Leo Riquelme

Una semana después que la dirección del Servicio de Impuestos Internos (SII) decidiera que no presentará querellas contra políticos en causas por presunto financiamiento irregular de campañas, ayer se reveló un dictamen de la Contraloría General en que le exige a la entidad que aclare los criterios que tuvo para recurrir en algunos casos a la justicia penal y en otros no.

El fiscalizador apeló al "principio de la imparcialidad". "Pese a tratarse de una atribución discrecional del director del SII, resulta indispensable que las decisiones que adopte en materia tengan un fundamento racional, ya que conforme al principio de juridicidad, es importante que estas no obedezcan al mero capricho de la autoridad, sino a criterios objetivos que le otorguen legitimidad", indicó la Contraloría.

Desde que asumió la jefatura Fernando Barraza, el SII privilegió los recursos administrativos -con multas- para recuperar los impuestos no declarados de los pagos de empresas como Penta y SQM.

La decisión había sido criticada por el Ministerio Público y por la oposición, que lo acusó de promover una persecución en contra del sector y de tener mano blanda con el oficialismo.

"Esperamos las aclaraciones", dijo ayer la senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe.

Contraloría otorgó 20 días para aclarar el criterio. El requerimiento responde a un recurso de las ex funcionarias del SII Paulina Carrasco y Marisa Navarrete. La primera fue subdirectora de la Controlaría Interna y la segunda jefa de la Oficina de Litigación Penal de la Dirección Nacional. Ambas ejercieron hasta el fin del gobierno de Sebastián Piñera.

Navarrete dijo a Emol que tras el caso Penta el SII cambió su actuar. Según ella, con la revelación de aportes en la minera SQM (que salpicaba a políticos de la Nueva Mayoría) comenzó a "limitar las querellas, a restringir la actuación del Ministerio Público".

El domingo, el ex director del SII, Michel Jorratt, reiteró que hubo presiones del Gobierno para que no persistiera con las querellas que presentó en su administración, que concluyó en mayo del 2015. Ayer, la vocera Paula Narváez lo desmintió.

"Aquí no ha habido ninguna influencia del Ejecutivo", dijo. Y si bien defendió el criterio con que ha actuado el SII al mando de Barraza, añadió que "el SII evaluará ese dictamen y responderá a Contraloría como corresponde. El Gobierno es respetuoso del actuar de las entidades autónomas".

Pese a ello, el Fiscal Nacional Jorge Abbott comentó que los dichos de Jorratt "nos parecen particularmente graves", por lo que anunció que posiblemente lo citen a declarar "para ver si efectivamente ocurrieron esos hechos, a fin de poder iniciar una investigación".

El líder de Ciudadanos, el ex candidato presidencial Andrés Velasco, y el postulante a senador por Valparaíso, Jorge Errázuriz, presentaron ayer una propuesta de reforma al sistema de pensiones que termina con las AFPs y las reemplaza por dos nuevos tipos de instituciones. Según el economista y el empresario, por esa vía las jubilaciones mejorarían hasta en un 60% respecto a las actuales.

El documento establece el fin de las Administradoras de Fondos Previsionales, que serían reemplazadas por una Recaudadora (estatal o privado), que recaude y efectuará lo que el mundo financiero conoce como back office, que son el conjunto de tareas destinadas a gestionar la propia empresa y que no tienen contacto directo con el cliente, como la informática, comunicaciones, de gestión de recursos humanos, contabilidad o finanzas.

A ésta suman las Gestoras de Inversiones Previsionales (GIPs). Cada una de ellas manejaría los fondos previsionales (el actual 10% y el futuro 5%), con el objetivo de obtener la mejor rentabilidad posible para los afiliados. Podrían ser hasta unas 30 y los costos de administración de la Recaudadora y las GIPs serán menores que los de las actuales AFP, según sus impulsores.

"Esto no es magia, no es populismo es aprovechar bien la lógica de la competencia y del mercado", dijo el ex ministro de Hacienda. "Habría mayor competencia, los costos bajarían y eso traería un ahorro de un 1% para los afiliados", monto que, en vez de ir "a los bolsillos de los dueños de las AFPs", añadió.

"Queremos que los ciudadanos tengan más opciones", dijo Errázuriz, que criticó al movimiento "No +AFP" por no proponer un sistema distinto al de reparto.