Redacción

Luego de la tormenta desatada a causa de los dichos del timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, en las que puso en duda el apoyo de su partido a la reforma constitucional del Gobierno en materia de seguridad, el Presidente José Antonio Kast salió al paso para atenuar las diferencias y avanzar en este tema que es parte de los pilares de su mandato, posición que permitió recuperar el buen ambiente.

Las alarmas se activaron cuando el diputado gremialista afirmó a La Tercera que "en las condiciones actuales, la UDI no puede apoyar las reformas constitucionales de seguridad porque dañan la institucionalidad". Su argumento fue que "estamos poniendo excepciones a principios generales que al final debilitan la Constitución".

Ante ello el mandatario, en radio Duna, buscó ser conciliador: "Cada vez que hemos levantado algún tema relevante, como Escuelas Protegidas, como reformas estructurales en temas del Estado, en temas de salud, se produce un debate y creo que es muy bueno, porque van apareciendo todos los planteamientos e inquietudes de los distintos sectores políticos, y eso es lo que entra luego a un debate legislativo (...) Es positivo que se levanten distintas voces para poner alertas en temas que para ellos son de gran preocupación".

"mucho daño"

Sobre el origen de estas diferencias, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, quien afirmó en radio Infinita que "hizo mucho daño que circulara un borrador muy antiguo que le faltaba tener la otra parte a la vista. Las normas jurídicas están asociadas unas a otras y lo que circulaba era una norma que hacía referencia a un artículo que en su conjunto es nuevo para Constitución y es algo existente en la Constitución".

Mientras que el ministro de Seguridad, Martín Arrau, apuntó en T13 Radio que "agradezco todas las opiniones que han llegado de todo el mundo parlamentario. Nos hemos reunido con muchos de ellos. No sé a qué se refieren con las condiciones actuales, pero parlamentarios que se atiendan han votado favorablemente el proyecto de reforma constitucional que ya presentamos algunos meses, por ejemplo, de extensión de la retención migratoria de 5 días a 180 días".

Reconciliación

Con todo, tras la reunión del comité político del oficialismo en La Moneda, el propio Ramírez dio por superado el conflicto: "Salgo muy contento de este comité político. Nosotros teníamos ciertas aprehensiones respecto de las reformas constitucionales, de la forma en que se estaban fraguando. Creo que cuando mañana el gobierno presente las reformas constitucionales en el Congreso, va a recibir un amplísimo apoyo". "Lo que puedo decir es que la UDI hoy está tranquila y que creemos que el proyecto que se va a presentar va a contar con un apoyo amplísimo en el Congreso, en las dos cámaras", sentenció el legislador.

Tras esta solución, el ministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, sostuvo que "siempre esperamos y procuramos tener el apoyo de todos los partidos que nos apoyan, porque la materia de seguridad le preocupa al Gobierno, está en directa sintonía con las prioridades ciudadanas, y siempre nuestra invitación desde el gobierno ha sido a debatir en torno a cómo construimos una política de seguridad eficaz, duradera y constitucionalmente sólida".

"En ese debate y en ese intercambio de opiniones hemos estado con los presidentes de partidos. Es una reforma que se va a ingresar y no tengo ninguna duda, incluso, alguno de ellos así lo manifestó, que vamos a tener el apoyo de nuestros partidos, y también transversalmente, de muchos parlamentarios de la oposición", sentenció.

Redacción

Luego de la tormenta desatada a causa de los dichos del timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, en las que puso en duda el apoyo de su partido a la reforma constitucional del Gobierno en materia de seguridad, el Presidente José Antonio Kast salió al paso para atenuar las diferencias y avanzar en este tema que es parte de los pilares de su mandato, posición que permitió recuperar el buen ambiente.

Las alarmas se activaron cuando el diputado gremialista afirmó a La Tercera que "en las condiciones actuales, la UDI no puede apoyar las reformas constitucionales de seguridad porque dañan la institucionalidad". Su argumento fue que "estamos poniendo excepciones a principios generales que al final debilitan la Constitución".

