además, indicó que el diputado habría estado bajo los efectos del alcohol -algo que Olivares negó-, añadiendo que él y sus acompañantes también agredieron a la víctima inicial y que Olivares los instó a seguir con la pelea afuera.

La mujer con la que se inició el conflicto aseguró que nadie le aludió su tendencia partidista y el presidente del club, Claudio Gutiérrez, lo confirmó. "Nunca se le gritaron consignas políticas, tengo que ser honesto, soy militante de RN", dijo a radio ADN.

Un joven de 19 años fue secuestrado en la noche del lunes en San Miguel y horas después Carabineros logró liberarlo en Santiago, donde detuvo a cuatro sospechosos del plagio, todos extranjeros.

Cerca de las 21:00 horas la víctima se acercó a un vehículo para conversar con sus ocupantes en calle Brigadier de la Cruz, donde lo tomaron dos sujetos que lo subieron al auto contra su voluntad.

Vecinos que vieron lo ocurrido intentaron evitar el secuestro tirándole piedras al vehículo e iniciando una persecución, pero a las cuadras le perdieron el rastro.

Horas después los captores se comunicaron con la madre del joven para exigirle una suma de dinero por su liberación. La llamada fue interceptada por Carabineros que tras rastrearla determinó que el lugar donde lo mantenían era Lo Prado.

Luego de acordar un pago con la familia de la víctima, los secuestradores se trasladaron para concretar la liberación en calle Almirante Barroso con Agustinas, en Santiago, donde fueron interceptados por los policías, quienes rescataron al muchacho y detuvieron a cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, tres de nacionalidad colombiana y una venezolana, quienes fueron formalizados.

El tribunal determinó que tres de ellos quedaran en prisión preventiva; mientras que un cuarto, quien en primera instancia sólo habría participado en el traslado del joven a Santiago y que aparentemente, según versiones de los imputados y el afectado, sería un conductor de aplicación, quedó con arraigo nacional. Se fijó un plazo de 90 días para la investigación.

Desde la Fiscalía se indicó que pese a que la víctima se acercó al vehículo, en primera instancia no tendría relación con los secuestradores, a quienes les incautaron armas y municiones. Además, descartó que se trate de la misma banda que plagió a un empresario ferretero también en San Miguel e indicó que hubo planificación en el hecho.

Un joven de 19 años fue secuestrado en la noche del lunes en San Miguel y horas después Carabineros logró liberarlo en Santiago, donde detuvo a cuatro sospechosos del plagio, todos extranjeros.

Cerca de las 21:00 horas la víctima se acercó a un vehículo para conversar con sus ocupantes en calle Brigadier de la Cruz, donde lo tomaron dos sujetos que lo subieron al auto contra su voluntad.

Vecinos que vieron lo ocurrido intentaron evitar el secuestro tirándole piedras al vehículo e iniciando una persecución, pero a las cuadras le perdieron el rastro.

Horas después los captores se comunicaron con la madre del joven para exigirle una suma de dinero por su liberación. La llamada fue interceptada por Carabineros que tras rastrearla determinó que el lugar donde lo mantenían era Lo Prado.

Luego de acordar un pago con la familia de la víctima, los secuestradores se trasladaron para concretar la liberación en calle Almirante Barroso con Agustinas, en Santiago, donde fueron interceptados por los policías, quienes rescataron al muchacho y detuvieron a cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, tres de nacionalidad colombiana y una venezolana, quienes fueron formalizados.

El tribunal determinó que tres de ellos quedaran en prisión preventiva; mientras que un cuarto, quien en primera instancia sólo habría participado en el traslado del joven a Santiago y que aparentemente, según versiones de los imputados y el afectado, sería un conductor de aplicación, quedó con arraigo nacional. Se fijó un plazo de 90 días para la investigación.

Desde la Fiscalía se indicó que pese a que la víctima se acercó al vehículo, en primera instancia no tendría relación con los secuestradores, a quienes les incautaron armas y municiones. Además, descartó que se trate de la misma banda que plagió a un empresario ferretero también en San Miguel e indicó que hubo planificación en el hecho.

