Matías Gatica Lindsay

La Contraloría comunicó ayer que objetó las modificaciones al reglamento de la ley que regula a las empresas de aplicaciones de transportes, también llamada "Ley Uber", que ingresó el 24 de abril el Ministerio de Transportes.

Luego que el titular de la cartera, Louis de Grange, le solicitó previo a asumir su cargo a su antecesor Juan Carlos Muñoz frenar la publicación del reglamento de esta ley, el secretario de Estado envió una nueva propuesta que debía ser aprobada por la Contraloría.

El reglamento actualizado consideró medidas para flexibilizar y rebajar los estándares técnicos de los vehículos para así mitigar su efecto en los empleos. Entre estas normas se consideró la eliminación de una cilindrada mínima, una modificación a los topes de antigüedad máxima de los vehículos y la remoción de las limitaciones de movilidad por comunas, modificando así las propuestas que estaban en el documento en que trabajaba la administración del exPresidente Gabriel Boric.

"La versión anterior del reglamento pegaba muy negativamente en el empleo", dijo el 27 de abril el biministro De Grange.

Un mes y medio después, a través de un oficio, la Contraloría decidió no dar curso a este reglamento debido a que el acto "elimina, modifica y disminuye exigencias técnicas aplicables a los vehículos destinados a prestar a la ciudadanía los servicios de taxi, tales como antigüedad máxima de operación, antigüedad mínima para su primera inscripción y cilindrada mínima, sin que consten los fundamentos fácticos, técnicos y jurídicos que justifiquen tales medidas, ni las razones por las cuales no se sometieron a consulta pública".

Además, planteó que en el nuevo reglamento "se incluyen modificaciones que rebajan el estándar y calidad de los servicios que la ciudadanía ya recibe, de manera que, con mayor razón, resulta menester que tal decisión se encuentre debidamente fundada en razones fácticas, técnicas y jurídicas debidamente acreditadas, que justifiquen plenamente su adopción".

Finalmente señaló que "corresponde" que el Ministerio de Transportes "establezca un plazo determinado para efectos del cumplimiento de la obligación de comunicar la adscripción de los servicios de taxi básico, ejecutivo o turismo, a una empresa de aplicación de transporte".

Sobre ello el senador PS Fidel Espinoza dijo que "lo que ha hecho la Contraloría es una bomba muy importante, en el buen sentido de la palabra, para decirle al ministro Louis de Grange que está equivocado. No podemos nivelar hacia abajo como pretende el Ministerio. La regulación debe servir para mejorar la calidad de los vehículos, aumentar la seguridad de los pasajeros y fortalecer los estándares del transporte de pasajeros" y comunicó que el tema será abordado en la Comisión de Transportes del Senado.

Espinoza dijo que en la instancia el ministro deberá aclarar sus "eventuales vínculos previos con estas empresas".

"La Contraloría ha hecho lo justo. El ministro de Transportes se pasó varios pueblos", dijo el diputado FRVS Jaime Mulet.

Por su parte el vocero de Taxis de Chile, Claudio Morales, celebró la decisión de la Contraloría. "Lo que pretende el ministro es que estos autos trabajen para las empresas de plataformas y, en el fondo, no es igualar la cancha como hemos pedido por años", señaló.

Matías Gatica Lindsay

La Contraloría comunicó ayer que objetó las modificaciones al reglamento de la ley que regula a las empresas de aplicaciones de transportes, también llamada "Ley Uber", que ingresó el 24 de abril el Ministerio de Transportes.

Luego que el titular de la cartera, Louis de Grange, le solicitó previo a asumir su cargo a su antecesor Juan Carlos Muñoz frenar la publicación del reglamento de esta ley, el secretario de Estado envió una nueva propuesta que debía ser aprobada por la Contraloría.

El reglamento actualizado consideró medidas para flexibilizar y rebajar los estándares técnicos de los vehículos para así mitigar su efecto en los empleos. Entre estas normas se consideró la eliminación de una cilindrada mínima, una modificación a los topes de antigüedad máxima de los vehículos y la remoción de las limitaciones de movilidad por comunas, modificando así las propuestas que estaban en el documento en que trabajaba la administración del exPresidente Gabriel Boric.

"La versión anterior del reglamento pegaba muy negativamente en el empleo", dijo el 27 de abril el biministro De Grange.