Ante ello el mandatario, en radio Duna, buscó ser conciliador: "Cada vez que hemos levantado algún tema relevante, como Escuelas Protegidas, como reformas estructurales en temas del Estado, en temas de salud, se produce un debate y creo que es muy bueno, porque van apareciendo todos los planteamientos e inquietudes de los distintos sectores políticos, y eso es lo que entra luego a un debate legislativo (...) Es positivo que se levanten distintas voces para poner alertas en temas que para ellos son de gran preocupación".

"mucho daño"

Sobre el origen de estas diferencias, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, quien afirmó en radio Infinita que "hizo mucho daño que circulara un borrador muy antiguo que le faltaba tener la otra parte a la vista. Las normas jurídicas están asociadas unas a otras y lo que circulaba era una norma que hacía referencia a un artículo que en su conjunto es nuevo para Constitución y es algo existente en la Constitución".

Mientras que el ministro de Seguridad, Martín Arrau, apuntó en T13 Radio que "agradezco todas las opiniones que han llegado de todo el mundo parlamentario. Nos hemos reunido con muchos de ellos. No sé a qué se refieren con las condiciones actuales, pero parlamentarios que se atiendan han votado favorablemente el proyecto de reforma constitucional que ya presentamos algunos meses, por ejemplo, de extensión de la retención migratoria de 5 días a 180 días".

Reconciliación

Con todo, tras la reunión del comité político del oficialismo en La Moneda, el propio Ramírez dio por superado el conflicto: "Salgo muy contento de este comité político. Nosotros teníamos ciertas aprehensiones respecto de las reformas constitucionales, de la forma en que se estaban fraguando. Creo que cuando mañana el gobierno presente las reformas constitucionales en el Congreso, va a recibir un amplísimo apoyo". "Lo que puedo decir es que la UDI hoy está tranquila y que creemos que el proyecto que se va a presentar va a contar con un apoyo amplísimo en el Congreso, en las dos cámaras", sentenció el legislador.

Tras esta solución, el ministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, sostuvo que "siempre esperamos y procuramos tener el apoyo de todos los partidos que nos apoyan, porque la materia de seguridad le preocupa al Gobierno, está en directa sintonía con las prioridades ciudadanas, y siempre nuestra invitación desde el gobierno ha sido a debatir en torno a cómo construimos una política de seguridad eficaz, duradera y constitucionalmente sólida".

"En ese debate y en ese intercambio de opiniones hemos estado con los presidentes de partidos. Es una reforma que se va a ingresar y no tengo ninguna duda, incluso, alguno de ellos así lo manifestó, que vamos a tener el apoyo de nuestros partidos, y también transversalmente, de muchos parlamentarios de la oposición", sentenció.

Redacción

Luego de la tormenta desatada a causa de los dichos del timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, en las que puso en duda el apoyo de su partido a la reforma constitucional del Gobierno en materia de seguridad, el Presidente José Antonio Kast salió al paso para atenuar las diferencias y avanzar en este tema que es parte de los pilares de su mandato, posición que permitió recuperar el buen ambiente.

Las alarmas se activaron cuando el diputado gremialista afirmó a La Tercera que "en las condiciones actuales, la UDI no puede apoyar las reformas constitucionales de seguridad porque dañan la institucionalidad". Su argumento fue que "estamos poniendo excepciones a principios generales que al final debilitan la Constitución".

Ante ello el mandatario, en radio Duna, buscó ser conciliador: "Cada vez que hemos levantado algún tema relevante, como Escuelas Protegidas, como reformas estructurales en temas del Estado, en temas de salud, se produce un debate y creo que es muy bueno, porque van apareciendo todos los planteamientos e inquietudes de los distintos sectores políticos, y eso es lo que entra luego a un debate legislativo (...) Es positivo que se levanten distintas voces para poner alertas en temas que para ellos son de gran preocupación".

