Matías Gatica Lindsay

Imágenes satelitales, drones, cámaras espectrales y métodos para cuantificar daños ecológicos son algunas de las herramientas que el Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB) pondrá a disposición de la PDI tras firmar un convenio colaborativo para elevar el estándar probatorio de las investigaciones penales por delitos ambientales.

En 2023 se publicó la ley 21.525, que modificó el umbral de penalización de ciertos daños ambientales, ya que conductas que antes derivaban solo en multas, como la contaminación de aguas y la extracción ilegal de recursos naturales, comenzaron a constituir delitos con pena privativa de libertad, siempre que haya evidencia científica que demuestre, cuantifique e interprete este daño.

A partir de la ampliación de las conductas tipificadas, la PDI tiene hoy más de 30 delitos medioambientales y patrimoniales bajo su competencia y por ello firmó el convenio para mejorar las medidas de pruebas que den cuenta de los ilícitos indagados por el Centro de Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (Cidema).

En las primeras reuniones entre el IEB y el CIDEMA, el instituto identificó varios recursos propios con potencial para convertirse en evidencia jurídicamente válida: datos satelitales, drones, cámaras espectrales instaladas en sitios de monitoreo de ecosistemas y capacidad de asesoría para cuantificar el daño ecológico.

La directora de la Unidad de Transferencia Tecnológica y de Conocimientos del IEB, Marcela Verdugo, dijo que cuentan con "experiencias en temas como incendios forestales, invasiones biológicas" y con capacidad para "transformar datos complejos en evidencia técnica y protocolos".

En ese sentido, y como la evidencia solo tiene peso judicial si quien la analiza tiene respaldo científico reconocido, Verdugo explicó que buscan sustentar sus investigaciones con metodologías validadas internacionalmente. "La ciencia permite elevar el estándar de las investigaciones, aportando rigurosidad, trazabilidad y sustento técnico; el daño ambiental puede ser demostrado, cuantificado y correctamente interpretado en el marco legal vigente".

El prefecto de la PDI, Patricio Rojas, añadió que buscan "derribar los mitos que aparecen en las investigaciones policiales" en temas de mayor preocupación como el tráfico de especies, la contaminación, la extracción ilegal de recursos naturales, la tala ilegal y los incendios forestales.

Matías Gatica Lindsay

Imágenes satelitales, drones, cámaras espectrales y métodos para cuantificar daños ecológicos son algunas de las herramientas que el Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB) pondrá a disposición de la PDI tras firmar un convenio colaborativo para elevar el estándar probatorio de las investigaciones penales por delitos ambientales.

En 2023 se publicó la ley 21.525, que modificó el umbral de penalización de ciertos daños ambientales, ya que conductas que antes derivaban solo en multas, como la contaminación de aguas y la extracción ilegal de recursos naturales, comenzaron a constituir delitos con pena privativa de libertad, siempre que haya evidencia científica que demuestre, cuantifique e interprete este daño.

A partir de la ampliación de las conductas tipificadas, la PDI tiene hoy más de 30 delitos medioambientales y patrimoniales bajo su competencia y por ello firmó el convenio para mejorar las medidas de pruebas que den cuenta de los ilícitos indagados por el Centro de Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (Cidema).

En las primeras reuniones entre el IEB y el CIDEMA, el instituto identificó varios recursos propios con potencial para convertirse en evidencia jurídicamente válida: datos satelitales, drones, cámaras espectrales instaladas en sitios de monitoreo de ecosistemas y capacidad de asesoría para cuantificar el daño ecológico.

La directora de la Unidad de Transferencia Tecnológica y de Conocimientos del IEB, Marcela Verdugo, dijo que cuentan con "experiencias en temas como incendios forestales, invasiones biológicas" y con capacidad para "transformar datos complejos en evidencia técnica y protocolos".

En ese sentido, y como la evidencia solo tiene peso judicial si quien la analiza tiene respaldo científico reconocido, Verdugo explicó que buscan sustentar sus investigaciones con metodologías validadas internacionalmente. "La ciencia permite elevar el estándar de las investigaciones, aportando rigurosidad, trazabilidad y sustento técnico; el daño ambiental puede ser demostrado, cuantificado y correctamente interpretado en el marco legal vigente".

