Redacción

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó ayer medidas cautelares para 19 de los 44 detenidos en el marco de operación "Imperio Ámsterdam", que permitió desarticular una presunta red dedicada al tráfico de marihuana bajo la fachada de un dispensario regulado por la legislación para distribuir cannabis con fines medicinales, lo que le permitió obtener ganancias millonarias.

Luego de dos jornadas de formalización, se impusieron las medidas más intensas, de arresto domiciliario total y arraigo nacional, al rostro de televisión Camilo Huerta, además de Juan Pablo Martín, Daniel Ortega, Hansi Besuain, Karen Athens, Valeska Frías, Vicente Rebolledo, Karla Rivera Cárdenas, Juan Trujillo y Nicolás Hernández.

Los imputados Cristian Villegas, Ignacio Toledo, Agustín Saavedra, Manuel Alambra y Alma María González quedaron con arresto domiciliario parcial y arraigo nacional. Mientras, a Vicente Ignacio Necochea, Erick Ruhl, José Miguel Fuentealba y Tania Calderón se les impuso firma quincenal y arraigo nacional.

La organización

De acuerdo con los detalles expuestos durante ambas jornadas de audiencias, el supuesto líder de la operación es Andrés Astorga, principal accionista de Dispensario Nacional Medcorp, que aprovechó la institución creada en 2016 con fines medicinales para desviar drogas.

Según consignó un informe del Ministerio Público, "durante el periodo de observación, la empresa DN Medcorp recibió transferencias de dineros, depósitos y otros ingresos por un total de 8.089.879.813 pesos. Esto es un poco más de nueve millones de dólares".

DN Medcorp es la sociedad matriz. Su gerente general era Mario Astorga, padre de Andrés, y a cargo de su administración estaba Gino Athens, quien se preocupaba de las finanzas, contabilidad, transferencias, retiros bancarios y pagos, además del control del stock en los distintos dispensarios.

La sociedad está vinculada a la operación de locales bajo la marca Dispensario Nacional y M.A. Botanics, empresa fundada por Matías Landerer, Raimundo Silva y Rodrigo Buzeta, que tenía terrenos en Pelarco (Región del Maule) para la producción y abastecimiento de cannabis.

Landerer era el encargado de la logística de distribución. Gracias a escuchas telefónicas se le ubica como coordinador de stocks en tienda, envíos y transportes. También supervisaba los locales de Concepción, Los Ángeles, Temuco y Las Condes.

En este esquema, se apunta al exparticipante de reality show Camilo Huerta como una persona que desempeñaba "funciones administrativas, ejecución y facilitación en la cadena delictiva", ya que tenía a cargo la franquicia del dispensario de Colina, que operaba dentro de la normativa pero a la vez vendía a personas sin prescripción médica.

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El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó ayer medidas cautelares para 19 de los 44 detenidos en el marco de operación "Imperio Ámsterdam", que permitió desarticular una presunta red dedicada al tráfico de marihuana bajo la fachada de un dispensario regulado por la legislación para distribuir cannabis con fines medicinales, lo que le permitió obtener ganancias millonarias.

Luego de dos jornadas de formalización, se impusieron las medidas más intensas, de arresto domiciliario total y arraigo nacional, al rostro de televisión Camilo Huerta, además de Juan Pablo Martín, Daniel Ortega, Hansi Besuain, Karen Athens, Valeska Frías, Vicente Rebolledo, Karla Rivera Cárdenas, Juan Trujillo y Nicolás Hernández.

Los imputados Cristian Villegas, Ignacio Toledo, Agustín Saavedra, Manuel Alambra y Alma María González quedaron con arresto domiciliario parcial y arraigo nacional. Mientras, a Vicente Ignacio Necochea, Erick Ruhl, José Miguel Fuentealba y Tania Calderón se les impuso firma quincenal y arraigo nacional.

La organización

De acuerdo con los detalles expuestos durante ambas jornadas de audiencias, el supuesto líder de la operación es Andrés Astorga, principal accionista de Dispensario Nacional Medcorp, que aprovechó la institución creada en 2016 con fines medicinales para desviar drogas.

Según consignó un informe del Ministerio Público, "durante el periodo de observación, la empresa DN Medcorp recibió transferencias de dineros, depósitos y otros ingresos por un total de 8.089.879.813 pesos. Esto es un poco más de nueve millones de dólares".

DN Medcorp es la sociedad matriz. Su gerente general era Mario Astorga, padre de Andrés, y a cargo de su administración estaba Gino Athens, quien se preocupaba de las finanzas, contabilidad, transferencias, retiros bancarios y pagos, además del control del stock en los distintos dispensarios.