Un joven de 19 años fue secuestrado en la noche del lunes en San Miguel y horas después Carabineros logró liberarlo en Santiago, donde detuvo a cuatro sospechosos del plagio, todos extranjeros.

Cerca de las 21:00 horas la víctima se acercó a un vehículo para conversar con sus ocupantes en calle Brigadier de la Cruz, donde lo tomaron dos sujetos que lo subieron al auto contra su voluntad.

Vecinos que vieron lo ocurrido intentaron evitar el secuestro tirándole piedras al vehículo e iniciando una persecución, pero a las cuadras le perdieron el rastro.

Horas después los captores se comunicaron con la madre del joven para exigirle una suma de dinero por su liberación. La llamada fue interceptada por Carabineros que tras rastrearla determinó que el lugar donde lo mantenían era Lo Prado.

Luego de acordar un pago con la familia de la víctima, los secuestradores se trasladaron para concretar la liberación en calle Almirante Barroso con Agustinas, en Santiago, donde fueron interceptados por los policías, quienes rescataron al muchacho y detuvieron a cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, tres de nacionalidad colombiana y una venezolana, quienes fueron formalizados.

El tribunal determinó que tres de ellos quedaran en prisión preventiva; mientras que un cuarto, quien en primera instancia sólo habría participado en el traslado del joven a Santiago y que aparentemente, según versiones de los imputados y el afectado, sería un conductor de aplicación, quedó con arraigo nacional. Se fijó un plazo de 90 días para la investigación.

Desde la Fiscalía se indicó que pese a que la víctima se acercó al vehículo, en primera instancia no tendría relación con los secuestradores, a quienes les incautaron armas y municiones. Además, descartó que se trate de la misma banda que plagió a un empresario ferretero también en San Miguel e indicó que hubo planificación en el hecho.

Pese a tratarse de una investigación reservada, Canal 13 informó que la indagatoria por la muerte del sargento de Carabineros, Javier Figueroa, ocurrida tras un baleo el 11 de marzo, apunta a que el llamado al 133 que alertó personas bebiendo alcohol en Puerto Varas se realizó desde un teléfono ligado al funcionario.

Al amanecer de ese día, éste y un colega acudieron al procedimiento en la línea férrea. El primero recibió un balazo en la cabeza que lo tuvo en riesgo vital hasta que falleció el 19 de ese mes.

Según Canal 13, los antecedentes indican que el llamado de denuncia se hizo de un teléfono que el carabinero tenía en su mochila, el cual no tenía chip, lo que dificultó encontrar al denunciante.

Asimismo, reveló que el disparo fatal provino de su arma de servicio, aunque no se hallaron restos de terceras personas en ella, incluido el de su colega.

La madre del fallecido, Marlene Manquemilla, dijo que "como familia nos dijeron que no fue suicido. A mi hijo lo mataron. Hay evidencias que no se han tomado en cuenta", y pidió que cambien a la fiscal regional del caso, Carmen Gloria Wittwer.

La propia persecutora y Carabineros reiteraron que es una investigación reservada y que aún mantienen diligencias tendientes a esclarecer lo ocurrido. La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, en tanto, pidió "tener cuidado mientras no sea una conclusión firme" de la Fiscalía.

Pese a tratarse de una investigación reservada, Canal 13 informó que la indagatoria por la muerte del sargento de Carabineros, Javier Figueroa, ocurrida tras un baleo el 11 de marzo, apunta a que el llamado al 133 que alertó personas bebiendo alcohol en Puerto Varas se realizó desde un teléfono ligado al funcionario.

Al amanecer de ese día, éste y un colega acudieron al procedimiento en la línea férrea. El primero recibió un balazo en la cabeza que lo tuvo en riesgo vital hasta que falleció el 19 de ese mes.

Según Canal 13, los antecedentes indican que el llamado de denuncia se hizo de un teléfono que el carabinero tenía en su mochila, el cual no tenía chip, lo que dificultó encontrar al denunciante.

Asimismo, reveló que el disparo fatal provino de su arma de servicio, aunque no se hallaron restos de terceras personas en ella, incluido el de su colega.

La madre del fallecido, Marlene Manquemilla, dijo que "como familia nos dijeron que no fue suicido. A mi hijo lo mataron. Hay evidencias que no se han tomado en cuenta", y pidió que cambien a la fiscal regional del caso, Carmen Gloria Wittwer.

