El ministro de Seguridad, Martín Arrau, aseguró ayer que se realizará una clarificación de un artículo contenido en el reglamento de la Ley de Seguridad Municipal, que permitiría cesar de sus funciones a alcaldes, lo que fue criticado por jefes comunales.

El 2 de septiembre, el Gobierno ingresó a la Contraloría este reglamento, que en el artículo 8 señala que los municipios deberán "verificar los requisitos" previo a designar a un director de seguridad pública, y que en caso que no se haga, se puede configurar "en el caso del respectivo alcalde, la causal de cese del cargo".

Ante ello, el directorio de la Asociación Chilena de Municipalidades (Achm) emitió un comunicado en el que expresó su "sorpresa" ante este artículo, pues aseguró que esta nueva causal de destitución de alcaldes "nunca fue socializada con las asociaciones de municipios" ni con alcaldes.

Agregó que "reviste claros elementos de ilegalidad", ya que el cese de una autoridad "no puede establecerse por la vía de un reglamento (...) solicitamos que se retrotraiga la presentación del reglamento y se elimine dicha cláusula".

El alcalde de Lo Barnechea y presidente de la Asociación de Municipalidades para la Seguridad de la Zona Oriente (Amzo), Felipe Alessandri (RN), calificó la disposición como un "error" y señaló que "aquí nadie está pidiendo impunidad ni pretende eludir responsabilidades. Los alcaldes debemos cumplir la ley y responder por nuestras decisiones, pero las reglas tienen que ser claras, proporcionales y respetar la Constitución".

Otros alcaldes y parlamentarios, tanto oficialistas como opositores, cuestionaron el artículo. Los diputados Jaime Araya (Ind-PPD), Raúl Leiva (PS), Patricio Pinilla (DC), Bernardo Salinas (Ind-PC) y la diputada Tatiana Urrutia (FA), le pidieron a Arrau retirar el reglamento y corregir su eventual vicio de legalidad.

La Subsecretaría de Prevención del Delito señaló que la disposición "no crea ni amplía las causales de cesación en el cargo vigentes y que "la norma señala que el incumplimiento de estos deberes da lugar a responsabilidad administrativa, la que, cuando recae en el alcalde, puede configurar la causal de notable abandono de deberes".

Arrau dijo que este artículo "lo que hace es simplemente remitir a una ley ciertos casos que estaban en la ley, y lo remite a la ley: qué pasa si es que no se cumple o si se cumplen ciertas cosas" y que aprovecharán el proceso de revisión del texto para realizar precisiones. "Por supuesto que vamos a tomar todos esos espacios para hacer las clarificaciones para evitar este tipo de malentendido", afirmó.

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, aseguró ayer que se realizará una clarificación de un artículo contenido en el reglamento de la Ley de Seguridad Municipal, que permitiría cesar de sus funciones a alcaldes, lo que fue criticado por jefes comunales.

El 2 de septiembre, el Gobierno ingresó a la Contraloría este reglamento, que en el artículo 8 señala que los municipios deberán "verificar los requisitos" previo a designar a un director de seguridad pública, y que en caso que no se haga, se puede configurar "en el caso del respectivo alcalde, la causal de cese del cargo".

Ante ello, el directorio de la Asociación Chilena de Municipalidades (Achm) emitió un comunicado en el que expresó su "sorpresa" ante este artículo, pues aseguró que esta nueva causal de destitución de alcaldes "nunca fue socializada con las asociaciones de municipios" ni con alcaldes.

Agregó que "reviste claros elementos de ilegalidad", ya que el cese de una autoridad "no puede establecerse por la vía de un reglamento (...) solicitamos que se retrotraiga la presentación del reglamento y se elimine dicha cláusula".

El alcalde de Lo Barnechea y presidente de la Asociación de Municipalidades para la Seguridad de la Zona Oriente (Amzo), Felipe Alessandri (RN), calificó la disposición como un "error" y señaló que "aquí nadie está pidiendo impunidad ni pretende eludir responsabilidades. Los alcaldes debemos cumplir la ley y responder por nuestras decisiones, pero las reglas tienen que ser claras, proporcionales y respetar la Constitución".

