Redacción

El fiscal nacional, Ángel Valencia, valoró positivamente el anuncio por parte del Presidente José Antonio Kast de crear un Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades. Sin embargo, opinó que sería importante ampliar este calificativo formalmente a delitos económicos como la colusión.

En su Cuenta Pública del lunes, el Mandatario dio a conocer que "ingresaremos un proyecto de ley para crear el Registro de Vándalos e Incivilidades, el que permitirá que quienes hayan cometido delitos, como atentar contra carabineros, el personal de los servicios de salud, la retención del transporte público, el tráfico de estupefacientes, el daño a monumentos nacionales, entre otros, perderán beneficios sociales como la gratuidad en la educación, la Pensión Garantizada Universal (PGU), o el subsidio de arriendo".

Al respecto, el jefe del Ministerio Público planteó en radio ADN que "me parece muy valioso comenzar a poner foco en las incivilidades".

Valencia agregó que la experiencia internacional muestra que permitir pequeños incumplimientos también afecta el respeto general por la ley: "Cuando generas un ambiente de no respeto de la ley, incluso de situaciones menores, contribuye a la comisión de delitos más graves".

Y a modo de aporte abrió la puerta a que la discusión no se limite solo al vandalismo, sino que considere otros delitos que generan daños colectivos: "Se podría considerar entonces herramientas que no solo promuevan esa reparación por quienes han cometido vandalismo, sino que también han cometido otro tipo de delito que nos provocan daños a todos. Por ejemplo, los casos de colusión, que hoy día no son necesariamente constitutivos de delito, y que en general no lo son".

Visiones y alertas

El oficialismo se ha mostrado completamente alineado en el apoyo de esta iniciativa del Presidente Kast. Así lo expresó el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), quien dijo a radio Duna que "estoy de acuerdo con el Ejecutivo de que una persona que quema un colegio o que ataca a los profesores, merece una sanción y veamos como lo viabilizamos legalmente".

El parlamentario añadió que "cada una de las incivilidades deberá tener una graduación. Por una parte, el castigo menor es ser parte de este listado, pero después de qué cosa se va a privar el hecho de ser parte del listado, y eso hay que verlo muy detalladamente".

Sin embargo, una crítica que se ha reiterado desde el momento en que se hizo este anuncio es que solo afectaría a quienes reciben beneficios sociales.

Fue lo que expresó Felipe Harboe, exsubsecretario del Interior de Michelle Bachelet. Si bien opinó en Tele13 Radio que le parece bien que "se reinstale en Chile el respeto por la vida y la integridad, pero también por la propiedad pública y privada. Y si alguien participa de un hecho delictual o de una incivilidad, tiene que responder. Eso me parece un principio básico".

Pero planteó también que el registro propuesto por el Gobierno le parece que "tiene ciertos matices porque, primero, se focaliza en aquellos que dependen de un beneficio social. Y eso es un problema porque si usted no depende de un beneficio social, va a tener una multa eventualmente" pero nada más. Por lo tanto, estamos "frente a una medida que hace una distinción socioeconómica".

Redacción

El fiscal nacional, Ángel Valencia, valoró positivamente el anuncio por parte del Presidente José Antonio Kast de crear un Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades. Sin embargo, opinó que sería importante ampliar este calificativo formalmente a delitos económicos como la colusión.

En su Cuenta Pública del lunes, el Mandatario dio a conocer que "ingresaremos un proyecto de ley para crear el Registro de Vándalos e Incivilidades, el que permitirá que quienes hayan cometido delitos, como atentar contra carabineros, el personal de los servicios de salud, la retención del transporte público, el tráfico de estupefacientes, el daño a monumentos nacionales, entre otros, perderán beneficios sociales como la gratuidad en la educación, la Pensión Garantizada Universal (PGU), o el subsidio de arriendo".

Al respecto, el jefe del Ministerio Público planteó en radio ADN que "me parece muy valioso comenzar a poner foco en las incivilidades".

Valencia agregó que la experiencia internacional muestra que permitir pequeños incumplimientos también afecta el respeto general por la ley: "Cuando generas un ambiente de no respeto de la ley, incluso de situaciones menores, contribuye a la comisión de delitos más graves".

Y a modo de aporte abrió la puerta a que la discusión no se limite solo al vandalismo, sino que considere otros delitos que generan daños colectivos: "Se podría considerar entonces herramientas que no solo promuevan esa reparación por quienes han cometido vandalismo, sino que también han cometido otro tipo de delito que nos provocan daños a todos. Por ejemplo, los casos de colusión, que hoy día no son necesariamente constitutivos de delito, y que en general no lo son".

Visiones y alertas

El oficialismo se ha mostrado completamente alineado en el apoyo de esta iniciativa del Presidente Kast. Así lo expresó el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), quien dijo a radio Duna que "estoy de acuerdo con el Ejecutivo de que una persona que quema un colegio o que ataca a los profesores, merece una sanción y veamos como lo viabilizamos legalmente".

