Diego Gotelli C.

Como la "Plaza del Encuentro" fue bautizada la cuadra de Santiago Centro donde hoy se emplaza el Museo de la Memoria, en un cuadrante compuesto por las calles Matucana, Santo Domingo, Chacabuco y Catedral. ¿El motivo del nombre? Ayer comenzó la construcción en aquel lugar de dos edificaciones icónicas para dos comunidades históricamente alejadas: la judía y la musulmana.

Emplazados en un terreno fiscal cedido por el Ministerio de Bienes Nacionales, los dirigentes en Chile de ambos pueblos pusieron la primera piedra de sus respectivos proyectos que, en un hecho inédito en el país, convivirán a pocos pasos de distancia. "Este proyecto nace básicamente de la inquietud de ellos y de la capacidad de dialogar y de encontrarse", comentó el ministro Felipe Ward quien lideró el hito de inicio de las obras.

El mayor de los proyectos contempla la construcción de un "Museo del Holocausto", que contempla construir un recinto y memorial en conmemoración de las víctimas del genocidio a fin de educar sobre los hechos ocurridos en aquella época. "Para nosotros como judíos siempre ha sido importante mostrar, reconocer y nunca olvidar lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial", señaló el presidente de la comunidad judía en Chile, Gerardo Gorodischer.

Los musulmanes, en tanto, lideran la creación de un Centro Cultural Árabe-Islámico, que se enfocará en la difusión del arte, religión y el aporte de su cultura en áreas como la medicina, matemática y la poesía. También tiene como objetivo funcionar como un lugar de oración para los vecinos de la comuna de Santiago, a modo de mezquita.

"El Islam está en la historia de nuestro país y nosotros queremos hacer partícipe, en esta plaza abierta, a toda la sociedad chilena, como un momento de diálogo y encuentro", manifestó el presidente del la comunidad musulmana en Chile, Fuad Musa.

Ambos proyectos se espera que estén terminados en dos años y la inversión entre ambos alcanza los 340 mil UF (unos $ 9.386 millones).

15.830 metros² tiene el paño fiscal que fue entregado por el Gobierno para edificar los proyectos.

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La Corte Suprema realizó ayer un pleno extraordinario para discutir la remoción de sus cargos de los tres jueces de Rancagua que son investigados por presunto tráfico de influencias.

Por 9 votos contra 8 se rechazó la petición de iniciar un proceso de remoción en contra los tres magistrados de la Corte de Apelaciones de la capital de la Región de O'Higgins, quienes están suspendidos de sus funciones durante la investigación del caso.

El vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, explicó que el principal motivo fue que aún no finaliza la indagatoria disciplinaria encabezada por la ministra Rosa María Maggi en contra de los jueces Emilio Elgueta, Marcelo Vásquez y Marcelo Albornoz. Agregó que "de los 9 votos que estuvieron por desestimarla, 6 estuvieron por hacerlo así, ya que no está terminado el procedimiento disciplinario y no les pareció pertinente interrumpirlo; tres estuvieron por decir que no contaban inmediatamente con el informe de la señora ministra que investiga", explicó.

La sesión fue solicitada por el ministro Sergio Muñoz, con el apoyo de los magistrados Carlos Aránguiz, María Eugenia Sandoval y Ángela Vivanco. El argumento de los jueces apuntaba a que según el Artículo 80 de la Constitución, los aludidos "no han tenido buen comportamiento y, previo informe del inculpado y de la Corte de Apelaciones respectiva, en su caso, acordar su remoción", dijo el vocero Cisternas.

4 ministros de la Corte Suprema apoyaron discutir la salida de los jueces de Rancagua.

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La Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones) junto a las concejalas de Santiago Irací Hassler y Rosario Carvajal, presentaron ayer una denuncia en la Superintendencia de Educación por supuestas expulsiones irregulares en el Liceo Dario Salas.

Desde la entidad aducen que se trata de 27 casos irregulares denunciados entre expulsiones y suspensiones que se encuentran bajo investigación, como lo indica la ley Aula Segura.

Valentina Miranda, vocera de Cones, explicó el caso de la presidenta del Centro de Alumnos del Liceo Dario Salas, quien fue suspendida por agredir a una auxiliar del establecimiento y que después del debido proceso se le notificó la expulsión por otra causa.

Christopher Gotschlich, abogado de la Dirección de Educación de la municipalidad de Santiago, explicó que luego de un caso de disturbio en el liceo "la alumna de iniciales A.E agredió a una funcionaria municipal. En ese contexto la directora del establecimiento inició un proceso de investigación".

Gotshclich agregó que luego de la investigación la alumna fue expulsada. Después apeló ante el Consejo de Profesores, solicitud que fue rechazada.

Desde la municipalidad afirmaron que este es el único caso del recinto educacional del que se tiene registro de investigación y por ende de expulsión.