Mariano Valenzuela S.

Personal de Carabineros confirmó ayer el hallazgo de los cuerpos sin vida de los tres jóvenes que estaban desaparecidos desde el sábado, tras salir de excursión en las cercanías del Parque Nacional Laguna del Laja, en la comuna de Antuco, Región del Biobío.

Las víctimas fatales, dos ciudadanas estadounidenses y un chileno, fueron identificadas como Rose Simonsen Franke (23), Hannah Lov Bozzi (25) y David Abdala (21). El padre de este último fue quien puso una denuncia por presunta desgracia el domingo. Tras ello se activó el plan de búsqueda. "Luego de la denuncia presentada por los padres del joven, Carabineros inició un despliegue por el sector de El Abanico, donde se logró ubicar ropa y celulares de estas personas a un costado del canal Malalcura, cercano a unas cascadas", señaló el capitán Jorge Carrasco Pujol, de la Cuarta Comisaría de Santa Bárbara. "Personal del GOPE y de Bomberos trabajaron en el lugar. Hoy (ayer) a las 12:30, personal de Bomberos rescató el cuerpo sin vida de una mujer y el GOPE el de un hombre y de la tercera persona fallecida. Los familiares fueron informados de esta lamentable noticia", agregó el funcionario policial. Una de las hipótesis que hasta ayer manejaba la policía era que los tres jóvenes podrían haber ingresado al río sin el equipo adecuado, siendo arrastrados por la corriente del caudal.

Pesar

Una vez confirmado el hallazgo de los jóvenes, el padre de David Abdala, del mismo nombre, dijo que "ha sucedido esta gran tragedia para mí. Más que nada quise hablar para dar las gracias a todas las personas que vinieron a apoyar. Los rescatistas, Bomberos, Carabineros, a los amigos. Todos quisieron colaborar. Falleció haciendo lo que más le gustaba. Lo disfruté a mi hijo todo lo que pude, eso es lo que me deja un poco más conforme".

el sábado los tres jóvenes se trasladaron a las cercanías del canal Malalcura.

denuncia El domingo, el padre del joven dio aviso a Carabineros. Tras ellos se inició la búsqueda que culminó ayer.

Esperanzador pero algo lento. Ese es el balance que hacen en La Moneda sobre la implementación de la Ley de Inclusión Laboral, norma que debutó hace seis meses y que a la fecha sólo ha logrado cerca de un 30% de cumplimiento en las empresas del país.

Amparado en un cambio cultural que erradique la discriminación en el trabajo, la medida establece una reserva de empleos del 1% para personas con discapacidad o que reciben pensión de invalidez en firmas estatales o empresas privadas con más de 100 trabajadores.

A la fecha, de las cerca de tres mil empresas que deben cumplir la normativa 917 ya se han inscrito ante la Dirección del Trabajo contratando a 4.445 personas, de las cuales la mayoría son de la RM.

Según la Seremi del Trabajo y Previsión Social Metropolitana, el 52% de los empleados son capitalinos, registrándose 2.502 beneficiados en la región. "Las empresas están contratando personas con discapacidad, pero creemos que se puede hacer un esfuerzo y pasar el límite impuesto por la ley", dijo la seremi Paola Vidal.

El ministro Nicolás Monckeberg, por su parte, detalló que a nivel nacional la mayoría de contratados son hombres, y aseguró que se podrían llegar a generar 25 mil puestos de trabajo si el sector privado no opta por medidas alternativas. El reglamento de la ley faculta, en caso que no se pueda contratar a personas con discapacidad por falta de postulantes o por la naturaleza de la función a desempeñar, a que las firmas hagan donaciones a asociaciones para cumplir la norma.

"Hacemos un llamado al empresariado a seguir trabajando en la incorporación de personas que han sido relegadas injustamente", enfatizó el secretario de Estado.

El general Miguel Alfonso Bellet, comandante de Educación y Doctrina del Ejército, confirmó ayer que el organismo pidió la renuncia del director de la Escuela Militar, Germán Villarroel, y del coronel Miguel Krassnoff Bassa. Esto, luego de que este último realizara durante un acto deportivo un polémico homenaje a su padre, Miguel Krassnoff Martchenko, exagente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) condenado a más de 600 años de prisión por cometer violaciones a los derechos humanos.

Desde el Ejército, sostuvieron que "si bien la actividad se desarrolló con el fin de promover una actividad deportiva (...), el coronel Villarroel descuidó su responsabilidad de mando al no discernir y prever el riesgo y repercusiones" que podrían resultar de esta actividad.