La sociedad está vinculada a la operación de locales bajo la marca Dispensario Nacional y M.A. Botanics, empresa fundada por Matías Landerer, Raimundo Silva y Rodrigo Buzeta, que tenía terrenos en Pelarco (Región del Maule) para la producción y abastecimiento de cannabis.

Landerer era el encargado de la logística de distribución. Gracias a escuchas telefónicas se le ubica como coordinador de stocks en tienda, envíos y transportes. También supervisaba los locales de Concepción, Los Ángeles, Temuco y Las Condes.

En este esquema, se apunta al exparticipante de reality show Camilo Huerta como una persona que desempeñaba "funciones administrativas, ejecución y facilitación en la cadena delictiva", ya que tenía a cargo la franquicia del dispensario de Colina, que operaba dentro de la normativa pero a la vez vendía a personas sin prescripción médica.

Redacción

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó ayer medidas cautelares para 19 de los 44 detenidos en el marco de operación "Imperio Ámsterdam", que permitió desarticular una presunta red dedicada al tráfico de marihuana bajo la fachada de un dispensario regulado por la legislación para distribuir cannabis con fines medicinales, lo que le permitió obtener ganancias millonarias.

Luego de dos jornadas de formalización, se impusieron las medidas más intensas, de arresto domiciliario total y arraigo nacional, al rostro de televisión Camilo Huerta, además de Juan Pablo Martín, Daniel Ortega, Hansi Besuain, Karen Athens, Valeska Frías, Vicente Rebolledo, Karla Rivera Cárdenas, Juan Trujillo y Nicolás Hernández.

Los imputados Cristian Villegas, Ignacio Toledo, Agustín Saavedra, Manuel Alambra y Alma María González quedaron con arresto domiciliario parcial y arraigo nacional. Mientras, a Vicente Ignacio Necochea, Erick Ruhl, José Miguel Fuentealba y Tania Calderón se les impuso firma quincenal y arraigo nacional.

La organización

De acuerdo con los detalles expuestos durante ambas jornadas de audiencias, el supuesto líder de la operación es Andrés Astorga, principal accionista de Dispensario Nacional Medcorp, que aprovechó la institución creada en 2016 con fines medicinales para desviar drogas.

Según consignó un informe del Ministerio Público, "durante el periodo de observación, la empresa DN Medcorp recibió transferencias de dineros, depósitos y otros ingresos por un total de 8.089.879.813 pesos. Esto es un poco más de nueve millones de dólares".

DN Medcorp es la sociedad matriz. Su gerente general era Mario Astorga, padre de Andrés, y a cargo de su administración estaba Gino Athens, quien se preocupaba de las finanzas, contabilidad, transferencias, retiros bancarios y pagos, además del control del stock en los distintos dispensarios.

La sociedad está vinculada a la operación de locales bajo la marca Dispensario Nacional y M.A. Botanics, empresa fundada por Matías Landerer, Raimundo Silva y Rodrigo Buzeta, que tenía terrenos en Pelarco (Región del Maule) para la producción y abastecimiento de cannabis.

Landerer era el encargado de la logística de distribución. Gracias a escuchas telefónicas se le ubica como coordinador de stocks en tienda, envíos y transportes. También supervisaba los locales de Concepción, Los Ángeles, Temuco y Las Condes.

En este esquema, se apunta al exparticipante de reality show Camilo Huerta como una persona que desempeñaba "funciones administrativas, ejecución y facilitación en la cadena delictiva", ya que tenía a cargo la franquicia del dispensario de Colina, que operaba dentro de la normativa pero a la vez vendía a personas sin prescripción médica.

Los tres partidos de Chile Vamos cuestionaron las conclusiones del informe de la comisión investigadora sobre el estallido social en la que se apunta a serias carencias del gobierno de Sebastián Piñera, pues denunciaron un intento por enlodar su memoria y reescribir su actuación durante el episodio que se inició el 18 de octubre de 2019.

El documento aprobado en esa instancia de la Cámara de Diputados fue impulsado por el Partido Nacional Libertario y aprobado por ocho votos contra cuatro. Y entre sus conclusiones se sostiene que zonas críticas fueron abandonadas por el Estado mientras ocurrían saqueos y destrucción, y cuestiona la falta de inteligencia y coordinación para contener la violencia.

Frente a ello, la UDI emitió una declaración pública en la que expresó que "es inaceptable que una instancia parlamentaria termine su trabajo sin responsables concretos y, en cambio, utilice sus conclusiones para hacer política e intentar manchar el legado de quien fue dos veces presidente de Chile elegido democráticamente".

"No se puede responsabilizar a quienes lucharon por mantener el orden frente a quienes quemaban Chile y estamos seguros que este vergonzoso informe será rechazado en la sala de la Cámara de Diputados", añadió el gremialismo.

