Matías Gatica Lindsay

Ante algunas críticas que han surgido a las indicaciones ingresadas por el Gobierno al proyecto de Sala Cuna Universal, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, defendió la fórmula mediante la cual se busca financiar la iniciativa.

El lunes el Ministerio de Trabajo comunicó que entre las indicaciones se consideró una gradualidad en su aplicación y se propuso crear un fondo financiado por una cotización a cargo del empleador de 0,35% de la remuneración, la que será compensada íntegramente con una rebaja equivalente en el Seguro de Cesantía de 0,2% menos en las cuentas individuales y de un 0,15% menos en el Fondo de Cesantía Solidario, para que así el empleador no desembolse dinero adicional.

Esto fue criticado por la exministra de la Mujer Antonia Orellana, quien dijo a CNN que "nosotros presentamos una indicación que contenía un 0,1% de compensación. Esto en acuerdo de que hay que impedir que esto se transformara en un nuevo costo al empleador en un momento en que el mercado laboral no está precisamente dinámico. Pero un 0,1% es distinto a un 0,35%" y aseguró que "el Seguro de Cesantía tiene componente tripartito. Tiene cotizaciones de los trabajadores y trabajadoras, tiene aporte público y tiene también aporte del empleador. Entonces entran los trabajadores a financiar su propio derecho a sala cuna".

En ello han coincidido otras voces del oficialismo, que aseguran esto traerá un impacto al Seguro de Cesantía. Sobre ello el ministro Rau dijo a CNN que "efectivamente, va a haber una reducción en la contribución a las cuentas individuales del Seguro de Cesantía y al Fondo de Cesantía Solidario, eso es innegable", la que podría alcanzar un 7%, pero destacó que la medida de eliminar la barrera del artículo 203 del Código del Trabajo, que obliga a empresas con 20 o más trabajadoras a proveer sala cuna, va a traer "efectos positivos en el mercado laboral que aumenten el empleo".

"Es cierto que hay una reducción en las cuentas individuales de los trabajadores y en el Fondo de Cesantía, pero también hay potenciales ganancias en empleo que podrían más que compensar esa reducción", agregó Rau.

El exministro Mario Marcel dijo a un podcast de La Tercera que en el nuevo sistema "es un claro win-win, que se financie con esta redistribución del aporte al Seguro de Cesantía me parece bien".

Matías Gatica Lindsay

Ante algunas críticas que han surgido a las indicaciones ingresadas por el Gobierno al proyecto de Sala Cuna Universal, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, defendió la fórmula mediante la cual se busca financiar la iniciativa.

El lunes el Ministerio de Trabajo comunicó que entre las indicaciones se consideró una gradualidad en su aplicación y se propuso crear un fondo financiado por una cotización a cargo del empleador de 0,35% de la remuneración, la que será compensada íntegramente con una rebaja equivalente en el Seguro de Cesantía de 0,2% menos en las cuentas individuales y de un 0,15% menos en el Fondo de Cesantía Solidario, para que así el empleador no desembolse dinero adicional.

Esto fue criticado por la exministra de la Mujer Antonia Orellana, quien dijo a CNN que "nosotros presentamos una indicación que contenía un 0,1% de compensación. Esto en acuerdo de que hay que impedir que esto se transformara en un nuevo costo al empleador en un momento en que el mercado laboral no está precisamente dinámico. Pero un 0,1% es distinto a un 0,35%" y aseguró que "el Seguro de Cesantía tiene componente tripartito. Tiene cotizaciones de los trabajadores y trabajadoras, tiene aporte público y tiene también aporte del empleador. Entonces entran los trabajadores a financiar su propio derecho a sala cuna".

En ello han coincidido otras voces del oficialismo, que aseguran esto traerá un impacto al Seguro de Cesantía. Sobre ello el ministro Rau dijo a CNN que "efectivamente, va a haber una reducción en la contribución a las cuentas individuales del Seguro de Cesantía y al Fondo de Cesantía Solidario, eso es innegable", la que podría alcanzar un 7%, pero destacó que la medida de eliminar la barrera del artículo 203 del Código del Trabajo, que obliga a empresas con 20 o más trabajadoras a proveer sala cuna, va a traer "efectos positivos en el mercado laboral que aumenten el empleo".

"Es cierto que hay una reducción en las cuentas individuales de los trabajadores y en el Fondo de Cesantía, pero también hay potenciales ganancias en empleo que podrían más que compensar esa reducción", agregó Rau.

El exministro Mario Marcel dijo a un podcast de La Tercera que en el nuevo sistema "es un claro win-win, que se financie con esta redistribución del aporte al Seguro de Cesantía me parece bien".

La Corte Suprema ordenó abrir 56 cuadernos de remoción contra funcionarios investigados por realizar viajes al extranjero mientras se encontraban con licencias médicas. Luego de la revelación de la Contraloría sobre decenas de miles de funcionarios públicos que realizaron viajes al extranjero teniendo reposo médico, hace unos días el máximo tribunal inició la revisión de los casos de 104 jueces y otros integrantes del escalafón primario del Poder Judicial que habrían realizado este mal uso de licencias.

El lunes 6 de junio el pleno de la Corte Suprema revisó los recursos de apelación de 15 miembros de la judicatura en contra de las sanciones a las que fueron sujetos en resoluciones de diferentes cortes de apelación del país. El máximo tribunal confirmó las resoluciones y ordenó abrir un cuaderno para estudiar la posibilidad de remover a 14 de ellos.