Otros alcaldes y parlamentarios, tanto oficialistas como opositores, cuestionaron el artículo. Los diputados Jaime Araya (Ind-PPD), Raúl Leiva (PS), Patricio Pinilla (DC), Bernardo Salinas (Ind-PC) y la diputada Tatiana Urrutia (FA), le pidieron a Arrau retirar el reglamento y corregir su eventual vicio de legalidad.

La Subsecretaría de Prevención del Delito señaló que la disposición "no crea ni amplía las causales de cesación en el cargo vigentes y que "la norma señala que el incumplimiento de estos deberes da lugar a responsabilidad administrativa, la que, cuando recae en el alcalde, puede configurar la causal de notable abandono de deberes".

Arrau dijo que este artículo "lo que hace es simplemente remitir a una ley ciertos casos que estaban en la ley, y lo remite a la ley: qué pasa si es que no se cumple o si se cumplen ciertas cosas" y que aprovecharán el proceso de revisión del texto para realizar precisiones. "Por supuesto que vamos a tomar todos esos espacios para hacer las clarificaciones para evitar este tipo de malentendido", afirmó.

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, aseguró ayer que se realizará una clarificación de un artículo contenido en el reglamento de la Ley de Seguridad Municipal, que permitiría cesar de sus funciones a alcaldes, lo que fue criticado por jefes comunales.

El 2 de septiembre, el Gobierno ingresó a la Contraloría este reglamento, que en el artículo 8 señala que los municipios deberán "verificar los requisitos" previo a designar a un director de seguridad pública, y que en caso que no se haga, se puede configurar "en el caso del respectivo alcalde, la causal de cese del cargo".

Ante ello, el directorio de la Asociación Chilena de Municipalidades (Achm) emitió un comunicado en el que expresó su "sorpresa" ante este artículo, pues aseguró que esta nueva causal de destitución de alcaldes "nunca fue socializada con las asociaciones de municipios" ni con alcaldes.

Agregó que "reviste claros elementos de ilegalidad", ya que el cese de una autoridad "no puede establecerse por la vía de un reglamento (...) solicitamos que se retrotraiga la presentación del reglamento y se elimine dicha cláusula".

El alcalde de Lo Barnechea y presidente de la Asociación de Municipalidades para la Seguridad de la Zona Oriente (Amzo), Felipe Alessandri (RN), calificó la disposición como un "error" y señaló que "aquí nadie está pidiendo impunidad ni pretende eludir responsabilidades. Los alcaldes debemos cumplir la ley y responder por nuestras decisiones, pero las reglas tienen que ser claras, proporcionales y respetar la Constitución".

Otros alcaldes y parlamentarios, tanto oficialistas como opositores, cuestionaron el artículo. Los diputados Jaime Araya (Ind-PPD), Raúl Leiva (PS), Patricio Pinilla (DC), Bernardo Salinas (Ind-PC) y la diputada Tatiana Urrutia (FA), le pidieron a Arrau retirar el reglamento y corregir su eventual vicio de legalidad.

La Subsecretaría de Prevención del Delito señaló que la disposición "no crea ni amplía las causales de cesación en el cargo vigentes y que "la norma señala que el incumplimiento de estos deberes da lugar a responsabilidad administrativa, la que, cuando recae en el alcalde, puede configurar la causal de notable abandono de deberes".

Arrau dijo que este artículo "lo que hace es simplemente remitir a una ley ciertos casos que estaban en la ley, y lo remite a la ley: qué pasa si es que no se cumple o si se cumplen ciertas cosas" y que aprovecharán el proceso de revisión del texto para realizar precisiones. "Por supuesto que vamos a tomar todos esos espacios para hacer las clarificaciones para evitar este tipo de malentendido", afirmó.

