• Interpol emite orden de captura contra Leoz

    Junto a él, otras cinco personas son buscadas. Todas acusadas de corrupción por derechos de TV.

    Nicolás Leoz, paraguayo, 86 años y presidente de la Conmebol entre 1986 y 2013, es, oficialmente, un prófugo de la justicia. El dirigente, antiguo miembro del comité ejecutivo de la FIFA, es buscado por la justicia norteamericana y su cabeza, de alguna manera, tiene precio.

    Ocurre que Leoz, un señor que jura estar sumamente enfermo y se encuentra hospitalizado en su propia clínica en Asunción, tiene una orden de detención producto de diversas acusaciones por corrupción. Incluso ayer, a través de su web, Interpol publicó un aviso con la leyenda "red notice", equivalente a la frase "se busca". La libertad de Leoz, en definitiva, corre peligro.

    Junto al nombre del paraguayo, aparecieron, también, Jack Warner (de Trinidad y Tobago y ex vicepresidente FIFA); Alejandro Burzaco (argentino, controlador de la compañía Torneos y Competencias); Hugo Jinkis y Mariano Jinkis (argentinos, controladores de la empresa de marketing deportivo Full Play); y José Margulies (brasileño, controlador de la empresa de radiodifusión Valente).

    Todos son acusados del pago o recepción de sobornos relacionados a las transmisiones de las próximas cuatro Copas América. Sólo los hermanos Jinkis y Alejandro Burzaco habrían pagado más de US$100 millones por los derechos comerciales de esos torneos.

    Mundiales

    En Estados Unidos, y apenas 24 horas después de la renuncia de Joseph Blatter, Chuck Blazer, el ex comisionado FIFA que trabajó como testigo protegido del FBI, confesó que recibió sobornos durante la elección de Sudáfrica como sede del Mundial de 2010. Lo dijo así: "Yo y otros en el comité estuvimos de acuerdo en aceptar sobornos en relación con la elección de Sudáfrica".

    Además, dijo Chuck, él mismo coordinó una serie de sobornos para que Francia fuera elegido como sede para la Copa de 1998.

    En Sudáfrica, sin embargo, negaron la acusación y aseguraron que la elección fue rodeada por la más absoluta probidad. El proceso, gritó Fikile Mbalula, ministro de Deportes de ese país, fue legal. "Que se pagaran US$10 millones en un programa aprobado en toda legalidad no equivale a un soborno", dijo.

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