• Detienen a Héctor Llaitul por Ley de Seguridad y otros tres delitos

    Gobernador pidió que líder de la CAM sea llevado a la cárcel de Santiago. La ministra Siches valoró la detención: "Nadie está sobre la ley". La organización llamó a sabotajes.

    Leo Riquelme

    Mientras almorzaba en un local de la calle Séptimo de Línea de Cañete, en la Región del Biobío detectives de la PDI detuvieron al mediodía de ayer al líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, como sospechoso de violar la Ley de Seguridad Interior del Estado y estar involucrado en delitos como el robo de madera, atentado contra la autoridad y la usurpación de terrenos.

    "Hemos logrado demostrar la existencia de los delitos y la participación del imputado en ellos", dijo el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido.

    El persecutor explicó que la investigación en su contra comenzó en 2020 ante la querella presentada por el Gobierno Regional de la época por presunta violación a la Ley de Seguridad. Garrido añadió que la serie de diligencias, las "medidas intrusivas" que decretaron y la actuación "bajo reserva" les permitieron recopilar los antecedentes necesarios para solicitar al Tribunal de Garantía de Temuco en la mañana de ayer la orden de detención del vocero, que se concretó "sin ninguna complejidad", según dijo la jefa policial de La Araucanía, prefecta inspectora Consuelo Peña.

    El operativo ocurrió a las 13.40 horas, cuando el líder de la CAM se encontraba almorzando. "Fue súper rápido, sin ninguna resistencia", comentó un testigo.

    Llaitul fue trasladado de Cañete a Temuco en helicóptero. En la capital regional los detectives lo llevaron a constar lesiones a un consultorio y a continuación lo trasladaron al cuartel, a la espera de su formalización prevista para las 10.00 horas de hoy.

    Reacciones

    Su apresamiento se produjo después de varias semanas en que el vocero arremetía contra el Gobierno, las forestales y amenazaba con intensificar la ocupación de predios y el robo de maderas, que según él les proporciona recursos para comprar armas.

    Parlamentarios aplaudieron el operativo de la fiscalía y la PDI, aunque en la derecha fustigaron al Gobierno por la actitud que ha tenido con el dirigente, al que diputados como el RN Miguel Mellado y el republicano Mauricio Ojeda calificaron de "terrorista" y "semilla de maldad". En el oficialismo respondieron que fue la actual administración la que consiguió la detención, a dos años de la presentación de la querella.

    "Hubiéramos querido que fuera antes", admitió el gobernador regional de La Araucanía, Luciano Rivas, quien añadió que espera que su detención lleve a "desarticular otras redes" de violentistas. Su par del Biobío, Rodrigo Díaz, pidió que quede en prisión preventiva en la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago por tratarse de un reo "peligroso" y expresó su preocupación de que el operativo genere represalias por parte de grupos afines.

    La CAM acusó al Gobierno de ser de "pseudo izquierda" y agregó que la detención "busca amedrentar el proyecto político - estratégico que llevan adelante familias, comunidades y weichafe dignamente". Además, llamó a sus adherentes a la causa a "continuar con la resistencia y sabotajes en contra, principalmente, de la industria forestal, hidroeléctrica, minera y salmonera".

    La ministra del Interior, Izkia Siches, dijo que están tomando las medidas para garantizar la seguridad en el Biobío, La Araucanía y Los Ríos.

    Comentó que el operativo era una muestra de que "el estado de derecho en nuestro país funciona y nadie está sobe la ley", por lo que "ahora está en manos de la justicia seguir con el proceso".

    La ministra añadió que los abogados de la cartera se harán parte en la audiencia de hoy en calidad de querellantes, pero evitó responder si solicitarán la medida cautelar de prisión preventiva.

    Finalmente, Siches pidió tomar con "prudencia" la detención del "señor Llaitul" y llamó a los sectores "a no sacar réditos políticos de esta situación y dejar que las instituciones funcionen".

    Ministra citada

    Diputados de oposición anunciaron que invitarán a la ministra de Justicia, Marcela Ríos, a que asista a la comisión de Seguridad de la Cámara para que explique las condiciones y razones por las que se otorgaron una serie de beneficios a presos mapuche recluidos en el penal de Angol. Esto luego que se informara que la decisión se tomó tras una huelga, la quema de un parque eólico y la ocupación de la cárcel.

  • A la mayoría de ambulantes no les gustaría dejar la calle

    La CNC aplicó un estudio para conocer la realidad de los informales en Meiggs.

    Los vendedores ambulantes informales que trabajan en el sector de Meiggs, en Santiago, ganan mensualmente entre 720 mil y 1,2 millones de pesos, según concluyó un estudio de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) realizado con vendedores de ese sector en abril, antes que el Gobierno interviniera con Carabineros el barrio capitalino.

    De acuerdo al estudio, esos ingresos lo obtienen en jornadas que van de lunes a sábado y que superan las ocho horas diarias, en una actividad que la mayoría de los consultados dijo ejercer hace más de cinco años.

    Entre las mujeres hay mayor voluntad a dejar la calle para formalizarse (61,2%), decisión que solo el llega al 38,5% en los hombres.

    Consultados por cuál sería el sueldo líquido por el que estarían dispuestos a pasarse a un trabajo estable como dependiente, un 32,5% dijo no estar dispuesto a dejar la actividad como vendedor ambulante; un 21,3% lo haría por un sueldo de entre 350 y 500 mil pesos; un 23,8% lo haría por un rango entre 700 y 850 mil pesos; y un 20% por más de 850 mil.

    La investigación detectó que hay un mayor porcentaje de ambulantes chilenos que extranjeros, salvo para el tramo etario de 18 a 29 años, donde la relación se invirtió.

    La CNC dijo que ampliará el estudio a toda la Región Metropolitana y próximamente al resto del país.

  • Víctimas de violencia en la Macro Sur piden compensaciones

    Familiares y víctimas de hechos violentos en la Macrozona Sur concurrieron ayer a La Moneda y dejaron en la zona de partes del palacio un documento dirigido al Presidente Gabriel Boric, a quien le solicitaron que establezca compensaciones por lo que han sufrido por estas situaciones. En el grupo había parientes de policías baleados y personas que han sufrido la quema de viviendas, vehículos e infraestructura productiva. También exigieron que el Presidente concurra a La Araucanía. Ayer, un trabajador contratista resultó con heridas de esquirlas de vidrio luego que cuatro encapuchados le dispararan cuando conducía una camioneta en un fundo de la comuna de Angol.

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