Dos reuniones con la ministra Javiera Blanco tuvo ayer la presidenta de la Asociación de Funcionarios del Registro Civil, Nelly Díaz. Una fue en la mañana y otra en la tarde. Tras la última, de la cual salió alrededor de las 18.20 horas, la dirigenta manifestó que "nos vamos como llegamos" y agregó que "yo ya no espero nada. Nos dieron duro y nos van a seguir dando duro. Ya no tenemos ninguna expectativa (...) esperemos que algún día lleguemos a un acuerdo", atribuyendo de esta manera toda la responsabilidad del estancamiento de las de negociaciones al Gobierno, que se ha reunido en nueve ocasiones con los dirigentes.

Temprano, al salir de su primera cita del día con la autoridad, Díaz aseguró que "se supone que esta es una negociación y tenemos que avanzar, tenemos que ceder. Nosotros hemos retrocedido todo lo que hemos tenido que retroceder, pero necesitamos que también el Gobierno negocie, no que se mantenga en la misma postura desde el sábado".

Díaz reiteró que la traba era el tema económico, el cual "no se está solucionando por falta de recursos, sino por falta de voluntad".

Por otra parte, aseguró que las palabras de Blanco el miércoles (cuando advirtió a los movilizados que "mes que no se trabaja, no se paga") enardecieron los ánimos entre los funcionarios, que hoy cumplen 39 días movilizados, y que es difícil dialogar con personas que están molestas. Por esto, pidió que "no nos sigan amenazando. Invito a las autoridades a que nos sentemos a la mesa a trabajar y destrabar este tema".

Además, la líder de los trabajadores aprovechó la instancia para criticar nuevamente el trabajo del recientemente nombrado director del Registro Civil, Luis Acevedo, a quien atribuyó la responsabilidad de que no se estén entregando más documentos a los solicitantes.

"Él no habla con nosotros, hemos entregado hasta el 29 de septiembre porque ya no nos quedan documentos -pasaportes y cédulas de identidad- en Huérfanos. Le pedimos que los entregara, pero él no quiso hacerlo", sostuvo.

¿Huelga de hambre?

Pese a que mañana llegaría el cuadragésimo día de paro y a que los trabajadores están barajando la posibilidad, Díaz descartó por el momento dar inicio a una huelga de hambre, aunque no cerró la puerta del todo a dicha posibilidad.

"Hoy no soy partidaria de esto. No sé mañana", dijo. Pero advirtió que de concretarse los despidos la movilización se radicalizará.

En tanto, el ministro del Interior, Jorge Burgos, no descartó la posibilidad de tomar "medidas que la ley permite", como aplicar la Ley de Seguridad del Estado.

La Presidenta Michelle Bachelet lanzó ayer en terreno el Plan de Reconstrucción Atacama, que busca reparar en cinco años los daños que las lluvias ocasionaron en la región en marzo.

El plan comprende 96 iniciativas que tendrán un costo total de US$600 millones, a invertir en infraestructura, fomento productivo, vivienda y espacios públicos y saneamiento sanitario.

Entre las propuestas está la construcción de una planta desaladora de agua salada (por US$90 millones); 1.033 kilómetros de infraestructura vial, que asegurarán la conectividad al 100% a fines de 2016; la reconstrucción de 1.244 viviendas, la reparación de otras 6.887 y la recuperación de áreas verdes en los parques Kaukari, Schneider, Alameda Manuel Antonio Matta, Avenida Henríquez y varios otros.

También se comprarán en $2.400 millones 12 hectáreas en Tierra Amarilla y Alto del Carmen, para edificar 600 viviendas.

Y para prevenir situaciones de riesgo ante futuros temporales se actualizarán los planes reguladores de Copiapó, Tierra Amarilla, Chañaral y de Diego de Almagro.

La comisión de Relaciones Internas y Ética de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) decidió ayer congelar los derechos en la organización de Empresas CMPC, al menos mientras dure la indagatoria judicial por la colusión de CMPC Tissue y SCA Chile en el reparto del mercado y de los precios del papel higiénico y las servilletas por unos diez años, según estableció la Fiscalía Nacional Económica. La determinación se hizo a petición de presidente gremial, Hermann von Mühlenbrock, y había sido recomendada en los últimos días por dirigentes de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) y también por el ex presidente de la banca nacional, Jorge Awad.

Por dos horas declaró el arzobispo Ricardo Ezzati ante el juez Juan Manuel Muñoz, por supuesto encubrimiento de los abusos sexuales del cura Fernando Karadima. El prelado negó encubrimiento o negligencia en el hecho.