El parlamentario añadió que "cada una de las incivilidades deberá tener una graduación. Por una parte, el castigo menor es ser parte de este listado, pero después de qué cosa se va a privar el hecho de ser parte del listado, y eso hay que verlo muy detalladamente".

Sin embargo, una crítica que se ha reiterado desde el momento en que se hizo este anuncio es que solo afectaría a quienes reciben beneficios sociales.

Fue lo que expresó Felipe Harboe, exsubsecretario del Interior de Michelle Bachelet. Si bien opinó en Tele13 Radio que le parece bien que "se reinstale en Chile el respeto por la vida y la integridad, pero también por la propiedad pública y privada. Y si alguien participa de un hecho delictual o de una incivilidad, tiene que responder. Eso me parece un principio básico".

Pero planteó también que el registro propuesto por el Gobierno le parece que "tiene ciertos matices porque, primero, se focaliza en aquellos que dependen de un beneficio social. Y eso es un problema porque si usted no depende de un beneficio social, va a tener una multa eventualmente" pero nada más. Por lo tanto, estamos "frente a una medida que hace una distinción socioeconómica".

Redacción

El fiscal nacional, Ángel Valencia, valoró positivamente el anuncio por parte del Presidente José Antonio Kast de crear un Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades. Sin embargo, opinó que sería importante ampliar este calificativo formalmente a delitos económicos como la colusión.

En su Cuenta Pública del lunes, el Mandatario dio a conocer que "ingresaremos un proyecto de ley para crear el Registro de Vándalos e Incivilidades, el que permitirá que quienes hayan cometido delitos, como atentar contra carabineros, el personal de los servicios de salud, la retención del transporte público, el tráfico de estupefacientes, el daño a monumentos nacionales, entre otros, perderán beneficios sociales como la gratuidad en la educación, la Pensión Garantizada Universal (PGU), o el subsidio de arriendo".

Al respecto, el jefe del Ministerio Público planteó en radio ADN que "me parece muy valioso comenzar a poner foco en las incivilidades".

Valencia agregó que la experiencia internacional muestra que permitir pequeños incumplimientos también afecta el respeto general por la ley: "Cuando generas un ambiente de no respeto de la ley, incluso de situaciones menores, contribuye a la comisión de delitos más graves".

Y a modo de aporte abrió la puerta a que la discusión no se limite solo al vandalismo, sino que considere otros delitos que generan daños colectivos: "Se podría considerar entonces herramientas que no solo promuevan esa reparación por quienes han cometido vandalismo, sino que también han cometido otro tipo de delito que nos provocan daños a todos. Por ejemplo, los casos de colusión, que hoy día no son necesariamente constitutivos de delito, y que en general no lo son".

Visiones y alertas

El oficialismo se ha mostrado completamente alineado en el apoyo de esta iniciativa del Presidente Kast. Así lo expresó el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), quien dijo a radio Duna que "estoy de acuerdo con el Ejecutivo de que una persona que quema un colegio o que ataca a los profesores, merece una sanción y veamos como lo viabilizamos legalmente".

El parlamentario añadió que "cada una de las incivilidades deberá tener una graduación. Por una parte, el castigo menor es ser parte de este listado, pero después de qué cosa se va a privar el hecho de ser parte del listado, y eso hay que verlo muy detalladamente".

Sin embargo, una crítica que se ha reiterado desde el momento en que se hizo este anuncio es que solo afectaría a quienes reciben beneficios sociales.

Fue lo que expresó Felipe Harboe, exsubsecretario del Interior de Michelle Bachelet. Si bien opinó en Tele13 Radio que le parece bien que "se reinstale en Chile el respeto por la vida y la integridad, pero también por la propiedad pública y privada. Y si alguien participa de un hecho delictual o de una incivilidad, tiene que responder. Eso me parece un principio básico".

Pero planteó también que el registro propuesto por el Gobierno le parece que "tiene ciertos matices porque, primero, se focaliza en aquellos que dependen de un beneficio social. Y eso es un problema porque si usted no depende de un beneficio social, va a tener una multa eventualmente" pero nada más. Por lo tanto, estamos "frente a una medida que hace una distinción socioeconómica".

La Comisión de Hacienda del Senado inició ayer formalmente el segundo trámite legislativo del proyecto de Reconstrucción Nacional del Gobierno, cuyo debate estuvo marcado por la resistencia de la oposición ante la ausencia de informes detallados sobre el impacto financiero de la iniciativa y su meta fiscal.

La discusión de este segundo trámite, luego de que la Cámara de Diputados aprobara la iniciativa, comenzó con un duro enfrentamiento entre los senadores Daniella Cicardini (PS) y Javier Macaya (UDI), luego de que la parlamentaria acusara falta de claridad en las cifras.

