Matías Gatica Lindsay

El fiscal Eugenio Campos, quien investiga un supuesto tráfico de niños haitianos que llegaron al país en vuelos chárter como parte del proceso de reunificación familiar, dijo que serían más de 200 casos los que se registraron entre enero y abril de 2025 y el director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, señaló que esta cifra sería mucho mayor.

El Sermig denunció a la Fiscalía que en ese periodo al menos 12 adultos extranjeros y chilenos ingresaron al país fingiendo ser responsables de niños haitianos. Sin embargo, no tenían vínculos con los menores ni contaban con las autorizaciones legales.

Sobre ello, el fiscal Campos dijo a radio Duna que los menores afectados en ese periodo serían "más de un centenar", pero que esa cifra "es demasiado conservadora, más de 200". Agregó que "hay muchas cosas que llaman poderosamente la atención y lamentablemente, de acuerdo a las máximas de la experiencia, no serían tan buenas. Espero estar absolutamente equivocado".

Además, sostuvo que "pareciera ser una práctica habitual con patrones habituales, ingresos de alto volumen de niños y niñas adolescentes, un patrón común respecto de los cuales una escasez de base de datos, muchos de ellos con una gran cantidad (...) Que una persona pueda representar como adulto responsable a más de una treintena, eso llama poderosamente la atención (...) estamos hablando de un grupo muy organizado".

Por otra parte, indicó que se deben investigar las responsabilidades de estos adultos y las fuentes de financiamiento de estos vuelos chárter, ya que "muchos de ellos "habrían pasado por la autorización de la Dirección General de la Aeronáutica Civil", por lo que no descartó que hayan funcionarios públicos implicados.

"Por eso es que las figuras penales que estamos indagando son cohechos y sobornos, particularmente enfocados al funcionario público que dejó de hacer, o que realizó con infracción de deberes propios de su cargo, actitudes que en definitiva permitieron este ingreso", concluyó.

Previo a reunirse con el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, Sauerbaum dijo: "Nosotros estimamos que son mucho más de 200 niños".

Pavez dijo que una vez que se conozca el informe de la Contraloría "el Servicio va a instruir los sumarios respectivos". Y aseguró que "yo no quisiera calificar los esfuerzos del gobierno anterior porque esta situación se investigara. Nos parece que esto es de una gravedad tal que el gobierno no va a confrontar directamente las responsabilidades del gobierno anterior (...) la opinión pública podrá juzgar si las actuaciones del gobierno anterior en esta materia fueron suficientes para poder esclarecer estas circunstancias".

"Aquí el gobierno no pretende sacar ningún rédito político, sino colaborar con la situación que nos parece de la más alta gravedad", señaló y afirmó que lo importante ahora es que se "investigue toda irregularidad de niños respecto a los cuales, o no se conoce su paradero, o están en una circunstancia grave de vulnerabilidad".

Más tarde el fiscal Campos dijo a radio Bío-Bío que "la realidad nos puede dar una bofetada y que el número sea el doble" y que "obviamente que saber el destino" de estos niños es la prioridad ahora.

En medio de la polémica, el exdirector del Sermig Luis Thayer dijo a ese medio que el servicio le advirtió a través de documentos de estos casos a la DGAC, que los habría derivado al Departamento Jurídico para indagar eventuales infracciones y evaluar posibles sanciones, pero que no acogió la solicitud de impedir las operaciones aéreas.

La DGAC emitió un comunicado en el que señaló que los operadores que realizan vuelos no regulares pueden operar "en la medida que cumpla con lo establecido en esta norma" y que su función se limita a aspectos técnicos: "Controla las operaciones, las aeronaves y las tripulaciones, aspectos de índole técnico enmarcados dentro del ámbito de su competencia".

Además, dijo que ante las alertas del Sermig " informó el 14 de agosto el inicio de un procedimiento infraccional, la cual se encuentra en etapa de cierre", y señaló que la investigación "afecta a la empresa ARAJET"

Con estos antecedentes, diputados de la UDI y Republicano anunciaron una comisión investigadora de estos casos; mientras que la presidenta de la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara, Joanna Pérez (Dem), anunció que se citará a declarar a Luis Thayer.

