Mauricio Mondaca

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, informó ayer que el tratado firmado ayer entre el Presidente Sebastián Piñera y el Primer Ministro de India, Narendra Modi significará una rebaja de 20% en los precios de los medicamentos con que la Central Nacional de Abastecimiento ( Cenabast) provee a la red pública de salud.

El pacto comercial permitirá al país asiático participar de las licitaciones de medicamentos del sistema público chileno.

El protocolo

Según Mañalich, se trata de "un protocolo de entendimiento para que el Gobierno de India, a través de las múltiples industrias farmacéuticas que tiene y que están certificadas por los más altos estándares mundiales, pueda participar directamente en las licitaciones de Cenabast" y así ser ofrecidos en la red pública". El secretario de Estado agregó que ahora las licitaciones de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (Cenabast) son mensuales, por lo que "esperamos que con este acuerdo ellos participen ya al mes de diciembre en la licitación para la red pública". El secretario de Estado adelantó que el viernes "viene una misión comercial de la India para ponernos de acuerdo en los términos para implementar este convenio".

Cita bilateral

El Presidente Piñera sostuvo ayer un encuentro con el primer ministro de India, Narendra Modi, ocasión en que concretaron el acuerdo que permitirá a Chile la importación de medicamentos desde la India.

Eel director de la Central de Abastecimiento, Valentín Díaz, se reunió a principios de mes con la embajadora de la República de India en Chile, Anita Nayar, para comenzar a discutir analizar las alternativas de abastecimiento de fármacos que ese país pueda entregar a la red pública.

compras Empresas indias podrán ofertar sus medicamentos en el sistema público chileno.

ahorro De acuerdo al Minsal, los valores podrían bajar hasta 20% para Cenabast.

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Varias repercusiones ha tenido el hecho que la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, se haya referido a que el PS intentaba ocultar supuestos vínculos entre militantes con el narcotráfico a través de una acusación constitucional en contra de la ministra de Educación, Marcela Cubillos. "Todos los chilenos queremos saber qué relación tiene el PS con el narcotráfico", fue la polémica frase. Tras ello, varios senadores opositores denunciaron a Pérez ante la justicia.

La vocera señaló ayer que "la denuncia que han presentado no tiene ningún fundamento legal", aunque dijo estar dispuesta a colaborar con la investigación.

La secretaria de Estado destacó ayer que sus palabras "nunca han responsabilizado institucionalmente al PS y menos a todos sus militantes", sino que sus preguntas y declaraciones "apuntan a clarificar el eventual vínculo que puedan tener algunos militantes del PS con el narcotráfico en San Ramón". Según ella, su planteamiento apunta a hechos previamente denunciados por personas del mismo partido en reportajes de televisión.

Respecto de la querella en su contra -eventual delito de omisión de denuncia-, Pérez dijo que su abogado, Luis Hermosilla, se contactó con el Ministerio Público para declarar voluntariamente.

La aprobación de Pérez cayó siete puntos en la encuesta Plaza Pública Cadem (52% a 45%) tras el episodio. Ante esto, Pérez señaló que "trabajamos por convicciones que apuntan a fortalecer la democracia y también la transparencia".

La Corte Suprema aprobó la remoción de los ministros Emilio Elgueta y Marcelo Vásquez de la Corte de Apelaciones de Rancagua, vinculados a presuntos hechos de corrupción. El vocero del máximo tribunal, Lamberto Cisternas, confirmó que se cursó la remoción de los ministros por votación unánime (18) en el caso de Elgueta y por 11 votos a favor en el caso de Vásquez. Ayer se realizaron los alegatos de la defensa por el cuaderno de remoción contra ambos.

La indagación

En el caso de Elgueta se le acusa de prevaricación y enriquecimiento ilícito, mientras que Vásquez enfrenta acusaciones como nombrar a su hija en un tribunal, aconsejar a un imputado y modificar la integración de una Sala sin justificación.

"Formalmente esta es la última instancia, siempre está abierta la posibilidad de la reposición (...) es una medida que se toma con dolor", aclaró Cisternas al ser consultado sobre si los magistrados pueden apelar a la decisión.

La abogada Tábata Recabarren, defensora de Elgueta, aseguró que la remoción es la máxima sanción, "equivalente a la muerte para una persona que se desempeña en el servicio público".

Por parte de Vásquez, el exministro de Justicia, Isidro Solís, pidió "apreciar (su) situación y vida con distancia, justicia, ponderación".