Matías Gatica Lindsay

En medio de críticas opositoras a la iniciativa para crear un Registro Nacional de Vándalos anunciada por el Presidente José Antonio Kast durante su cuenta pública del 1 de junio, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez anunció ayer que el Gobierno ingresó el sábado este proyecto para su discusión en el Congreso.

Esta iniciativa, llamada "Registro único de incivilidades y actos vandálicos", busca tipificar conductas que dañen el entorno social y establecer sanciones administrativas a quienes las cometan. Entre estas se considera registrar a las personas que agredan a personal de Carabineros, que cometan delitos o incurran en vandalismo como la destrucción de paraderos de transporte público o el rayado no autorizado de inmuebles particulares, museos y otros.

De esta manera, quienes sean incluidos en este registro perderían beneficios sociales.

El subsecretario Pavez dijo a Canal 13 que esta iniciativa ingresó a la Cámara de Diputados el sábado y que "se tiene que dar cuenta en la Sala esta semana, para luego pasar a las comisiones respectivas" y así ser votada por la Sala.

Pavez dijo que esto "da cuenta de la vocación que tiene el Gobierno de alinear las urgencias sociales con las prioridades del Gobierno en materia de seguridad y en otras áreas también" y que "lo que esperamos es que la ciudadanía vea cómo esta es una propuesta responsable, que lo que busca es hacer proporcional el daño, la sensación de seguridad de aquellas personas que dañan o tienen comportamientos contrarios al orden, a los bienes que son de todos, y aquellas conductas que lesionan lo que es de todos".

En ese sentido el subsecretario dijo que la iniciativa va a distinguir de los delitos en orden de su gravedad y que "además del registro y la pérdida de algunas prestaciones, se va a impedir o prohibir la gratuidad universitaria, lo mismo la Pensión Garantizada Universal, y a partir de otras actividades que también sean condenables por el ordenamiento jurídico, y siempre que medie una sentencia, ir distinguiendo aquellos delitos que dañan la convivencia y por lo tanto van a caer el registro y que son competencia de un tribunal penal, de aquellos que son competencia de un juzgado de garantía o que son competencia de un juzgado de policía local".

"Estas incivilidades, que están tipificadas son cerca de 40 conductas entre los tres tipos que he señalado, van a tener como efecto, como pena accesoria, el ingreso a un registro que tiene por objeto que las personas no puedan acceder o en su caso pierdan temporalmente distintos tipos de prestaciones sociales", dijo el subsecretario.

Añadió que entre las sanciones se considera "la imposibilidad de tener licencia de conducir o pasaporte hasta la posibilidad de perder becas de posgrado. La posibilidad de perder el acceso a subsidios de vivienda, la posibilidad de perder beneficios como la Pensión Garantizada Universal o la gratuidad en los casos más graves, como también perder otros elementos como el pase cultural y la imposibilidad, como en otras partes del mundo, de acceder a espectáculos deportivos".

Pavez se refirió a los dichos cruzados del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, con el exPresidente Gabriel Boric. Debido a que este último criticó un "vaciamiento intempestivo" de las cuentas bancarias de los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), el secretario de Estado dijo que "por algún motivo al Presidente (Boric) no le gusta que se paguen las deudas, pero las deudas se tienen que pagar".

Sobre ello, Pavez dijo que "el Gobierno no debiera comentar los dichos de coyuntura del exPresidente y la reacción que tuvo el ministro (...) no es en contra de él, sino en contra de aquellas posiciones que dan cuenta de que pareciera ser que el Gobierno quisiera generar un problema, un daño, y eso nos parece que no es lo responsable".

Matías Gatica Lindsay

En medio de críticas opositoras a la iniciativa para crear un Registro Nacional de Vándalos anunciada por el Presidente José Antonio Kast durante su cuenta pública del 1 de junio, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez anunció ayer que el Gobierno ingresó el sábado este proyecto para su discusión en el Congreso.

Esta iniciativa, llamada "Registro único de incivilidades y actos vandálicos", busca tipificar conductas que dañen el entorno social y establecer sanciones administrativas a quienes las cometan. Entre estas se considera registrar a las personas que agredan a personal de Carabineros, que cometan delitos o incurran en vandalismo como la destrucción de paraderos de transporte público o el rayado no autorizado de inmuebles particulares, museos y otros.

De esta manera, quienes sean incluidos en este registro perderían beneficios sociales.