El prefecto de la PDI, Patricio Rojas, añadió que buscan "derribar los mitos que aparecen en las investigaciones policiales" en temas de mayor preocupación como el tráfico de especies, la contaminación, la extracción ilegal de recursos naturales, la tala ilegal y los incendios forestales.

Matías Gatica Lindsay

Imágenes satelitales, drones, cámaras espectrales y métodos para cuantificar daños ecológicos son algunas de las herramientas que el Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB) pondrá a disposición de la PDI tras firmar un convenio colaborativo para elevar el estándar probatorio de las investigaciones penales por delitos ambientales.

En 2023 se publicó la ley 21.525, que modificó el umbral de penalización de ciertos daños ambientales, ya que conductas que antes derivaban solo en multas, como la contaminación de aguas y la extracción ilegal de recursos naturales, comenzaron a constituir delitos con pena privativa de libertad, siempre que haya evidencia científica que demuestre, cuantifique e interprete este daño.

A partir de la ampliación de las conductas tipificadas, la PDI tiene hoy más de 30 delitos medioambientales y patrimoniales bajo su competencia y por ello firmó el convenio para mejorar las medidas de pruebas que den cuenta de los ilícitos indagados por el Centro de Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (Cidema).

En las primeras reuniones entre el IEB y el CIDEMA, el instituto identificó varios recursos propios con potencial para convertirse en evidencia jurídicamente válida: datos satelitales, drones, cámaras espectrales instaladas en sitios de monitoreo de ecosistemas y capacidad de asesoría para cuantificar el daño ecológico.

La directora de la Unidad de Transferencia Tecnológica y de Conocimientos del IEB, Marcela Verdugo, dijo que cuentan con "experiencias en temas como incendios forestales, invasiones biológicas" y con capacidad para "transformar datos complejos en evidencia técnica y protocolos".

En ese sentido, y como la evidencia solo tiene peso judicial si quien la analiza tiene respaldo científico reconocido, Verdugo explicó que buscan sustentar sus investigaciones con metodologías validadas internacionalmente. "La ciencia permite elevar el estándar de las investigaciones, aportando rigurosidad, trazabilidad y sustento técnico; el daño ambiental puede ser demostrado, cuantificado y correctamente interpretado en el marco legal vigente".

El prefecto de la PDI, Patricio Rojas, añadió que buscan "derribar los mitos que aparecen en las investigaciones policiales" en temas de mayor preocupación como el tráfico de especies, la contaminación, la extracción ilegal de recursos naturales, la tala ilegal y los incendios forestales.

La Fundación Arturo López Pérez (FALP), junto a Achs, Entel y Copec, impulsará un programa de clínicas móviles para fortalecer la detección precoz en diferentes regiones del país del cáncer de mama, enfermedad que en 2025 provocó más de 1.800 muertes de mujeres en Chile.

La iniciativa busca aumentar el acceso a mamografías, considerando que durante 2024 la cobertura de este examen alcanzó sólo al 20,2% de las mujeres entre 50 y 69 años, grupo objetivo definido por las autoridades sanitarias. Según datos entregados por las instituciones, el cáncer de mama es actualmente la principal causa de muerte por cáncer en mujeres en Chile. Además, más del 85% de quienes desarrollan esta enfermedad no tienen antecedentes familiares, aunque 9 de cada 10 casos podrían sobrevivir si el diagnóstico se realiza de manera oportuna.

Las Clínicas Móviles de FALP recorren distintas comunas con unidades equipadas con mamógrafos y personal de salud especializado. Durante 2025, estos operativos permitieron realizar atenciones a más de 44 mil mujeres.

El acuerdo entre las entidades contempla talleres, charlas preventivas y campañas de difusión digital para promover la prevención oncológica y reforzar la Atención Primaria de Salud (APS), especialmente en sectores con menor acceso a exámenes.

