Leo Riquelme

Por 105 votos a favor, 14 en contra y 23 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar un proyecto patrocinado por el Gobierno que amplía las facultades de las policías para realizar controles de identidad, ahora posibilitando que se revisen las vestimentas, equipaje y el interior de vehículos en zonas aledañas a infraestructura crítica y hasta a 10 kilómetros de la frontera.

Se trata de una moción presentada en 2022 por parlamentarios de derecha, que se mantuvo sin movimiento hasta que en marzo el Presidente José Antonio Kast le puso suma urgencia. Lo hizo con una indicación que apunta que la ampliación de las revisiones se hará con "el único objeto de prevenir el porte, transporte o tenencia de objetos, sustancias o elementos ilícitos, o que pongan en peligro la seguridad de las personas, la salud pública, o la integridad material y funcionamiento de dichas instalaciones".

Esto último se refiere a la infraestructura crítica, que en la Constitución comprende instalaciones de utilidad pública, energía, agua potable, telecomunicaciones, salud, abastecimiento, actividad económica, medioambiente y seguridad nacional.

El texto presidencial agrega que la revisión con mayores facultades busca "prevenir el ingreso al territorio nacional eludiendo el control migratorio, ya sea por pasos habilitados o no".

Los diputados que votaron a favor destacaron, según consignó el debate recogido por el sitio web de la Cámara, que la norma es una señal "clara y categórica de combate al crimen organizado"; y "clave para asegurar la protección de los límites fronterizos" y de refuerzo a la seguridad de la infraestructura crítica.

Del otro lado, quienes se opusieron expresaron que el proyecto conlleva un "alto riesgo de derivar en aplicaciones arbitrarias" de parte de las policías; alertaron que amenaza con romper la distinción entre el control preventivo de identidad y el control investigativo; y que esconde un "populismo penal" al promover la idea de que por esta vía se resuelven los problemas migratorios.

El texto ahora vuelve a la comisión de Seguridad para su discusión en particular.

Leo Riquelme

Por 105 votos a favor, 14 en contra y 23 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar un proyecto patrocinado por el Gobierno que amplía las facultades de las policías para realizar controles de identidad, ahora posibilitando que se revisen las vestimentas, equipaje y el interior de vehículos en zonas aledañas a infraestructura crítica y hasta a 10 kilómetros de la frontera.

Se trata de una moción presentada en 2022 por parlamentarios de derecha, que se mantuvo sin movimiento hasta que en marzo el Presidente José Antonio Kast le puso suma urgencia. Lo hizo con una indicación que apunta que la ampliación de las revisiones se hará con "el único objeto de prevenir el porte, transporte o tenencia de objetos, sustancias o elementos ilícitos, o que pongan en peligro la seguridad de las personas, la salud pública, o la integridad material y funcionamiento de dichas instalaciones".

Esto último se refiere a la infraestructura crítica, que en la Constitución comprende instalaciones de utilidad pública, energía, agua potable, telecomunicaciones, salud, abastecimiento, actividad económica, medioambiente y seguridad nacional.

El texto presidencial agrega que la revisión con mayores facultades busca "prevenir el ingreso al territorio nacional eludiendo el control migratorio, ya sea por pasos habilitados o no".

Los diputados que votaron a favor destacaron, según consignó el debate recogido por el sitio web de la Cámara, que la norma es una señal "clara y categórica de combate al crimen organizado"; y "clave para asegurar la protección de los límites fronterizos" y de refuerzo a la seguridad de la infraestructura crítica.

Del otro lado, quienes se opusieron expresaron que el proyecto conlleva un "alto riesgo de derivar en aplicaciones arbitrarias" de parte de las policías; alertaron que amenaza con romper la distinción entre el control preventivo de identidad y el control investigativo; y que esconde un "populismo penal" al promover la idea de que por esta vía se resuelven los problemas migratorios.

El texto ahora vuelve a la comisión de Seguridad para su discusión en particular.

Leo Riquelme

Por 105 votos a favor, 14 en contra y 23 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar un proyecto patrocinado por el Gobierno que amplía las facultades de las policías para realizar controles de identidad, ahora posibilitando que se revisen las vestimentas, equipaje y el interior de vehículos en zonas aledañas a infraestructura crítica y hasta a 10 kilómetros de la frontera.

Se trata de una moción presentada en 2022 por parlamentarios de derecha, que se mantuvo sin movimiento hasta que en marzo el Presidente José Antonio Kast le puso suma urgencia. Lo hizo con una indicación que apunta que la ampliación de las revisiones se hará con "el único objeto de prevenir el porte, transporte o tenencia de objetos, sustancias o elementos ilícitos, o que pongan en peligro la seguridad de las personas, la salud pública, o la integridad material y funcionamiento de dichas instalaciones".

Esto último se refiere a la infraestructura crítica, que en la Constitución comprende instalaciones de utilidad pública, energía, agua potable, telecomunicaciones, salud, abastecimiento, actividad económica, medioambiente y seguridad nacional.

