Leo Riquelme

"Acá no podemos ni hervir agua, porque se corta la luz". "En cada pieza hay un balón de gas... acá no hay seguridad, si en algún momento hay un incendio vamos a estallar todos".

Los relatos pertenecen a dos de las cerca de 180 personas que viven en una casona ubicada en Bellavista, a pasos de Pio Nono, en Providencia. Son peruanos, bolivianos, colombianos y chilenos que pagan mensualmente entre $100 mil y $150 mil por una pieza, lo que les da derecho a ocupar uno de los cuatro baños y disfrutar de la única ducha que tiene el inmueble, donde aseguran que además hay cerca de 15 lavadoras conectadas a unas precarias instalaciones sanitarias y eléctricas.

La casa fue visitada ayer por la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien expresó su indignación por las condiciones en que viven estas familias, que pagan renta a una persona que, según sus moradores, tiene varios locales en Recoleta.

La jefa comunal calificó a este tipo de arrendadores como un "desgraciado que arma un negocio de esta manera". "Claramente aquí, una persona inescrupulosa está lucrando a costa de migrantes, arriesgando la vida de ellos y de sus familias. Es bastante penoso que una persona ofrezca estas condiciones a gente vulnerable" agregó.

El municipio realizó un operativo en el que informó que hace años solicitó la demolición del inmueble, lo que no se ha concretado porque requieren de una autorización de la Corte de Apelaciones para el uso de la fuerza pública, ya que en primera instancia el juzgado de policía local se lo negó.

"Como municipio podríamos clausurar el lugar, lo que generaría un grave problema a estas familias. Pero interpondremos un recurso de protección, lo que nos da entre 30 y 60 días para poder ayudarlos. Hablaremos con autoridades de Gobierno para ver qué podemos hacer juntos y así solucionar un verdadero drama, generado por alguien que claramente merece un castigo mucho mayor que un par de partes", añadió Matthei.

Mientras, la autoridad dispuso de un equipo que hará un levantamiento sobre las condiciones sociales y laborales que tienen los residentes, con el fin de buscar alternativas para que el municipio pueda prestarles socorro y reubicar a los afectados.

entre 30 y 60 días los vecinos del hogar deben tener una solución, según dispuso la alcaldía.