Leo Riquelme

La asociación Clínicas de Chile aseguró que si las Isapres caen en insolvencia por efecto del fallo que las obliga a devolver los cobros excesivos de los últimos dos años y rebajar sus planes, como pretende hacer una ley, provocará el cierre de varias de sus afiliadas, lo que afectará con mayor agudeza a las ubicadas en regiones, que son de menor tamaño que las gigantes del sector oriente de Santiago. El gremio de las Isapres fue más allá y dijo que si se aprueba dicha ley corta ahora, en septiembre el sistema se acaba.

El vicepresidente de las clínicas, Javier Fuenzalida, dijo que la mitad de las atenciones que realizan en la Región Metropolitana provienen de usuarios de Fonasa, relación que aumenta a 70% en regiones. Si las clínicas ahí cierran los pacientes llegarán a los servicios fiscales.

"Esta es una crisis sanitaria mayor", dijo el ejecutivo en radio Cooperativa. "Independiente de su origen en el sector privado, arrastra a los prestadores y se va a generar un problema de salud pública", agregó.

Fuenzalida afirmó que aunque un 35% de la propiedad de las clínicas en el país estaba en manos de una aseguradora, no están por "realizar defensas corporativas" por las Isapres. Precisó que estas les adeudan 500 mil millones de pesos; y pasaron de reembolsarles las atenciones en plazos de 150 días, casi el triple de lo que hacían antes. Ello, sin que se aplique aún el fallo de la Corte Suprema, que las obliga a reembolsar 1.400 millones de dólares a 720 mil afiliados a quienes les cobró en exceso desde 2020, a quienes además debe bajarles los planes, según pretende realizar una ley corta presentada la semana pasada por el Ministerio de Salud.

"Si a las Isapres no se les permite subir van a tener un problema de equilibrio financiero", dijo Fuenzalida, quien añadió que como un efecto de cascada para las clínicas se profundizarán sus problemas de pagos y varias deberán cerrar.

Precisó que de 380 convenios que tienen, hoy unos 18 ya están caídos a causa de los retrasos, situación que podría empeorar.

"La ley corta no alcanza a responder la urgencia que hoy existe (...) Si se llega a votar hoy da 18 a 16 meses para resolver el problema y nosotros necesitamos certezas (...) No resuelve el problema de fondo", afirmó.

Las isapres

La comisión de Constitución del Senado aprobó el lunes una reforma constitucional de la oposición que corre en paralelo a la ley corta, y que según el Ejecutivo permite "saltarse" el fallo judicial permitiendo que no haya devoluciones en dinero, sino en beneficios; y facilitando alzas.

"La deuda hasta antes del fallo legalmente no existía, porque se estaba cobrando de acuerdo a lo que la ley permitía", argumentó el exsuperintendente de Salud, Manuel Inostroza, quien argumentó que si se obliga a cumplir el fallo tal como ha interpretado el Gobierno, "se generarán 450 millones de dólares anuales de desfinanciamiento".

Desde el oficialismo indicaron que hacer eso sería efectuar un "perdonazo camuflado", "inaceptable".

"A uno podrá gustarle o no el fallo de la Corte, uno podrá estar de acuerdo o en desacuerdo, pero en lo que todos debemos estar de acuerdo es que los fallos de un poder independiente se deben cumplir. Lo que como Gobierno debemos garantizar es que existan las facilidades para cumplir ese fallo, pero no para evadir su cumplimiento", dijo el Presidente Gabriel Boric.

Ayer la comisión de Salud del Senado siguió tramitando la ley corta y en ella expuso el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simón, quien aseguró que si dicha iniciativa se aprobara como está en mayo, "en septiembre está cerrado el sistema".

El ejecutivo afirmó que la rebaja de los planes que propone la superintendencia les ocasionaría un déficit este año de 397 mil millones. Agregó que si a eso se suma las devoluciones planteadas por el fiscalizador el déficit en tres años llegaría a US$3 mil millones y a más de US$5 mil millones en 30 años. "No tiene ninguna viabilidad", agregó, considerando que las utilidades anuales del sistema son de 34 mil millones anuales.

"La sentencia debe cumplirse, eso no se discute", dijo Simón, quien le pidió a los parlamentarios que convengan un sistema que, sin embargo, les permita mantener las coberturas inalterables, el equilibrio entre las cotizaciones y las prestaciones y que se considere que las únicas variables vigentes para abastecer el modelo son las tablas de factores y los precios base.

Los senadores en la sesión expresaron su inquietud porque las Isapres tienen costos de administración del 11%, cuando en Fonasa llega al 1% y sistemas similares en Europa ascienden al 5%.

Uno de los promotores de la reforma constitucional, Francisco Chahuán, aseguró que no está disponibles para realizar ningún "salvataje" ni aportar recursos fiscales para las instituciones, pero añadió que urge buscar un sistema que considere beneficios para los afectados y piense en la salud de los pacientes.

Simón valoró que se busquen alternativas de solución, pero aclaró que no pretenden un salvataje y que consideran que la reforma constitucional propuesta no ofrece una metodología detallada de pagos, "lo que deja un margen de inquietud muy grande".

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, le criticó que no entregara una estimación del costo que les implica cumplir el fallo ni una propuesta concreta de solución.

La comisión quedó citada para hoy en la tarde para continuar el debate.