Redacción

Un duro choque se produjo entre representantes del Partido Republicano y autoridades del ministerio del Interior luego de que se filtraran mensajes de un grupo de WhatsApp en el que el timonel de la colectividad oficialista, Arturo Squella, criticaba duramente a personeros de Gobierno por el caso del exsubsecretario de Hacienda Juan Pablo Rodríguez, quien fue desvinculado tras dar positivo en un examen de drogas.

En el citado chat están incluidos cerca de 200 personas que pertenecieron a la Fundación Jaime Guzmán y el senador Squella usó dicho espacio para afirmar que: "Muy grave el daño a Juan Pablo Rodríguez. Sería bueno que Máximo Pavez le pidiera perdón por el desdén frente al caso, por los trascendidos maliciosos que circulan contra JP y por la irresponsabilidad frente a todo el proceso".

El timonel republicano enfatizó en el grupo, al que también pertenece el subsecretario del Interior aludido, que "por la irresponsabilidad de unos pocos, dejan a todo el Gobierno mal, impávido frente al daño que sufre un colaborador".

Tras la entrevista de Rodríguez en Canal 13 en la que expuso que una segunda prueba hecha por él de manera particular dio negativo, Squella atacó más duramente: "Grande, Juan Pablo. Ahora resulta que están molestos porque alguien defienda su honor. Si no sale esa gente inmoral del gobierno, nunca se podrá despegar".

Defensa de Interior

Ante estas aseveraciones, el ministro de Interior y Segegob, Claudio Alvarado, defendió el actuar de su brazo derecho: "El subsecretario Pavez aplicó las obligaciones que señala la Ley de Reajuste, en su artículo 110; se ajustó a los protocolos que al efecto determinó la Contraloría, y se hizo una licitación en función de normas técnicas que se adjudica un laboratorio".

"El subsecretario Pavez lo único que ha hecho es adoptar procedimientos en función de lo que mandata la ley, y el instructivo de la Contraloría", zanjó.

Sin embargo, a través de la red social X, Squella insistió en esta materia y se dirigió específicamente a Alvarado: "Ministro, con todo el cariño, amistad y respeto, desde el momento en que alguien actúa en política tomando decisiones al margen de lo que cree correcto, es mejor que se busque otra actividad"

"Considerando que todos, incluido él (Pavez), le creen a Juan Pablo, se habría esperado que al menos reconociera que el protocolo hay que mejorarlo hacia futuro y todavía está a tiempo de hacerlo", argumentó.

Chat entre amigos

Además, el timonel republicano defendió el espacio en el que se hicieron los comentarios: "Fue un chat entre amigos, donde le pido a Max Pavez que se pronuncie, fue en su calidad de responsable formal del proceso que ha significado una estigmatización brutal a una persona".

Este mismo argumento usó el diputado republicano Agustín Romero en radio Cooperativa: "Es un chat privado, donde se exponen normalmente ciertas cosas con algo de pasión o vehemencia. Pero creo que para nadie es un misterio que existe incomodidad y molestia. Creemos que, independiente de que el estándar que aplicó el Gobierno es lo que corresponde hacer cuando una autoridad aparece con algún tipo de reparo, las personas afectadas tienen todo el derecho a salir adelante y vindicar su imagen".

"Ha habido, a lo menos, una situación un tanto errática, extraña, respecto al subsecretario Rodríguez", añadió el parlamentario, mientras que el senador Iván Moreira (UDI) defendió al Ejecutivo: "Cuando el Gobierno ha aplicado los protocolos correspondientes, que se le pida a un subsecretario que pida perdón no corresponde. Las cosas que se escriben en los chats son también públicas, entonces hay que ser cuidadoso con un tema sensible".

Redacción

Un duro choque se produjo entre representantes del Partido Republicano y autoridades del ministerio del Interior luego de que se filtraran mensajes de un grupo de WhatsApp en el que el timonel de la colectividad oficialista, Arturo Squella, criticaba duramente a personeros de Gobierno por el caso del exsubsecretario de Hacienda Juan Pablo Rodríguez, quien fue desvinculado tras dar positivo en un examen de drogas.

En el citado chat están incluidos cerca de 200 personas que pertenecieron a la Fundación Jaime Guzmán y el senador Squella usó dicho espacio para afirmar que: "Muy grave el daño a Juan Pablo Rodríguez. Sería bueno que Máximo Pavez le pidiera perdón por el desdén frente al caso, por los trascendidos maliciosos que circulan contra JP y por la irresponsabilidad frente a todo el proceso".

El timonel republicano enfatizó en el grupo, al que también pertenece el subsecretario del Interior aludido, que "por la irresponsabilidad de unos pocos, dejan a todo el Gobierno mal, impávido frente al daño que sufre un colaborador".

Tras la entrevista de Rodríguez en Canal 13 en la que expuso que una segunda prueba hecha por él de manera particular dio negativo, Squella atacó más duramente: "Grande, Juan Pablo. Ahora resulta que están molestos porque alguien defienda su honor. Si no sale esa gente inmoral del gobierno, nunca se podrá despegar".