Matías Gatica Lindsay

La ministra de Salud, May Chomali, aseguró que es "muy poco probable" que pacientes con riesgo vital que hayan esperado hasta 73 horas para ser atendidos en servicios de salud públicos, según afirmó un informe de la Contraloría.

El Consolidado de Información Circularizada (CIC) N° 24 del ente fiscalizador -que analizó las atenciones médicas en las unidades de urgencia de la red hospitalaria entre enero de 2024 y mayo de 2025-, reveló que 2.417 pacientes clasificados con riesgo vital (C1) y 40.620 categorizados como de alto riesgo (C2) fueron atendidos fuera de los plazos estipulados.

En el caso de los C1, cuya atención debe ser inmediata, informó que hubo demoras de hasta 73 horas y 41 minutos; mientras que algunos C2, que deben ser atenidos en máximo 30 minutos, debieron esperar más de 84 horas.

La ministra Chomali dijo ayer que "yo dificulto, y quiero ser muy transparente, dificulto que una persona que fue calificada de alto riesgo (...) haya estado 73 horas esperando una atención (...) Un paciente que es clasificado como C1 es un paciente que está en riesgo vital. Por lo tanto, si yo lo atendía a las 72 horas, ese paciente debió haber fallecido. Entonces, es difícil de creer que haya estado en la sala de espera 70 horas antes de atenderlo si es que fue calificado como C1 (...) es muy poco probable".

Agregó que "puede también haber un error en la clasificación", por lo que los casos serán analizados "uno a uno" por la Subsecretaría de Redes Asistenciales y que en caso que se confirme que hubo demoras en la atención, "se va a tener que hacer las acciones que se necesiten para corregir ese error".

Agregó que las demoras podrían estar ligadas a la disponibilidad de camas en hospitales. "No necesariamente lo que se registra refleja exactamente, y esto es algo que estamos mirando", concluyó.

La Subsecretaría de Redes Asistenciales señaló que los datos consolidados "no deben interpretarse automáticamente como demoras clínicas confirmadas" y que se instruyó "mirar aquellos casos en que sobrepasaban los tiempos, con creces los tiempos de atención, para ver si no es efectivamente un tema de registro. Si es un tema de registro, tenemos que, obviamente, mejorar los sistemas para que efectivamente los registros reflejen la realidad".

La presidenta del Colegio Médico de Santiago, Francisca Crispi, coincidió con la ministra y dijo a radio Bío-Bío que es "poco plausible" el dato sobre las demoras en atenciones.

Matías Gatica Lindsay

La ministra de Salud, May Chomali, aseguró que es "muy poco probable" que pacientes con riesgo vital que hayan esperado hasta 73 horas para ser atendidos en servicios de salud públicos, según afirmó un informe de la Contraloría.

El Consolidado de Información Circularizada (CIC) N° 24 del ente fiscalizador -que analizó las atenciones médicas en las unidades de urgencia de la red hospitalaria entre enero de 2024 y mayo de 2025-, reveló que 2.417 pacientes clasificados con riesgo vital (C1) y 40.620 categorizados como de alto riesgo (C2) fueron atendidos fuera de los plazos estipulados.

En el caso de los C1, cuya atención debe ser inmediata, informó que hubo demoras de hasta 73 horas y 41 minutos; mientras que algunos C2, que deben ser atenidos en máximo 30 minutos, debieron esperar más de 84 horas.

La ministra Chomali dijo ayer que "yo dificulto, y quiero ser muy transparente, dificulto que una persona que fue calificada de alto riesgo (...) haya estado 73 horas esperando una atención (...) Un paciente que es clasificado como C1 es un paciente que está en riesgo vital. Por lo tanto, si yo lo atendía a las 72 horas, ese paciente debió haber fallecido. Entonces, es difícil de creer que haya estado en la sala de espera 70 horas antes de atenderlo si es que fue calificado como C1 (...) es muy poco probable".

Agregó que "puede también haber un error en la clasificación", por lo que los casos serán analizados "uno a uno" por la Subsecretaría de Redes Asistenciales y que en caso que se confirme que hubo demoras en la atención, "se va a tener que hacer las acciones que se necesiten para corregir ese error".