"mucho daño"

Sobre el origen de estas diferencias, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, quien afirmó en radio Infinita que "hizo mucho daño que circulara un borrador muy antiguo que le faltaba tener la otra parte a la vista. Las normas jurídicas están asociadas unas a otras y lo que circulaba era una norma que hacía referencia a un artículo que en su conjunto es nuevo para Constitución y es algo existente en la Constitución".

Mientras que el ministro de Seguridad, Martín Arrau, apuntó en T13 Radio que "agradezco todas las opiniones que han llegado de todo el mundo parlamentario. Nos hemos reunido con muchos de ellos. No sé a qué se refieren con las condiciones actuales, pero parlamentarios que se atiendan han votado favorablemente el proyecto de reforma constitucional que ya presentamos algunos meses, por ejemplo, de extensión de la retención migratoria de 5 días a 180 días".

Reconciliación

Con todo, tras la reunión del comité político del oficialismo en La Moneda, el propio Ramírez dio por superado el conflicto: "Salgo muy contento de este comité político. Nosotros teníamos ciertas aprehensiones respecto de las reformas constitucionales, de la forma en que se estaban fraguando. Creo que cuando mañana el gobierno presente las reformas constitucionales en el Congreso, va a recibir un amplísimo apoyo". "Lo que puedo decir es que la UDI hoy está tranquila y que creemos que el proyecto que se va a presentar va a contar con un apoyo amplísimo en el Congreso, en las dos cámaras", sentenció el legislador.

Tras esta solución, el ministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, sostuvo que "siempre esperamos y procuramos tener el apoyo de todos los partidos que nos apoyan, porque la materia de seguridad le preocupa al Gobierno, está en directa sintonía con las prioridades ciudadanas, y siempre nuestra invitación desde el gobierno ha sido a debatir en torno a cómo construimos una política de seguridad eficaz, duradera y constitucionalmente sólida".

"En ese debate y en ese intercambio de opiniones hemos estado con los presidentes de partidos. Es una reforma que se va a ingresar y no tengo ninguna duda, incluso, alguno de ellos así lo manifestó, que vamos a tener el apoyo de nuestros partidos, y también transversalmente, de muchos parlamentarios de la oposición", sentenció.

Además de la reforma constitucional en seguridad, el Ejecutivo ingresó ayer con suma urgencia dos proyectos de ley que son parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT): uno relativo a la tipificación como delito de la instalación de barricadas y otro que crea un Sistema Nacional de Registros de ADN.

El ministro Segpres, José García Ruminot, sostuvo que "de los 21 proyectos de la ACOT que ya están en el Congreso, sumamos dos nuevas iniciativas y que ingresan con suma urgencia. El combate al crimen organizado es una prioridad de este gobierno, por eso pedimos la colaboración de los parlamentarios para poder avanzar en una agenda que representa plenamente a la ciudadanía".

El proyecto que tipifica como delito las barricadas busca modificar el Código Penal para fortalecer la protección de la libre circulación y los servicios de transporte. Se agregan tres incisos nuevos: el primero sanciona "a quien, sin estar autorizado, interrumpiere u obstaculizare, total o parcialmente, la libre circulación de personas, vehículos o el funcionamiento regular de cualquier medio o servicio de transporte, público o privado, de pasajeros o de carga, cualquiera sea la vía o infraestructura por la cual opere"; el segundo precisa los medios de transporte que comprende la ley; y el tercero describe las modalidades de comisión de la conducta sancionada.

También se modifica la condición de que las vías estén interrumpidas por completo. El proyecto que crea el Sistema Nacional de Registros de ADN incorpora a Carabineros y a la PDI, junto al Servicio Médico Legal (SML) y las instituciones públicas o privadas acreditadas, "como organismos habilitados para practicar los exámenes y pruebas biológicas destinados a determinar huellas genéticas".