La gerente de prevención y detección precoz del cáncer de FALP, Bernardita Vittini, dijo que "el único examen que nos permite llegar a tiempo es la mamografía", y advirtió que la cobertura "aún no alcanza niveles suficientes".

Desde Achs, su gerente general, Juan Luis Moreno, afirmó que la alianza busca acercar soluciones de salud "en lugares donde el acceso todavía es limitado"; mientras que Entel informó que apoyará la operación de las clínicas mediante conectividad satelital.

La Fundación Arturo López Pérez (FALP), junto a Achs, Entel y Copec, impulsará un programa de clínicas móviles para fortalecer la detección precoz en diferentes regiones del país del cáncer de mama, enfermedad que en 2025 provocó más de 1.800 muertes de mujeres en Chile.

La iniciativa busca aumentar el acceso a mamografías, considerando que durante 2024 la cobertura de este examen alcanzó sólo al 20,2% de las mujeres entre 50 y 69 años, grupo objetivo definido por las autoridades sanitarias. Según datos entregados por las instituciones, el cáncer de mama es actualmente la principal causa de muerte por cáncer en mujeres en Chile. Además, más del 85% de quienes desarrollan esta enfermedad no tienen antecedentes familiares, aunque 9 de cada 10 casos podrían sobrevivir si el diagnóstico se realiza de manera oportuna.

Las Clínicas Móviles de FALP recorren distintas comunas con unidades equipadas con mamógrafos y personal de salud especializado. Durante 2025, estos operativos permitieron realizar atenciones a más de 44 mil mujeres.

El acuerdo entre las entidades contempla talleres, charlas preventivas y campañas de difusión digital para promover la prevención oncológica y reforzar la Atención Primaria de Salud (APS), especialmente en sectores con menor acceso a exámenes.

La gerente de prevención y detección precoz del cáncer de FALP, Bernardita Vittini, dijo que "el único examen que nos permite llegar a tiempo es la mamografía", y advirtió que la cobertura "aún no alcanza niveles suficientes".

Desde Achs, su gerente general, Juan Luis Moreno, afirmó que la alianza busca acercar soluciones de salud "en lugares donde el acceso todavía es limitado"; mientras que Entel informó que apoyará la operación de las clínicas mediante conectividad satelital.

La Fundación Arturo López Pérez (FALP), junto a Achs, Entel y Copec, impulsará un programa de clínicas móviles para fortalecer la detección precoz en diferentes regiones del país del cáncer de mama, enfermedad que en 2025 provocó más de 1.800 muertes de mujeres en Chile.

La iniciativa busca aumentar el acceso a mamografías, considerando que durante 2024 la cobertura de este examen alcanzó sólo al 20,2% de las mujeres entre 50 y 69 años, grupo objetivo definido por las autoridades sanitarias. Según datos entregados por las instituciones, el cáncer de mama es actualmente la principal causa de muerte por cáncer en mujeres en Chile. Además, más del 85% de quienes desarrollan esta enfermedad no tienen antecedentes familiares, aunque 9 de cada 10 casos podrían sobrevivir si el diagnóstico se realiza de manera oportuna.

Las Clínicas Móviles de FALP recorren distintas comunas con unidades equipadas con mamógrafos y personal de salud especializado. Durante 2025, estos operativos permitieron realizar atenciones a más de 44 mil mujeres.

El acuerdo entre las entidades contempla talleres, charlas preventivas y campañas de difusión digital para promover la prevención oncológica y reforzar la Atención Primaria de Salud (APS), especialmente en sectores con menor acceso a exámenes.

La gerente de prevención y detección precoz del cáncer de FALP, Bernardita Vittini, dijo que "el único examen que nos permite llegar a tiempo es la mamografía", y advirtió que la cobertura "aún no alcanza niveles suficientes".

Desde Achs, su gerente general, Juan Luis Moreno, afirmó que la alianza busca acercar soluciones de salud "en lugares donde el acceso todavía es limitado"; mientras que Entel informó que apoyará la operación de las clínicas mediante conectividad satelital.

