Matías Gatica Lindsay

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió ayer la decisión del Servicio de Impuestos Internos (SII), que publicó una resolución para habilitar un mecanismo que permita a las casas de apuestas extranjeras (que hoy son ilegales en Chile), inscribirse y pagar IVA de sus operaciones en el país.

La decisión fue criticada por la Asociación Chilena de Casinos y Juego que acusó que era una "regularización encubierta". La presidenta del gremio, Cecilia Valdés, dijo ayer a Radio 13C que "es bien compleja y bien confusa la señal que se está dando, porque el SII saca una resolución que permite que las plataformas de apuesta, que son ilegales, que la Corte Suprema las ha dicho ya en dos ocasiones que son ilegales, puedan pagar IVA por sus servicios".

"Son plataformas que operan desde el extranjero. Entonces, es bien confusa la señal del Gobierno en cuanto a que hay un proyecto que lleva cuatro años en el congreso, que se está regulando, precisamente porque esto no es solamente cobrar impuesto, esto tiene bastantes externalidades que hay que legislar sobre eso", agregó y acusó que "el Gobierno está validando que existan estas operaciones desde el extranjero al meterlos dentro del sistema con este cobro de impuestos, pero no está regulando lo más importante, que es el control que se tiene que tener sobre esta actividad".

En esa línea el diputado FRVS Esteban Velásquez dijo que el fallo de la Corte Suprema "no dejó espacio a dobles interpretaciones" pues obligaba "a los principales proveedores de internet del país, bloquear de forma inmediata estos sitios clandestinos".

Por su parte y luego de que el SII señalara que con ello se busca "fortalecer la equidad tributaria" el senador DC Iván Flores anunció que oficiará a la Contraloría para que se pronuncie sobre la legalidad de las acciones del SII. "Lo que ha hecho el director del SII es incomprensible, además que yo creo que raya en la ilegalidad", sostuvo.

Ante estos cuestionamientos, Quiroz dijo ayer que "el SII es una entidad independiente, se rige por su director y el director aplica la ley. Y en esta materia la ley que la compete a impuestos internos es recaudar los hechos que estén gravados (...) es más, es su deber".

Al ser consultado sobre si esta era una "regulación encubierta", respondió que "en ningún caso".

Por otra parte el biministro del Interior y la Segegob Claudio Alvarado indicó que si el SII "aplica esas facultades es porque tienen los fundamentos necesarios y suficientes para hacerlo".

Matías Gatica Lindsay

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió ayer la decisión del Servicio de Impuestos Internos (SII), que publicó una resolución para habilitar un mecanismo que permita a las casas de apuestas extranjeras (que hoy son ilegales en Chile), inscribirse y pagar IVA de sus operaciones en el país.

La decisión fue criticada por la Asociación Chilena de Casinos y Juego que acusó que era una "regularización encubierta". La presidenta del gremio, Cecilia Valdés, dijo ayer a Radio 13C que "es bien compleja y bien confusa la señal que se está dando, porque el SII saca una resolución que permite que las plataformas de apuesta, que son ilegales, que la Corte Suprema las ha dicho ya en dos ocasiones que son ilegales, puedan pagar IVA por sus servicios".

"Son plataformas que operan desde el extranjero. Entonces, es bien confusa la señal del Gobierno en cuanto a que hay un proyecto que lleva cuatro años en el congreso, que se está regulando, precisamente porque esto no es solamente cobrar impuesto, esto tiene bastantes externalidades que hay que legislar sobre eso", agregó y acusó que "el Gobierno está validando que existan estas operaciones desde el extranjero al meterlos dentro del sistema con este cobro de impuestos, pero no está regulando lo más importante, que es el control que se tiene que tener sobre esta actividad".

En esa línea el diputado FRVS Esteban Velásquez dijo que el fallo de la Corte Suprema "no dejó espacio a dobles interpretaciones" pues obligaba "a los principales proveedores de internet del país, bloquear de forma inmediata estos sitios clandestinos".

