Matías Gatica Lindsay

Carabineros detuvo a los dos últimos presuntos implicados en una encerrona en San Bernardo que terminó con el homicidio de Alejandro Águila, de 12 años, quien quedó atrapado en un vehículo y fue arrastrado por varios kilómetros al no poder sacarse el cinturón de seguridad. Ambos imputados quedaron en prisión preventiva.

El hecho ocurrió la madrugada del 23 de junio, cuando una banda de seis individuos robó a un carabinero de franco, luego sustrajo un vehículo en un servicentro y finalmente concretó la encerrona a una familia que regresaba de Argentina.

Inicialmente fueron detenidos cuatro sospechosos y ayer fueron arrestados el quinto y sexto imputados. Se trata de un joven de 23 años, capturado en un allanamiento en Puente Alto, y otro de 18 años, que se entregó en una comisaría de San Bernardo. Ambos habrían confesado su participación en el crimen, intervinieron en los tres robos cometidos ese día.

De los cuatro imputados iniciales, dos quedaron en prisión preventiva y dos con internación provisoria. Ayer, los nuevos detenidos fueron formalizados por robo con intimidación, robo calificado y robo con homicidio. El Juzgado de Garantía de San Bernardo decretó prisión preventiva para ambos y fijó un plazo de investigación de 120 días.

La fiscal Paulina Díaz sostuvo que los imputados "no podían dejar de percatarse de la situación" que afectaba al menor, considerando los gritos desesperados de su padre pidiendo ayuda.

Tras la audiencia, el fiscal Leonardo Tapia afirmó que ya fueron identificados todos los responsables del crimen. Además, informó que en el domicilio del imputado de 23 años se encontraron documentos de una de las víctimas de los robos y vestimentas de interés para la investigación.

Por otra parte, ante las peticiones de alcaldes y parlamentarios para desplegar militares en las calles por la crisis de seguridad, el Presidente José Antonio Kast sostuvo que esa sería una "solución fácil y populista" y llamó a fortalecer la legislación, instando al Congreso a avanzar en proyectos de la agenda de seguridad, entre ellos los que prohiben ocultar el rostro a quienes cometen delitos violentos.

"La responsabilidad está por sobre el populismo (...) Para no tener que sacar a las FF.AA tenemos que mejorar nuestras leyes", aseguró.

En tanto, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, señaló en radio Cooperativa que el Gobierno evalúa modificar la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.

Matías Gatica Lindsay

Carabineros detuvo a los dos últimos presuntos implicados en una encerrona en San Bernardo que terminó con el homicidio de Alejandro Águila, de 12 años, quien quedó atrapado en un vehículo y fue arrastrado por varios kilómetros al no poder sacarse el cinturón de seguridad. Ambos imputados quedaron en prisión preventiva.

El hecho ocurrió la madrugada del 23 de junio, cuando una banda de seis individuos robó a un carabinero de franco, luego sustrajo un vehículo en un servicentro y finalmente concretó la encerrona a una familia que regresaba de Argentina.

Inicialmente fueron detenidos cuatro sospechosos y ayer fueron arrestados el quinto y sexto imputados. Se trata de un joven de 23 años, capturado en un allanamiento en Puente Alto, y otro de 18 años, que se entregó en una comisaría de San Bernardo. Ambos habrían confesado su participación en el crimen, intervinieron en los tres robos cometidos ese día.

De los cuatro imputados iniciales, dos quedaron en prisión preventiva y dos con internación provisoria. Ayer, los nuevos detenidos fueron formalizados por robo con intimidación, robo calificado y robo con homicidio. El Juzgado de Garantía de San Bernardo decretó prisión preventiva para ambos y fijó un plazo de investigación de 120 días.

La fiscal Paulina Díaz sostuvo que los imputados "no podían dejar de percatarse de la situación" que afectaba al menor, considerando los gritos desesperados de su padre pidiendo ayuda.

Tras la audiencia, el fiscal Leonardo Tapia afirmó que ya fueron identificados todos los responsables del crimen. Además, informó que en el domicilio del imputado de 23 años se encontraron documentos de una de las víctimas de los robos y vestimentas de interés para la investigación.

Por otra parte, ante las peticiones de alcaldes y parlamentarios para desplegar militares en las calles por la crisis de seguridad, el Presidente José Antonio Kast sostuvo que esa sería una "solución fácil y populista" y llamó a fortalecer la legislación, instando al Congreso a avanzar en proyectos de la agenda de seguridad, entre ellos los que prohiben ocultar el rostro a quienes cometen delitos violentos.

"La responsabilidad está por sobre el populismo (...) Para no tener que sacar a las FF.AA tenemos que mejorar nuestras leyes", aseguró.

En tanto, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, señaló en radio Cooperativa que el Gobierno evalúa modificar la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.

En el marco del Plan de Control Migratorio, el Gobierno y la PDI concretaron ayer la expulsión de 62 ciudadanos extranjeros en un vuelo chárter.

Según detallaron las autoridades, estas expulsiones, que se realizaron en este vuelo que salió de Santiago y realizó una escala en Iquique, corresponden a 46 administrativas y 16 judiciales y tuvieron por destino Bolivia, Ecuador y Colombia.

Los expulsados corresponden a 30 ciudadanos colombianos, 19 bolivianos y 13 ecuatorianos. Entre ellos había extranjeros con antecedentes por homicidio simple, secuestro con violación, violación a mayor de 14 años, abuso sexual, tráfico ilícito de drogas, robos violentos y delitos asociados a armas de fuego.