Renovación Nacional también emitió un comunicado en el que "rechaza categóricamente lo señalado por la Comisión Investigadora sobre el 18-O, que atribuye al Gobierno del Presidente Sebastián Piñera una supuesta falta de voluntad para enfrentar la violencia durante el estallido social".

"Presentar esa conducta como una señal de fragilidad revela una comprensión profundamente equivocada de cómo se ejerce el poder en una sociedad libre y democrática. El legado del presidente Sebastián Piñera crece con el tiempo y haremos todo lo necesario para que su testimonio se mantenga vivo", argumentó RN.

Y Evópoli expresó que "no vamos a permitir que hoy se pretenda transformar en una falta aquello que fue el cumplimiento de su deber. Y acusó que las conclusiones buscan "reescribir esa historia a costa de quien tuvo la responsabilidad de conducir al país en tiempos extraordinariamente difíciles".

Los tres partidos de Chile Vamos cuestionaron las conclusiones del informe de la comisión investigadora sobre el estallido social en la que se apunta a serias carencias del gobierno de Sebastián Piñera, pues denunciaron un intento por enlodar su memoria y reescribir su actuación durante el episodio que se inició el 18 de octubre de 2019.

El documento aprobado en esa instancia de la Cámara de Diputados fue impulsado por el Partido Nacional Libertario y aprobado por ocho votos contra cuatro. Y entre sus conclusiones se sostiene que zonas críticas fueron abandonadas por el Estado mientras ocurrían saqueos y destrucción, y cuestiona la falta de inteligencia y coordinación para contener la violencia.

Frente a ello, la UDI emitió una declaración pública en la que expresó que "es inaceptable que una instancia parlamentaria termine su trabajo sin responsables concretos y, en cambio, utilice sus conclusiones para hacer política e intentar manchar el legado de quien fue dos veces presidente de Chile elegido democráticamente".

"No se puede responsabilizar a quienes lucharon por mantener el orden frente a quienes quemaban Chile y estamos seguros que este vergonzoso informe será rechazado en la sala de la Cámara de Diputados", añadió el gremialismo.

Renovación Nacional también emitió un comunicado en el que "rechaza categóricamente lo señalado por la Comisión Investigadora sobre el 18-O, que atribuye al Gobierno del Presidente Sebastián Piñera una supuesta falta de voluntad para enfrentar la violencia durante el estallido social".

"Presentar esa conducta como una señal de fragilidad revela una comprensión profundamente equivocada de cómo se ejerce el poder en una sociedad libre y democrática. El legado del presidente Sebastián Piñera crece con el tiempo y haremos todo lo necesario para que su testimonio se mantenga vivo", argumentó RN.

Y Evópoli expresó que "no vamos a permitir que hoy se pretenda transformar en una falta aquello que fue el cumplimiento de su deber. Y acusó que las conclusiones buscan "reescribir esa historia a costa de quien tuvo la responsabilidad de conducir al país en tiempos extraordinariamente difíciles".

Los tres partidos de Chile Vamos cuestionaron las conclusiones del informe de la comisión investigadora sobre el estallido social en la que se apunta a serias carencias del gobierno de Sebastián Piñera, pues denunciaron un intento por enlodar su memoria y reescribir su actuación durante el episodio que se inició el 18 de octubre de 2019.

El documento aprobado en esa instancia de la Cámara de Diputados fue impulsado por el Partido Nacional Libertario y aprobado por ocho votos contra cuatro. Y entre sus conclusiones se sostiene que zonas críticas fueron abandonadas por el Estado mientras ocurrían saqueos y destrucción, y cuestiona la falta de inteligencia y coordinación para contener la violencia.

Frente a ello, la UDI emitió una declaración pública en la que expresó que "es inaceptable que una instancia parlamentaria termine su trabajo sin responsables concretos y, en cambio, utilice sus conclusiones para hacer política e intentar manchar el legado de quien fue dos veces presidente de Chile elegido democráticamente".

"No se puede responsabilizar a quienes lucharon por mantener el orden frente a quienes quemaban Chile y estamos seguros que este vergonzoso informe será rechazado en la sala de la Cámara de Diputados", añadió el gremialismo.

Renovación Nacional también emitió un comunicado en el que "rechaza categóricamente lo señalado por la Comisión Investigadora sobre el 18-O, que atribuye al Gobierno del Presidente Sebastián Piñera una supuesta falta de voluntad para enfrentar la violencia durante el estallido social".

"Presentar esa conducta como una señal de fragilidad revela una comprensión profundamente equivocada de cómo se ejerce el poder en una sociedad libre y democrática. El legado del presidente Sebastián Piñera crece con el tiempo y haremos todo lo necesario para que su testimonio se mantenga vivo", argumentó RN.

