Leo Riquelme

Entre mensajes de mesura del Gobierno y de otros líderes del oficialismo, el presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, presionó ayer a las restantes colectividades de derecha para que respalden la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, anunciada junto a Republicano por supuestos errores de cálculo por 10.500 millones de dólares en los ingresos fiscales, lo que el frentamplista atribuye sólo a un cambio metodológico.

"La acusación constitucional va a ir sí o sí, solamente un meteorito nos podría hacer cambiar de opinión. Yo sé que van a terminar votando correctamente, nuestra acusación es tan sólida que no les queda otra", dijo el exdiputado a los representantes de Chile Vamos.

Dirigentes de la derecha tradicional se han mostrado cautos sobre el libelo por su eventual impacto en la izquierda en las negociaciones por la megarreforma que impulsa La Moneda, que la próxima semana parte su tramitación en el Senado tras su aprobación en la Cámara de Diputados. La acusación, en tanto, tiene plazo de presentación hasta el 11 de junio.

"Tendrán que responder frente a su electorado", les emplazó en la víspera el republicano Agustín Moreno a quienes no la respalden.

"Nadie cuestionaría la oportunidad de perseguir un ladrón que ha robado, nadie perseguiría, nadie cuestionaría la oportunidad de perseguir a un estafador que ha defraudado a la gente. No veo por qué tengamos que hacernos cargo de la oportunidad cuando se trata de hacer valer la ley respecto de personas con poder", agregó Kaiser a quienes indican que no es un momento idóneo.

Temprano, el presidente de Republicano, Arturo Squella afirmó en Tele13Radio que la tensión en la derecha era "fruto de un par de malas declaraciones", pero aseguró que "no era un ánimo torear a nadie" y llamó a poner "paños fríos".

El Gobierno, en tanto, mantuvo que una AC es una prerrogativa parlamentaria, que no debería afectar el tránsito de la megarreforma.

"El ambiente en la coalición de Gobierno es un buen ambiente para los propósitos que el Presidente ha señalado", dijo el subsecretario del Interior, Máximo Pavez.

Leo Riquelme

Entre mensajes de mesura del Gobierno y de otros líderes del oficialismo, el presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, presionó ayer a las restantes colectividades de derecha para que respalden la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, anunciada junto a Republicano por supuestos errores de cálculo por 10.500 millones de dólares en los ingresos fiscales, lo que el frentamplista atribuye sólo a un cambio metodológico.

"La acusación constitucional va a ir sí o sí, solamente un meteorito nos podría hacer cambiar de opinión. Yo sé que van a terminar votando correctamente, nuestra acusación es tan sólida que no les queda otra", dijo el exdiputado a los representantes de Chile Vamos.

Dirigentes de la derecha tradicional se han mostrado cautos sobre el libelo por su eventual impacto en la izquierda en las negociaciones por la megarreforma que impulsa La Moneda, que la próxima semana parte su tramitación en el Senado tras su aprobación en la Cámara de Diputados. La acusación, en tanto, tiene plazo de presentación hasta el 11 de junio.

"Tendrán que responder frente a su electorado", les emplazó en la víspera el republicano Agustín Moreno a quienes no la respalden.

"Nadie cuestionaría la oportunidad de perseguir un ladrón que ha robado, nadie perseguiría, nadie cuestionaría la oportunidad de perseguir a un estafador que ha defraudado a la gente. No veo por qué tengamos que hacernos cargo de la oportunidad cuando se trata de hacer valer la ley respecto de personas con poder", agregó Kaiser a quienes indican que no es un momento idóneo.

Temprano, el presidente de Republicano, Arturo Squella afirmó en Tele13Radio que la tensión en la derecha era "fruto de un par de malas declaraciones", pero aseguró que "no era un ánimo torear a nadie" y llamó a poner "paños fríos".

El Gobierno, en tanto, mantuvo que una AC es una prerrogativa parlamentaria, que no debería afectar el tránsito de la megarreforma.

"El ambiente en la coalición de Gobierno es un buen ambiente para los propósitos que el Presidente ha señalado", dijo el subsecretario del Interior, Máximo Pavez.

Leo Riquelme

Entre mensajes de mesura del Gobierno y de otros líderes del oficialismo, el presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, presionó ayer a las restantes colectividades de derecha para que respalden la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, anunciada junto a Republicano por supuestos errores de cálculo por 10.500 millones de dólares en los ingresos fiscales, lo que el frentamplista atribuye sólo a un cambio metodológico.

"La acusación constitucional va a ir sí o sí, solamente un meteorito nos podría hacer cambiar de opinión. Yo sé que van a terminar votando correctamente, nuestra acusación es tan sólida que no les queda otra", dijo el exdiputado a los representantes de Chile Vamos.

Dirigentes de la derecha tradicional se han mostrado cautos sobre el libelo por su eventual impacto en la izquierda en las negociaciones por la megarreforma que impulsa La Moneda, que la próxima semana parte su tramitación en el Senado tras su aprobación en la Cámara de Diputados. La acusación, en tanto, tiene plazo de presentación hasta el 11 de junio.

"Tendrán que responder frente a su electorado", les emplazó en la víspera el republicano Agustín Moreno a quienes no la respalden.

"Nadie cuestionaría la oportunidad de perseguir un ladrón que ha robado, nadie perseguiría, nadie cuestionaría la oportunidad de perseguir a un estafador que ha defraudado a la gente. No veo por qué tengamos que hacernos cargo de la oportunidad cuando se trata de hacer valer la ley respecto de personas con poder", agregó Kaiser a quienes indican que no es un momento idóneo.

