Matías Gatica Lindsay

Los casos policiales asociados al comercio ilegal en Chile aumentaron un 15% entre 2020 y 2025, y muestra señales cada vez más claras de vinculación con dinámicas asociadas al crimen organizado, según reveló un informe del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo de la U. Andrés Bello, que analizó la evolución territorial del fenómeno en los últimos cinco años.

El estudio, basado en datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito y del Instituto Nacional de Estadísticas, reveló un alza desde 11.773 casos policiales asociados al comercio ilegal en 2020 a 13.491 en 2025, y detectó una correlación de 78% con el tráfico de sustancias, que para los investigadores evidencia que ambos fenómenos comparten factores y dinámicas.

Según explicó a este medio el coordinador del Observatorio, Pablo Urquízar, la principal conclusión no responde a un hecho aislado, sino a una transformación gradual observada en distintos indicadores. "La conclusión no se basa en un único punto de inflexión estadístico, sino en la convergencia de varios antecedentes empíricos y conceptuales", señaló, mencionando el aumento de casos policiales, la concentración territorial, y antecedentes sobre control territorial, cobros extorsivos, contrabando y falsificación de productos, además de casos emblemáticos como el barrio Meiggs, en Santiago.

Antofagasta lidera

La Región de Antofagasta aparece como el caso más llamativo del informe, con un alza de 345% entre 2020 y 2025, seguida por Atacama (+294%) y O'Higgins (+202%). Para Urquízar, el fenómeno en Antofagasta está ligado a la condición fronteriza de la región, su crecimiento urbano e importancia logística y comercial, condiciones que afirmó pueden facilitar la instalación de estructuras criminales vinculadas a distintos mercados ilícitos y que podrían verse influidas por futuros proyectos de integración regional como el Corredor Bioceánico Capricornio.

Las diez comunas con más casos reúnen cerca del 60% del total nacional en 2025: Rancagua encabeza con 1.341 casos, seguida por Coquimbo (1.185), Antofagasta (1.154) y Providencia (926). La presencia de esta última entre los primeros puestos llamó la atención y Urquízar dijo que se asociaría a la intensa actividad comercial de la comuna, su circulación de población flotante y una mayor preocupación institucional por el comercio ilegal. "Hay mayor fiscalización, lo que aumenta los casos policiales versus aquellas comunas que no fiscalizan", dijo.

El informe reveló comportamientos dispares entre regiones. Coquimbo acumuló una caída de 44% en el período, pero registró un alza de 30% en 2025, lo que para Urquízar refleja el carácter dinámico del fenómeno. "La volatilidad observada no permite afirmar por sí sola la expansión o retirada de redes criminales", sostuvo, ya que las variaciones pueden responder a cambios en estrategias de fiscalización, modificaciones en las prioridades policiales o desplazamientos territoriales de actividades ilícitas.

En tanto, sobre la metodología, advirtió que los datos corresponden a casos policiales registrados y "no necesariamente a la totalidad del comercio ilegal existente", por lo que "los resultados deben interpretarse como una aproximación robusta a la evolución del fenómeno, más que como una medición exacta de su magnitud real".

Y agregó que una estrategia exclusivamente policial es "insuficiente" para enfrentar un fenómeno que combina dimensiones económicas, sociales y criminales. Por ello, planteó la necesidad de una mirada integral que combine fiscalización y control con mayores oportunidades de formalización económica, junto con avanzar hacia una Política Nacional contra el Comercio Ilegal, instrumento que "actualmente no existe" en Chile.

Matías Gatica Lindsay

Los casos policiales asociados al comercio ilegal en Chile aumentaron un 15% entre 2020 y 2025, y muestra señales cada vez más claras de vinculación con dinámicas asociadas al crimen organizado, según reveló un informe del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo de la U. Andrés Bello, que analizó la evolución territorial del fenómeno en los últimos cinco años.

El estudio, basado en datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito y del Instituto Nacional de Estadísticas, reveló un alza desde 11.773 casos policiales asociados al comercio ilegal en 2020 a 13.491 en 2025, y detectó una correlación de 78% con el tráfico de sustancias, que para los investigadores evidencia que ambos fenómenos comparten factores y dinámicas.

Según explicó a este medio el coordinador del Observatorio, Pablo Urquízar, la principal conclusión no responde a un hecho aislado, sino a una transformación gradual observada en distintos indicadores. "La conclusión no se basa en un único punto de inflexión estadístico, sino en la convergencia de varios antecedentes empíricos y conceptuales", señaló, mencionando el aumento de casos policiales, la concentración territorial, y antecedentes sobre control territorial, cobros extorsivos, contrabando y falsificación de productos, además de casos emblemáticos como el barrio Meiggs, en Santiago.