Un mes y medio después, a través de un oficio, la Contraloría decidió no dar curso a este reglamento debido a que el acto "elimina, modifica y disminuye exigencias técnicas aplicables a los vehículos destinados a prestar a la ciudadanía los servicios de taxi, tales como antigüedad máxima de operación, antigüedad mínima para su primera inscripción y cilindrada mínima, sin que consten los fundamentos fácticos, técnicos y jurídicos que justifiquen tales medidas, ni las razones por las cuales no se sometieron a consulta pública".

Además, planteó que en el nuevo reglamento "se incluyen modificaciones que rebajan el estándar y calidad de los servicios que la ciudadanía ya recibe, de manera que, con mayor razón, resulta menester que tal decisión se encuentre debidamente fundada en razones fácticas, técnicas y jurídicas debidamente acreditadas, que justifiquen plenamente su adopción".

Finalmente señaló que "corresponde" que el Ministerio de Transportes "establezca un plazo determinado para efectos del cumplimiento de la obligación de comunicar la adscripción de los servicios de taxi básico, ejecutivo o turismo, a una empresa de aplicación de transporte".

Sobre ello el senador PS Fidel Espinoza dijo que "lo que ha hecho la Contraloría es una bomba muy importante, en el buen sentido de la palabra, para decirle al ministro Louis de Grange que está equivocado. No podemos nivelar hacia abajo como pretende el Ministerio. La regulación debe servir para mejorar la calidad de los vehículos, aumentar la seguridad de los pasajeros y fortalecer los estándares del transporte de pasajeros" y comunicó que el tema será abordado en la Comisión de Transportes del Senado.

Espinoza dijo que en la instancia el ministro deberá aclarar sus "eventuales vínculos previos con estas empresas".

"La Contraloría ha hecho lo justo. El ministro de Transportes se pasó varios pueblos", dijo el diputado FRVS Jaime Mulet.

Por su parte el vocero de Taxis de Chile, Claudio Morales, celebró la decisión de la Contraloría. "Lo que pretende el ministro es que estos autos trabajen para las empresas de plataformas y, en el fondo, no es igualar la cancha como hemos pedido por años", señaló.

Matías Gatica Lindsay

La Contraloría comunicó ayer que objetó las modificaciones al reglamento de la ley que regula a las empresas de aplicaciones de transportes, también llamada "Ley Uber", que ingresó el 24 de abril el Ministerio de Transportes.

Luego que el titular de la cartera, Louis de Grange, le solicitó previo a asumir su cargo a su antecesor Juan Carlos Muñoz frenar la publicación del reglamento de esta ley, el secretario de Estado envió una nueva propuesta que debía ser aprobada por la Contraloría.

El reglamento actualizado consideró medidas para flexibilizar y rebajar los estándares técnicos de los vehículos para así mitigar su efecto en los empleos. Entre estas normas se consideró la eliminación de una cilindrada mínima, una modificación a los topes de antigüedad máxima de los vehículos y la remoción de las limitaciones de movilidad por comunas, modificando así las propuestas que estaban en el documento en que trabajaba la administración del exPresidente Gabriel Boric.

"La versión anterior del reglamento pegaba muy negativamente en el empleo", dijo el 27 de abril el biministro De Grange.

Un mes y medio después, a través de un oficio, la Contraloría decidió no dar curso a este reglamento debido a que el acto "elimina, modifica y disminuye exigencias técnicas aplicables a los vehículos destinados a prestar a la ciudadanía los servicios de taxi, tales como antigüedad máxima de operación, antigüedad mínima para su primera inscripción y cilindrada mínima, sin que consten los fundamentos fácticos, técnicos y jurídicos que justifiquen tales medidas, ni las razones por las cuales no se sometieron a consulta pública".

Además, planteó que en el nuevo reglamento "se incluyen modificaciones que rebajan el estándar y calidad de los servicios que la ciudadanía ya recibe, de manera que, con mayor razón, resulta menester que tal decisión se encuentre debidamente fundada en razones fácticas, técnicas y jurídicas debidamente acreditadas, que justifiquen plenamente su adopción".

Finalmente señaló que "corresponde" que el Ministerio de Transportes "establezca un plazo determinado para efectos del cumplimiento de la obligación de comunicar la adscripción de los servicios de taxi básico, ejecutivo o turismo, a una empresa de aplicación de transporte".

Sobre ello el senador PS Fidel Espinoza dijo que "lo que ha hecho la Contraloría es una bomba muy importante, en el buen sentido de la palabra, para decirle al ministro Louis de Grange que está equivocado. No podemos nivelar hacia abajo como pretende el Ministerio. La regulación debe servir para mejorar la calidad de los vehículos, aumentar la seguridad de los pasajeros y fortalecer los estándares del transporte de pasajeros" y comunicó que el tema será abordado en la Comisión de Transportes del Senado.

