Redacción

El día después del violento temporal que dejó caer sobre Santiago con hasta 60 milímetros de lluvia y granizo en dos horas, con anegamientos e inundaciones en varios sectores, los alcaldes de Ñuñoa y Providencia exigieron más recursos para enfrentar este tipo de emergencias y las aseguradoras estimaron que los daños alcanzarán 200 millones de dólares.

Tal como se vio en videos difundidos por redes sociales, las comunas más afectadas por el sistema frontal fueron precisamente Ñuñoa y Providencia, cuyos jefes municipales hicieron un llamado a las autoridades centrales a mejorar los planes ante este tipo de situaciones.

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, dijo a radio Cooperativa que "el problema es que nos hacemos los lesos y seguimos con la infraestructura que teníamos hace 30 años para resistir esos niveles de agua y no estamos preparados para el cambio climático. Eso es vivir en los años 50. El Estado central de Chile, vale para el Gobierno actual y el Gobierno anterior, no tiene ningún plan de inversión para la contención de quebradas".

Además, graficó el abandono financiero e instrumental que enfrentan los municipios durante el despliegue de las emergencias en terreno, contrastándolo con la burocracia preventiva de los organismos técnicos: "Los municipios estamos como para la guerra, nos piden cada día más pega y vivimos de la plata propia. Cuando tú tienes crisis como esta tienes que vivir con tus cuatro motobombas. Esa es la realidad. Senapred te hace 20 reuniones de coordinación, Cogrid, planes, lleno de carpetas tengo de todas las ideas que me dan, pero cuando tienes que recurrir al Estado central para emergencias de este nivel, no hay nadie a quien recurrir".

Incluso reprochó que fuera el municipio el que tuviera que decidir suspender las clases ayer, porque la seremi de Educación no les respondió.

En el mismo sentido apuntó el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, quien dijo a radio Infinita que "no parece razonable que la mejor forma de prever lo que nos va a pasar es que cada uno de nosotros se meta a la aplicación del teléfono. Necesitamos más monitoreo meteorológico. Si ayer nos hubieran dicho un par de horas antes que iba a caer ese granizo, alcanzábamos a tomar algunas medidas, minimizar algunos de los daños".

"Es necesario que como Estado nos preparemos y eso significa que el Gobierno, frente a las evidentes señales de que lamentablemente estos son sucesos que se están repitiendo demasiado comúnmente, tiene que haber presupuesto", añadió.

Aseguradoras

Paralelamente, la Asociación de Aseguradores de Chile estimó preliminarmente que las pérdidas económicas podrían alcanzar los 200 millones de dólares tras los dos eventos de la última semana: el del jueves en San Carlos de Apoquindo y el del martes en gran parte de la capital.

En radio Universo, el gerente de asuntos corporativos del gremio, Javier Irarrázaval, enfatizó que todavía es temprano para dimensionar el impacto definitivo, pero "yo estimaría el orden, quizás 200 millones de dólares y me puedo quedar corto quizás. Ojalá que no sea el caso".

Añadió que uno de los principales obstáculos para la recuperación patrimonial es la cantidad de hogares y vehículos que no cuentan con seguros. Dijo que en Chile solo un tercio de las viviendas y de los automóviles tiene este tipo de protección.

La exministra del Interior Carolina Tohá (PPD) planteó la necesidad de mejorar los mecanismos para permitir que personas condenadas y enfermas en estado terminal puedan pasar sus últimos días junto a sus familias, sin depender de indultos presidenciales ni de las posiciones políticas que sus casos puedan generar.

La exministra fue consultada por el tema a propósito del caso de Juan Aliste Vega, exintegrante del Movimiento Juvenil Lautaro condenado por el homicidio del cabo de Carabineros Luis Moyano, quien padecía un cáncer terminal y falleció sin que alcanzara a resolverse su solicitud de indulto. En El Mostrador, Tohá afirmó que "hay instrumentos en la institucionalidad para evitar que personas que están cumpliendo penas mueran en la cárcel. Quisiéramos exigirles a esos instrumentos que operen mejor", sostuvo Tohá, quien afirmó que "el señor Aliste debió haberse ido en sus últimas horas a su casa".

Y fue más allá: "Los condenados por derechos humanos que están agonizando también debieran poderse ir a su casa. Sin necesidad de que el Presidente intervenga. Sin necesidad de indultarlo por su pena". Añadió: "Yo no metería a la autoridad política a intervenir en este tipo de cosas, porque es algo que causa mucho conflicto y es muy polémico. Yo creo que eso le hace mal al sistema político, porque lo que le hace bien es que seamos humanitarios con todo el mundo, independiente del bando de donde es, y en sus horas finales les demos la oportunidad de estar con su familia y no estar en un recinto penitenciario muriendo".

Ayer el presidente del partido Republicano, Arturo Squella, volvió a presionar al Gobierno para que haya indultos a uniformados por hechos ocurridos durante el estallido social.