Por su parte y luego de que el SII señalara que con ello se busca "fortalecer la equidad tributaria" el senador DC Iván Flores anunció que oficiará a la Contraloría para que se pronuncie sobre la legalidad de las acciones del SII. "Lo que ha hecho el director del SII es incomprensible, además que yo creo que raya en la ilegalidad", sostuvo.

Ante estos cuestionamientos, Quiroz dijo ayer que "el SII es una entidad independiente, se rige por su director y el director aplica la ley. Y en esta materia la ley que la compete a impuestos internos es recaudar los hechos que estén gravados (...) es más, es su deber".

Al ser consultado sobre si esta era una "regulación encubierta", respondió que "en ningún caso".

Por otra parte el biministro del Interior y la Segegob Claudio Alvarado indicó que si el SII "aplica esas facultades es porque tienen los fundamentos necesarios y suficientes para hacerlo".

Matías Gatica Lindsay

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió ayer la decisión del Servicio de Impuestos Internos (SII), que publicó una resolución para habilitar un mecanismo que permita a las casas de apuestas extranjeras (que hoy son ilegales en Chile), inscribirse y pagar IVA de sus operaciones en el país.

La decisión fue criticada por la Asociación Chilena de Casinos y Juego que acusó que era una "regularización encubierta". La presidenta del gremio, Cecilia Valdés, dijo ayer a Radio 13C que "es bien compleja y bien confusa la señal que se está dando, porque el SII saca una resolución que permite que las plataformas de apuesta, que son ilegales, que la Corte Suprema las ha dicho ya en dos ocasiones que son ilegales, puedan pagar IVA por sus servicios".

"Son plataformas que operan desde el extranjero. Entonces, es bien confusa la señal del Gobierno en cuanto a que hay un proyecto que lleva cuatro años en el congreso, que se está regulando, precisamente porque esto no es solamente cobrar impuesto, esto tiene bastantes externalidades que hay que legislar sobre eso", agregó y acusó que "el Gobierno está validando que existan estas operaciones desde el extranjero al meterlos dentro del sistema con este cobro de impuestos, pero no está regulando lo más importante, que es el control que se tiene que tener sobre esta actividad".

En esa línea el diputado FRVS Esteban Velásquez dijo que el fallo de la Corte Suprema "no dejó espacio a dobles interpretaciones" pues obligaba "a los principales proveedores de internet del país, bloquear de forma inmediata estos sitios clandestinos".

Por su parte y luego de que el SII señalara que con ello se busca "fortalecer la equidad tributaria" el senador DC Iván Flores anunció que oficiará a la Contraloría para que se pronuncie sobre la legalidad de las acciones del SII. "Lo que ha hecho el director del SII es incomprensible, además que yo creo que raya en la ilegalidad", sostuvo.

Ante estos cuestionamientos, Quiroz dijo ayer que "el SII es una entidad independiente, se rige por su director y el director aplica la ley. Y en esta materia la ley que la compete a impuestos internos es recaudar los hechos que estén gravados (...) es más, es su deber".

Al ser consultado sobre si esta era una "regulación encubierta", respondió que "en ningún caso".

Por otra parte el biministro del Interior y la Segegob Claudio Alvarado indicó que si el SII "aplica esas facultades es porque tienen los fundamentos necesarios y suficientes para hacerlo".

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, defendió ayer el actuar de Carabineros en la marcha que fue convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) y que se desarrolló el miércoles en Santiago. En esta se registraron 35 detenidos y seis lesionados, tres carabineros y tres civiles.

Luego de diversos incidentes registrados en la marcha, las federaciones de estudiantes de la U. de Chile, la Usach y la U. Catolica afirmaron que hubo una "brutal represión de las fuerzas policiales" cuando "nos encontrábamos ejerciendo nuestro legítimo derecho a la manifestación", algo que también fue criticado desde la oposición.