Agregó que las demoras podrían estar ligadas a la disponibilidad de camas en hospitales. "No necesariamente lo que se registra refleja exactamente, y esto es algo que estamos mirando", concluyó.

La Subsecretaría de Redes Asistenciales señaló que los datos consolidados "no deben interpretarse automáticamente como demoras clínicas confirmadas" y que se instruyó "mirar aquellos casos en que sobrepasaban los tiempos, con creces los tiempos de atención, para ver si no es efectivamente un tema de registro. Si es un tema de registro, tenemos que, obviamente, mejorar los sistemas para que efectivamente los registros reflejen la realidad".

La presidenta del Colegio Médico de Santiago, Francisca Crispi, coincidió con la ministra y dijo a radio Bío-Bío que es "poco plausible" el dato sobre las demoras en atenciones.

Matías Gatica Lindsay

La ministra de Salud, May Chomali, aseguró que es "muy poco probable" que pacientes con riesgo vital que hayan esperado hasta 73 horas para ser atendidos en servicios de salud públicos, según afirmó un informe de la Contraloría.

El Consolidado de Información Circularizada (CIC) N° 24 del ente fiscalizador -que analizó las atenciones médicas en las unidades de urgencia de la red hospitalaria entre enero de 2024 y mayo de 2025-, reveló que 2.417 pacientes clasificados con riesgo vital (C1) y 40.620 categorizados como de alto riesgo (C2) fueron atendidos fuera de los plazos estipulados.

En el caso de los C1, cuya atención debe ser inmediata, informó que hubo demoras de hasta 73 horas y 41 minutos; mientras que algunos C2, que deben ser atenidos en máximo 30 minutos, debieron esperar más de 84 horas.

La ministra Chomali dijo ayer que "yo dificulto, y quiero ser muy transparente, dificulto que una persona que fue calificada de alto riesgo (...) haya estado 73 horas esperando una atención (...) Un paciente que es clasificado como C1 es un paciente que está en riesgo vital. Por lo tanto, si yo lo atendía a las 72 horas, ese paciente debió haber fallecido. Entonces, es difícil de creer que haya estado en la sala de espera 70 horas antes de atenderlo si es que fue calificado como C1 (...) es muy poco probable".

Agregó que "puede también haber un error en la clasificación", por lo que los casos serán analizados "uno a uno" por la Subsecretaría de Redes Asistenciales y que en caso que se confirme que hubo demoras en la atención, "se va a tener que hacer las acciones que se necesiten para corregir ese error".

Agregó que las demoras podrían estar ligadas a la disponibilidad de camas en hospitales. "No necesariamente lo que se registra refleja exactamente, y esto es algo que estamos mirando", concluyó.

La Subsecretaría de Redes Asistenciales señaló que los datos consolidados "no deben interpretarse automáticamente como demoras clínicas confirmadas" y que se instruyó "mirar aquellos casos en que sobrepasaban los tiempos, con creces los tiempos de atención, para ver si no es efectivamente un tema de registro. Si es un tema de registro, tenemos que, obviamente, mejorar los sistemas para que efectivamente los registros reflejen la realidad".

La presidenta del Colegio Médico de Santiago, Francisca Crispi, coincidió con la ministra y dijo a radio Bío-Bío que es "poco plausible" el dato sobre las demoras en atenciones.

La Fiscalía confirmó ayer que se encontraron restos "aparentemente humanos" en un campo minado" en el Hito 16 en Arica y Parinacota al que ingresó en la noche del domingo una camioneta en las cercanías de la frontera con Perú, que activó dos minas antitanques que provocaron la explosión del vehículo.

El lunes se reveló que esta camioneta ingresó al país durante la tarde del domingo y que la explosión se registró cuando se retiraba por este campo minado a Tacna.

