• Chiloé: Gobierno pagará bono pese a rechazo de pescadores

    En total, llegará a $750 mil, es 150 mil menos que lo que había ofrecido el domingo y está lejos del $1,8 millones exigido por dirigentes para paliar crisis por la marea roja.

    Leo Riquelme

    El ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, anunció ayer que pagará un bono que sumará $750 mil a los pescadores de Chiloé afectados por la presencia de la marea roja, a pesar de que los dirigentes rechazaron la decisión.

    La autoridad indicó que estiman que serán unas 5.500 a 6.000 las personas que cumplen con los requisitos para recibir estos recursos. "Nosotros tenemos que ser muy responsables y ayudar a los que se han visto afectados por la marea roja, no a todos", afirmó.

    "Es la nada misma, nos están tirando migajas", le respondió el vicepresidente de los pescadores de Chiloé, Luis Cárdenas, que avisó que no bajarán la movilización ni desbloquearán las rutas, que mantienen tomadas desde la semana pasada exigiendo un mejor trato por la crisis.

    Esto ha provocado desabastecimientos en algunas comunas y ha impedido la realización de clases .

    El bono considera el pago de $300 mil y tres cuotas adicionales de $150 mil. El subsecretario de Pesca, Raúl Súnico, detalló que lo depositarán en las Cuentas RUT del Banco Estado, y a quienes no la posean se les creará una.

    Los beneficiarios serán quienes tengan registro pesquero artesanal y que han declarado descarga en el Sernapesca; y a las familias que realizan actividades anexas o que lo hacen sin registro, las que serán evaluadas por el Ministerio de Desarrollo Social.

    "Las familias requieren rápidamente el apoyo, tenemos que pensar en aquellas personas que se ven afectadas, que están enfrentado problemas de abastecimiento, que no han podido enviar a sus niños al colegio, que no están recibiendo sus pensiones", afirmó Céspedes.

    El petitorio

    El monto es inferior que los $900 mil que ofreció el propio ministro el domingo, que se desglosaba en un pago de $400 mil y dos mensuales de $250 mil para los artesanales y jefes de hogar directamente afectados y que pertenecieran al 40% más vulnerable de la población.

    "O sea, hay que vivir debajo de un puente", dijo Cárdenas al justificar la negativa.

    Los dirigentes entregaron temprano un petitorio de 28 puntos. Uno de ellos incluía un bono total de $1,8 millones, que se divide en $300 mil por término de conflicto y otros cinco por $300 mil a cancelarse en esa cantidad de meses, que es el lapso que estimaron que durará la presencia de la toxina en la isla.

    A eso suman subsidios para la retención de empleados del comercio y de las pequeñas plantas faenadoras de mariscos y pescados; bonos para los mariscadores independientes; gift cards para alimentación; y subsidios para el pago de las cuentas de la electricidad y el agua potable.

    El ministro Céspedes había solicitado a los dirigentes a actuar con responsabilidad e insistió en que los beneficios ofrecidos están pensados para los afectados directamente por el fenómeno.

    Pese a todo, las últimas ofertas gubernamentales superan largamente el bono de $100 mil planteado a inicios de la semana pasada, y que era en mercadería.

    El vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, llamó a los dirigentes a aceptar la propuesta planteada. Aseguró que en La Moneda comprenden la "realidad muy dramática" que viven en la isla.

    "No los vamos a dejar solos", aseguró, "pero tenemos dificultades presupuestarias", añadió, y los instó a deponer los bloqueos para retomar la vida en esa zona.

    Céspedes y su par de Hacienda, Rodrigo Valdés, coincidieron en que hay otra serie de problemas en la isla, pero apuntaron que eso debía discutirse en otra mesa, no en una habilitada para resolver la crisis por la marea roja.

    Los dirigentes pidieron que se declare para toda la provincia y se creen beneficios locales. la movilización si no se acoge el petitorio, avisó Luis Cárdenas, dirigente de los pescadores.

    Rodrigo Valdés pidió separar el mal provocado por la marea roja de las otras demandas.

    zona de catástrofe

    "se va a radicalizar"

    ministro de hacienda

  • Gómez a Morales: "Que se preocupe de sus fronteras"

    El Presidente boliviano insistió en que Chile tiene base militar cerca del Silala.

    El Presidente de Bolivia, Evo Morales, acusó el domingo a Chile de tener una base militar en la frontera, lo que calificó como ilegal y agresivo. Sin embargo, el mismo día, la cancillería dirigida por Heraldo Muñoz negó la existencia de dicho establecimiento y reconoció un breve "movimiento de tropas" para combatir el narcotráfico y delitos de robo. Lejos de terminar el conflicto, ayer el Mandatario

    altiplánico dijo que Chile hablaba con "contradicciones".

    "¿Con misiles van a combatir el contrabando, el narcotráfico, los robos en la zona? (...) Hay una base militar como confirman las Fuerzas Armadas, el comandante de la región y el Ministro de Defensa, otra cosa dice el canciller", dijo Morales desde el Palacio Quemado de La Paz.

    Esto fue desmentido ayer por el ministro chileno de Defensa, José Antonio Gómez, quien dijo que "que él se preocupe de sus fronteras y nosotros nos preocuparemos de las nuestras (...) No queremos conflictos y el único que genera conflicto es el señor Morales respecto de Chile, nosotros tenemos la tranquilidad y seguiremos en ese camino".

    Sobre el detalle, aseguró que "no estamos hablando de regimientos, sino que algunas unidades trabajando en prestaciones de salud, en colaboraciones en el ámbito de la ingeniería, construyendo caminos".

  • Ejecutivo y Milicogate: quienes robaron no son militares, son delincuentes

    En la cuenta pública del Ministerio de Defensa, el titular de la cartera, José Antonio Gómez, se refirió a la investigación que afecta al Ejército por el presunto fraude en el uso de fondos de la ley reservada del cobre. La autoridad afirmó que quienes mal usan dinero de la institución no pueden ser considerados como militares, sino como delincuentes. Agregó que los recursos de las FF.AA. tienen que ser "enfocados en defender la soberanía y ayudar en catástrofes". Asimismo, añadió que los comandantes en jefe no pueden hacer emplearlos sin la autorización de los ministerios. Estas declaraciones las realizó ante los más altos jefes castrenses. Ayer también, la comisión investigadora de la Cámara de Diputados analizó el caso con ex ministros del ramo, incluido el ex jefe del Interior, Rodrigo Hinzpeter.

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