Matías Gatica Lindsay

El fiscal Eugenio Campos, quien investiga un supuesto tráfico de niños haitianos que llegaron al país en vuelos chárter como parte del proceso de reunificación familiar, dijo que serían más de 200 casos los que se registraron entre enero y abril de 2025 y el director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, señaló que esta cifra sería mucho mayor.

El Sermig denunció a la Fiscalía que en ese periodo al menos 12 adultos extranjeros y chilenos ingresaron al país fingiendo ser responsables de niños haitianos. Sin embargo, no tenían vínculos con los menores ni contaban con las autorizaciones legales.

Sobre ello, el fiscal Campos dijo a radio Duna que los menores afectados en ese periodo serían "más de un centenar", pero que esa cifra "es demasiado conservadora, más de 200". Agregó que "hay muchas cosas que llaman poderosamente la atención y lamentablemente, de acuerdo a las máximas de la experiencia, no serían tan buenas. Espero estar absolutamente equivocado".

Además, sostuvo que "pareciera ser una práctica habitual con patrones habituales, ingresos de alto volumen de niños y niñas adolescentes, un patrón común respecto de los cuales una escasez de base de datos, muchos de ellos con una gran cantidad (...) Que una persona pueda representar como adulto responsable a más de una treintena, eso llama poderosamente la atención (...) estamos hablando de un grupo muy organizado".

Por otra parte, indicó que se deben investigar las responsabilidades de estos adultos y las fuentes de financiamiento de estos vuelos chárter, ya que "muchos de ellos "habrían pasado por la autorización de la Dirección General de la Aeronáutica Civil", por lo que no descartó que hayan funcionarios públicos implicados.

"Por eso es que las figuras penales que estamos indagando son cohechos y sobornos, particularmente enfocados al funcionario público que dejó de hacer, o que realizó con infracción de deberes propios de su cargo, actitudes que en definitiva permitieron este ingreso", concluyó.

Previo a reunirse con el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, Sauerbaum dijo: "Nosotros estimamos que son mucho más de 200 niños".

Pavez dijo que una vez que se conozca el informe de la Contraloría "el Servicio va a instruir los sumarios respectivos". Y aseguró que "yo no quisiera calificar los esfuerzos del gobierno anterior porque esta situación se investigara. Nos parece que esto es de una gravedad tal que el gobierno no va a confrontar directamente las responsabilidades del gobierno anterior (...) la opinión pública podrá juzgar si las actuaciones del gobierno anterior en esta materia fueron suficientes para poder esclarecer estas circunstancias".

"Aquí el gobierno no pretende sacar ningún rédito político, sino colaborar con la situación que nos parece de la más alta gravedad", señaló y afirmó que lo importante ahora es que se "investigue toda irregularidad de niños respecto a los cuales, o no se conoce su paradero, o están en una circunstancia grave de vulnerabilidad".

Más tarde el fiscal Campos dijo a radio Bío-Bío que "la realidad nos puede dar una bofetada y que el número sea el doble" y que "obviamente que saber el destino" de estos niños es la prioridad ahora.

En medio de la polémica, el exdirector del Sermig Luis Thayer dijo a ese medio que el servicio le advirtió a través de documentos de estos casos a la DGAC, que los habría derivado al Departamento Jurídico para indagar eventuales infracciones y evaluar posibles sanciones, pero que no acogió la solicitud de impedir las operaciones aéreas.

La DGAC emitió un comunicado en el que señaló que los operadores que realizan vuelos no regulares pueden operar "en la medida que cumpla con lo establecido en esta norma" y que su función se limita a aspectos técnicos: "Controla las operaciones, las aeronaves y las tripulaciones, aspectos de índole técnico enmarcados dentro del ámbito de su competencia".

Además, dijo que ante las alertas del Sermig " informó el 14 de agosto el inicio de un procedimiento infraccional, la cual se encuentra en etapa de cierre", y señaló que la investigación "afecta a la empresa ARAJET"

Con estos antecedentes, diputados de la UDI y Republicano anunciaron una comisión investigadora de estos casos; mientras que la presidenta de la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara, Joanna Pérez (Dem), anunció que se citará a declarar a Luis Thayer.