Espinoza dijo que en la instancia el ministro deberá aclarar sus "eventuales vínculos previos con estas empresas".

"La Contraloría ha hecho lo justo. El ministro de Transportes se pasó varios pueblos", dijo el diputado FRVS Jaime Mulet.

Por su parte el vocero de Taxis de Chile, Claudio Morales, celebró la decisión de la Contraloría. "Lo que pretende el ministro es que estos autos trabajen para las empresas de plataformas y, en el fondo, no es igualar la cancha como hemos pedido por años", señaló.

La Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó cuatro recursos de protección interpuestos para frenar los embargos que está realizando la Tesorería General de la República (TGR) a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE). La TGR dijo que es un "nuevo revés para deudores (...) el tribunal de alzada ratificó la plena legalidad de las cobranzas coactivas ejecutadas". Indicó que la corte "argumentó que, una vez que el deudor incumple y se hace efectiva la garantía estatal, la TGR está mandatada a perseguir la recuperación de los dineros públicos mediante el proceso de cobro regulado en el Código Tributario" y que "este triunfo judicial se suma a recientes fallos de la Corte de Apelaciones de Arica y a los más de 450 recursos de protección que la Corte Suprema ha declarado inadmisibles".

La Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó cuatro recursos de protección interpuestos para frenar los embargos que está realizando la Tesorería General de la República (TGR) a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE). La TGR dijo que es un "nuevo revés para deudores (...) el tribunal de alzada ratificó la plena legalidad de las cobranzas coactivas ejecutadas". Indicó que la corte "argumentó que, una vez que el deudor incumple y se hace efectiva la garantía estatal, la TGR está mandatada a perseguir la recuperación de los dineros públicos mediante el proceso de cobro regulado en el Código Tributario" y que "este triunfo judicial se suma a recientes fallos de la Corte de Apelaciones de Arica y a los más de 450 recursos de protección que la Corte Suprema ha declarado inadmisibles".

La Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó cuatro recursos de protección interpuestos para frenar los embargos que está realizando la Tesorería General de la República (TGR) a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE). La TGR dijo que es un "nuevo revés para deudores (...) el tribunal de alzada ratificó la plena legalidad de las cobranzas coactivas ejecutadas". Indicó que la corte "argumentó que, una vez que el deudor incumple y se hace efectiva la garantía estatal, la TGR está mandatada a perseguir la recuperación de los dineros públicos mediante el proceso de cobro regulado en el Código Tributario" y que "este triunfo judicial se suma a recientes fallos de la Corte de Apelaciones de Arica y a los más de 450 recursos de protección que la Corte Suprema ha declarado inadmisibles".

Luego de participar en un debate con las otras dos candidatas a la Secretaría General de la ONU, María Fernanda Espinosa (Ecuador) y Rebeca Grynspan (Costa Rica), la exPresidenta Michelle Bachelet se refirió a la posibilidad de que algún país, como Estados Unidos, vete su candidatura, principalmente por su postura sobre el aborto. "No debería decir esto, pero lo voy a decir porque realmente lo creo. Si alguien me veta, porque creo en la democracia, porque creo en el multilateralismo, porque creo en los derechos de las mujeres, porque creo en los derechos humanos, me sentiré honrada", señaló.

Luego de participar en un debate con las otras dos candidatas a la Secretaría General de la ONU, María Fernanda Espinosa (Ecuador) y Rebeca Grynspan (Costa Rica), la exPresidenta Michelle Bachelet se refirió a la posibilidad de que algún país, como Estados Unidos, vete su candidatura, principalmente por su postura sobre el aborto. "No debería decir esto, pero lo voy a decir porque realmente lo creo. Si alguien me veta, porque creo en la democracia, porque creo en el multilateralismo, porque creo en los derechos de las mujeres, porque creo en los derechos humanos, me sentiré honrada", señaló.

Luego de participar en un debate con las otras dos candidatas a la Secretaría General de la ONU, María Fernanda Espinosa (Ecuador) y Rebeca Grynspan (Costa Rica), la exPresidenta Michelle Bachelet se refirió a la posibilidad de que algún país, como Estados Unidos, vete su candidatura, principalmente por su postura sobre el aborto. "No debería decir esto, pero lo voy a decir porque realmente lo creo. Si alguien me veta, porque creo en la democracia, porque creo en el multilateralismo, porque creo en los derechos de las mujeres, porque creo en los derechos humanos, me sentiré honrada", señaló.