El Hospital Clínico Félix Bulnes y la Universidad San Sebastián (USS) pusieron en marcha la Escuela para Cuidadores EDUC AI, que es un proyecto colaborativo que utiliza un asistente virtual y videocápsulas generadas con Inteligencia Artificial (IA) para acompañar y educar a los tutores de los pacientes antes de abandonar el recinto.

Con esta iniciativa, que se ejecuta de manera estratégica en la unidad de Pre Alta del Hospital Félix Bulnes durante 2026, se busca aprovechar el tiempo de espera de las familias en el recinto para capacitarlas en el uso de la plataforma digital mediante un código QR, permitiéndoles resolver dudas en el hogar a su propio ritmo.

Esto podría ayudar en la administración de fármacos complejos, la asistencia en movilidad y el reconocimiento de signos de alerta que pueden transformar el cuidado doméstico en una fuente de estrés, más si recae en personas sin formación clínica.

Según la académica de Enfermería USS y líder del proyecto, Johanna Castro, la inducción previa al alta busca "favorecer la disminución de la posibilidad de reingresos hospitalarios debido a complicaciones asociadas a condiciones especiales de cuidado".

En el desarrollo de los contenidos participan estudiantes y académicos de las carreras de: enfermería, medicina, kinesiología, nutrición y dietética, ingeniería civil informática, pedagogía en educación diferencial y trabajo social.

El Hospital Clínico Félix Bulnes y la Universidad San Sebastián (USS) pusieron en marcha la Escuela para Cuidadores EDUC AI, que es un proyecto colaborativo que utiliza un asistente virtual y videocápsulas generadas con Inteligencia Artificial (IA) para acompañar y educar a los tutores de los pacientes antes de abandonar el recinto.

Con esta iniciativa, que se ejecuta de manera estratégica en la unidad de Pre Alta del Hospital Félix Bulnes durante 2026, se busca aprovechar el tiempo de espera de las familias en el recinto para capacitarlas en el uso de la plataforma digital mediante un código QR, permitiéndoles resolver dudas en el hogar a su propio ritmo.

Esto podría ayudar en la administración de fármacos complejos, la asistencia en movilidad y el reconocimiento de signos de alerta que pueden transformar el cuidado doméstico en una fuente de estrés, más si recae en personas sin formación clínica.

Según la académica de Enfermería USS y líder del proyecto, Johanna Castro, la inducción previa al alta busca "favorecer la disminución de la posibilidad de reingresos hospitalarios debido a complicaciones asociadas a condiciones especiales de cuidado".

En el desarrollo de los contenidos participan estudiantes y académicos de las carreras de: enfermería, medicina, kinesiología, nutrición y dietética, ingeniería civil informática, pedagogía en educación diferencial y trabajo social.

El Hospital Clínico Félix Bulnes y la Universidad San Sebastián (USS) pusieron en marcha la Escuela para Cuidadores EDUC AI, que es un proyecto colaborativo que utiliza un asistente virtual y videocápsulas generadas con Inteligencia Artificial (IA) para acompañar y educar a los tutores de los pacientes antes de abandonar el recinto.

Con esta iniciativa, que se ejecuta de manera estratégica en la unidad de Pre Alta del Hospital Félix Bulnes durante 2026, se busca aprovechar el tiempo de espera de las familias en el recinto para capacitarlas en el uso de la plataforma digital mediante un código QR, permitiéndoles resolver dudas en el hogar a su propio ritmo.

Esto podría ayudar en la administración de fármacos complejos, la asistencia en movilidad y el reconocimiento de signos de alerta que pueden transformar el cuidado doméstico en una fuente de estrés, más si recae en personas sin formación clínica.

Según la académica de Enfermería USS y líder del proyecto, Johanna Castro, la inducción previa al alta busca "favorecer la disminución de la posibilidad de reingresos hospitalarios debido a complicaciones asociadas a condiciones especiales de cuidado".

En el desarrollo de los contenidos participan estudiantes y académicos de las carreras de: enfermería, medicina, kinesiología, nutrición y dietética, ingeniería civil informática, pedagogía en educación diferencial y trabajo social.