Defensa de Interior

Ante estas aseveraciones, el ministro de Interior y Segegob, Claudio Alvarado, defendió el actuar de su brazo derecho: "El subsecretario Pavez aplicó las obligaciones que señala la Ley de Reajuste, en su artículo 110; se ajustó a los protocolos que al efecto determinó la Contraloría, y se hizo una licitación en función de normas técnicas que se adjudica un laboratorio".

"El subsecretario Pavez lo único que ha hecho es adoptar procedimientos en función de lo que mandata la ley, y el instructivo de la Contraloría", zanjó.

Sin embargo, a través de la red social X, Squella insistió en esta materia y se dirigió específicamente a Alvarado: "Ministro, con todo el cariño, amistad y respeto, desde el momento en que alguien actúa en política tomando decisiones al margen de lo que cree correcto, es mejor que se busque otra actividad"

"Considerando que todos, incluido él (Pavez), le creen a Juan Pablo, se habría esperado que al menos reconociera que el protocolo hay que mejorarlo hacia futuro y todavía está a tiempo de hacerlo", argumentó.

Chat entre amigos

Además, el timonel republicano defendió el espacio en el que se hicieron los comentarios: "Fue un chat entre amigos, donde le pido a Max Pavez que se pronuncie, fue en su calidad de responsable formal del proceso que ha significado una estigmatización brutal a una persona".

Este mismo argumento usó el diputado republicano Agustín Romero en radio Cooperativa: "Es un chat privado, donde se exponen normalmente ciertas cosas con algo de pasión o vehemencia. Pero creo que para nadie es un misterio que existe incomodidad y molestia. Creemos que, independiente de que el estándar que aplicó el Gobierno es lo que corresponde hacer cuando una autoridad aparece con algún tipo de reparo, las personas afectadas tienen todo el derecho a salir adelante y vindicar su imagen".

"Ha habido, a lo menos, una situación un tanto errática, extraña, respecto al subsecretario Rodríguez", añadió el parlamentario, mientras que el senador Iván Moreira (UDI) defendió al Ejecutivo: "Cuando el Gobierno ha aplicado los protocolos correspondientes, que se le pida a un subsecretario que pida perdón no corresponde. Las cosas que se escriben en los chats son también públicas, entonces hay que ser cuidadoso con un tema sensible".

Redacción

Un duro choque se produjo entre representantes del Partido Republicano y autoridades del ministerio del Interior luego de que se filtraran mensajes de un grupo de WhatsApp en el que el timonel de la colectividad oficialista, Arturo Squella, criticaba duramente a personeros de Gobierno por el caso del exsubsecretario de Hacienda Juan Pablo Rodríguez, quien fue desvinculado tras dar positivo en un examen de drogas.

En el citado chat están incluidos cerca de 200 personas que pertenecieron a la Fundación Jaime Guzmán y el senador Squella usó dicho espacio para afirmar que: "Muy grave el daño a Juan Pablo Rodríguez. Sería bueno que Máximo Pavez le pidiera perdón por el desdén frente al caso, por los trascendidos maliciosos que circulan contra JP y por la irresponsabilidad frente a todo el proceso".

El timonel republicano enfatizó en el grupo, al que también pertenece el subsecretario del Interior aludido, que "por la irresponsabilidad de unos pocos, dejan a todo el Gobierno mal, impávido frente al daño que sufre un colaborador".

Tras la entrevista de Rodríguez en Canal 13 en la que expuso que una segunda prueba hecha por él de manera particular dio negativo, Squella atacó más duramente: "Grande, Juan Pablo. Ahora resulta que están molestos porque alguien defienda su honor. Si no sale esa gente inmoral del gobierno, nunca se podrá despegar".

Defensa de Interior

Ante estas aseveraciones, el ministro de Interior y Segegob, Claudio Alvarado, defendió el actuar de su brazo derecho: "El subsecretario Pavez aplicó las obligaciones que señala la Ley de Reajuste, en su artículo 110; se ajustó a los protocolos que al efecto determinó la Contraloría, y se hizo una licitación en función de normas técnicas que se adjudica un laboratorio".

"El subsecretario Pavez lo único que ha hecho es adoptar procedimientos en función de lo que mandata la ley, y el instructivo de la Contraloría", zanjó.

Sin embargo, a través de la red social X, Squella insistió en esta materia y se dirigió específicamente a Alvarado: "Ministro, con todo el cariño, amistad y respeto, desde el momento en que alguien actúa en política tomando decisiones al margen de lo que cree correcto, es mejor que se busque otra actividad"

"Considerando que todos, incluido él (Pavez), le creen a Juan Pablo, se habría esperado que al menos reconociera que el protocolo hay que mejorarlo hacia futuro y todavía está a tiempo de hacerlo", argumentó.

Chat entre amigos

Además, el timonel republicano defendió el espacio en el que se hicieron los comentarios: "Fue un chat entre amigos, donde le pido a Max Pavez que se pronuncie, fue en su calidad de responsable formal del proceso que ha significado una estigmatización brutal a una persona".

