Matías Gatica Lindsay

El Consejo Fiscal Autónomo advirtió ayer en la comisión de Hacienda de la Cámara los efectos y riesgos que tendría para la economía el Plan de Reconstrucción ingresado por el Gobierno al Congreso.

Su presidenta, Paula Benavides, expuso que las presiones de gasto por componentes directos y transitorios son de 0,07% del PIB en el 2026, pero que se anticipa un ahorro fiscal de 0,02% en 2030, alcanzando a 0,04% en 2050. Para el caso de los ingresos, los efectos fiscales directos implicarían una reducción de los ingresos tributarios equivalentes a 0,73% del PIB en 2030 y 0,48% del PIB en 2050, "por lo tanto, sumando los efectos de gasto e ingreso, el efecto directo total del proyecto es de un déficit persistente en todo el horizonte de evaluación, alcanzando un máximo de 0,71 puntos del PIB en 2030 y de 0,43% del PIB en 2050".

Sobre los efectos de segunda vuelta asociados a mayor crecimiento por medidas tributarias y de simplificación tributaria, dijo que "las medidas tributarias aumentarían los ingresos fiscales en 0,24% del PIB al 2030 y las medidas de simplificación regulatoria lo harían en 0,17%. En consecuencia el impacto estimado del mayor crecimiento en balance fiscal se traduciría en una mejora de 0,41% en 2030 y 1,21% del PIB en 2050".

Para el ente, el balance fiscal dependerá "críticamente de que se materialice el crecimiento económico proyectado", por lo que concluyó que "en la planificación financiera (2026-2030) y hasta 2031 el proyecto generaría un impacto fiscal neto negativo". Para paliarlo, recomendó "fuentes de financiamiento adicionales de magnitud relevante", que no están en el proyecto.

Si bien Benavides dijo que "valoramos que el proyecto priorice el crecimiento económico", aseguró que "los efectos sobre el crecimiento dependerán de que se mitiguen estos riesgos fiscales".

Sobre reducir de 27% a 23% el impuesto corporativo, el CFA estimó su costo fiscal creciente de 0,44% del PIB en 2030, calculando que generaría ingresos de 0,11% en ese año, lo que sólo financiaría tres cuartas partes de la iniciativa; mientras que el Crédito Tributario del empleo alcanzaría un máximo de 0,41% del PIB en 2027, disminuyendo a 0,32% en 2030 y convergiendo en 0% en 2050.

Benavides destacó que el proyecto generaría ingresos crecientes, pero que "esto descansa en los supuestos sobre su impacto en el crecimiento. Las principales medidas que generan este impacto recaudatorio son la rebaja del impuesto de primera categoría, la reintegración, la reducción de los plazos de los permisos y la invariabilidad tributaria. Estas presentan una alta incertidumbre, tanto en la magnitud de estos efectos como en la temporalidad".

Matías Gatica Lindsay

El Consejo Fiscal Autónomo advirtió ayer en la comisión de Hacienda de la Cámara los efectos y riesgos que tendría para la economía el Plan de Reconstrucción ingresado por el Gobierno al Congreso.

Su presidenta, Paula Benavides, expuso que las presiones de gasto por componentes directos y transitorios son de 0,07% del PIB en el 2026, pero que se anticipa un ahorro fiscal de 0,02% en 2030, alcanzando a 0,04% en 2050. Para el caso de los ingresos, los efectos fiscales directos implicarían una reducción de los ingresos tributarios equivalentes a 0,73% del PIB en 2030 y 0,48% del PIB en 2050, "por lo tanto, sumando los efectos de gasto e ingreso, el efecto directo total del proyecto es de un déficit persistente en todo el horizonte de evaluación, alcanzando un máximo de 0,71 puntos del PIB en 2030 y de 0,43% del PIB en 2050".

Sobre los efectos de segunda vuelta asociados a mayor crecimiento por medidas tributarias y de simplificación tributaria, dijo que "las medidas tributarias aumentarían los ingresos fiscales en 0,24% del PIB al 2030 y las medidas de simplificación regulatoria lo harían en 0,17%. En consecuencia el impacto estimado del mayor crecimiento en balance fiscal se traduciría en una mejora de 0,41% en 2030 y 1,21% del PIB en 2050".

