Matías Gatica Lindsay

Desde el Gobierno ayer descartaron que tengan intención de llamar a un plebiscito en caso de que la reforma constitucional, de seguridad pública, que necesita 2/3 de los votos, sea rechazada en el Senado.

Tras ingresar al Congreso una megarreforma de seguridad y ante la posibilidad de no alcanzar los votos para realizar esta reforma constitucional, que considera un Estado de Excepción Constitucional que podría durar 120 días e incluso 240 días sin aprobación del Poder Legislativo, si es que el Presidente lo decide, en el oficialismo surgió la idea de llamar a un plebiscito si esta es rechazada.

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, dijo a El Mercurio que "es una opción que no se puede descartar" ya que se deben "ajustar las normas a la exigencia de la ciudadanía".

Ante esta idea que recibió críticas por parte de algunas voces del oficialismo, como el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, quien dijo a La Tercera que esto sería "pasar máquina" , el Gobierno ayer la desechó.

El ministro de la Segpres, José García Ruminot, dijo que "el plebiscito no está contemplado en nuestro ordenamiento constitucional, en nuestro ordenamiento jurídico (...) ¿Cuándo podría haber plebiscito? Cuando hay una discrepancia después de tramitado el proyecto de ley, cuando hay una discrepancia entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo".

En la misma línea el ministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, sostuvo que "la legislación vigente, la norma constitucional es vigente, no lo establece para este tipo de situaciones. Por lo tanto, no es una información que haya salido del Ejecutivo, que haya promovido el Ejecutivo, y por lo tanto, la desmiento categóricamente".

Disposición al diálogo

Desde algunos sectores del oficialismo han criticado algunos puntos de este Estado de Excepción y el miércoles, el senador RN Andrés Longton y su par Arturo Squella (Rep) hicieron una declaración conjunta en la que anunciaron que presentarían dos indicaciones para que en vez de 240 días, tenga que renovarse con autorización del Congreso cada 30, y para que se deje fuera la afectación de las comunicaciones en la propuesta que busca "interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones".

Con estas propuestas, ayer el ministro de Seguridad, Martín Arrau, se reunió con parlamentario de la UDI y RN y tras la cita Longton señaló que "yo me voy con una muy buena impresión del ministro y su equipo, porque hay disposición a hacer cambios (...) el ministro tiene apertura para bajar los días (...) Nosotros hablábamos de 30, puede ser 30, un poco más, un poco menos, pero siempre que pase por el Congreso. En eso está absolutamente de acuerdo el ministro Arrau".

De todas formas, Longton volvió a criticar que el proyecto haya sido anunciado sin ser socializado a los parlamentarios, lo que también ha sido cuestionado por otros parlamentarios de Chile Vamos.

Ante ello, García Ruminot dijo que "siempre estamos haciendo trabajo prelegislativo, pero claramente siempre se requiere más"; mientras que Alvarado señaló que como 20 de las propuestas de este proyecto ya están en el Congreso ya existía un trabajo legislativo sobre ellas. "Lo que ha hecho el gobierno es identificarlas, ordenarlas y darles vigencia", aseguró el biministro.

Por otra parte, indicó que "vamos a defender el propósito que nos motiva a presentar esta reforma constitucional, pero también estamos dispuestos, y lo hemos hecho siempre, a escuchar todas las propuestas (...) estamos muy abiertos a hacer cambios como esos y otros para que esto tenga una rápida tramitación, para no perder el foco".

"Si hay que ser flexibles en las formas, en los tiempos, en la forma en cómo se entra a una u otra cosa, estamos totalmente llanos a ir mejorando para que esto se tramite rápidamente, para tener la herramienta, para darle solución a los vecinos", agregó.

En la oposición, el exministro de Seguridad Luis Cordero dijo a radio Cooperativa que esta reforma constitucional sería "inútil, muy deficiente técnicamente e institucionalmente muy peligrosa"; mientras que la exministra Camila Vallejo dijo a Descabelladas que la reforma sería "al final introducir una especie de régimen autoritario para que el Presidente de la República concentre más poder".