Además se determinó que el plazo de prescripción para ser efectiva la responsabilidad disciplinaria es de 5 años.

Luego de confirmar las decisiones de cortes de apelaciones de absolución en 25 casos, el tribunal supremo revisó esta semana 64 casos en los que no se presentaron recursos de apelación y decidió abrir un cuaderno de remoción en 42 de ellos y según la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich "se desestimó abrirlo en 13 casos y en nueve se produjo empate. Como éramos 16, ocho estábamos por abrir cuaderno de remoción y 8 por no abrirlo".

Chevesich dijo que "la finalidad es resguardar la fe y la confianza pública de la sociedad en el Poder Judicial".

El abogado de Daniel Urrutia, juez del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, Carlos Quezada, confirmó que Urrutia está en el listado y que "se defenderá en el procedimiento de remoción y demás instancias legales que correspondan".

La Corte Suprema ordenó abrir 56 cuadernos de remoción contra funcionarios investigados por realizar viajes al extranjero mientras se encontraban con licencias médicas. Luego de la revelación de la Contraloría sobre decenas de miles de funcionarios públicos que realizaron viajes al extranjero teniendo reposo médico, hace unos días el máximo tribunal inició la revisión de los casos de 104 jueces y otros integrantes del escalafón primario del Poder Judicial que habrían realizado este mal uso de licencias.

El lunes 6 de junio el pleno de la Corte Suprema revisó los recursos de apelación de 15 miembros de la judicatura en contra de las sanciones a las que fueron sujetos en resoluciones de diferentes cortes de apelación del país. El máximo tribunal confirmó las resoluciones y ordenó abrir un cuaderno para estudiar la posibilidad de remover a 14 de ellos.

Además se determinó que el plazo de prescripción para ser efectiva la responsabilidad disciplinaria es de 5 años.

Luego de confirmar las decisiones de cortes de apelaciones de absolución en 25 casos, el tribunal supremo revisó esta semana 64 casos en los que no se presentaron recursos de apelación y decidió abrir un cuaderno de remoción en 42 de ellos y según la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich "se desestimó abrirlo en 13 casos y en nueve se produjo empate. Como éramos 16, ocho estábamos por abrir cuaderno de remoción y 8 por no abrirlo".

Chevesich dijo que "la finalidad es resguardar la fe y la confianza pública de la sociedad en el Poder Judicial".

El abogado de Daniel Urrutia, juez del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, Carlos Quezada, confirmó que Urrutia está en el listado y que "se defenderá en el procedimiento de remoción y demás instancias legales que correspondan".

El exministro Nicolás Grau ingresó su defensa a la acusación constitucional en su contra impulsada por la oposición, que lo responsabiliza de una inconsistencia en la deuda pública que superaría los US$10.500 millones, errores fiscales, subestimación del déficit, y de ignorar advertencias de organismos especializados.

En la defensa, el abogado Patricio Zapata solicitó que el libelo sea declarado inadmisible, ya que a su juicio los cuestionamientos sobre proyecciones fiscales, estimaciones de ingresos y la evolución de la deuda no constituyen infracciones constitucionales ni tampoco justifican una sanción política como la que se pretende. Añadió que el escrito no explica de qué manera las conductas atribuidas a Grau configuran una vulneración de las normas invocadas. Sobre las estimaciones económicas Zapata dijo en la comisión que investiga el caso que estas se realizaron el 13 de febrero y que no se podía prever que 15 días después se iniciaría la guerra entre Estados Unidos e Irán.

La diputada RN Ximena Ossandón anticipó su voto en contra del libelo. "Yo voy a votar en contra, pero por convencimiento (...) la he leído, la he conversado con abogados. He hecho toda la cuestión y yo creo que no corresponde", dijo a radio Universo.

Por su parte la diputada Zandra Parisi (PDG) dijo a La Tercera que esperaba que el Senado "diga que no a esta acusación", pero después aseguró que votará alineada con su bancada, que aún no toma una definición.

El exministro Nicolás Grau ingresó su defensa a la acusación constitucional en su contra impulsada por la oposición, que lo responsabiliza de una inconsistencia en la deuda pública que superaría los US$10.500 millones, errores fiscales, subestimación del déficit, y de ignorar advertencias de organismos especializados.

En la defensa, el abogado Patricio Zapata solicitó que el libelo sea declarado inadmisible, ya que a su juicio los cuestionamientos sobre proyecciones fiscales, estimaciones de ingresos y la evolución de la deuda no constituyen infracciones constitucionales ni tampoco justifican una sanción política como la que se pretende. Añadió que el escrito no explica de qué manera las conductas atribuidas a Grau configuran una vulneración de las normas invocadas. Sobre las estimaciones económicas Zapata dijo en la comisión que investiga el caso que estas se realizaron el 13 de febrero y que no se podía prever que 15 días después se iniciaría la guerra entre Estados Unidos e Irán.

La diputada RN Ximena Ossandón anticipó su voto en contra del libelo. "Yo voy a votar en contra, pero por convencimiento (...) la he leído, la he conversado con abogados. He hecho toda la cuestión y yo creo que no corresponde", dijo a radio Universo.

Por su parte la diputada Zandra Parisi (PDG) dijo a La Tercera que esperaba que el Senado "diga que no a esta acusación", pero después aseguró que votará alineada con su bancada, que aún no toma una definición.