El paro de Gendarmería comenzó el lunes con la participación de 500 funcionarios de la ex Penitenciaría. Sin embargo, ayer se les sumaron vigilantes de Santiago 1 y varios recintos de regiones, que optaron por mostrar su apoyo a través de una jornada de reflexión. Así, según el presidente de la Asociación de Suboficiales de Gendarmería (ASOG), Joe González, ayer eran 6 mil los movilizados.

El paro significó la suspensión de audiencias en el Centro de Justicia capitalino, lo que indignó a la ministra del ramo, Javiera Blanco, que apuntó directamente a González por lo sucedido y lo emplazó a que diera explicaciones al país por fomentar que los delincuentes no fueran a la cárcel sólo por motivaciones de un grupo.

La autoridad acusó que los paralizados eran una "minoría" y añadió que (con ellos) "el diálogo se acabó" porque "ser servidor público implica servir a la gente y ellos están anteponiendo sus intereses a los de las demás personas".

No obstante, recalcó que el diálogo con los gendarmes que seguían en funciones continuaría, en busca de una solución a sus demandas.

La ministra aseguró que hoy los tribunales y las cárceles operarán con normalidad, añadiendo que para ello ya acordaron un plan con Carabineros, la PDI, el Poder Judicial, fiscales y defensores. Sin embargo, no quiso especificar las medidas que se tomarán para lograrlo. "Las medidas se ejecutan, no se anuncian", agregó.

Atento a las declarativas, Joe González respondió en radio Bío-Bío que "esto va a encender los ánimos".

"Es lamentable, una pésima señal para el movimiento sindical (...). Me recuerda épocas que ya habíamos dejado en el pasado, lamentamos que el Gobierno ampare este tipo de declaraciones", agregó.

Las negociaciones

Representantes de los movilizados se reunieron ayer con personeros del Ministerio de Justicia y la Dirección de Gendarmería, en busca de dar fin al conflicto.

Tras la cita, González se mostró descontento y reafirmó parte de los motivos de la movilización, que se refieren a ascensos, la ley de plantas y la demanda por ser incluidos en la agenda antidelincuencia, pues advierten que el actual sistema carcelario ya está colapsado.

Por su parte, el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, sostuvo que "los paros de las instituciones públicas son ilegales en Chile" y aseguró que "Gendarmería va a tomar todas medidas".

Más espacio y seguridad tiene la nueva planta de revisión técnica (PRT) inaugurada ayer por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones en la comuna de San Ramón.

Durante el acto, representantes de la cartera sostuvieron que en este mes se pondrán en marcha otros cinco recintos de este tipo, que estarán en las comunas de Quilicura, La Pintana, Colina, Huechuraba y La Pintana.

Todos estos recintos permitirán hacer el trámite administrativo desde el vehículo, mediante la incorporación de casetas de atención. Además, contarán con reserva de hora vía página web y telefónica, sistema de cámaras en línea para que los clientes puedan observar el estado de la planta minuto a minuto, reconocedor de patente y sistema biométrico para sus trabajadores, para hacer el trámite lo más transparente posible.

Hoy, las líneas revisoras activas en la Región Metropolitana suman 77 y, para fin de mes se llegará a 96.

Con un centenar de jefes comunales ayer se presentó en Valparaíso el movimiento Alcaldes por Chile, integrado por representantes de la UDI, RN e independientes de oposición. Algunas de sus principales figuras, Francisco de la Maza (Las Condes), Mario Olavarría (Colina), Felipe Guevara (Lo Barnechea) y Jorge Castro (Valparaíso) aseguraron que no se estaban desmarcando de sus partidos, sino fortalecer la mirada comunal para enfrentar los problemas de los chilenos. "La señal política más potente que queremos enviar es fortalecer los gobiernos locales, porque en estos 25 años se han debilitado", dijo De la Maza, que adelantó que se repostulará.

Una querella contra tres personas ya identificadas y contra todos quienes resulten responsables presentó ayer la Intendencia Metropolitana por el bloqueo de la Línea 1 del Metro, ocurrido en la mañana del lunes por parte de un grupo de trabajadores de la empresa Alsacia Express, del Transantiago, en paro desde la semana pasada. El Gobierno adujo que los manifestantes provocaron desórdenes públicos, según la Ley General de Ferrocarriles. Las personas pagaron sus boletos en la estación Los Leones, pero una vez en los andenes bajaron por la línea férrea y subieron hasta Tobalaba, donde fueron detenidos. El servicio estuvo detenido 20 minutos.

El Gobierno repuso la urgencia para que el Senado discuta su propuesta de nuevo contralor general de la República, Enrique Rajevic. El Ejecutivo busca conseguir en estos 30 días de plazo los 22 votos que necesita para elegir al abogado, algo que no tiene hoy por los cuestionamientos que hay en su contra, por su pasado DC y porque no pagó una beca para estudiar en el extranjero.