Este mismo argumento usó el diputado republicano Agustín Romero en radio Cooperativa: "Es un chat privado, donde se exponen normalmente ciertas cosas con algo de pasión o vehemencia. Pero creo que para nadie es un misterio que existe incomodidad y molestia. Creemos que, independiente de que el estándar que aplicó el Gobierno es lo que corresponde hacer cuando una autoridad aparece con algún tipo de reparo, las personas afectadas tienen todo el derecho a salir adelante y vindicar su imagen".

"Ha habido, a lo menos, una situación un tanto errática, extraña, respecto al subsecretario Rodríguez", añadió el parlamentario, mientras que el senador Iván Moreira (UDI) defendió al Ejecutivo: "Cuando el Gobierno ha aplicado los protocolos correspondientes, que se le pida a un subsecretario que pida perdón no corresponde. Las cosas que se escriben en los chats son también públicas, entonces hay que ser cuidadoso con un tema sensible".

El Consejo para la Transparencia (CPLT) reveló que 14 de los 16 gobiernos regionales del país no informaron con claridad cómo usan los recursos obtenidos gracias al royalty minero.

La fiscalización efectuada durante los primeros meses de este año tuvo por objeto evaluar el nivel de cumplimiento de sus obligaciones de mantener disponible y actualizada información establecida por ley para consulta de las personas y el resultado general fue un promedio nacional de 92,27%, el nivel de cumplimiento más alto registrado desde la fiscalización de 2015 y 16,2% mejor respecto de 2025.

Pero más allá de esta mejora, se estableció que el Gobierno Regional del Biobío fue el único que obtuvo el 100% de cumplimiento. A su vez, otros doce gores presentaron promedios superiores al 90%. Entre estos, destaca el caso de La Araucanía, con la mayor recuperación del país: de 43,9% a 95% en un año.

En el otro extremo, el gobierno regional de Los Ríos quedó como el peor evaluado, con 56,72% de cumplimiento.

A pesar del buen resultado, persisten ciertas brechas de acceso a información pública, principalmente respecto de materias relacionadas con el uso de recursos públicos.

Las peor evaluadas fueron las "modificaciones presupuestarias" con 56,8% y "contrataciones formalizadas por órdenes de compra" con 75%. Le siguieron, "mecanismos de participación ciudadana en ejecución" que presentó 80% y "actos y resoluciones con efectos sobre terceros" con 81,1%.

El Consejo para la Transparencia (CPLT) reveló que 14 de los 16 gobiernos regionales del país no informaron con claridad cómo usan los recursos obtenidos gracias al royalty minero.

La fiscalización efectuada durante los primeros meses de este año tuvo por objeto evaluar el nivel de cumplimiento de sus obligaciones de mantener disponible y actualizada información establecida por ley para consulta de las personas y el resultado general fue un promedio nacional de 92,27%, el nivel de cumplimiento más alto registrado desde la fiscalización de 2015 y 16,2% mejor respecto de 2025.

Pero más allá de esta mejora, se estableció que el Gobierno Regional del Biobío fue el único que obtuvo el 100% de cumplimiento. A su vez, otros doce gores presentaron promedios superiores al 90%. Entre estos, destaca el caso de La Araucanía, con la mayor recuperación del país: de 43,9% a 95% en un año.

En el otro extremo, el gobierno regional de Los Ríos quedó como el peor evaluado, con 56,72% de cumplimiento.

A pesar del buen resultado, persisten ciertas brechas de acceso a información pública, principalmente respecto de materias relacionadas con el uso de recursos públicos.

Las peor evaluadas fueron las "modificaciones presupuestarias" con 56,8% y "contrataciones formalizadas por órdenes de compra" con 75%. Le siguieron, "mecanismos de participación ciudadana en ejecución" que presentó 80% y "actos y resoluciones con efectos sobre terceros" con 81,1%.

El Consejo para la Transparencia (CPLT) reveló que 14 de los 16 gobiernos regionales del país no informaron con claridad cómo usan los recursos obtenidos gracias al royalty minero.

La fiscalización efectuada durante los primeros meses de este año tuvo por objeto evaluar el nivel de cumplimiento de sus obligaciones de mantener disponible y actualizada información establecida por ley para consulta de las personas y el resultado general fue un promedio nacional de 92,27%, el nivel de cumplimiento más alto registrado desde la fiscalización de 2015 y 16,2% mejor respecto de 2025.

Pero más allá de esta mejora, se estableció que el Gobierno Regional del Biobío fue el único que obtuvo el 100% de cumplimiento. A su vez, otros doce gores presentaron promedios superiores al 90%. Entre estos, destaca el caso de La Araucanía, con la mayor recuperación del país: de 43,9% a 95% en un año.

En el otro extremo, el gobierno regional de Los Ríos quedó como el peor evaluado, con 56,72% de cumplimiento.

A pesar del buen resultado, persisten ciertas brechas de acceso a información pública, principalmente respecto de materias relacionadas con el uso de recursos públicos.

Las peor evaluadas fueron las "modificaciones presupuestarias" con 56,8% y "contrataciones formalizadas por órdenes de compra" con 75%. Le siguieron, "mecanismos de participación ciudadana en ejecución" que presentó 80% y "actos y resoluciones con efectos sobre terceros" con 81,1%.