Jorge Reyes Patuelli

La comisión de Constitución aprobó ayer un proyecto de reforma constitucional que permitiría al Poder Judicial ordenar la retención de todo o parte del retiro del 10% de los ahorros previsionales, para aquellas personas que tengan deudas por pensiones alimenticias.

La iniciativa será votada hoy por la sala de la Cámara y busca regular mediante la retención judicial la suspensión de la tramitación de la solicitud del retiro de fondos. Según ésta, el juez del tribunal de familia podrá decretar la retención a quienes tengan estas deudas de pensiones alimenticias en un plazo que no supere las 48 horas.

Sin embargo, no se incorporó la indicación del retiro forzoso que había comprometido el Gobierno sobre los deudores que sin querer retirar los fondos, deban hacerlo para pagar la pensión.

Según el ministro de Justicia, Hernán Larraín "la reforma constitucional establece que el retiro del 10% en las AFP es voluntario y pudiera interpretarse que al hacerlo forzoso no sería voluntario".

Larraín explicó que esta decisión se tomó por la existencia del artículo 22 en la ley de tribunales de familia, que establece las medidas cautelares que puede tomar el juez para proteger a los menores y así asegurar el pago de sus pensiones alimenticias, como por ejemplo ordenar la retención por orden del empleador de una parte del sueldo del padre o madre obligado al pago o la retención de la devolución de impuestos.

"Deja cojo el proyecto", dijo el diputado Matías Walker.

Solicitudes

"Lo que se pide en un año se está pidiendo en una semana y puede seguir aumentando", dijo la ministra vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, sobre las peticiones de retención de fondos por deudas alimenticias ingresadas al Poder Judicial.

Son 409 .688 solicitudes judiciales que se han realizado contra los deudores de pensiones alimenticias. Según Chevesich, los requerimientos corresponden a "229.402 causas de las cuales 214.703 son posibles deudores".

229.402 causas por pensión alimenticia maneja el Poder Judicial, de los cuales 214.703 son posibles deudores.

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El ministro del Interior, Víctor Pérez, aseguró que su última visita a la Región de La Araucanía no fue para provocar, sino que para dialogar. Esto, porque tras su paso por la zona el viernes, el fin de semana hubo desalojos a municipalidades tomadas y enfrentamiento entre civiles y comuneros mapuches.

"Yo no fui a provocar a absolutamente a nadie, fui a iniciar un trabajo de diálogo, y a respaldar y fortalecer, la acción de las policías que están resguardando a las personas, resguardando y cuidando a todos los chilenos", dijo el ministro.

Además, el jefe de gabinete aseguró que "no hay duda que hay grupos organizados y con poder de fuego, y vamos a hacer todos los esfuerzos por detenerlos y ver quién financia estos hechos tan graves".

El ministro también condenó los cantos contra el pueblo mapuche que se oyeron durante el desalojo de una de las municipalidades. "Soy absolutamente antirracista. Todos los delitos que tengan una connotación racista, vengan de donde vengan son rechazados", afirmó.

En tanto, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, organismo que dirige la expresidenta Michelle Bachelet, manifestó preocupación por los hechos de violencia en La Araucanía.

El representante para América del Sur, Jan Jarab, dijo que "instamos a la investigación pronta, independiente y exhaustiva de los hechos, especialmente de las alegaciones de uso excesivo de la fuerza policial y las expresiones de carácter discriminatorio contra el pueblo mapuche".

La Fiscalía Metropolitana Oriente anunció ayer que formalizará al senador Manuel José Ossandón (RN) por el presunto delito reiterado de tráfico de influencias.

La indagatoria de la fiscalía data de 2018, cuando el alcalde de Pirque y primo del senador, Cristián Balmaceda, lo denunció por ejercer supuestas presiones contra él y otros funcionarios del concejo municipal para lograr el avance de un acuerdo que tenían con Puente Alto para que la empresa Cavilú SpA realizara trabajos en el río Maipo.

Según el jefe comunal de Pirque, en ningún momento Ossandón comentó que la empresa era administrada por uno de sus hijos.

Ante la decisión de la fiscalía, el senador pidió suspender su militancia en Renovación Nacional mientras dure la investigación en su contra.

"Hablé con él. Creo en su palabra y en su inocencia y que ésta la probará en los tribunales", dijo la vicepresidenta de RN, Paulina Núñez.

A través de una carta dirigida al presidente del partido, Rafael Prohens, Ossandón sostuvo ser "absolutamente inocente de la acusación que se me hace y así lo demostraré".

En tanto, el alcalde Cristián Balmaceda dijo en conversación con radio Cooperativa que "lamentablemente somos parientes, y digo lamentable porque para uno es incómodo, es triste estar en un tema judicial con un pariente".