Leo Riquelme

Un nuevo paso para reducir el número de personas que no paga su pasaje en el Transantiago dio ayer el ministerio de Transportes, que firmó un protocolo con las empresas operadoras, Metro y Tren Central, que se resume en cuatro nuevas medidas.

En primer lugar, las compañías de taxibuses aportarán 155 fiscalizadores propios para combatir la evasión, que en marzo llegó a un histórico 34,6% y que el Gobierno espera reducir a 30 puntos e la entrega de junio.

Estos se sumarán a los más de 100 funcionarios ministeriales y Carabineros que trabajan regularmente en esta tarea desde hace unas semanas.

Además, acordaron aumentar de 1.260 a 2.500 en diciembre los buses con torniquetes tipo "mariposa" dispuestos para permitir el ingreso de los pasajeros. Según el ministerio, en las micros en que estos equipos funcionan la evasión es menor.

También se acordó duplicar el número de "zonas pagas" del sistema, sumando 53 nuevas plazas.

Según la Dirección de Transportes Metropolitano, sus ventajas son que con ellas el usuario tarda menos en abordar si ya pagó su pasaje y puede usar todas las puertas de la máquina al mismo tiempo, lo que se traduce en menores tiempos de viaje.

Finalmente, Metro y Tren Central (que opera el nuevo ferrocarril Santiago - Nos, el recientemente integrado a la Bip!) dispondrán sus plataformas para promover el plan.

"Este es un trabajo conjunto, (...) Sabemos que tenemos que mejorar el servicio (...) Este es un nuevo paso, creemos, en la senda correcta", dijo la ministra Paola Tapia.

El representante de las operadoras, Héctor Moya, comentó que esta es "primera vez en este tiempo que notamos un intento decidido del ministerio por controlar la evasión". Además, emplazó al Congreso a aprobar la ley que cambia las condiciones a quienes no pagan sus pasajes.

Esta iniciativa está en segundo trámite y permite reducir hasta la mitad el costo de la multa a quienes paguen antes de la fecha de citación. Quienes no la cancelen caerían al Registro de Evasores, que ahora sería pública. Figurar en él impediría renovar la licencia de conducir o acceder al pase escolar o a la Trajeta Nacional Estudiantil.

34,6% de evasión registró el Transantiago en febrero. La meta a junio es bajarla a 30%.

31 mil personas no pagaron el año pasado las multas. Ley busca mejorar la persecución de los evasores.

El Gobierno desmintió ayer que el proyecto para concretar la llamada Línea 7 del Metro (que correría paralela a la 1, la histórica del eje Alameda - Providencia - Las Condes) se encuentre paralizado por falta de recursos, como aseguró un reportaje periodístico publicado el domingo.

"Estamos en la etapa de análisis y revisión y con el sentido de urgencia que las personas requieren", respondió ayer la ministra de Transportes, Paola Tapia.

La jefa de la cartera añadió que todavía se está en fase de preparación de los aspectos técnicos, financieros y operacionales de la iniciativa, como se lo solicitó a la empresa pública la Presidenta Michelle Bachelet el 2014, luego que sucesivas fallas confirmaran la fragilidad del servicio de transporte capitalino.

Representantes de Metro coincidieron ayer en la afirmación de Tapia.

La difusión el fin de semana de la supuesta paralización provocó críticas por parte de urbanistas y economistas, que llamaron al Gobierno a priorizar el crecimiento.

5 de noviembre del 2014 fue la fecha en que la Presidenta Bachelet encargó a Metro iniciar los estudios para construir una nueva línea.

a fin de año se espera la entrega de la Línea 6 y para el 2018 ocurrirá lo propio con la Línea 3.

Tres días después que la capital sufriera una emergencia por la turbiedad que generó un frente en el río Maipo, la sanitaria Aguas Andina presentó ayer un plan de inversiones por US$1.236 millones para garantizar el suministro de agua potable ante contingencias de más de 48 horas.

Según reportó Emol, el gerente general de la compañía controlada por el grupo español Agbar, Narciso Berberana, informó que la más onerosa demanda unos US$500 millones y consiste en un programa de reciclaje del líquido, que operaría en algunas plantas de tratamiento de aguas servidas, en las que se repotabilizaría el recurso.

La segunda asciende a US$410 millones e implica la construcción de un ducto desde el embalse El Yeso, para llevar agua a los estanques de respaldo que se tramitan ambientalmente hoy en Pirque.

La tercera considera la construcción de un nuevo embalse, Coyanco, y que llevaría el agua también a los estanques en evaluación ambiental. Su costo alcanzaría los US$238 millones.

La cuarta saldría US$115 millones e implica ampliar los citados acopiadores.

El presidente de Aguas Andinas, Guillermo Pickering, dijo que debían analizar estas opciones con el regulador, porque concretarlas requeriría inversiones que podrían tener impacto en la tarifas.

La Corte Suprema rechazó el recurso de amparo presentado por la defensa de nueve militares y funcionarios de Aduanas boliviana, detenidos en marzo en Colchane en territorio nacional, donde fueron imputados por los delitos de robo con intimidación y violencia, porte y tenencia de armas prohibidas y contrabando. Ello, tras ingresar a llevarse un camión con carga. Según los jueces, la formalización no fue un acto arbitrario, sino "una garantía para los imputados" en que conocieron los hechos aludidos.