El texto presidencial agrega que la revisión con mayores facultades busca "prevenir el ingreso al territorio nacional eludiendo el control migratorio, ya sea por pasos habilitados o no".

Los diputados que votaron a favor destacaron, según consignó el debate recogido por el sitio web de la Cámara, que la norma es una señal "clara y categórica de combate al crimen organizado"; y "clave para asegurar la protección de los límites fronterizos" y de refuerzo a la seguridad de la infraestructura crítica.

Del otro lado, quienes se opusieron expresaron que el proyecto conlleva un "alto riesgo de derivar en aplicaciones arbitrarias" de parte de las policías; alertaron que amenaza con romper la distinción entre el control preventivo de identidad y el control investigativo; y que esconde un "populismo penal" al promover la idea de que por esta vía se resuelven los problemas migratorios.

El texto ahora vuelve a la comisión de Seguridad para su discusión en particular.

Los descartes de tomates, betarragas, brócoli, zanahoria, pimentón y champiñones que a diario no se venden en el Mercado Mayorista Lo Valledor serán desde julio materia prima de productos deshidratados que serán entregados a organizaciones sociales, en un paso más de un proyecto que arrancó en 2019.

"Comenzamos a desarrollar alimentos de mayor duración que nos permitirán reducir el desperdicio, pero también hace más eficiente la forma en que distribuimos alimentos a quienes lo necesitan", explicó en un comunicado el director ejecutivo de la Fundación Banco de Alimentos Lo Valledor, Hugo Espinosa.

En la iniciativa participan la empresa Valoriza y la Universidad Bernardo O'Higgins. La primera lo hace a través de su línea de alimentos Fudmi, enfocada en el desarrollo de productos a partir de excedentes agroalimentarios; y la segunda con el aporte desde la academia en el desarrollo técnico y formativo, con la participación incluso de estudiantes que crean formulaciones y aplicaciones alimentarias.

Desde 2019 el centro de abasto capitalino desarrolla el Proyecto Sopa, que consiste en usar el descarte para preparar justamente sopas, lo que luego se extendió a la elaboración de pan y hasta salsas que se destinan a organizaciones sociales adscritas.

De hecho, en 2025 el Banco de Alimentos distribuyó más de 1.000 toneladas a más de 88 fundaciones, ollas comunes, hogares de ancianos y otras entidades de apoyo comunitario, beneficiando directamente a 24.058 personas, con un volumen de comida que representa 6.159.217 raciones.

Ahora buscarán consolidar la línea de deshidratados, que procesará entre 1,5 y 2 millones de tonleadas de materia recuperada en la planta ubicada en el mismo mercado, en Pedro Aguirre Cerda.

Los descartes de tomates, betarragas, brócoli, zanahoria, pimentón y champiñones que a diario no se venden en el Mercado Mayorista Lo Valledor serán desde julio materia prima de productos deshidratados que serán entregados a organizaciones sociales, en un paso más de un proyecto que arrancó en 2019.

"Comenzamos a desarrollar alimentos de mayor duración que nos permitirán reducir el desperdicio, pero también hace más eficiente la forma en que distribuimos alimentos a quienes lo necesitan", explicó en un comunicado el director ejecutivo de la Fundación Banco de Alimentos Lo Valledor, Hugo Espinosa.

En la iniciativa participan la empresa Valoriza y la Universidad Bernardo O'Higgins. La primera lo hace a través de su línea de alimentos Fudmi, enfocada en el desarrollo de productos a partir de excedentes agroalimentarios; y la segunda con el aporte desde la academia en el desarrollo técnico y formativo, con la participación incluso de estudiantes que crean formulaciones y aplicaciones alimentarias.

Desde 2019 el centro de abasto capitalino desarrolla el Proyecto Sopa, que consiste en usar el descarte para preparar justamente sopas, lo que luego se extendió a la elaboración de pan y hasta salsas que se destinan a organizaciones sociales adscritas.

De hecho, en 2025 el Banco de Alimentos distribuyó más de 1.000 toneladas a más de 88 fundaciones, ollas comunes, hogares de ancianos y otras entidades de apoyo comunitario, beneficiando directamente a 24.058 personas, con un volumen de comida que representa 6.159.217 raciones.

Ahora buscarán consolidar la línea de deshidratados, que procesará entre 1,5 y 2 millones de tonleadas de materia recuperada en la planta ubicada en el mismo mercado, en Pedro Aguirre Cerda.

Los descartes de tomates, betarragas, brócoli, zanahoria, pimentón y champiñones que a diario no se venden en el Mercado Mayorista Lo Valledor serán desde julio materia prima de productos deshidratados que serán entregados a organizaciones sociales, en un paso más de un proyecto que arrancó en 2019.

