Diego Gotelli C.

Dos hechos de violencia en 24 horas ocurrieron el fin de semana pasado en el Parque O'Higgins, recinto que entre el sábado y domingo registró un presunto abuso sexual a una niña de tres años y un homicidio. En ambos casos los ataques ocurrieron en el sector de asados del área verde capitalino, y en los dos el factor común fue la ingesta de alcohol de los implicados.

Para evitar que estos episodios se repitan, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, junto a Carabineros, acordaron ayer una serie de medidas a corto y mediano plazo que apuntan a mejorar toda la seguridad del parque capitalino.

"Queremos que no solo los vecinos de Santiago, sino que los vecinos de toda la región, puedan disfrutar de un parque agradable, pero tenemos que tomar medidas", afirmó el jefe comunal.

Entre las acciones que se tomarán de inmediato destaca la incorporación de la policía montada en el recinto, el incremento de los uniformados en bicicleta, y la instalación de carabineros de punto fijo en el sector de los quinchos, donde ocurrieron los hechos violentos. En todos estos casos la presencia policial se fortalecerá los fines de semana, cuando al parque llegan entre 3 mil y 4 mil personas.

Asimismo, se acordó realizar controles policiales aleatorios a quienes ingresen por alguno de los tres accesos del área verde, a fin de detectar porte de armas o de alcohol en mochilas. En el caso de quienes lleven cuchillos para la zona de quinchos, Carabineros dijo que aplicará "criterio" para permitir o requisar el elemento.

También, se intensificará la fiscalización al consumo de alcohol en el parque, lo que siempre ha estado prohibido, pero que según el alcalde "ha existido una tolerancia que debemos terminar". De acuerdo al coronel Alex Troncoso, de la Prefectura Central, en los últimos tres meses se han cursado 67 infracciones por beber al interior del parque.

Lo que se viene

Para el futuro, el municipio ya garantizó que lo que ingrese por pago de derechos de la Fórmula E, cuya carrera se desarrollará en la elipse del parque, se destinará para mejoras que incluyen implementar cámaras de seguridad en el interior y exterior del recinto. A esta vigilancia se sumará un plan del Gobierno Regional para monitorear con drones el sector. Otra idea que comenzó a discutirse ayer fue instalar pórticos detectores de metales en los accesos, iniciativa que según la alcaldía será la de larga tramitación por lo complejo de su implementación.

Luego de una serie de denuncias de vecinos de La Reina que acusan que la futura Línea 3 del Metro, que está ad portas de su debut, ha generado molestas vibraciones en sus viviendas, el mandamás del tren subterráneo salió ayer al paso y minimizó los problemas acusados.

Pese a considerar las vibraciones como "un tema real", el presidente del directorio de Metro, Louis de Grange, dijo a radio ADN que el movimiento que sienten los vecinos no pone en riesgo las construcciones ya que "los casos más extremos son equivalentes a tener un celular vibrando".

El líder de la firma enfatizó que la nueva vía, que unirá La Reina con Quilicura en 30 minutos, cumple con todas las normativas vigentes, "lo que pasa es que para muchos vecinos, legítimamente, la norma no es suficiente".

En sus 22 kilómetros de extensión la Línea 3 cruzará por las comunas de Quilicura, Conchalí, Independencia, Santiago, Ñuñoa y La Reina, pero sólo los residentes de esta última han manifestado las molestias. Ayer se esperaba que representantes de Metro se reunieran con los vecinos afectados y el alcalde José Miguel Palacios para coordinar medidas de mitigación.

El nuevo trazado del tren subterráneo sigue en marcha blanca a la espera de una fecha definitiva de estreno, la que según De Grange se conocerá esta semana. "Siempre puede haber un imprevisto mayor, pero en la situación absolutamente normal como estamos hasta ahora se inaugurará en enero de todas formas", afirmó.

La Fiscalía Metropolitana Oriente formalizó ayer a dos funcionarios de la empresa Unisan por verter desechos de baños químicos en cámaras de agua potable de Aguas Andinas. La situación afectó el suministro de 25 mil viviendas de La Reina y Las Condes.

El tribunal decretó prisión preventiva para Gabriel Acosta, chofer del camión, por su responsabilidad en el vaciado del contenido. Igualmente se formalizó a Carlos de la Rosa, por su participación en el vertimiento del día 21 de marzo. Para el se decretó arraigo nacional y firma mensual.

Testigos de la causa indicaron que Acosta habría consultado días antes a un guardia si la cámara de agua era para aguas servidas o potable. El tribunal estimó que la libertad de este era un peligro para la seguridad de la sociedad. Según la Fiscalía, los hombres rompieron una cámara de agua potable con un chuzo para vaciar los desechos.

Se decretó un plazo de investigación de 120 días. En tanto, un tercer involucrado será formalizado a principios de marzo.

Ayer se realizó la primera reunión entre el Gobierno y la oposición para llegar a acuerdos respecto de la aprobación de la reforma tributaria. Por lo mismo, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, valoró la conversación. "Nosotros tenemos la mejor de las disposiciones para entrar a este diálogo y entendemos que para algunos parlamentarios de esta comisión (Hacienda) no ha sido fácil suscribir un documento como este, pero es un documento que es un aporte porque establece bases sólidas para poder dialogar", expresó el titular de la cartera. Por su parte, el diputado independiente Pepe Auth apuntó a cómo van a trabajar en las partes más importantes de la reforma. "A ver si tenemos acuerdo en los mecanismos que traduzcan esos principios en realidad de recaudación, que no disminuya la progresividad y que no disminuyan las magnitudes, porque aquí el tamaño sí importa", sostuvo.