Ante los dichos de Vallejo, Alvarado dijo que "yo creo que el país está cansado de los eslóganes de la oposición para ganarse un titular".

Matías Gatica Lindsay

Desde el Gobierno ayer descartaron que tengan intención de llamar a un plebiscito en caso de que la reforma constitucional, de seguridad pública, que necesita 2/3 de los votos, sea rechazada en el Senado.

Tras ingresar al Congreso una megarreforma de seguridad y ante la posibilidad de no alcanzar los votos para realizar esta reforma constitucional, que considera un Estado de Excepción Constitucional que podría durar 120 días e incluso 240 días sin aprobación del Poder Legislativo, si es que el Presidente lo decide, en el oficialismo surgió la idea de llamar a un plebiscito si esta es rechazada.

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, dijo a El Mercurio que "es una opción que no se puede descartar" ya que se deben "ajustar las normas a la exigencia de la ciudadanía".

Ante esta idea que recibió críticas por parte de algunas voces del oficialismo, como el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, quien dijo a La Tercera que esto sería "pasar máquina" , el Gobierno ayer la desechó.

El ministro de la Segpres, José García Ruminot, dijo que "el plebiscito no está contemplado en nuestro ordenamiento constitucional, en nuestro ordenamiento jurídico (...) ¿Cuándo podría haber plebiscito? Cuando hay una discrepancia después de tramitado el proyecto de ley, cuando hay una discrepancia entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo".

En la misma línea el ministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, sostuvo que "la legislación vigente, la norma constitucional es vigente, no lo establece para este tipo de situaciones. Por lo tanto, no es una información que haya salido del Ejecutivo, que haya promovido el Ejecutivo, y por lo tanto, la desmiento categóricamente".

Disposición al diálogo

Desde algunos sectores del oficialismo han criticado algunos puntos de este Estado de Excepción y el miércoles, el senador RN Andrés Longton y su par Arturo Squella (Rep) hicieron una declaración conjunta en la que anunciaron que presentarían dos indicaciones para que en vez de 240 días, tenga que renovarse con autorización del Congreso cada 30, y para que se deje fuera la afectación de las comunicaciones en la propuesta que busca "interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones".

Con estas propuestas, ayer el ministro de Seguridad, Martín Arrau, se reunió con parlamentario de la UDI y RN y tras la cita Longton señaló que "yo me voy con una muy buena impresión del ministro y su equipo, porque hay disposición a hacer cambios (...) el ministro tiene apertura para bajar los días (...) Nosotros hablábamos de 30, puede ser 30, un poco más, un poco menos, pero siempre que pase por el Congreso. En eso está absolutamente de acuerdo el ministro Arrau".

De todas formas, Longton volvió a criticar que el proyecto haya sido anunciado sin ser socializado a los parlamentarios, lo que también ha sido cuestionado por otros parlamentarios de Chile Vamos.

Ante ello, García Ruminot dijo que "siempre estamos haciendo trabajo prelegislativo, pero claramente siempre se requiere más"; mientras que Alvarado señaló que como 20 de las propuestas de este proyecto ya están en el Congreso ya existía un trabajo legislativo sobre ellas. "Lo que ha hecho el gobierno es identificarlas, ordenarlas y darles vigencia", aseguró el biministro.

Por otra parte, indicó que "vamos a defender el propósito que nos motiva a presentar esta reforma constitucional, pero también estamos dispuestos, y lo hemos hecho siempre, a escuchar todas las propuestas (...) estamos muy abiertos a hacer cambios como esos y otros para que esto tenga una rápida tramitación, para no perder el foco".

"Si hay que ser flexibles en las formas, en los tiempos, en la forma en cómo se entra a una u otra cosa, estamos totalmente llanos a ir mejorando para que esto se tramite rápidamente, para tener la herramienta, para darle solución a los vecinos", agregó.

En la oposición, el exministro de Seguridad Luis Cordero dijo a radio Cooperativa que esta reforma constitucional sería "inútil, muy deficiente técnicamente e institucionalmente muy peligrosa"; mientras que la exministra Camila Vallejo dijo a Descabelladas que la reforma sería "al final introducir una especie de régimen autoritario para que el Presidente de la República concentre más poder".