"Comenzamos a desarrollar alimentos de mayor duración que nos permitirán reducir el desperdicio, pero también hace más eficiente la forma en que distribuimos alimentos a quienes lo necesitan", explicó en un comunicado el director ejecutivo de la Fundación Banco de Alimentos Lo Valledor, Hugo Espinosa.

En la iniciativa participan la empresa Valoriza y la Universidad Bernardo O'Higgins. La primera lo hace a través de su línea de alimentos Fudmi, enfocada en el desarrollo de productos a partir de excedentes agroalimentarios; y la segunda con el aporte desde la academia en el desarrollo técnico y formativo, con la participación incluso de estudiantes que crean formulaciones y aplicaciones alimentarias.

Desde 2019 el centro de abasto capitalino desarrolla el Proyecto Sopa, que consiste en usar el descarte para preparar justamente sopas, lo que luego se extendió a la elaboración de pan y hasta salsas que se destinan a organizaciones sociales adscritas.

De hecho, en 2025 el Banco de Alimentos distribuyó más de 1.000 toneladas a más de 88 fundaciones, ollas comunes, hogares de ancianos y otras entidades de apoyo comunitario, beneficiando directamente a 24.058 personas, con un volumen de comida que representa 6.159.217 raciones.

Ahora buscarán consolidar la línea de deshidratados, que procesará entre 1,5 y 2 millones de tonleadas de materia recuperada en la planta ubicada en el mismo mercado, en Pedro Aguirre Cerda.

El Servicio Nacional de Turismo abrió las postulaciones para su programa de subsidio de hasta el 50% de una gira de estudio para cursos entre primero y cuarto medio de colegios que reciban aportes fiscales. Como novedad, este año incluye un programa pioloto para niños de séptimo y octavo.

"Extendiendo los viajes a estudiantes de educación básica, buscamos que niños y jóvenes vivan experiencias turísticas con propósito, al conocer, valorar y cuidar nuestros destinos. Formamos así viajeros conscientes, orgullosos de nuestra diversidad territorial y comprometidos con un turismo sostenible", dijo el director de Sernatur, Cristóbal Benítez.

El piloto para 7° y 8° está destinado a colegios subvencionados de las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins y Maule.

El programa general cuenta con 340 cupos para 13 mil pasajeros, con paquetes todo incluido por hasta 5 días y 4 noches a 21 destinos entre Arica y Los Lagos. También podrán postular establecimientos de Aysén y Magallanes pero a destinos dentro de su misma región.

La iniciativa financia viajes para 37 estudiantes y tres adultos, y las postulaciones son hasta el 29 de mayo en el sitio www.giradeestudio.cl.

El Servicio Nacional de Turismo abrió las postulaciones para su programa de subsidio de hasta el 50% de una gira de estudio para cursos entre primero y cuarto medio de colegios que reciban aportes fiscales. Como novedad, este año incluye un programa pioloto para niños de séptimo y octavo.

"Extendiendo los viajes a estudiantes de educación básica, buscamos que niños y jóvenes vivan experiencias turísticas con propósito, al conocer, valorar y cuidar nuestros destinos. Formamos así viajeros conscientes, orgullosos de nuestra diversidad territorial y comprometidos con un turismo sostenible", dijo el director de Sernatur, Cristóbal Benítez.

El piloto para 7° y 8° está destinado a colegios subvencionados de las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins y Maule.

El programa general cuenta con 340 cupos para 13 mil pasajeros, con paquetes todo incluido por hasta 5 días y 4 noches a 21 destinos entre Arica y Los Lagos. También podrán postular establecimientos de Aysén y Magallanes pero a destinos dentro de su misma región.

La iniciativa financia viajes para 37 estudiantes y tres adultos, y las postulaciones son hasta el 29 de mayo en el sitio www.giradeestudio.cl.

El Servicio Nacional de Turismo abrió las postulaciones para su programa de subsidio de hasta el 50% de una gira de estudio para cursos entre primero y cuarto medio de colegios que reciban aportes fiscales. Como novedad, este año incluye un programa pioloto para niños de séptimo y octavo.

"Extendiendo los viajes a estudiantes de educación básica, buscamos que niños y jóvenes vivan experiencias turísticas con propósito, al conocer, valorar y cuidar nuestros destinos. Formamos así viajeros conscientes, orgullosos de nuestra diversidad territorial y comprometidos con un turismo sostenible", dijo el director de Sernatur, Cristóbal Benítez.

El piloto para 7° y 8° está destinado a colegios subvencionados de las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins y Maule.

El programa general cuenta con 340 cupos para 13 mil pasajeros, con paquetes todo incluido por hasta 5 días y 4 noches a 21 destinos entre Arica y Los Lagos. También podrán postular establecimientos de Aysén y Magallanes pero a destinos dentro de su misma región.

La iniciativa financia viajes para 37 estudiantes y tres adultos, y las postulaciones son hasta el 29 de mayo en el sitio www.giradeestudio.cl.