Para el ente, el balance fiscal dependerá "críticamente de que se materialice el crecimiento económico proyectado", por lo que concluyó que "en la planificación financiera (2026-2030) y hasta 2031 el proyecto generaría un impacto fiscal neto negativo". Para paliarlo, recomendó "fuentes de financiamiento adicionales de magnitud relevante", que no están en el proyecto.

Si bien Benavides dijo que "valoramos que el proyecto priorice el crecimiento económico", aseguró que "los efectos sobre el crecimiento dependerán de que se mitiguen estos riesgos fiscales".

Sobre reducir de 27% a 23% el impuesto corporativo, el CFA estimó su costo fiscal creciente de 0,44% del PIB en 2030, calculando que generaría ingresos de 0,11% en ese año, lo que sólo financiaría tres cuartas partes de la iniciativa; mientras que el Crédito Tributario del empleo alcanzaría un máximo de 0,41% del PIB en 2027, disminuyendo a 0,32% en 2030 y convergiendo en 0% en 2050.

Benavides destacó que el proyecto generaría ingresos crecientes, pero que "esto descansa en los supuestos sobre su impacto en el crecimiento. Las principales medidas que generan este impacto recaudatorio son la rebaja del impuesto de primera categoría, la reintegración, la reducción de los plazos de los permisos y la invariabilidad tributaria. Estas presentan una alta incertidumbre, tanto en la magnitud de estos efectos como en la temporalidad".

Matías Gatica Lindsay

El Consejo Fiscal Autónomo advirtió ayer en la comisión de Hacienda de la Cámara los efectos y riesgos que tendría para la economía el Plan de Reconstrucción ingresado por el Gobierno al Congreso.

Su presidenta, Paula Benavides, expuso que las presiones de gasto por componentes directos y transitorios son de 0,07% del PIB en el 2026, pero que se anticipa un ahorro fiscal de 0,02% en 2030, alcanzando a 0,04% en 2050. Para el caso de los ingresos, los efectos fiscales directos implicarían una reducción de los ingresos tributarios equivalentes a 0,73% del PIB en 2030 y 0,48% del PIB en 2050, "por lo tanto, sumando los efectos de gasto e ingreso, el efecto directo total del proyecto es de un déficit persistente en todo el horizonte de evaluación, alcanzando un máximo de 0,71 puntos del PIB en 2030 y de 0,43% del PIB en 2050".

Sobre los efectos de segunda vuelta asociados a mayor crecimiento por medidas tributarias y de simplificación tributaria, dijo que "las medidas tributarias aumentarían los ingresos fiscales en 0,24% del PIB al 2030 y las medidas de simplificación regulatoria lo harían en 0,17%. En consecuencia el impacto estimado del mayor crecimiento en balance fiscal se traduciría en una mejora de 0,41% en 2030 y 1,21% del PIB en 2050".

Para el ente, el balance fiscal dependerá "críticamente de que se materialice el crecimiento económico proyectado", por lo que concluyó que "en la planificación financiera (2026-2030) y hasta 2031 el proyecto generaría un impacto fiscal neto negativo". Para paliarlo, recomendó "fuentes de financiamiento adicionales de magnitud relevante", que no están en el proyecto.

Si bien Benavides dijo que "valoramos que el proyecto priorice el crecimiento económico", aseguró que "los efectos sobre el crecimiento dependerán de que se mitiguen estos riesgos fiscales".

Sobre reducir de 27% a 23% el impuesto corporativo, el CFA estimó su costo fiscal creciente de 0,44% del PIB en 2030, calculando que generaría ingresos de 0,11% en ese año, lo que sólo financiaría tres cuartas partes de la iniciativa; mientras que el Crédito Tributario del empleo alcanzaría un máximo de 0,41% del PIB en 2027, disminuyendo a 0,32% en 2030 y convergiendo en 0% en 2050.

Benavides destacó que el proyecto generaría ingresos crecientes, pero que "esto descansa en los supuestos sobre su impacto en el crecimiento. Las principales medidas que generan este impacto recaudatorio son la rebaja del impuesto de primera categoría, la reintegración, la reducción de los plazos de los permisos y la invariabilidad tributaria. Estas presentan una alta incertidumbre, tanto en la magnitud de estos efectos como en la temporalidad".