Antofagasta lidera

La Región de Antofagasta aparece como el caso más llamativo del informe, con un alza de 345% entre 2020 y 2025, seguida por Atacama (+294%) y O'Higgins (+202%). Para Urquízar, el fenómeno en Antofagasta está ligado a la condición fronteriza de la región, su crecimiento urbano e importancia logística y comercial, condiciones que afirmó pueden facilitar la instalación de estructuras criminales vinculadas a distintos mercados ilícitos y que podrían verse influidas por futuros proyectos de integración regional como el Corredor Bioceánico Capricornio.

Las diez comunas con más casos reúnen cerca del 60% del total nacional en 2025: Rancagua encabeza con 1.341 casos, seguida por Coquimbo (1.185), Antofagasta (1.154) y Providencia (926). La presencia de esta última entre los primeros puestos llamó la atención y Urquízar dijo que se asociaría a la intensa actividad comercial de la comuna, su circulación de población flotante y una mayor preocupación institucional por el comercio ilegal. "Hay mayor fiscalización, lo que aumenta los casos policiales versus aquellas comunas que no fiscalizan", dijo.

El informe reveló comportamientos dispares entre regiones. Coquimbo acumuló una caída de 44% en el período, pero registró un alza de 30% en 2025, lo que para Urquízar refleja el carácter dinámico del fenómeno. "La volatilidad observada no permite afirmar por sí sola la expansión o retirada de redes criminales", sostuvo, ya que las variaciones pueden responder a cambios en estrategias de fiscalización, modificaciones en las prioridades policiales o desplazamientos territoriales de actividades ilícitas.

En tanto, sobre la metodología, advirtió que los datos corresponden a casos policiales registrados y "no necesariamente a la totalidad del comercio ilegal existente", por lo que "los resultados deben interpretarse como una aproximación robusta a la evolución del fenómeno, más que como una medición exacta de su magnitud real".

Y agregó que una estrategia exclusivamente policial es "insuficiente" para enfrentar un fenómeno que combina dimensiones económicas, sociales y criminales. Por ello, planteó la necesidad de una mirada integral que combine fiscalización y control con mayores oportunidades de formalización económica, junto con avanzar hacia una Política Nacional contra el Comercio Ilegal, instrumento que "actualmente no existe" en Chile.

Matías Gatica Lindsay

Los casos policiales asociados al comercio ilegal en Chile aumentaron un 15% entre 2020 y 2025, y muestra señales cada vez más claras de vinculación con dinámicas asociadas al crimen organizado, según reveló un informe del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo de la U. Andrés Bello, que analizó la evolución territorial del fenómeno en los últimos cinco años.

El estudio, basado en datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito y del Instituto Nacional de Estadísticas, reveló un alza desde 11.773 casos policiales asociados al comercio ilegal en 2020 a 13.491 en 2025, y detectó una correlación de 78% con el tráfico de sustancias, que para los investigadores evidencia que ambos fenómenos comparten factores y dinámicas.

Según explicó a este medio el coordinador del Observatorio, Pablo Urquízar, la principal conclusión no responde a un hecho aislado, sino a una transformación gradual observada en distintos indicadores. "La conclusión no se basa en un único punto de inflexión estadístico, sino en la convergencia de varios antecedentes empíricos y conceptuales", señaló, mencionando el aumento de casos policiales, la concentración territorial, y antecedentes sobre control territorial, cobros extorsivos, contrabando y falsificación de productos, además de casos emblemáticos como el barrio Meiggs, en Santiago.

Antofagasta lidera

La Región de Antofagasta aparece como el caso más llamativo del informe, con un alza de 345% entre 2020 y 2025, seguida por Atacama (+294%) y O'Higgins (+202%). Para Urquízar, el fenómeno en Antofagasta está ligado a la condición fronteriza de la región, su crecimiento urbano e importancia logística y comercial, condiciones que afirmó pueden facilitar la instalación de estructuras criminales vinculadas a distintos mercados ilícitos y que podrían verse influidas por futuros proyectos de integración regional como el Corredor Bioceánico Capricornio.

Las diez comunas con más casos reúnen cerca del 60% del total nacional en 2025: Rancagua encabeza con 1.341 casos, seguida por Coquimbo (1.185), Antofagasta (1.154) y Providencia (926). La presencia de esta última entre los primeros puestos llamó la atención y Urquízar dijo que se asociaría a la intensa actividad comercial de la comuna, su circulación de población flotante y una mayor preocupación institucional por el comercio ilegal. "Hay mayor fiscalización, lo que aumenta los casos policiales versus aquellas comunas que no fiscalizan", dijo.

El informe reveló comportamientos dispares entre regiones. Coquimbo acumuló una caída de 44% en el período, pero registró un alza de 30% en 2025, lo que para Urquízar refleja el carácter dinámico del fenómeno. "La volatilidad observada no permite afirmar por sí sola la expansión o retirada de redes criminales", sostuvo, ya que las variaciones pueden responder a cambios en estrategias de fiscalización, modificaciones en las prioridades policiales o desplazamientos territoriales de actividades ilícitas.