Temprano, el presidente de Republicano, Arturo Squella afirmó en Tele13Radio que la tensión en la derecha era "fruto de un par de malas declaraciones", pero aseguró que "no era un ánimo torear a nadie" y llamó a poner "paños fríos".

El Gobierno, en tanto, mantuvo que una AC es una prerrogativa parlamentaria, que no debería afectar el tránsito de la megarreforma.

"El ambiente en la coalición de Gobierno es un buen ambiente para los propósitos que el Presidente ha señalado", dijo el subsecretario del Interior, Máximo Pavez.

El Gobierno descartó que planee impulsar la privatización de Codelco, una idea que han impulsado algunos expertos en los últimos días luego de que se descubriera que ejecutivos inflaron la producción en 2025 presuntamente para recibir jugosos bonos y que se cuestionara la gestión de su saliente presidente, Máximo Pacheco.

"No estamos hablando de privatizar, estamos hablando de trabajar con privados tal como lo hizo la última administración de Máximo Pacheco obteniendo más de 12 convenios con privados", dijo ayer el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas.

El supuesto inflamiento de la producción es investigado por la Fiscalía, al igual que el accidente con seis muertos ocurrido el año pasado en el mineral El Teniente y un supuesto ocultamiento de antecedentes de un desplome fatal ocurrido antes.

Mas destacó en ese aspecto el rol que tendrá Bernardo Fontaine, que el miércoles asumió la presidencia de la cuprífera. "Parte una nueva etapa: el gobierno corporativo empieza a liderar la compañía, y hemos dicho que los ejes son seguridad, productividad y hacernos cargo de la deuda", declaró.

Fontaine concordó en ello en un video interno a los trabajadores. "Codelco puede más. Será necesario hacer cambios y mejoras, y los haremos con capacidad de escuchar y entre todos", agregó.

El Gobierno descartó que planee impulsar la privatización de Codelco, una idea que han impulsado algunos expertos en los últimos días luego de que se descubriera que ejecutivos inflaron la producción en 2025 presuntamente para recibir jugosos bonos y que se cuestionara la gestión de su saliente presidente, Máximo Pacheco.

"No estamos hablando de privatizar, estamos hablando de trabajar con privados tal como lo hizo la última administración de Máximo Pacheco obteniendo más de 12 convenios con privados", dijo ayer el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas.

El supuesto inflamiento de la producción es investigado por la Fiscalía, al igual que el accidente con seis muertos ocurrido el año pasado en el mineral El Teniente y un supuesto ocultamiento de antecedentes de un desplome fatal ocurrido antes.

Mas destacó en ese aspecto el rol que tendrá Bernardo Fontaine, que el miércoles asumió la presidencia de la cuprífera. "Parte una nueva etapa: el gobierno corporativo empieza a liderar la compañía, y hemos dicho que los ejes son seguridad, productividad y hacernos cargo de la deuda", declaró.

Fontaine concordó en ello en un video interno a los trabajadores. "Codelco puede más. Será necesario hacer cambios y mejoras, y los haremos con capacidad de escuchar y entre todos", agregó.

La dirección regional del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de Magallanes presentó una denuncia ante la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado por el otorgamiento de subsidios para familias vulnerables a dos mujeres, quienes eran parejas de del diputado del Partido Republicanos, Alejandro Riquelme, y de quien dirigiera dicho organismo en la zona hasta 2022, Dubalio Pérez.

"Estamos con un plan de fiscalización del mal uso de las viviendas sociales y eso afecta a todos los ciudadanos por igual, nadie queda al margen de eso, todos son iguales ante la ley", dijo ayer el ministro de Vivienda, Iván Poduje.

La autoridad habría recibido los antecedentes de las presuntas irregularidades cometidas en 2022 y que beneficiaron con subsidio habitacional de reemplazo a Susan Chicuy y Julia López, parejas de Riquelme y Pérez, respectivamente, y a quienes habrían omitido en sus postulaciones.

Ambas habrían accedido a un instrumento que estaba destinado al 40% de las familias más vulnerables del Registro Social de Hogares (RSH).

La fiscal jefa de Punta Arenas, Johanna Irribarra, confirmó la presentación del Serviu y aseguró que se trata de una investigación abierta.

La dirección regional del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de Magallanes presentó una denuncia ante la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado por el otorgamiento de subsidios para familias vulnerables a dos mujeres, quienes eran parejas de del diputado del Partido Republicanos, Alejandro Riquelme, y de quien dirigiera dicho organismo en la zona hasta 2022, Dubalio Pérez.

"Estamos con un plan de fiscalización del mal uso de las viviendas sociales y eso afecta a todos los ciudadanos por igual, nadie queda al margen de eso, todos son iguales ante la ley", dijo ayer el ministro de Vivienda, Iván Poduje.

La autoridad habría recibido los antecedentes de las presuntas irregularidades cometidas en 2022 y que beneficiaron con subsidio habitacional de reemplazo a Susan Chicuy y Julia López, parejas de Riquelme y Pérez, respectivamente, y a quienes habrían omitido en sus postulaciones.

Ambas habrían accedido a un instrumento que estaba destinado al 40% de las familias más vulnerables del Registro Social de Hogares (RSH).

La fiscal jefa de Punta Arenas, Johanna Irribarra, confirmó la presentación del Serviu y aseguró que se trata de una investigación abierta.