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, señaló ayer que realizará los recortes solicitados por el titular de Hacienda, Jorge Quiroz, luego de que la semana pasada respondiera a la petición que no los haría porque "yo tengo un solo jefe, se llama José Antonio Kast" y "Quiroz es un ministro más"; y el sábado agregara que haría los definidos por él.

Ayer, finalmente, sostuvo que "vamos a implementar los recortes que acordamos con el ministro Quiroz (...) Es una necesidad del país y vamos a trabajar en ese objetivo común". Poduje por la tarde se reunió con Kast y a la salida dijo que "vamos a mejorar todo lo que haya que mejorar para generar un clima de optimismo".

Antes, el Segpres José García Ruminot, admitió que los dichos del jefe del Minvu "generan una sensación de incomodidad", y pidió ordenarse. Esto, tras las quejas hasta de RN por sus encontrones con parlamentarios de oposición,que han denunciado malos tratos. Quiroz afirmó, por su parte, que él no siente "incomodidad" por ese estilo, lo que atribuyó a "fricciones propias del minuto". Pese a ello, añadió que él privilegia el "diálogo y el respeto".

La presidenta de RN, Andrea Balladares, dijo a T13 que "las formas" de Poduje "no son las correctas (...) Él genera un entorpecimiento". Pese a la tensión, la vocera Mara Sedini afirmó que "cada ministro tiene su estilo, lo importante son los resultados", y destacó que el urbanista "es un ministro en terreno, cercano a la ciudadanía".

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, señaló ayer que realizará los recortes solicitados por el titular de Hacienda, Jorge Quiroz, luego de que la semana pasada respondiera a la petición que no los haría porque "yo tengo un solo jefe, se llama José Antonio Kast" y "Quiroz es un ministro más"; y el sábado agregara que haría los definidos por él.

Ayer, finalmente, sostuvo que "vamos a implementar los recortes que acordamos con el ministro Quiroz (...) Es una necesidad del país y vamos a trabajar en ese objetivo común". Poduje por la tarde se reunió con Kast y a la salida dijo que "vamos a mejorar todo lo que haya que mejorar para generar un clima de optimismo".

Antes, el Segpres José García Ruminot, admitió que los dichos del jefe del Minvu "generan una sensación de incomodidad", y pidió ordenarse. Esto, tras las quejas hasta de RN por sus encontrones con parlamentarios de oposición,que han denunciado malos tratos. Quiroz afirmó, por su parte, que él no siente "incomodidad" por ese estilo, lo que atribuyó a "fricciones propias del minuto". Pese a ello, añadió que él privilegia el "diálogo y el respeto".

La presidenta de RN, Andrea Balladares, dijo a T13 que "las formas" de Poduje "no son las correctas (...) Él genera un entorpecimiento". Pese a la tensión, la vocera Mara Sedini afirmó que "cada ministro tiene su estilo, lo importante son los resultados", y destacó que el urbanista "es un ministro en terreno, cercano a la ciudadanía".

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, señaló ayer que realizará los recortes solicitados por el titular de Hacienda, Jorge Quiroz, luego de que la semana pasada respondiera a la petición que no los haría porque "yo tengo un solo jefe, se llama José Antonio Kast" y "Quiroz es un ministro más"; y el sábado agregara que haría los definidos por él.

Ayer, finalmente, sostuvo que "vamos a implementar los recortes que acordamos con el ministro Quiroz (...) Es una necesidad del país y vamos a trabajar en ese objetivo común". Poduje por la tarde se reunió con Kast y a la salida dijo que "vamos a mejorar todo lo que haya que mejorar para generar un clima de optimismo".

Antes, el Segpres José García Ruminot, admitió que los dichos del jefe del Minvu "generan una sensación de incomodidad", y pidió ordenarse. Esto, tras las quejas hasta de RN por sus encontrones con parlamentarios de oposición,que han denunciado malos tratos. Quiroz afirmó, por su parte, que él no siente "incomodidad" por ese estilo, lo que atribuyó a "fricciones propias del minuto". Pese a ello, añadió que él privilegia el "diálogo y el respeto".

