El ex Presidente Sebastián Piñera defendió ayer la ley de royalty minero impulsada por su gobierno el 2010 para financiar la reconstrucción, y dijo que serán los tribunales los que deberán resolver la situación del ex senador Pablo Longueira. La norma ha sido cuestionada por la presunta intervención que pudo tener en uno de sus incisos SQM a través Longueira, quien es investigado por supuesto cohecho.

"Quien preparó, redactó, envió al Congreso, defendió y logró su aprobación fue el Gobierno y por lo tanto, respecto a sus contenidos y resultados, yo no solamente asumo mi plena responsabilidad, sino que insisto: fue una muy buena ley, fue una ley exitosa", dijo.

Piñera recordó que con ella se elevaron los impuestos a las grandes mineras y se financió la reconstrucción por el terremoto y tsunami del 27 de febrero del 2010. Agregó que se recaudaron US$3.200 millones entre 2010 y 2013, que permitieron mantener "las finanzas sanas".

El artículo cuestionado es uno que envió a Longueira a través de un correo electrónico el ex gerente general de SQM, Patricio Contesse. La redacción es casi textual a la del proyecto aprobado. En concreto, éste amplió a las empresas nacionales un beneficio tributario que tenían las extranjeras. Para Piñera, eso redujo una "discriminación".

Situación de Longueira

Longueira renunció el miércoles a la UDI, tras la difusión del e-mail, para defenderse de la investigación que guía el fiscal Pablo Gómez.

Piñera "apreció" sus palabras y su decisión, pero añadió que serán los tribunales los que evaluarán su actuar.

"Estoy consciente de los cuestionamientos", dijo, pidiendo que en lugar de centrarse en ello, "vamos al objetivo". Ante la insistencia de los periodistas, respondió: "Por supuesto que condeno toda forma de cohecho, soborno y fórmula que esté al margen de la ley (...) (Pero) yo no soy juez. Voy a esperar que falle la justicia chilena antes de emitir un juicio".

La senadora de Amplitud, Lily Pérez, alabó la actitud de Piñera. "Ante cualquier duda, da la cara (...) a diferencia de la Presidenta (Bachelet), que ante cualquier cuestionamiento guarda silencio", dijo.

El vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, comentó la alocución del ex Mandatario. "Son sus palabras acogiendo responsabilidad del envío de ese proyecto. Los proyectos que se envían como Gobierno corresponde defenderlos a quienes son parte de ese Gobierno", planteó.

Ayer diputados del PC e IC presentaron una moción para anular el cuestionado artículo. El ministro del Interior, Jorge Burgos, dijo que era posible revisarlo, pero agregó que la nulidad de las leyes "no es una forma constitucional. Pese a ello, más tarde, el ministro Díaz precisó que el Gobierno no planea discutir un nuevo análisis de la iniciativa.

El Ministerio Público confirmó ayer que Luis Toledo pasará desde el 1 de abril a formar parte del equipo directivo de la institución, que asesorará en diversas materias al Fiscal Nacional, Jorge Abbott. La determinación significará que el aún fiscal regional de O"Higgins abandonará la investigación del caso Caval, que involucra a familiares de la Presidenta Michelle Bachelet.

Toledo agradeció la petición y adelantó que la causa se mantendrá en Rancagua a cargo del equipo investigador que lo ha acompañado desde que explotó la denuncia, en febrero del año pasado. Junto a él, ese grupo ha estado liderado también por el fiscal jefe rancagüino Sergio Moya.

El persecutor regional garantizó que la investigación no se verá perjudicada y que no existe "interés por retrasar las diligencias" que se encuentran en curso. Recordó que el avance conseguido hasta ahora es lo que ha permitido formalizar a 13 personas por delitos tributarios y otros comunes, entre ellos, los socios de Caval, Mauricio Valero y la nuera de la Presidenta Bachelet, Natalia Compagnon.

La decisión final sobre quién liderará la investigación se espera para mayo, cuando el Fiscal Nacional elija entre una terna a reemplazante del fiscal regional.

Toledo será director de la Unidad Especializada en Control de Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas.

Cuestionamientos

Sin nombrar a ninguno de los elegidos, el fiscal Abbott dijo en un comunicado que uno de los criterios fue aprovechar sus experiencias.

La oposición criticó la determinación. La diputada RN Marcela Sabat acusó que era una "gran noticia para la familia presidencial", y pidió que se demuestre que no hay un intento de "intervencionismo" en la causa. El UDI Felipe Ward añadió que la medida no se entiende.

El ministro del Interior, Jorge Burgos, planteó que esta era una decisión interna del Ministerio Público y agregó que: "Nadie es insustituible".