Ante los dichos de Vallejo, Alvarado dijo que "yo creo que el país está cansado de los eslóganes de la oposición para ganarse un titular".

Matías Gatica Lindsay

Desde el Gobierno ayer descartaron que tengan intención de llamar a un plebiscito en caso de que la reforma constitucional, de seguridad pública, que necesita 2/3 de los votos, sea rechazada en el Senado.

Tras ingresar al Congreso una megarreforma de seguridad y ante la posibilidad de no alcanzar los votos para realizar esta reforma constitucional, que considera un Estado de Excepción Constitucional que podría durar 120 días e incluso 240 días sin aprobación del Poder Legislativo, si es que el Presidente lo decide, en el oficialismo surgió la idea de llamar a un plebiscito si esta es rechazada.

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, dijo a El Mercurio que "es una opción que no se puede descartar" ya que se deben "ajustar las normas a la exigencia de la ciudadanía".

Ante esta idea que recibió críticas por parte de algunas voces del oficialismo, como el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, quien dijo a La Tercera que esto sería "pasar máquina" , el Gobierno ayer la desechó.

El ministro de la Segpres, José García Ruminot, dijo que "el plebiscito no está contemplado en nuestro ordenamiento constitucional, en nuestro ordenamiento jurídico (...) ¿Cuándo podría haber plebiscito? Cuando hay una discrepancia después de tramitado el proyecto de ley, cuando hay una discrepancia entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo".

En la misma línea el ministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, sostuvo que "la legislación vigente, la norma constitucional es vigente, no lo establece para este tipo de situaciones. Por lo tanto, no es una información que haya salido del Ejecutivo, que haya promovido el Ejecutivo, y por lo tanto, la desmiento categóricamente".

Disposición al diálogo

Desde algunos sectores del oficialismo han criticado algunos puntos de este Estado de Excepción y el miércoles, el senador RN Andrés Longton y su par Arturo Squella (Rep) hicieron una declaración conjunta en la que anunciaron que presentarían dos indicaciones para que en vez de 240 días, tenga que renovarse con autorización del Congreso cada 30, y para que se deje fuera la afectación de las comunicaciones en la propuesta que busca "interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones".

Con estas propuestas, ayer el ministro de Seguridad, Martín Arrau, se reunió con parlamentario de la UDI y RN y tras la cita Longton señaló que "yo me voy con una muy buena impresión del ministro y su equipo, porque hay disposición a hacer cambios (...) el ministro tiene apertura para bajar los días (...) Nosotros hablábamos de 30, puede ser 30, un poco más, un poco menos, pero siempre que pase por el Congreso. En eso está absolutamente de acuerdo el ministro Arrau".

De todas formas, Longton volvió a criticar que el proyecto haya sido anunciado sin ser socializado a los parlamentarios, lo que también ha sido cuestionado por otros parlamentarios de Chile Vamos.

Ante ello, García Ruminot dijo que "siempre estamos haciendo trabajo prelegislativo, pero claramente siempre se requiere más"; mientras que Alvarado señaló que como 20 de las propuestas de este proyecto ya están en el Congreso ya existía un trabajo legislativo sobre ellas. "Lo que ha hecho el gobierno es identificarlas, ordenarlas y darles vigencia", aseguró el biministro.

Por otra parte, indicó que "vamos a defender el propósito que nos motiva a presentar esta reforma constitucional, pero también estamos dispuestos, y lo hemos hecho siempre, a escuchar todas las propuestas (...) estamos muy abiertos a hacer cambios como esos y otros para que esto tenga una rápida tramitación, para no perder el foco".

"Si hay que ser flexibles en las formas, en los tiempos, en la forma en cómo se entra a una u otra cosa, estamos totalmente llanos a ir mejorando para que esto se tramite rápidamente, para tener la herramienta, para darle solución a los vecinos", agregó.