En tanto, sobre la metodología, advirtió que los datos corresponden a casos policiales registrados y "no necesariamente a la totalidad del comercio ilegal existente", por lo que "los resultados deben interpretarse como una aproximación robusta a la evolución del fenómeno, más que como una medición exacta de su magnitud real".

Y agregó que una estrategia exclusivamente policial es "insuficiente" para enfrentar un fenómeno que combina dimensiones económicas, sociales y criminales. Por ello, planteó la necesidad de una mirada integral que combine fiscalización y control con mayores oportunidades de formalización económica, junto con avanzar hacia una Política Nacional contra el Comercio Ilegal, instrumento que "actualmente no existe" en Chile.

La U. San Sebastián y el Parque Mahuida sellaron una alianza para desarrollar el proyecto "Guardianes Ambientales", que busca levantar por primera vez una línea base científica sobre el estado ambiental de la precordillera de Santiago.

El trabajo, que contempla mediciones estacionales de agua, suelo, biodiversidad y riesgos ambientales, usando herramientas de terreno, análisis de laboratorio y sistemas de información geográfica, busca abordar algunas presiones crecientes que enfrenta el parque como la megasequía, erosión de suelos, uso intensivo de senderos, riesgo de incendios y el avance urbano sobre el bosque esclerófilo.

La falta de datos locales ha sido históricamente uno de los principales obstáculos para implementar estrategias de conservación en zonas periurbanas de la capital, por lo que el proyecto liderado por la secretaria de estudios de bachillerato en Ciencias de la Salud de la USS, Dayra Escudero, busca involucrar directamente a estudiantes en terreno para que tomen muestras, interpreten datos y elaboren propuestas de mitigación.

El encargado del área de restauración y vivero del parque, Juan Pablo Valenzuela, señaló que contar con información precisa permitirá avanzar en conservación con recursos acotados y generar empatía entre los visitantes.

Los resultados de este monitoreo serán públicos y se utilizarán para diseñar un plan de manejo de senderos. Por otra parte, el proyecto terminará con talleres de germinación y restauración ecológica con especies nativas dirigidos a vecinos de la Región Metropolitana.

La U. San Sebastián y el Parque Mahuida sellaron una alianza para desarrollar el proyecto "Guardianes Ambientales", que busca levantar por primera vez una línea base científica sobre el estado ambiental de la precordillera de Santiago.

El trabajo, que contempla mediciones estacionales de agua, suelo, biodiversidad y riesgos ambientales, usando herramientas de terreno, análisis de laboratorio y sistemas de información geográfica, busca abordar algunas presiones crecientes que enfrenta el parque como la megasequía, erosión de suelos, uso intensivo de senderos, riesgo de incendios y el avance urbano sobre el bosque esclerófilo.

La falta de datos locales ha sido históricamente uno de los principales obstáculos para implementar estrategias de conservación en zonas periurbanas de la capital, por lo que el proyecto liderado por la secretaria de estudios de bachillerato en Ciencias de la Salud de la USS, Dayra Escudero, busca involucrar directamente a estudiantes en terreno para que tomen muestras, interpreten datos y elaboren propuestas de mitigación.

El encargado del área de restauración y vivero del parque, Juan Pablo Valenzuela, señaló que contar con información precisa permitirá avanzar en conservación con recursos acotados y generar empatía entre los visitantes.

Los resultados de este monitoreo serán públicos y se utilizarán para diseñar un plan de manejo de senderos. Por otra parte, el proyecto terminará con talleres de germinación y restauración ecológica con especies nativas dirigidos a vecinos de la Región Metropolitana.

La U. San Sebastián y el Parque Mahuida sellaron una alianza para desarrollar el proyecto "Guardianes Ambientales", que busca levantar por primera vez una línea base científica sobre el estado ambiental de la precordillera de Santiago.

El trabajo, que contempla mediciones estacionales de agua, suelo, biodiversidad y riesgos ambientales, usando herramientas de terreno, análisis de laboratorio y sistemas de información geográfica, busca abordar algunas presiones crecientes que enfrenta el parque como la megasequía, erosión de suelos, uso intensivo de senderos, riesgo de incendios y el avance urbano sobre el bosque esclerófilo.

La falta de datos locales ha sido históricamente uno de los principales obstáculos para implementar estrategias de conservación en zonas periurbanas de la capital, por lo que el proyecto liderado por la secretaria de estudios de bachillerato en Ciencias de la Salud de la USS, Dayra Escudero, busca involucrar directamente a estudiantes en terreno para que tomen muestras, interpreten datos y elaboren propuestas de mitigación.

El encargado del área de restauración y vivero del parque, Juan Pablo Valenzuela, señaló que contar con información precisa permitirá avanzar en conservación con recursos acotados y generar empatía entre los visitantes.

Los resultados de este monitoreo serán públicos y se utilizarán para diseñar un plan de manejo de senderos. Por otra parte, el proyecto terminará con talleres de germinación y restauración ecológica con especies nativas dirigidos a vecinos de la Región Metropolitana.