Redacción

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, se hizo cargo de las dificultades que ha enfrentado el proyecto de reforma constitucional en materia de Seguridad presentado por el Ejecutivo y reconoció que en La Moneda están abiertos a bajarle la urgencia a su tramitación en el Congreso Nacional para permitir un proceso más informado.

Desde que se conoció la iniciativa a causa de una filtración de su borrador ha recibido una serie de cuestionamientos. Y no sirvió que se introdujeran algunos cambios antes de su ingreso al Senado: la oposición ha mantenido un rechazo intenso y el oficialismo también ha emitido críticas e, incluso, ha dudado de la viabilidad de la reforma. Principalmente, se apunta a la creación de un nuevo estado de excepción que podría llegar a durar 240 días sin que el Presidente consulte al Parlamento. En entrevista con el programa Estado Nacional de TVN, el ministro encargado de las negociaciones entre el Gobierno y el Congreso apuntó que "nosotros estamos abiertos a que el proceso legislativo sea lo más informado y también lo más participativo posible". Y en ese espíritu, recordó que la suma urgencia presentada por el Ejecutivo al proyecto vence los primeros días de septiembre y que "vamos a tener que renovar la urgencia. Puede ser esa misma o puede ser una urgencia más larga, de 30 días, urgencia simple".

"Estamos en plena disposición de tener un proceso legislativo que permita una discusión amplia y construir los acuerdos necesarios", enfatizó.

Defensa de proyecto

Sin embargo, García Ruminot defendió las disposiciones establecidas en el proyecto: "Para nosotros, llevar seguridad a los barrios, poder tener control de los barrios donde está la droga, se ha tomado el narcotráfico, el crimen organizado, llevar seguridad, llevar tranquilidad, rescatar esos barrios, para nosotros, es muy importante, y necesitamos las herramientas que debe disponer el Estado para poder hacerlo". Sobre el plazo del estado de excepción propuesto, planteó que "desde el día uno dijimos que eso quedaba a la discusión parlamentaria, y, por lo tanto, nosotros estamos disponibles a que, si hay consenso entre los parlamentarios, se puedan disminuir".

Mientras, en lo que compete a la inhabilidad de acceder a beneficios estatales para condenados por delitos relativos a crimen organizado y conductas terroristas, anticipó que van a persistir en "algunos" de esos puntos.

Y el ministro del Interior, Claudio Alvarado, reforzó estas ideas en el programa Mesa Central de Canal 13: "Lo importante es que, hecha esta propuesta de reforma constitucional, trabajemos todos juntos, legisladores oficialistas, de oposición, para construir la salida del proyecto. Eso es lo importante, no cómo el proyecto ingresa, sino cómo termina su discusión en el Parlamento. No nos quedemos con las facultades sino vamos al paso siguiente que dice relación con la ley orgánica constitucional que debe regular esas facultades".

Críticas opositoras

Desde la oposición, la presidenta electa del Frente Amplio, diputada Gael Yeomans, insistió en las críticas de su sector a la propuesta y afirmó que esta "no es de seguridad; es una reforma constitucional que más bien nos vuelve al pasado. No es necesario, salvo que se quiera más bien entregar más atributos de carácter autoritario a un Presidente de la República, porque dar libertades así me remonta al pasado, a la dictadura".

La parlamentaria instó a reenfocar la agenda pública en soluciones de inteligencia y prevención social: "Para hablar de seguridad hablemos en serio: de inteligencia, niñez, adolescencia, de cómo nos hacemos cargo del abandono escolar, control de armas, control portuario".

Añadió su postura el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien dijo a radio Nuevo Mundo que "están construyendo un armazón jurídico aprovechando una mayoría (parlamentaria) circunstancial para tener el aparato del Estado sin límite en función de controlar cualquier cosa. Es una cuestión muy siniestra y muy atentatoria contra la plenitud de derecho dentro de una sociedad democrática".

Hoy se inicia una ronda de negociaciones críticas para el comercio exterior chileno, luego que una delegación de la oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR), liderada por su número dos, Jeffrey Gerrish, arribe al país para reunirse con autoridades locales. La contraparte nacional estará encabezada por la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, cuyo objetivo es mitigar el impacto del arancel del 12,5% que hoy afecta a productos como el salmón, el vino y las cerezas.

Actualmente, solo el 53,6% de las exportaciones chilenas a EE.UU. tienen arancel cero. La imposición de esta sobretasa responde a una orden de Donald Trump del pasado 23 de julio, bajo el argumento de que Chile no cuenta con mecanismos suficientes para evitar la importación de bienes fabricados con trabajo forzoso.

El conflicto no solo se limita a los aranceles directos. Chile ha sido señalado por la Casa Blanca como un posible corredor para la evasión de aranceles chinos mediante el reetiquetado de mercancías.

Frente a esta posición de las autoridades estadounidenses, el exministro de Relaciones Exteriores Heraldo Muñoz cuestionó en declaraciones a radio Cooperativa la efectividad de la actual diplomacia: "Se suponía que con la afinidad ideológica entre los gobiernos de Chile y de Trump, las relaciones bilaterales serían excelentes. Pero Washington primero nos impuso un arancel discriminatorio del 12,5% y nos presiona para integrar una peligrosa alianza militar. A Chile le conviene negociar pragmáticamente".

Mientras, el senador Iván Moreira (UDI) enfatizó la necesidad de mantener neutralidad ante las potencias mundiales: "Debemos buscar los equilibrios necesarios en esta guerra comercial de China y EE.UU. y no podemos estar en el medio. Y no se puede desarrollar una relación entre ambos países cuando hay imposiciones, hay presiones, se aplican aranceles y esperamos una solución".