El subsecretario Pavez dijo a Canal 13 que esta iniciativa ingresó a la Cámara de Diputados el sábado y que "se tiene que dar cuenta en la Sala esta semana, para luego pasar a las comisiones respectivas" y así ser votada por la Sala.

Pavez dijo que esto "da cuenta de la vocación que tiene el Gobierno de alinear las urgencias sociales con las prioridades del Gobierno en materia de seguridad y en otras áreas también" y que "lo que esperamos es que la ciudadanía vea cómo esta es una propuesta responsable, que lo que busca es hacer proporcional el daño, la sensación de seguridad de aquellas personas que dañan o tienen comportamientos contrarios al orden, a los bienes que son de todos, y aquellas conductas que lesionan lo que es de todos".

En ese sentido el subsecretario dijo que la iniciativa va a distinguir de los delitos en orden de su gravedad y que "además del registro y la pérdida de algunas prestaciones, se va a impedir o prohibir la gratuidad universitaria, lo mismo la Pensión Garantizada Universal, y a partir de otras actividades que también sean condenables por el ordenamiento jurídico, y siempre que medie una sentencia, ir distinguiendo aquellos delitos que dañan la convivencia y por lo tanto van a caer el registro y que son competencia de un tribunal penal, de aquellos que son competencia de un juzgado de garantía o que son competencia de un juzgado de policía local".

"Estas incivilidades, que están tipificadas son cerca de 40 conductas entre los tres tipos que he señalado, van a tener como efecto, como pena accesoria, el ingreso a un registro que tiene por objeto que las personas no puedan acceder o en su caso pierdan temporalmente distintos tipos de prestaciones sociales", dijo el subsecretario.

Añadió que entre las sanciones se considera "la imposibilidad de tener licencia de conducir o pasaporte hasta la posibilidad de perder becas de posgrado. La posibilidad de perder el acceso a subsidios de vivienda, la posibilidad de perder beneficios como la Pensión Garantizada Universal o la gratuidad en los casos más graves, como también perder otros elementos como el pase cultural y la imposibilidad, como en otras partes del mundo, de acceder a espectáculos deportivos".

Pavez se refirió a los dichos cruzados del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, con el exPresidente Gabriel Boric. Debido a que este último criticó un "vaciamiento intempestivo" de las cuentas bancarias de los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), el secretario de Estado dijo que "por algún motivo al Presidente (Boric) no le gusta que se paguen las deudas, pero las deudas se tienen que pagar".

Sobre ello, Pavez dijo que "el Gobierno no debiera comentar los dichos de coyuntura del exPresidente y la reacción que tuvo el ministro (...) no es en contra de él, sino en contra de aquellas posiciones que dan cuenta de que pareciera ser que el Gobierno quisiera generar un problema, un daño, y eso nos parece que no es lo responsable".

Matías Gatica Lindsay

En medio de críticas opositoras a la iniciativa para crear un Registro Nacional de Vándalos anunciada por el Presidente José Antonio Kast durante su cuenta pública del 1 de junio, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez anunció ayer que el Gobierno ingresó el sábado este proyecto para su discusión en el Congreso.

Esta iniciativa, llamada "Registro único de incivilidades y actos vandálicos", busca tipificar conductas que dañen el entorno social y establecer sanciones administrativas a quienes las cometan. Entre estas se considera registrar a las personas que agredan a personal de Carabineros, que cometan delitos o incurran en vandalismo como la destrucción de paraderos de transporte público o el rayado no autorizado de inmuebles particulares, museos y otros.

De esta manera, quienes sean incluidos en este registro perderían beneficios sociales.

El subsecretario Pavez dijo a Canal 13 que esta iniciativa ingresó a la Cámara de Diputados el sábado y que "se tiene que dar cuenta en la Sala esta semana, para luego pasar a las comisiones respectivas" y así ser votada por la Sala.

Pavez dijo que esto "da cuenta de la vocación que tiene el Gobierno de alinear las urgencias sociales con las prioridades del Gobierno en materia de seguridad y en otras áreas también" y que "lo que esperamos es que la ciudadanía vea cómo esta es una propuesta responsable, que lo que busca es hacer proporcional el daño, la sensación de seguridad de aquellas personas que dañan o tienen comportamientos contrarios al orden, a los bienes que son de todos, y aquellas conductas que lesionan lo que es de todos".