En la oposición, el exministro de Seguridad Luis Cordero dijo a radio Cooperativa que esta reforma constitucional sería "inútil, muy deficiente técnicamente e institucionalmente muy peligrosa"; mientras que la exministra Camila Vallejo dijo a Descabelladas que la reforma sería "al final introducir una especie de régimen autoritario para que el Presidente de la República concentre más poder".

Ante los dichos de Vallejo, Alvarado dijo que "yo creo que el país está cansado de los eslóganes de la oposición para ganarse un titular".

El OS9 de Carabineros detuvo en San Pedro de la Paz, en la Región del Biobío, a un hombre de 30 años que es acusado de realizar amenazas contra el Presidente José Antonio Kast y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

A través de un video grabado el 15 de agosto en Santiago y subido a redes sociales de libre acceso, el imputado se refirió a un proyecto aprobado en la Cámara de Diputados que permitiría la caza de perros asilvestrados y en el que señaló que sería "muy buena idea" matar a Kast y a Quiroz.

Luego de esto la Fiscalía Metropolitana Centro Norte inició una investigación y tras conseguir una orden judicial detuvo en la tarde del miércoles a este individuo en la vía pública de San Pedro de la Paz.

El detenido, quien no tiene antecedentes penales, pero sí detenciones por hurto, desórdenes públicos, robo en lugar no habitado y por portar elementos para cometer delitos, fue puesto a disposición del Ministerio Público y en la tarde de ayer fue formalizado por amenazas de atentado contra la autoridad, y pese a que la Fiscalía pidió que quedara en arresto domiciliario total, el tribunal lo dejó en libertad con las cautelares de arraigo nacional, firma mensual y prohibición de acercarse a menos de 200 metros del Presidente Kast y del ministro Quiroz.

El OS9 de Carabineros detuvo en San Pedro de la Paz, en la Región del Biobío, a un hombre de 30 años que es acusado de realizar amenazas contra el Presidente José Antonio Kast y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

A través de un video grabado el 15 de agosto en Santiago y subido a redes sociales de libre acceso, el imputado se refirió a un proyecto aprobado en la Cámara de Diputados que permitiría la caza de perros asilvestrados y en el que señaló que sería "muy buena idea" matar a Kast y a Quiroz.

Luego de esto la Fiscalía Metropolitana Centro Norte inició una investigación y tras conseguir una orden judicial detuvo en la tarde del miércoles a este individuo en la vía pública de San Pedro de la Paz.

El detenido, quien no tiene antecedentes penales, pero sí detenciones por hurto, desórdenes públicos, robo en lugar no habitado y por portar elementos para cometer delitos, fue puesto a disposición del Ministerio Público y en la tarde de ayer fue formalizado por amenazas de atentado contra la autoridad, y pese a que la Fiscalía pidió que quedara en arresto domiciliario total, el tribunal lo dejó en libertad con las cautelares de arraigo nacional, firma mensual y prohibición de acercarse a menos de 200 metros del Presidente Kast y del ministro Quiroz.

El OS9 de Carabineros detuvo en San Pedro de la Paz, en la Región del Biobío, a un hombre de 30 años que es acusado de realizar amenazas contra el Presidente José Antonio Kast y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

A través de un video grabado el 15 de agosto en Santiago y subido a redes sociales de libre acceso, el imputado se refirió a un proyecto aprobado en la Cámara de Diputados que permitiría la caza de perros asilvestrados y en el que señaló que sería "muy buena idea" matar a Kast y a Quiroz.

Luego de esto la Fiscalía Metropolitana Centro Norte inició una investigación y tras conseguir una orden judicial detuvo en la tarde del miércoles a este individuo en la vía pública de San Pedro de la Paz.

El detenido, quien no tiene antecedentes penales, pero sí detenciones por hurto, desórdenes públicos, robo en lugar no habitado y por portar elementos para cometer delitos, fue puesto a disposición del Ministerio Público y en la tarde de ayer fue formalizado por amenazas de atentado contra la autoridad, y pese a que la Fiscalía pidió que quedara en arresto domiciliario total, el tribunal lo dejó en libertad con las cautelares de arraigo nacional, firma mensual y prohibición de acercarse a menos de 200 metros del Presidente Kast y del ministro Quiroz.