Diego Gotelli C.

Con un respaldo transversal y con sólo cinco votos en contra entre sus dos votaciones, el Congreso aprobó una nueva prórroga del estado de excepción que desde febrero rige en cuatro provincias de Arica, Tarapacá y Antofagasta.

Al igual que en la primera extensión solicitada por el Gobierno la semana pasada, ayer el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, explicó a los parlamentarios que la idea de mantener activa la herramienta era poder diseñar un plan que permita su levantamiento. Eso sí, ésta aseguró que será la "última vez" que lo solicitarán, por lo que la medida que permite la presencia militar para apoyar operativos policiales dejaría de regir el 15 de abril.

La solicitud del Ejecutivo llegó a la Cámara de Diputados bajo dudas pues en su anterior tramitación parlamentarios comunistas advirtieron que no apoyarían otra petición de este tipo. "Estamos dispuestos a colaborar con el gobierno en todo lo que sea la discusión en las medidas a largo plazo", dijo temprano el diputado PC Matías Ramírez.

Sin embargo, gran parte de la bancada apoyó la solicitud, que se aprobó con 128 votos a favor y cuatro en contra. Los rechazos fueron del propio Ramírez; las PC Lorena Pizarro y María Candelaria Acevedo; y la PH Pamela Jiles. Además hubo cinco abstenciones, todas de frenteamplistas.

Por la tarde en el Senado el escenario fue similiar, siendo visada la prórroga con 41 votos a favor, uno en contra (Fabiola Campillai, independiente), y una abstención de Francisco Huenchumilla, DC.

En su alocución en el parlamento, el subsecretario Monsalve afirmó que el plan para el post estado de excepción será trabajado y "consensuado" con autoridades y comunidades de la zona, pero contemplaría tres pilares.

Entre las materias a analizar habrán iniciativas de inversión para las regiones del norte, programas de recuperación de espacios públicos que se "han perdido" por la crisis migratoria; y medidas de política migratoria. En esta última se estudiará ampliar las competencias que la legislación le otorga a los militares para el control fronterizo fuera de estado de excepción.

15 de abril vencerá el estado de excepción en el norte tras prórroga. Gobierno dijo que no lo renovará.

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El precandidato presidencial del PC y alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, criticó al Gobierno por oponerse a un quinto retiro de fondos previsionales, afirmando que los factores económicos que los llevaron a apoyar los anteriores aún se mantienen.

"Me parece impresentable que la misma coalición que aprobó cuatro (giros) hoy diga que el quinto es absolutamente inviable", dijo en radio Universo, donde recalcó que en política se exige "consistencia lógica" y los llamó a agilizar las medidas que impulsarán al respecto.

Sus palabras tuvieron escuetas respuestas en La Moneda. "No comento las declaraciones del alcalde", dijo el ministro de Hacienda, Mario Marcel. "Tenemos opiniones distintas en esta materia", señaló el ministro Segpres, Giorgio Jackson. Este último antes reiteró que un nuevo retiro no estuvo en campaña ni está en la carpeta del Gobierno.

En la víspera la titular del Trabajo, Jeanette Jara, nombró entre los motivos para oponerse la necesidad de que "deben quedar fondos de pensiones para una eventual reforma", lo que abrió dudas en diputados de la RN que elevaron un oficio para que aclare la propiedad que tendrán los ahorros, inquietud que la mista Jara horas más tarde abordó al señalar que los fondos actuales "no se tocarán" y que se "mantendrán de la misma forma", pues la reforma abarcará a "nuevas cotizaciones".

Tras el mal paso que tuvo por el pleno la propuesta sobre libertad de expresión, que recibió solo 25 votos a favor y 121 en contra, ayer la comisión de Derechos Fundamentales redefinió el artículo y borró uno de sus puntos más polémicos.

La nueva propuesta excluyó un párrafo que buscaba prohibir por ley "la negación o justificación" de violaciones "graves, masivas y sistemáticas a los derechos humanos".

Dicha redacción la criticó Human Rights Watch al considerar que no respetaba estándares internacionales, tras lo cual se rechazó en el pleno.

Sin ese texto, la nueva definición rescata otros elementos que contenía el artículo, como que "toda persona tiene derecho a la libertad de expresión", "en cualquier forma" y sin "censura previa". Además estipula que el Estado debe tomar medidas para eliminar el "discurso xenófobo, la apología al odio racial, religioso, sexual o de género", los que el artículo original los consideraba como prohibidos por ley.

La nueva redacción deberá ser aprobada por 2/3 del pleno para llegar al borrador.

Una querella criminal interpuso ayer el Consejo de Defensa del Estado por el robo de 82 armas desde una sede del Ejército. La acción apunta al auxiliar de guardia ya formalizado que la Fiscalía acusó de romper dos puertas de acceso y hurtar llaves de una caja fuerte para robar el armamento que luego entregó en un bolso a dos choferes.