La propia persecutora y Carabineros reiteraron que es una investigación reservada y que aún mantienen diligencias tendientes a esclarecer lo ocurrido. La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, en tanto, pidió "tener cuidado mientras no sea una conclusión firme" de la Fiscalía.

Pese a tratarse de una investigación reservada, Canal 13 informó que la indagatoria por la muerte del sargento de Carabineros, Javier Figueroa, ocurrida tras un baleo el 11 de marzo, apunta a que el llamado al 133 que alertó personas bebiendo alcohol en Puerto Varas se realizó desde un teléfono ligado al funcionario.

Al amanecer de ese día, éste y un colega acudieron al procedimiento en la línea férrea. El primero recibió un balazo en la cabeza que lo tuvo en riesgo vital hasta que falleció el 19 de ese mes.

Según Canal 13, los antecedentes indican que el llamado de denuncia se hizo de un teléfono que el carabinero tenía en su mochila, el cual no tenía chip, lo que dificultó encontrar al denunciante.

Asimismo, reveló que el disparo fatal provino de su arma de servicio, aunque no se hallaron restos de terceras personas en ella, incluido el de su colega.

La madre del fallecido, Marlene Manquemilla, dijo que "como familia nos dijeron que no fue suicido. A mi hijo lo mataron. Hay evidencias que no se han tomado en cuenta", y pidió que cambien a la fiscal regional del caso, Carmen Gloria Wittwer.

La propia persecutora y Carabineros reiteraron que es una investigación reservada y que aún mantienen diligencias tendientes a esclarecer lo ocurrido. La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, en tanto, pidió "tener cuidado mientras no sea una conclusión firme" de la Fiscalía.

La Fiscalía y la PDI informaron ayer que finalmente 21 personas fueron detenidas en la operación "Rey David", que desarticuló una banda asociada a delitos económicos relacionados a la automotora Cincar, en Puente Alto. En el operativo se incautaron autos de alta gama, propiedades, lanchas y motos de agua, que estaban asociadas al presunto cabecilla, Daniel Israel. Además , se determinó que la organización obtenía cédulas de identidad de personas vulnerables y en situación de calle, a quienes suplantaban para obtener créditos bancarios, para lo cual tenían nexos con personas de instituciones financieras. La Fiscalía indicó que se incautó un patrimonio de más de $13 mil millones. El periodista Francisco Kaminski, quien es sujeto de interés en este caso, quedó apercibido. Los nueve líderes quedaron en prisión preventiva.

La Fiscalía y la PDI informaron ayer que finalmente 21 personas fueron detenidas en la operación "Rey David", que desarticuló una banda asociada a delitos económicos relacionados a la automotora Cincar, en Puente Alto. En el operativo se incautaron autos de alta gama, propiedades, lanchas y motos de agua, que estaban asociadas al presunto cabecilla, Daniel Israel. Además , se determinó que la organización obtenía cédulas de identidad de personas vulnerables y en situación de calle, a quienes suplantaban para obtener créditos bancarios, para lo cual tenían nexos con personas de instituciones financieras. La Fiscalía indicó que se incautó un patrimonio de más de $13 mil millones. El periodista Francisco Kaminski, quien es sujeto de interés en este caso, quedó apercibido. Los nueve líderes quedaron en prisión preventiva.

La Fiscalía y la PDI informaron ayer que finalmente 21 personas fueron detenidas en la operación "Rey David", que desarticuló una banda asociada a delitos económicos relacionados a la automotora Cincar, en Puente Alto. En el operativo se incautaron autos de alta gama, propiedades, lanchas y motos de agua, que estaban asociadas al presunto cabecilla, Daniel Israel. Además , se determinó que la organización obtenía cédulas de identidad de personas vulnerables y en situación de calle, a quienes suplantaban para obtener créditos bancarios, para lo cual tenían nexos con personas de instituciones financieras. La Fiscalía indicó que se incautó un patrimonio de más de $13 mil millones. El periodista Francisco Kaminski, quien es sujeto de interés en este caso, quedó apercibido. Los nueve líderes quedaron en prisión preventiva.