De ellos, 41 salieron de Santiago y los otros 21 abordaron el vuelo en Iquique. Entre los expulsados hay dos ecuatorianos que eran buscados por delitos en ese país.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, destacó que este es el quinto vuelo de expulsiones del actual Gobierno. Agregó que en lo que va de año se ha expulsado a 1.039 personas, que aseguró es el 97% de las expulsiones que materializó la administración anterior en todo 2022, que superó el total anual de 2023 (946 expulsiones), un 94% de las de 2024 (1.100) y un 81% del 2025.

Destacó que en 2026 se han registrado 2.509 salidas voluntarias, alcanzando la mitad del total anual del 2025, cuando fueron 4.891.

El subsecretario valoró que se han realizado 694 reconducciones, presentando una disminución importante respecto de 2025 (5.097).

En el marco del Plan de Control Migratorio, el Gobierno y la PDI concretaron ayer la expulsión de 62 ciudadanos extranjeros en un vuelo chárter.

Según detallaron las autoridades, estas expulsiones, que se realizaron en este vuelo que salió de Santiago y realizó una escala en Iquique, corresponden a 46 administrativas y 16 judiciales y tuvieron por destino Bolivia, Ecuador y Colombia.

Los expulsados corresponden a 30 ciudadanos colombianos, 19 bolivianos y 13 ecuatorianos. Entre ellos había extranjeros con antecedentes por homicidio simple, secuestro con violación, violación a mayor de 14 años, abuso sexual, tráfico ilícito de drogas, robos violentos y delitos asociados a armas de fuego.

De ellos, 41 salieron de Santiago y los otros 21 abordaron el vuelo en Iquique. Entre los expulsados hay dos ecuatorianos que eran buscados por delitos en ese país.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, destacó que este es el quinto vuelo de expulsiones del actual Gobierno. Agregó que en lo que va de año se ha expulsado a 1.039 personas, que aseguró es el 97% de las expulsiones que materializó la administración anterior en todo 2022, que superó el total anual de 2023 (946 expulsiones), un 94% de las de 2024 (1.100) y un 81% del 2025.

Destacó que en 2026 se han registrado 2.509 salidas voluntarias, alcanzando la mitad del total anual del 2025, cuando fueron 4.891.

El subsecretario valoró que se han realizado 694 reconducciones, presentando una disminución importante respecto de 2025 (5.097).

La Brigada de Cibercrimen de la PDI allanó ayer el domicilio y la antigua oficina en el Congreso Nacional del exdiputado Juan Manuel Fuenzalida (UDI), quien es indagado por el Ministerio Público por el presunto delito de fraude al Fisco.

Funcionarios de la PDI y la fiscal Constanza Encina llegaron en la mañana a algunas oficinas del Congreso asociadas con el exparlamentario, donde se incautaron, al igual que en su domicilio, algunos documentos vinculados a Fuenzalida, quien fue diputado por Coquimbo entre 2018 y 2026.

Según detallaron desde la Fiscalía Oriente, "confirmamos la entrada y registro, previa orden judicial, a las exoficinas parlamentarias y domicilio del exdiputado Juan Manuel Fuenzalida. La Fiscalía investiga fraude al fisco. La investigación se encuentra bajo reserva, por lo que solo podemos confirmar la medida intrusiva".

Según aseguró una nota de Canal 13, este allanamiento tendría relación con "presuntos delitos vinculados al acceso y uso de información del Servel para la plataforma de base de datos del marido de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, Joaquín Lavín León, quien actualmente está en prisión preventiva.

Según antecedentes de la investigación, Juan Manuel Fuenzalida aparecería en la nómina de parlamentarios que contrataron la asesoría de la empresa de Lavín, SocialTask, que es un software que habría sido financiado con fondos de asesorías de Lavín para fines de campaña política y para administrar bases de datos de votantes .

La Brigada de Cibercrimen de la PDI allanó ayer el domicilio y la antigua oficina en el Congreso Nacional del exdiputado Juan Manuel Fuenzalida (UDI), quien es indagado por el Ministerio Público por el presunto delito de fraude al Fisco.

Funcionarios de la PDI y la fiscal Constanza Encina llegaron en la mañana a algunas oficinas del Congreso asociadas con el exparlamentario, donde se incautaron, al igual que en su domicilio, algunos documentos vinculados a Fuenzalida, quien fue diputado por Coquimbo entre 2018 y 2026.

Según detallaron desde la Fiscalía Oriente, "confirmamos la entrada y registro, previa orden judicial, a las exoficinas parlamentarias y domicilio del exdiputado Juan Manuel Fuenzalida. La Fiscalía investiga fraude al fisco. La investigación se encuentra bajo reserva, por lo que solo podemos confirmar la medida intrusiva".

Según aseguró una nota de Canal 13, este allanamiento tendría relación con "presuntos delitos vinculados al acceso y uso de información del Servel para la plataforma de base de datos del marido de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, Joaquín Lavín León, quien actualmente está en prisión preventiva.

Según antecedentes de la investigación, Juan Manuel Fuenzalida aparecería en la nómina de parlamentarios que contrataron la asesoría de la empresa de Lavín, SocialTask, que es un software que habría sido financiado con fondos de asesorías de Lavín para fines de campaña política y para administrar bases de datos de votantes .