La presidenta del FA, Constanza Martínez, dijo que "el gobierno de (José Antonio) Kast transformó una movilización estudiantil legítima (...) en una confrontación que terminó en represión desmedida"; mientras que el diputado PS Juan Santana cuestionó que "una estudiante (de 13 años) salió a una movilización estudiantil y terminó gravemente herida".

Sobre eso último el delegado presidencial de la RM, Germán Codina, dijo a T13 que esto fue "probablemente una piedra lanzada por gente que estaba en la manifestación".

Arrau señaló que "una sociedad que aspira a vivir en paz no puede normalizar la violencia ni victimizar de manera selectiva. La opinión pública también debe considerar a los tres civiles heridos, a los tres carabineros lesionados resguardando el orden público y la gravedad de 35 detenidos, tres de ellos por portar bombas molotov".

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, defendió ayer el actuar de Carabineros en la marcha que fue convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) y que se desarrolló el miércoles en Santiago. En esta se registraron 35 detenidos y seis lesionados, tres carabineros y tres civiles.

Luego de diversos incidentes registrados en la marcha, las federaciones de estudiantes de la U. de Chile, la Usach y la U. Catolica afirmaron que hubo una "brutal represión de las fuerzas policiales" cuando "nos encontrábamos ejerciendo nuestro legítimo derecho a la manifestación", algo que también fue criticado desde la oposición.

La presidenta del FA, Constanza Martínez, dijo que "el gobierno de (José Antonio) Kast transformó una movilización estudiantil legítima (...) en una confrontación que terminó en represión desmedida"; mientras que el diputado PS Juan Santana cuestionó que "una estudiante (de 13 años) salió a una movilización estudiantil y terminó gravemente herida".

Sobre eso último el delegado presidencial de la RM, Germán Codina, dijo a T13 que esto fue "probablemente una piedra lanzada por gente que estaba en la manifestación".

Arrau señaló que "una sociedad que aspira a vivir en paz no puede normalizar la violencia ni victimizar de manera selectiva. La opinión pública también debe considerar a los tres civiles heridos, a los tres carabineros lesionados resguardando el orden público y la gravedad de 35 detenidos, tres de ellos por portar bombas molotov".

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, defendió ayer el actuar de Carabineros en la marcha que fue convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) y que se desarrolló el miércoles en Santiago. En esta se registraron 35 detenidos y seis lesionados, tres carabineros y tres civiles.

Luego de diversos incidentes registrados en la marcha, las federaciones de estudiantes de la U. de Chile, la Usach y la U. Catolica afirmaron que hubo una "brutal represión de las fuerzas policiales" cuando "nos encontrábamos ejerciendo nuestro legítimo derecho a la manifestación", algo que también fue criticado desde la oposición.

La presidenta del FA, Constanza Martínez, dijo que "el gobierno de (José Antonio) Kast transformó una movilización estudiantil legítima (...) en una confrontación que terminó en represión desmedida"; mientras que el diputado PS Juan Santana cuestionó que "una estudiante (de 13 años) salió a una movilización estudiantil y terminó gravemente herida".

Sobre eso último el delegado presidencial de la RM, Germán Codina, dijo a T13 que esto fue "probablemente una piedra lanzada por gente que estaba en la manifestación".

Arrau señaló que "una sociedad que aspira a vivir en paz no puede normalizar la violencia ni victimizar de manera selectiva. La opinión pública también debe considerar a los tres civiles heridos, a los tres carabineros lesionados resguardando el orden público y la gravedad de 35 detenidos, tres de ellos por portar bombas molotov".

La Subsecretaría de Telecomunicaciones informó ayer que realizará cambios a la norma que comenzó a funcionar en agosto de 2025 y que obliga a las llamadas masivas y comerciales a utilizar los prefijos 600 y 809.