Y Evópoli expresó que "no vamos a permitir que hoy se pretenda transformar en una falta aquello que fue el cumplimiento de su deber. Y acusó que las conclusiones buscan "reescribir esa historia a costa de quien tuvo la responsabilidad de conducir al país en tiempos extraordinariamente difíciles".

Luego de ingresar al Senado para su debate en el Congreso Nacional, el proyecto de reforma constitucional del Gobierno en materia de seguridad ha recibido una serie de críticas de diversos sectores.

El expresidente Gabriel Boric apuntó específicamente contra la idea de un nuevo estado de excepción de "seguridad pública", que podrá ser decretado por el Presidente sin consulta al Parlamento por 120 días prorrogables por otro periodo idéntico sin la visa del Congreso. "Espero que haya una oposición franca, respetuosa, pero firme respecto de esta reforma constitucional que quiere instaurar un estado de sitio de 240 días, con una limitación de libertades que no se había visto, inédita en la democracia chilena", dijo el exmandatario.

La secretaria nacional de la Democracia Cristiana, Alejandra Krauss, apuntó en el mismo sentido en radio Cooperativa: "El Gobierno nos ha propuesto un debate entre democracia y autoritarismo. Las facultades excesivas al Presidente por hasta casi 240 días sin el contrapeso del Senado ni de los tribunales es preocupante". Mientras, el exministro del Interior Álvaro Elizalde (PS) apuntó que "es la primera reforma explícitamente iliberal que plantea el gobierno".

El diputado Jorge Guzmán (Evópoli) afirmó que "yo creo que no tiene ninguna viabilidad un estado de excepción de 240 días sin pasar por el Congreso"; y el presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, calificó la idea es "muy difícilmente defendible" ya que "es lo más parecido a un sistema cada vez menos democrático".

Luego de ingresar al Senado para su debate en el Congreso Nacional, el proyecto de reforma constitucional del Gobierno en materia de seguridad ha recibido una serie de críticas de diversos sectores.

El expresidente Gabriel Boric apuntó específicamente contra la idea de un nuevo estado de excepción de "seguridad pública", que podrá ser decretado por el Presidente sin consulta al Parlamento por 120 días prorrogables por otro periodo idéntico sin la visa del Congreso. "Espero que haya una oposición franca, respetuosa, pero firme respecto de esta reforma constitucional que quiere instaurar un estado de sitio de 240 días, con una limitación de libertades que no se había visto, inédita en la democracia chilena", dijo el exmandatario.

La secretaria nacional de la Democracia Cristiana, Alejandra Krauss, apuntó en el mismo sentido en radio Cooperativa: "El Gobierno nos ha propuesto un debate entre democracia y autoritarismo. Las facultades excesivas al Presidente por hasta casi 240 días sin el contrapeso del Senado ni de los tribunales es preocupante". Mientras, el exministro del Interior Álvaro Elizalde (PS) apuntó que "es la primera reforma explícitamente iliberal que plantea el gobierno".

El diputado Jorge Guzmán (Evópoli) afirmó que "yo creo que no tiene ninguna viabilidad un estado de excepción de 240 días sin pasar por el Congreso"; y el presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, calificó la idea es "muy difícilmente defendible" ya que "es lo más parecido a un sistema cada vez menos democrático".

Luego de ingresar al Senado para su debate en el Congreso Nacional, el proyecto de reforma constitucional del Gobierno en materia de seguridad ha recibido una serie de críticas de diversos sectores.

El expresidente Gabriel Boric apuntó específicamente contra la idea de un nuevo estado de excepción de "seguridad pública", que podrá ser decretado por el Presidente sin consulta al Parlamento por 120 días prorrogables por otro periodo idéntico sin la visa del Congreso. "Espero que haya una oposición franca, respetuosa, pero firme respecto de esta reforma constitucional que quiere instaurar un estado de sitio de 240 días, con una limitación de libertades que no se había visto, inédita en la democracia chilena", dijo el exmandatario.

La secretaria nacional de la Democracia Cristiana, Alejandra Krauss, apuntó en el mismo sentido en radio Cooperativa: "El Gobierno nos ha propuesto un debate entre democracia y autoritarismo. Las facultades excesivas al Presidente por hasta casi 240 días sin el contrapeso del Senado ni de los tribunales es preocupante". Mientras, el exministro del Interior Álvaro Elizalde (PS) apuntó que "es la primera reforma explícitamente iliberal que plantea el gobierno".

El diputado Jorge Guzmán (Evópoli) afirmó que "yo creo que no tiene ninguna viabilidad un estado de excepción de 240 días sin pasar por el Congreso"; y el presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, calificó la idea es "muy difícilmente defendible" ya que "es lo más parecido a un sistema cada vez menos democrático".