La fiscal Paulina Brito dijo que se realizaron diligencias en el sitio de suceso, y que personal del Ejército levantó "restos aparentemente humanos, los cuales fueron remitidos al Servicio Médico Legal (...) de acuerdo a las pericias que se realicen, se podrán confirmar si esto corresponden a restos humanos".

"Tenemos la línea investigativa de la camioneta, sus dueños y el vínculo con las personas que ingresaron con ella el domingo a nuestro país, y también con la persona que salió de nuestro país el domingo, aproximadamente a las 23:40 horas. También tenemos que establecer la línea investigativa respecto de las especies que se portaban y la salida de nuestro país por un paso no regulado", agregó, puesto que en el lugar fueron hallados cátodos de cobre y repuestos de mascarilla, que se indaga si habrían sido transportados para el contrabando.

El subprefecto de la PDI Julio Ceballos indicó que lo hallado se remitió al SML "para efectuar el peritaje respectivo en la búsqueda de elementos óseos o biológicos que pudieran determinar la presencia de una persona que haya sido víctima en el siniestro".

La Fiscalía confirmó ayer que se encontraron restos "aparentemente humanos" en un campo minado" en el Hito 16 en Arica y Parinacota al que ingresó en la noche del domingo una camioneta en las cercanías de la frontera con Perú, que activó dos minas antitanques que provocaron la explosión del vehículo.

El lunes se reveló que esta camioneta ingresó al país durante la tarde del domingo y que la explosión se registró cuando se retiraba por este campo minado a Tacna.

La fiscal Paulina Brito dijo que se realizaron diligencias en el sitio de suceso, y que personal del Ejército levantó "restos aparentemente humanos, los cuales fueron remitidos al Servicio Médico Legal (...) de acuerdo a las pericias que se realicen, se podrán confirmar si esto corresponden a restos humanos".

"Tenemos la línea investigativa de la camioneta, sus dueños y el vínculo con las personas que ingresaron con ella el domingo a nuestro país, y también con la persona que salió de nuestro país el domingo, aproximadamente a las 23:40 horas. También tenemos que establecer la línea investigativa respecto de las especies que se portaban y la salida de nuestro país por un paso no regulado", agregó, puesto que en el lugar fueron hallados cátodos de cobre y repuestos de mascarilla, que se indaga si habrían sido transportados para el contrabando.

El subprefecto de la PDI Julio Ceballos indicó que lo hallado se remitió al SML "para efectuar el peritaje respectivo en la búsqueda de elementos óseos o biológicos que pudieran determinar la presencia de una persona que haya sido víctima en el siniestro".

La Fiscalía confirmó ayer que se encontraron restos "aparentemente humanos" en un campo minado" en el Hito 16 en Arica y Parinacota al que ingresó en la noche del domingo una camioneta en las cercanías de la frontera con Perú, que activó dos minas antitanques que provocaron la explosión del vehículo.

El lunes se reveló que esta camioneta ingresó al país durante la tarde del domingo y que la explosión se registró cuando se retiraba por este campo minado a Tacna.

La fiscal Paulina Brito dijo que se realizaron diligencias en el sitio de suceso, y que personal del Ejército levantó "restos aparentemente humanos, los cuales fueron remitidos al Servicio Médico Legal (...) de acuerdo a las pericias que se realicen, se podrán confirmar si esto corresponden a restos humanos".

"Tenemos la línea investigativa de la camioneta, sus dueños y el vínculo con las personas que ingresaron con ella el domingo a nuestro país, y también con la persona que salió de nuestro país el domingo, aproximadamente a las 23:40 horas. También tenemos que establecer la línea investigativa respecto de las especies que se portaban y la salida de nuestro país por un paso no regulado", agregó, puesto que en el lugar fueron hallados cátodos de cobre y repuestos de mascarilla, que se indaga si habrían sido transportados para el contrabando.

El subprefecto de la PDI Julio Ceballos indicó que lo hallado se remitió al SML "para efectuar el peritaje respectivo en la búsqueda de elementos óseos o biológicos que pudieran determinar la presencia de una persona que haya sido víctima en el siniestro".