La primera modificación, que se realizará al prefijo 600 y que será publicada hoy en el Diario Oficial, señala que este se destinará exclusivamente a llamadas masivas requeridas, con fines informativos o de soporte y que sean dirigidas a usuarios por prestaciones solicitadas o contratadas y "prohibiendo estrictamente su uso para ventas, ofrecimientos o promociones de servicios adicionales o no requeridos por el usuario o suscriptor expresamente", que pertenecen al prefijo 809, el cual no tendrá cambios.

Sobre ello la subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, señaló que "buscamos aclarar confusiones y terminar con el mal uso del prefijo 600, que debe entenderse como un contacto reconocible y confiable, y por ende que se debería contestar. Queremos que la ciudadanía pueda asociar el 600 con su finalidad real: informaciones importantes y esperadas por cada persona".

La subtel informó que desde marzo de 2027 se comenzará a utilizar el prefijo 702, que será exclusivo para llamadas masivas originadas por órganos estatales como ministerios, municipios y hospitales. Según Garrido, "brindarán mayor certeza a las personas para responder atenciones tan importantes como las relacionadas a salud, apoyo social, seguridad y educación".

La Subsecretaría de Telecomunicaciones informó ayer que realizará cambios a la norma que comenzó a funcionar en agosto de 2025 y que obliga a las llamadas masivas y comerciales a utilizar los prefijos 600 y 809.

La primera modificación, que se realizará al prefijo 600 y que será publicada hoy en el Diario Oficial, señala que este se destinará exclusivamente a llamadas masivas requeridas, con fines informativos o de soporte y que sean dirigidas a usuarios por prestaciones solicitadas o contratadas y "prohibiendo estrictamente su uso para ventas, ofrecimientos o promociones de servicios adicionales o no requeridos por el usuario o suscriptor expresamente", que pertenecen al prefijo 809, el cual no tendrá cambios.

Sobre ello la subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, señaló que "buscamos aclarar confusiones y terminar con el mal uso del prefijo 600, que debe entenderse como un contacto reconocible y confiable, y por ende que se debería contestar. Queremos que la ciudadanía pueda asociar el 600 con su finalidad real: informaciones importantes y esperadas por cada persona".

La subtel informó que desde marzo de 2027 se comenzará a utilizar el prefijo 702, que será exclusivo para llamadas masivas originadas por órganos estatales como ministerios, municipios y hospitales. Según Garrido, "brindarán mayor certeza a las personas para responder atenciones tan importantes como las relacionadas a salud, apoyo social, seguridad y educación".

La Subsecretaría de Telecomunicaciones informó ayer que realizará cambios a la norma que comenzó a funcionar en agosto de 2025 y que obliga a las llamadas masivas y comerciales a utilizar los prefijos 600 y 809.

La primera modificación, que se realizará al prefijo 600 y que será publicada hoy en el Diario Oficial, señala que este se destinará exclusivamente a llamadas masivas requeridas, con fines informativos o de soporte y que sean dirigidas a usuarios por prestaciones solicitadas o contratadas y "prohibiendo estrictamente su uso para ventas, ofrecimientos o promociones de servicios adicionales o no requeridos por el usuario o suscriptor expresamente", que pertenecen al prefijo 809, el cual no tendrá cambios.

Sobre ello la subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, señaló que "buscamos aclarar confusiones y terminar con el mal uso del prefijo 600, que debe entenderse como un contacto reconocible y confiable, y por ende que se debería contestar. Queremos que la ciudadanía pueda asociar el 600 con su finalidad real: informaciones importantes y esperadas por cada persona".

La subtel informó que desde marzo de 2027 se comenzará a utilizar el prefijo 702, que será exclusivo para llamadas masivas originadas por órganos estatales como ministerios, municipios y hospitales. Según Garrido, "brindarán mayor certeza a las personas para responder atenciones tan importantes como las relacionadas a salud, apoyo social, seguridad y educación".