Además, se reconoce a ambas policías como organismos facultados para obtener huellas genéticas e ingresar información al sistema; y se les extiende la misma obligación que hoy tiene el SML de no incorporar al Registro la huella genética de una víctima que se oponga, sin instrucción previa del Ministerio Público.

Además de la reforma constitucional en seguridad, el Ejecutivo ingresó ayer con suma urgencia dos proyectos de ley que son parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT): uno relativo a la tipificación como delito de la instalación de barricadas y otro que crea un Sistema Nacional de Registros de ADN.

El ministro Segpres, José García Ruminot, sostuvo que "de los 21 proyectos de la ACOT que ya están en el Congreso, sumamos dos nuevas iniciativas y que ingresan con suma urgencia. El combate al crimen organizado es una prioridad de este gobierno, por eso pedimos la colaboración de los parlamentarios para poder avanzar en una agenda que representa plenamente a la ciudadanía".

El proyecto que tipifica como delito las barricadas busca modificar el Código Penal para fortalecer la protección de la libre circulación y los servicios de transporte. Se agregan tres incisos nuevos: el primero sanciona "a quien, sin estar autorizado, interrumpiere u obstaculizare, total o parcialmente, la libre circulación de personas, vehículos o el funcionamiento regular de cualquier medio o servicio de transporte, público o privado, de pasajeros o de carga, cualquiera sea la vía o infraestructura por la cual opere"; el segundo precisa los medios de transporte que comprende la ley; y el tercero describe las modalidades de comisión de la conducta sancionada.

También se modifica la condición de que las vías estén interrumpidas por completo. El proyecto que crea el Sistema Nacional de Registros de ADN incorpora a Carabineros y a la PDI, junto al Servicio Médico Legal (SML) y las instituciones públicas o privadas acreditadas, "como organismos habilitados para practicar los exámenes y pruebas biológicas destinados a determinar huellas genéticas".

Además, se reconoce a ambas policías como organismos facultados para obtener huellas genéticas e ingresar información al sistema; y se les extiende la misma obligación que hoy tiene el SML de no incorporar al Registro la huella genética de una víctima que se oponga, sin instrucción previa del Ministerio Público.

Además de la reforma constitucional en seguridad, el Ejecutivo ingresó ayer con suma urgencia dos proyectos de ley que son parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT): uno relativo a la tipificación como delito de la instalación de barricadas y otro que crea un Sistema Nacional de Registros de ADN.

El ministro Segpres, José García Ruminot, sostuvo que "de los 21 proyectos de la ACOT que ya están en el Congreso, sumamos dos nuevas iniciativas y que ingresan con suma urgencia. El combate al crimen organizado es una prioridad de este gobierno, por eso pedimos la colaboración de los parlamentarios para poder avanzar en una agenda que representa plenamente a la ciudadanía".

El proyecto que tipifica como delito las barricadas busca modificar el Código Penal para fortalecer la protección de la libre circulación y los servicios de transporte. Se agregan tres incisos nuevos: el primero sanciona "a quien, sin estar autorizado, interrumpiere u obstaculizare, total o parcialmente, la libre circulación de personas, vehículos o el funcionamiento regular de cualquier medio o servicio de transporte, público o privado, de pasajeros o de carga, cualquiera sea la vía o infraestructura por la cual opere"; el segundo precisa los medios de transporte que comprende la ley; y el tercero describe las modalidades de comisión de la conducta sancionada.

También se modifica la condición de que las vías estén interrumpidas por completo. El proyecto que crea el Sistema Nacional de Registros de ADN incorpora a Carabineros y a la PDI, junto al Servicio Médico Legal (SML) y las instituciones públicas o privadas acreditadas, "como organismos habilitados para practicar los exámenes y pruebas biológicas destinados a determinar huellas genéticas".

Además, se reconoce a ambas policías como organismos facultados para obtener huellas genéticas e ingresar información al sistema; y se les extiende la misma obligación que hoy tiene el SML de no incorporar al Registro la huella genética de una víctima que se oponga, sin instrucción previa del Ministerio Público.