Matías Gatica Lindsay

El fiscal Eugenio Campos, quien investiga un supuesto tráfico de niños haitianos que llegaron al país en vuelos chárter como parte del proceso de reunificación familiar, dijo que serían más de 200 casos los que se registraron entre enero y abril de 2025 y el director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, señaló que esta cifra sería mucho mayor.

El Sermig denunció a la Fiscalía que en ese periodo al menos 12 adultos extranjeros y chilenos ingresaron al país fingiendo ser responsables de niños haitianos. Sin embargo, no tenían vínculos con los menores ni contaban con las autorizaciones legales.

Sobre ello, el fiscal Campos dijo a radio Duna que los menores afectados en ese periodo serían "más de un centenar", pero que esa cifra "es demasiado conservadora, más de 200". Agregó que "hay muchas cosas que llaman poderosamente la atención y lamentablemente, de acuerdo a las máximas de la experiencia, no serían tan buenas. Espero estar absolutamente equivocado".

Además, sostuvo que "pareciera ser una práctica habitual con patrones habituales, ingresos de alto volumen de niños y niñas adolescentes, un patrón común respecto de los cuales una escasez de base de datos, muchos de ellos con una gran cantidad (...) Que una persona pueda representar como adulto responsable a más de una treintena, eso llama poderosamente la atención (...) estamos hablando de un grupo muy organizado".

Por otra parte, indicó que se deben investigar las responsabilidades de estos adultos y las fuentes de financiamiento de estos vuelos chárter, ya que "muchos de ellos "habrían pasado por la autorización de la Dirección General de la Aeronáutica Civil", por lo que no descartó que hayan funcionarios públicos implicados.

"Por eso es que las figuras penales que estamos indagando son cohechos y sobornos, particularmente enfocados al funcionario público que dejó de hacer, o que realizó con infracción de deberes propios de su cargo, actitudes que en definitiva permitieron este ingreso", concluyó.

Previo a reunirse con el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, Sauerbaum dijo: "Nosotros estimamos que son mucho más de 200 niños".

Pavez dijo que una vez que se conozca el informe de la Contraloría "el Servicio va a instruir los sumarios respectivos". Y aseguró que "yo no quisiera calificar los esfuerzos del gobierno anterior porque esta situación se investigara. Nos parece que esto es de una gravedad tal que el gobierno no va a confrontar directamente las responsabilidades del gobierno anterior (...) la opinión pública podrá juzgar si las actuaciones del gobierno anterior en esta materia fueron suficientes para poder esclarecer estas circunstancias".

"Aquí el gobierno no pretende sacar ningún rédito político, sino colaborar con la situación que nos parece de la más alta gravedad", señaló y afirmó que lo importante ahora es que se "investigue toda irregularidad de niños respecto a los cuales, o no se conoce su paradero, o están en una circunstancia grave de vulnerabilidad".

Más tarde el fiscal Campos dijo a radio Bío-Bío que "la realidad nos puede dar una bofetada y que el número sea el doble" y que "obviamente que saber el destino" de estos niños es la prioridad ahora.

En medio de la polémica, el exdirector del Sermig Luis Thayer dijo a ese medio que el servicio le advirtió a través de documentos de estos casos a la DGAC, que los habría derivado al Departamento Jurídico para indagar eventuales infracciones y evaluar posibles sanciones, pero que no acogió la solicitud de impedir las operaciones aéreas.

La DGAC emitió un comunicado en el que señaló que los operadores que realizan vuelos no regulares pueden operar "en la medida que cumpla con lo establecido en esta norma" y que su función se limita a aspectos técnicos: "Controla las operaciones, las aeronaves y las tripulaciones, aspectos de índole técnico enmarcados dentro del ámbito de su competencia".

Además, dijo que ante las alertas del Sermig " informó el 14 de agosto el inicio de un procedimiento infraccional, la cual se encuentra en etapa de cierre", y señaló que la investigación "afecta a la empresa ARAJET"

Con estos antecedentes, diputados de la UDI y Republicano anunciaron una comisión investigadora de estos casos; mientras que la presidenta de la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara, Joanna Pérez (Dem), anunció que se citará a declarar a Luis Thayer.

Carabineros detuvo en Ovalle a un hombre de 29 años, acusado de traficar fentanilo. Este habría recibido pensión de gracia hasta enero de este año por daños que sufrió en el estallido social de 2019.

