Como un intento por disuadir la participación de personas naturales en prácticas como la colusión o cualquier asunto contrario a la competencia, el Gobierno envió ayer un proyecto de ley que busca penalizar estos actos con una pena que vaya de 5 años y un día hasta los 10 de prisión.

En una ceremonia celebrada en La Moneda, la Presidenta Michelle Bachelet, junto a los ministros de Hacienda, Alberto Arenas, Economía, Luis Céspedes, y el titular de Justicia, José Antonio Gómez, firmó el proyecto que reforma el sistema de libre competencia.

"Es inaceptable que un grupo de personas se ponga de acuerdo para perjudicar a los demás, y esto quede sin penas de cárcel efectiva. Porque con la colusión y otras malas prácticas, no sólo se daña la economía del país, sino también se perjudica directamente el bolsillo de las familias chilenas", dijo la Mandataria.

El documento, que ingresará al Congreso a través de la Cámara de Diputados, establece un nuevo límite para las multas que aplica el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). Actualmente ésta es una sanción impuesta por tribunal, en cambio con la modificación podrían llegar al 30% de las ventas correspondientes al período en el que fueron coludidos o el doble del beneficio económico obtenido.

El proyecto fue realizado, según anunció el Gobierno, en línea con lo que sugirió la OCDE en su informe "Evaluación del Régimen de Control de Concentraciones en Chile" e incluye la obligatoriedad de notificar todas las operaciones que sobrepasen ciertos umbrales monetarios.

¿Contraproducente?

Pese a que la mayoría de los sectores apoya que se persiga la colusión y malas prácticas, hay quienes tienen ciertos repartos con la forma de impulsar estos cambios.

Uno de ellos es el presidente del TDLC, Tomás Menchaca, quien aseguró ayer que si bien no tiene nada contra las sanciones de cárcel, "si eso impide que la persecución de los carteles sea lo eficaz que ha sido, podría ser incluso contraproducente"."En los 30 años anteriores a la creación del tribunal, habían penas de cárcel que no se aplicaron prácticamente nunca", agregó.

Por su parte, el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Andrés Santa Cruz, dijo estar de acuerdo con medidas que "desincentiven este tipo de prácticas".