La legisladora socialista encaró al timonel gremialista señalando que "pareciera ser que usted se confundió un poquito" respecto a la importancia de la meta fiscal en la discusión.

Ante la consulta de la legisladora sobre si conocía el concepto técnico, el senador Macaya respondió que "por cierto que sé lo que es", pero descartó haber cuestionado las preguntas de la senadora durante las sesiones previas.

Ya avanzada la sesión, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, expuso los ejes de la megarreforma del Gobierno y defendió la creación de un mecanismo que convierte al Estado en asegurador de las inversiones privadas en caso de que los proyectos sufran una revocación en tribunales de su Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

El secretario de Estado también apuntó a no insistir en el artículo sobre propiedad intelectual e inteligencia artificial que fue rechazado en la Cámara de Diputados: "Estamos en estudio si lo vamos a reponer o no. Es un tema más complejo y probablemente requiera mirarlo en otra ocasión y no en este (proyecto)".

Y en lo relacionado con la eliminación de la franquicia tributaria del Sence, que no contó con el apoyo de parlamentarios de la oposición y de RN, confirmó que se repondrá con cambios: "Hemos recogido ideas que salieron en la Cámara y nuestra intención es reponerlo recogiendo varias de esas ideas".

La Comisión de Hacienda del Senado inició ayer formalmente el segundo trámite legislativo del proyecto de Reconstrucción Nacional del Gobierno, cuyo debate estuvo marcado por la resistencia de la oposición ante la ausencia de informes detallados sobre el impacto financiero de la iniciativa y su meta fiscal.

La discusión de este segundo trámite, luego de que la Cámara de Diputados aprobara la iniciativa, comenzó con un duro enfrentamiento entre los senadores Daniella Cicardini (PS) y Javier Macaya (UDI), luego de que la parlamentaria acusara falta de claridad en las cifras.

La legisladora socialista encaró al timonel gremialista señalando que "pareciera ser que usted se confundió un poquito" respecto a la importancia de la meta fiscal en la discusión.

Ante la consulta de la legisladora sobre si conocía el concepto técnico, el senador Macaya respondió que "por cierto que sé lo que es", pero descartó haber cuestionado las preguntas de la senadora durante las sesiones previas.

Ya avanzada la sesión, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, expuso los ejes de la megarreforma del Gobierno y defendió la creación de un mecanismo que convierte al Estado en asegurador de las inversiones privadas en caso de que los proyectos sufran una revocación en tribunales de su Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

El secretario de Estado también apuntó a no insistir en el artículo sobre propiedad intelectual e inteligencia artificial que fue rechazado en la Cámara de Diputados: "Estamos en estudio si lo vamos a reponer o no. Es un tema más complejo y probablemente requiera mirarlo en otra ocasión y no en este (proyecto)".

Y en lo relacionado con la eliminación de la franquicia tributaria del Sence, que no contó con el apoyo de parlamentarios de la oposición y de RN, confirmó que se repondrá con cambios: "Hemos recogido ideas que salieron en la Cámara y nuestra intención es reponerlo recogiendo varias de esas ideas".

La Comisión de Hacienda del Senado inició ayer formalmente el segundo trámite legislativo del proyecto de Reconstrucción Nacional del Gobierno, cuyo debate estuvo marcado por la resistencia de la oposición ante la ausencia de informes detallados sobre el impacto financiero de la iniciativa y su meta fiscal.

La discusión de este segundo trámite, luego de que la Cámara de Diputados aprobara la iniciativa, comenzó con un duro enfrentamiento entre los senadores Daniella Cicardini (PS) y Javier Macaya (UDI), luego de que la parlamentaria acusara falta de claridad en las cifras.

La legisladora socialista encaró al timonel gremialista señalando que "pareciera ser que usted se confundió un poquito" respecto a la importancia de la meta fiscal en la discusión.

Ante la consulta de la legisladora sobre si conocía el concepto técnico, el senador Macaya respondió que "por cierto que sé lo que es", pero descartó haber cuestionado las preguntas de la senadora durante las sesiones previas.

Ya avanzada la sesión, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, expuso los ejes de la megarreforma del Gobierno y defendió la creación de un mecanismo que convierte al Estado en asegurador de las inversiones privadas en caso de que los proyectos sufran una revocación en tribunales de su Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

El secretario de Estado también apuntó a no insistir en el artículo sobre propiedad intelectual e inteligencia artificial que fue rechazado en la Cámara de Diputados: "Estamos en estudio si lo vamos a reponer o no. Es un tema más complejo y probablemente requiera mirarlo en otra ocasión y no en este (proyecto)".

Y en lo relacionado con la eliminación de la franquicia tributaria del Sence, que no contó con el apoyo de parlamentarios de la oposición y de RN, confirmó que se repondrá con cambios: "Hemos recogido ideas que salieron en la Cámara y nuestra intención es reponerlo recogiendo varias de esas ideas".