El viernes los policías allanaron la casa de Benjamín Huera, a quien le hallaron 47 ampollas de fentanilo, marihuana y más de $1.100.000 en efectivo, por lo que quedó en prisión preventiva.

El imputado, que tiene un gran prontuario policial por receptación de vehículo, amenazas de muerte a exparejas y conducción bajo la influencia de sustancias psicotrópicas, fue beneficiario de la pensión de gracia, luego que el 19 de octubre de 2019 recibió un disparo en la pubis por parte del ex capitán de Carabineros Hugo Navarro, quien fue condenado a seis años de cárcel por homicidio frustrado, detención ilegal y falsificación de instrumento público.

Luego de este hecho, el 10 de marzo de 2022, un día antes que el exPresidente Sebastián Piñera dejara su cargo, el Ministerio del Interior firmó un decreto para otorgar una pensión de gracia a Huerta, quien recibía en un comienzo 0,7 sueldos mínimos y luego pasó 1,5, llegando a percibir hasta $444.767.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, señaló ayer que en enero de este año se revocó la pensión de gracia al imputado y que están revisando "todos los casos de personas que son beneficiarias de pensiones de gracia. Nos parece que es una mínima responsabilidad con los recursos que se entregan a través de una gracia del Presidente".

Carabineros detuvo en Ovalle a un hombre de 29 años, acusado de traficar fentanilo. Este habría recibido pensión de gracia hasta enero de este año por daños que sufrió en el estallido social de 2019.

El viernes los policías allanaron la casa de Benjamín Huera, a quien le hallaron 47 ampollas de fentanilo, marihuana y más de $1.100.000 en efectivo, por lo que quedó en prisión preventiva.

El imputado, que tiene un gran prontuario policial por receptación de vehículo, amenazas de muerte a exparejas y conducción bajo la influencia de sustancias psicotrópicas, fue beneficiario de la pensión de gracia, luego que el 19 de octubre de 2019 recibió un disparo en la pubis por parte del ex capitán de Carabineros Hugo Navarro, quien fue condenado a seis años de cárcel por homicidio frustrado, detención ilegal y falsificación de instrumento público.

Luego de este hecho, el 10 de marzo de 2022, un día antes que el exPresidente Sebastián Piñera dejara su cargo, el Ministerio del Interior firmó un decreto para otorgar una pensión de gracia a Huerta, quien recibía en un comienzo 0,7 sueldos mínimos y luego pasó 1,5, llegando a percibir hasta $444.767.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, señaló ayer que en enero de este año se revocó la pensión de gracia al imputado y que están revisando "todos los casos de personas que son beneficiarias de pensiones de gracia. Nos parece que es una mínima responsabilidad con los recursos que se entregan a través de una gracia del Presidente".

Carabineros detuvo en Ovalle a un hombre de 29 años, acusado de traficar fentanilo. Este habría recibido pensión de gracia hasta enero de este año por daños que sufrió en el estallido social de 2019.

El viernes los policías allanaron la casa de Benjamín Huera, a quien le hallaron 47 ampollas de fentanilo, marihuana y más de $1.100.000 en efectivo, por lo que quedó en prisión preventiva.

El imputado, que tiene un gran prontuario policial por receptación de vehículo, amenazas de muerte a exparejas y conducción bajo la influencia de sustancias psicotrópicas, fue beneficiario de la pensión de gracia, luego que el 19 de octubre de 2019 recibió un disparo en la pubis por parte del ex capitán de Carabineros Hugo Navarro, quien fue condenado a seis años de cárcel por homicidio frustrado, detención ilegal y falsificación de instrumento público.

Luego de este hecho, el 10 de marzo de 2022, un día antes que el exPresidente Sebastián Piñera dejara su cargo, el Ministerio del Interior firmó un decreto para otorgar una pensión de gracia a Huerta, quien recibía en un comienzo 0,7 sueldos mínimos y luego pasó 1,5, llegando a percibir hasta $444.767.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, señaló ayer que en enero de este año se revocó la pensión de gracia al imputado y que están revisando "todos los casos de personas que son beneficiarias de pensiones de gracia. Nos parece que es una mínima responsabilidad con los recursos que se entregan a través de una gracia del Presidente".