Camila Infanta S.

Luego de que el sábado el Tribunal Penal del Sur de El Cairo confirmara la condena a muerte de 75 personas en Egipto, ayer la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, llamó a revisar el fallo que catalogó de "evidente falta de derechos básicos de los acusados".

"Estoy extremadamente preocupada por la confirmación de condenas de muerte que no se basaron en un juicio justo, y si las sentencias se ejecutan, podrían convertirse en un acto irreversible de injusticia", dijo la expresidenta en un comunicado.

La confirmación de la sentencia viene casi un mes después de que se dictó la primera condena que incluye 659 personas a la cárcel, 47 de ellas a cadena perpetua.

Así la justicia cerró la causa por la masacre el 14 de agosto de 2013 de la plaza Rabaa al Adauiya y en el que murieron más de 600 personas.

"La conducta de la Corte Criminal del Cairo ha sido ampliamente criticada y con razón, porque 739 personas fueron juzgadas en masa y no se les permitió representación legal individual. Además, no se les permitió dar evidencias en su defensa y la fiscalía no dio suficiente pruebas de su culpabilidad", dijo Bachelet, quien agregó que "la evidente falta de derechos básicos de los acusados hace dudar de todo el proceso. En particular de las 75 sentencias de muerte confirmadas, que si se implementan, representaría una grave injusticia".

La exmandataria inaugurará hoy en Ginebra (Suecia) la versión número 39 de la sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en su primer discurso ante la comunidad internacional en su nuevo cargo. El encuentro se extenderá hasta el 28 de septiembre.

Mientras se allanaba una de las casas de la expresidenta Cristina Fernández, en Argentina, se halló, hace dos semanas, una carta enviada por José de San Martín a Bernardo O'Higgins. El contenido de la misiva fue revelado ayer por el sitio trasandino Infobae.

Según se lee en la misiva, el militar argentino, desde el exilio en París en 1835, se quejó del trato que habían recibido los libertadores por quienes gobernaban los países independizados, manifestando además su preocupación por su par chileno, que también se encontraba en la misma condición, pero en Lima, Perú.

Para el titular del Archivo General de la Nación en Argentina, Emilio Perina, citado por el mismo sitio, la carta es auténtica y "proviene del mercado negro". Afirmó que se realizará un rastreo para conocer su origen.