La presidenta de RN, Andrea Balladares, dijo a T13 que "las formas" de Poduje "no son las correctas (...) Él genera un entorpecimiento". Pese a la tensión, la vocera Mara Sedini afirmó que "cada ministro tiene su estilo, lo importante son los resultados", y destacó que el urbanista "es un ministro en terreno, cercano a la ciudadanía".

El exministro de Vivienda Carlos Montes defendió ayer en el Senado el funcionamiento de esa cartera luego de que una auditoría de la Contraloría detectó anomalías en la adquisición de terrenos en el marco del Plan de Emergencia Habitacional, situación por la que instruyó una investigación.

En la comisión de Vivienda Montes dijo que "yo sé que esta sesión está motivada por la calificación de sobreprecios en la adquisición de suelos como hallazgo clave del informe (...) Bueno, esto no lo plantea el informe y no es verdad".

"La palabra sobreprecio no aparece en ninguna de las 149 páginas del informe", afirmó, pidiendo hacer una diferencia en las condiciones de cada suelo para explicar las diferencias de precio, puesto que si bien el parámetro para el plan era de 6 UF el m2, en el cálculo global "no es un límite jurídico por predio. Es evidente que terrenos bien ubicados superan este monto. La observación es básicamente preventiva".

Montes sostuvo que las adquisiciones se realizaron con tasaciones vigentes del Serviu y planteó que "la Contraloría constató insuficiencias procedimentales, no delitos, no sobreprecio, no corrupción. La observación apunta a prevenir riesgos futuros y corregir procedimientos, Muchas medidas ya están siendo implementadas".

"Yo actué como ministro en plena sujeción a la Constitución y a la legislación vigente", se defendió.

El exministro de Vivienda Carlos Montes defendió ayer en el Senado el funcionamiento de esa cartera luego de que una auditoría de la Contraloría detectó anomalías en la adquisición de terrenos en el marco del Plan de Emergencia Habitacional, situación por la que instruyó una investigación.

En la comisión de Vivienda Montes dijo que "yo sé que esta sesión está motivada por la calificación de sobreprecios en la adquisición de suelos como hallazgo clave del informe (...) Bueno, esto no lo plantea el informe y no es verdad".

"La palabra sobreprecio no aparece en ninguna de las 149 páginas del informe", afirmó, pidiendo hacer una diferencia en las condiciones de cada suelo para explicar las diferencias de precio, puesto que si bien el parámetro para el plan era de 6 UF el m2, en el cálculo global "no es un límite jurídico por predio. Es evidente que terrenos bien ubicados superan este monto. La observación es básicamente preventiva".

Montes sostuvo que las adquisiciones se realizaron con tasaciones vigentes del Serviu y planteó que "la Contraloría constató insuficiencias procedimentales, no delitos, no sobreprecio, no corrupción. La observación apunta a prevenir riesgos futuros y corregir procedimientos, Muchas medidas ya están siendo implementadas".

"Yo actué como ministro en plena sujeción a la Constitución y a la legislación vigente", se defendió.

El exministro de Vivienda Carlos Montes defendió ayer en el Senado el funcionamiento de esa cartera luego de que una auditoría de la Contraloría detectó anomalías en la adquisición de terrenos en el marco del Plan de Emergencia Habitacional, situación por la que instruyó una investigación.

En la comisión de Vivienda Montes dijo que "yo sé que esta sesión está motivada por la calificación de sobreprecios en la adquisición de suelos como hallazgo clave del informe (...) Bueno, esto no lo plantea el informe y no es verdad".

"La palabra sobreprecio no aparece en ninguna de las 149 páginas del informe", afirmó, pidiendo hacer una diferencia en las condiciones de cada suelo para explicar las diferencias de precio, puesto que si bien el parámetro para el plan era de 6 UF el m2, en el cálculo global "no es un límite jurídico por predio. Es evidente que terrenos bien ubicados superan este monto. La observación es básicamente preventiva".

Montes sostuvo que las adquisiciones se realizaron con tasaciones vigentes del Serviu y planteó que "la Contraloría constató insuficiencias procedimentales, no delitos, no sobreprecio, no corrupción. La observación apunta a prevenir riesgos futuros y corregir procedimientos, Muchas medidas ya están siendo implementadas".

"Yo actué como ministro en plena sujeción a la Constitución y a la legislación vigente", se defendió.