Redacción

Nuevos actores se sumaron ayer a la polémica por el fin de la Fundación para la Promoción y el Desarrollo de la Mujer (Prodemu), luego de que la ministra de la Mujer, Judith Marín, apuntara como responsable a la excoordinadora sociocultural de la Presidencia, Irina Karamanos, quien fue pareja del exmandatario Gabriel Boric en el inicio de su mandato y respondió a la acusación.

El proyecto de ley de Presupuesto 2027, contempla "gastos necesarios para el cierre, liquidación y disolución de la entidad" destinada a resguardar los derechos de las mujeres y fundada por Leonor Oyarzún, primera dama durante el Gobierno del expresidente Patricio Aylwin.

El martes la ministra Marín afirmó que Karamanos "toma la decisión de eliminar el gabinete de la primera dama y traspasar sin previa consulta ni análisis estos convenios a los ministerios. De ahí en adelante tenemos una situación deficitaria en materia presupuestaria en esta fundación que, cuando nosotros llegamos, teníamos distintas cifras, pero con los análisis se redondeó en cerca de 3.000 millones de pesos la deuda".

Pese a que la aludida respondió que "el financiamiento para Prodemu desde Indap y Sernameg venía hace años en la Ley de Presupuestos y eso no cambió cuando traspasamos el nombramiento de la Presidencia de la fundación Ministerio de la Mujer", la presidenta del sindicato de Prodemu, Fabiola Cayla, también responsabilizó a Karamanos por la crisis.

La dirigente dijo a radio Infinita que "nosotros tenemos una visión crítica de lo que fue el corto periodo de Irina Karamanos, porque en el periodo que nos traspasó, ella cerró la Dirección Sociocultural de la Presidencia y nos traspasa todas las fundaciones a los ministerios ad hoc, sin un protocolo ni estructura que nos permita acomodarnos en el Estado y sin una marcha blanca. Fue muy improvisado, porque vino a profundizar la crisis que nosotros estábamos viviendo".

Versión de exministra

La exministra de la Mujer de Gabriel Boric, Antonia Orellana, también rechazó ciertos reparos de Marín: "El financiamiento de Prodemu viene desde Indap, por el componente de mujeres rurales, Indap, que es parte de Agricultura, y del Servicio Nacional de la Mujer, del Ministerio de la Mujer, no desde el gobierno anterior, sino desde hace tres gobiernos atrás".

No obstante, precisó que "yo no tengo ningún problema en decir que Prodemu tiene un déficit financiero y que ese déficit se acrecentó en nuestro periodo de gobierno. De hecho, yo personalmente se lo informé a la contralora general de la República, a través de un escrito".

Orellana explicó que "la situación de Prodemu cambia sustancialmente cuando para la discusión de la ley de Presupuesto del año 2024 estábamos en medio del caso Convenios. Y se vuelve muy dura para todo tipo de fundaciones".

A medida que se discuten las partidas de la Ley de Presupuesto 2027, se generan reacciones en cada una de las áreas. Así ocurrió con los recursos destinados a salud: ayer el senador socialista Juan Luis Castro, presidente de la comisión del ramo en el Senado y médico de profesión, afirmó que los recortes generarán "un gran retroceso" en esa materia. En radio Duna, el parlamentario cuestionó la disminución de los dineros para la Ley Ricarte Soto, que cubre 27 enfermedades: "Hay una caída de 28 mil millones de pesos del presupuesto del año pasado al de ahora, que es casi 15% menos. Es imposible que no haya una afectación de esas personas".

El legislador recordó que actualmente hay 84 mil personas acogidas a esta normativa que surgió para tratar enfermedades graves de alto costo, como cáncer mamario, artritis reumatoide refractaria y enfermedad de Crohn, entre otras.

Ante la afirmación de la ministra de Salud, May Chomali, en el sentido de que los pacientes van a seguir recibiendo sus medicamentos a pesar de los recortes, Castro se mostró escéptico: "Es muy difícil que eso ocurra. Uno le puede decir a una persona, que la droga que recibe la va a tener, pero no la va a tener este mes, la va a tener el próximo o el subsiguiente. Y resulta que estamos hablando de enfermedades graves, que no puede permitirse que sea de un mes para otro, es un cronómetro contra la vida".

Estas afirmaciones fueron rebatidas por el ministerio de Salud, que en Instagram afirmó que no se quitan los tratamientos de la Ley Ricarte Soto: "Las 27 enfermedades cubiertas siguen cubiertas. Los tratamientos continúan". Se reconoce que "el monto inicial para 2027 es menor".

El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, volvió a generar controversia ayer, al condicionar el respaldo estadounidense en lo que respecta al resguardo del Estrecho de Magallanes, cuya soberanía ha sido puesta en discusión por autoridades argentinas. Judd aprovechó su intervención en un evento por el Día del Comercio Global para plantear que "siempre vamos a ser firmes con la soberanía (de Chile), porque tenemos una relación que va más allá de lo comercial".

"Si queremos que esa relación continúe, si quieren los recursos que tenemos para combatir al crimen organizado, si quieren un país que ayude a proteger sus derechos sobre el Estrecho de Magallanes, entonces tendrán que trabajar con nosotros en los temas que son importantes para nosotros", advirtió Judd.

Estas palabras encontraron inmediata respuesta de parte del canciller Francisco Pérez Mackenna, quien tras participar de una sesión especial en el Senado justamente dedicada a la adhesión de Chile al Escudo de las Américas, remarcó que "el Estrecho de Magallanes fue, es y será siempre chileno. Lo segundo, es que podemos defender nuestra soberanía por nosotros mismos, no necesitamos el apoyo de nadie para defenderla: así lo hemos venido haciendo por 200 años".

Sobre la posibilidad de llamar la atención del embajador nuevamente por estos dichos el ministro de Relaciones Exteriores dijo que "es algo que vamos a tener que evaluar". La mesa del Senado, compuesta por Paulina Núñez (RN) e Iván Moreira (UDI), expresó en un comunicado que "la soberanía de nuestro país no está en discusión ni depende del respaldo, apoyo o reconocimiento de ninguna nación extranjera".