• Los desempleados se acercan al millón y anuncian mejoras al Fondo de Cesantía

    Presidente presentó proyecto de ley para que los desocupados reciban 70% del sueldo el primer mes, un 55% como mínimo en los cuatro restantes, con un piso de $225 mil y la opción de extender si la crisis continúa.

    Leo Riquelme

    El país alcanzó en mayo su mayor tasa de desempleo desde que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) modificó su encuesta, en 2010, y ayer informó que 940 mil personas se encuentran sin trabajo. El escenario llevó al Presidente Sebastián Piñera a anunciar una serie de mejoras al fondo de cesantía, fijando un pago mínimo de $225 mil.

    La tasa de desocupación llegó a 11,2% a nivel nacional y fue cuatro puntos peor que lo vivido en mayo del año pasado, lo que revela el impacto que ha tenido la pandemia en la economía. Por cantidad, significa que hay 128 mil personas más sin empleo que durante el trimestre móvil anterior.

    La Región Metropolitana tuvo peores cifras que el promedio del país. En la capital la tasa llegó al 11,2% y la cesantía afectó a más de 443 mil personas.

    Los sectores más golpeados por la crisis fueron el comercio (-19,4%), alojamiento y servicio de comidas (-42,4%) y la construcción (-23,1%). En Santiago estos indicadores tuvieron aún resultados más magros: -21,3% y -52,2%, respectivamente, aunque la construcción se comportó algo mejor y marcó una caída de -21,3% respecto a 2019.

    La directora (s) del INE, Sandra Quijada, dijo que estos rubros son de los que suelen tener mayor dinamismo y proyectó que si se mantiene el actual escenario "es muy probable" que las cifras sean peores en los próximos meses.

    La estadística entregada ayer menciona a los "ocupados ausentes", que son personas que tienen su relación laboral congelada con el empleador, al estilo de lo que permite la Ley de Protección al Empleo. En esa condición están 689.278 trabajadores y representan el 15,4% del total de ocupados.

    Los cambios

    Los montos que siguen recibiendo los empleados acogidos a esa norma provienen del Fondo de Cesantía, un instrumento para el cual ayer el Presidente Piñera anunció mejoras, que fueron acordadas con la oposición en una mesa social, y que estarán vigentes hasta el 31 de octubre de 2020.

    La promesa ahora es que se pagará un piso de $225 mil mensuales para el seguro de cesantía y promete flexibilizar las exigencias de acceso al pozo individual, el solidario y a la Ley de Protección al Empleo, comprometiéndose a cubrir hasta a 3.131.000 trabajadores, según informó el ministerio del ramo.

    Los requisitos para acceder al seguro se rebajarán a tres cotizaciones continuas anteriores al término de contrato, o a seis mensuales continuas o discontinuas en los 12 meses previos.

    A los cesantes que no cumplen con las exigencias, pero que cuenten con recursos en su cuenta individual , se les habilitará para disponer de dichos recursos.

    El proyecto de ley propone que los desempleados reciban un 70% del sueldo que perdieron el primer mes; un 55% de la remuneración en el segundo, tercero y cuarto mes; y un 45% para un quinto. Además, desde el sexto pago en adelante se puede obtener un 50% de la remuneración.

    Para entender la diferencia se debe tener en cuenta que hoy los pagos de la cuenta individual son de 55%, 45%, 40%, 35% y 30% desde el segundo mes en adelante.

    También se compromete a aumentar los porcentajes de remuneración que se pueden obtener a partir del fondo de cesantía solidario para los trabajadores con contrato indefinido y para los a plazo fijo. Ahora define un pago de 55% de la remuneración en el segundo, tercer y cuarto mes, y partir del quinto mes de un pago de 45%. Actualmente para los trabajadores con contrato indefinido lo que se cancela desde este pozo es un 55%, 45%, 40% y 35% desde el segundo mes en adelante.

    El Gobierno también podría incrementar el quinto giro desde un 45% a un 55% de la remuneración en caso de que se cumplan ciertos parámetros definidos por los ministerios de Hacienda y del Trabajo; y se agrega la posibilidad de que los beneficiarios de la Ley de Protección del Empleo accedan, tal como ya lo pueden hacer los beneficiarios del seguro de cesantía, a un sexto y séptimo giro en casos de alto desempleo.

    "Tenemos que proteger lo ingresos de las familias chilenas durante la emergencia", dijo el Presidente Piñera.

    Temprano, la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa, acusaba en radio Cooperativa que la Ley de Protección al Empleo ha sido el único mecanismo del Gobierno para proteger el trabajo. A su juicio, eso era "insuficiente" y ha favorecido una "extensión de la agonía".

    En tanto, la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, defendió la necesidad de revisar para mejorar constantemente los instrumentos creados para enfrentar la emergencia. "Queremos llegar a más trabajadoras y trabajadores que necesitan también del apoyo en esta crisis", dijo.

    11,2% fue la tasa de mayo, la misma de agosto de 2004. No son comparables debido al cambio de encuesta.

    443.760 personas perdieron su empleo entre marzo y mayo en la Región Metropolitana.

    hasta el 31 de octubre estarán vigentes los cambios para la Ley de Protección al Empleo y al seguro de cesantía.

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  • Polémica en el posnatal

    Senador garabateó a un diputado RN.

    Por siete votos a favor y tres en contra, la comisión mixta del Congreso aprobó la admisibilidad de la moción para extender el posnatal mientras dure la emergencia. Al ya controvertido tema el senador RN Andrés Allamand le sumó otro ingrediente. Cuando en la videoconferencia hablaba su colega de partido, diputado Francisco Eguiguren, en favor de la iniciativa, Allamand contestó una llamada de celular y dijo: "Eguiguren está hablando puras h...". El aludido se sorprendió y dijo que era lamentable. La diputada también RN Marcela Sabat exclamó: "¡Qué falta de respeto!". Allamand se excusó por lo sucedido y pidió no desviarse del foco de la discusión.

  • Formalizan a tres personas por filtrar datos de Carabineros

    El Ministerio Público formalizó a tres personas por la masiva filtración de datos personales que afectó a Carabineros durante el estallido social del año pasado, cuando se difundieron más de 10.500 archivos con información sobre inteligencia y direcciones y números de teléfono de funcionarios. Según el fiscal de Alta Complejidad Oriente, Felipe Sepúlveda, los sospechosos subieron a un sitio web la información "de forma maliciosa, con pleno y total conocimiento del contenido de la misma". El fiscal añadió que los antecedentes fueron vistos por "por una gran cantidad de usuarios".

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