En ese sentido el subsecretario dijo que la iniciativa va a distinguir de los delitos en orden de su gravedad y que "además del registro y la pérdida de algunas prestaciones, se va a impedir o prohibir la gratuidad universitaria, lo mismo la Pensión Garantizada Universal, y a partir de otras actividades que también sean condenables por el ordenamiento jurídico, y siempre que medie una sentencia, ir distinguiendo aquellos delitos que dañan la convivencia y por lo tanto van a caer el registro y que son competencia de un tribunal penal, de aquellos que son competencia de un juzgado de garantía o que son competencia de un juzgado de policía local".

"Estas incivilidades, que están tipificadas son cerca de 40 conductas entre los tres tipos que he señalado, van a tener como efecto, como pena accesoria, el ingreso a un registro que tiene por objeto que las personas no puedan acceder o en su caso pierdan temporalmente distintos tipos de prestaciones sociales", dijo el subsecretario.

Añadió que entre las sanciones se considera "la imposibilidad de tener licencia de conducir o pasaporte hasta la posibilidad de perder becas de posgrado. La posibilidad de perder el acceso a subsidios de vivienda, la posibilidad de perder beneficios como la Pensión Garantizada Universal o la gratuidad en los casos más graves, como también perder otros elementos como el pase cultural y la imposibilidad, como en otras partes del mundo, de acceder a espectáculos deportivos".

Pavez se refirió a los dichos cruzados del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, con el exPresidente Gabriel Boric. Debido a que este último criticó un "vaciamiento intempestivo" de las cuentas bancarias de los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), el secretario de Estado dijo que "por algún motivo al Presidente (Boric) no le gusta que se paguen las deudas, pero las deudas se tienen que pagar".

Sobre ello, Pavez dijo que "el Gobierno no debiera comentar los dichos de coyuntura del exPresidente y la reacción que tuvo el ministro (...) no es en contra de él, sino en contra de aquellas posiciones que dan cuenta de que pareciera ser que el Gobierno quisiera generar un problema, un daño, y eso nos parece que no es lo responsable".

Ayer se publicó una nueva versión de la Encuesta Pulso Ciudadano Activa Research. El sondeo reveló que la desaprobación del Presidente José Antonio Kast llegó a 56,7%, que es la más alta desde que asumió el cargo el 11 de marzo, superando al resultado de mayo (cuando fue de 53,3%) y el de abril, cuando registró un 55,6%.

Según la encuesta, la aprobación de Presidente tuvo un leve descenso y se ubicó en un 30,5%. En el sondeo anterior tuvo 31%.

El sondeo mostró que que un 26% de los 1.036 casos de cobertura que tuvo la encuesta entre el 10 y el 12 de junio, asegura tener mucha o total confianza en el mandatario (en mayo fue de un 23,2%) y que un 53,4% declara poca o nada de confianza, lo que se mantuvo prácticamente igual que en las mediciones de los dos meses anteriores

La encuesta reveló también que 37,4% está de acuerdo con los embargos realizados por la Tesorería a los deudores del CAE; que un 40,4% está en desacuerdo y que un 22,2% no tiene una opinión clara al respecto.

Por otra parte, la encuesta Criteria reveló ayer que el respaldo al Presidente Kast bajó de un 40% a un 39% en una semana, y que su desaprobación aumentó cinco puntos porcentuales al pasar de 47% a 52%.

Ayer se publicó una nueva versión de la Encuesta Pulso Ciudadano Activa Research. El sondeo reveló que la desaprobación del Presidente José Antonio Kast llegó a 56,7%, que es la más alta desde que asumió el cargo el 11 de marzo, superando al resultado de mayo (cuando fue de 53,3%) y el de abril, cuando registró un 55,6%.

Según la encuesta, la aprobación de Presidente tuvo un leve descenso y se ubicó en un 30,5%. En el sondeo anterior tuvo 31%.

El sondeo mostró que que un 26% de los 1.036 casos de cobertura que tuvo la encuesta entre el 10 y el 12 de junio, asegura tener mucha o total confianza en el mandatario (en mayo fue de un 23,2%) y que un 53,4% declara poca o nada de confianza, lo que se mantuvo prácticamente igual que en las mediciones de los dos meses anteriores

La encuesta reveló también que 37,4% está de acuerdo con los embargos realizados por la Tesorería a los deudores del CAE; que un 40,4% está en desacuerdo y que un 22,2% no tiene una opinión clara al respecto.

Por otra parte, la encuesta Criteria reveló ayer que el respaldo al Presidente Kast bajó de un 40% a un 39% en una semana, y que su desaprobación aumentó cinco puntos porcentuales al pasar de 47% a 52%.