Redacción

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, dio un golpe de timón en su cartera y terminó de descabezar el equipo inicial designado por el Presidente José Antonio Kast: tras reemplazar en el cargo hace dos semanas a la anterior titular, Trinidad Steinert, ahora les pidió la renuncia de ambos subsecretarios: Andrés Jouannet (Seguridad) y Ana Victoria Quintana (Prevención del Delito). El ministro les informó esta decisión ayer en la mañana y, de momento, ha trascendido que el objetivo de removerlos es implementar su propio estilo en el Ministerio, por lo que se anticipa una total reestructuración.

Según Arrau, el "Presidente de la República ha aceptado la renuncia de los dos subsecretarios y, en las próximas horas, espero que se den a conocer los nombres de quiénes van a ser los reemplazos".

"Es normal que cuando hay cambios en los ministerios se hagan cambios en los focos y en las formas de gestión", dijo el titular de Seguridad. "Estamos en procesos de readecuación y, como siempre yo he dicho, estamos todos, incluido quien les habla, en constante evaluación", acotó. Enfatizó que "estos cargos son de exclusiva responsabilidad del Presidente y pretendemos hacer algunos cambios de gestión en el ministerio, pero eso requiere de ciertos perfiles diferentes".

"Todos los que estamos en política representamos ciertas sensibilidades, pero lo importante es el plan que existe y lo vamos a presentar, pero sobre todo las acciones que tomamos en la calle", subrayó.

Críticas y apoyo

Esta decisión tuvo diversas reacciones. El diputado Eduardo Cretton (UDI), miembro de la comisión de Seguridad, expresó que el ministro "debe tener la libertad para poder hacer las evaluaciones de sus subsecretarios" de su ministerio.

"El nuevo ministro Arrau estimó que esa evaluación del desempeño, tanto de la subsecretaria de Prevención del Delito como del subsecretario de Seguridad Pública, no había sido de acuerdo a lo esperado y tiene toda la libertad para poder conformar sus propios equipos", dijo.

El senador Andrés Longton (RN) cuestionó la salida de Jouannet, expresidente de Amarillos: "Teníamos una buena evaluación del subsecretario. Nos parece que hay formas de abandonar los cargos y esta no fue una buena forma". El parlamentario recordó que la ahora exautoridad "fue un gran colaborador para sacar proyectos de seguridad en el Gobierno anterior. Amarillos fueron grandes aliados en el 'Rechazo'. Tiene que haber un mínimo de deferencia con aquellos que contribuyeron en nuestro país en momentos difíciles".

Desde la oposición, la diputada Lorena Fries (FA) valoró positivamente el cambio y espera que "a partir de esto no solo se diga cuál es el conjunto de leyes (en seguridad), sino que también las metas a las que se pretende llegar, ya que eso no quedó claro en la Cuenta Pública".

Redacción

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, dio un golpe de timón en su cartera y terminó de descabezar el equipo inicial designado por el Presidente José Antonio Kast: tras reemplazar en el cargo hace dos semanas a la anterior titular, Trinidad Steinert, ahora les pidió la renuncia de ambos subsecretarios: Andrés Jouannet (Seguridad) y Ana Victoria Quintana (Prevención del Delito). El ministro les informó esta decisión ayer en la mañana y, de momento, ha trascendido que el objetivo de removerlos es implementar su propio estilo en el Ministerio, por lo que se anticipa una total reestructuración.

Según Arrau, el "Presidente de la República ha aceptado la renuncia de los dos subsecretarios y, en las próximas horas, espero que se den a conocer los nombres de quiénes van a ser los reemplazos".

"Es normal que cuando hay cambios en los ministerios se hagan cambios en los focos y en las formas de gestión", dijo el titular de Seguridad. "Estamos en procesos de readecuación y, como siempre yo he dicho, estamos todos, incluido quien les habla, en constante evaluación", acotó. Enfatizó que "estos cargos son de exclusiva responsabilidad del Presidente y pretendemos hacer algunos cambios de gestión en el ministerio, pero eso requiere de ciertos perfiles diferentes".

"Todos los que estamos en política representamos ciertas sensibilidades, pero lo importante es el plan que existe y lo vamos a presentar, pero sobre todo las acciones que tomamos en la calle", subrayó.

Críticas y apoyo

Esta decisión tuvo diversas reacciones. El diputado Eduardo Cretton (UDI), miembro de la comisión de Seguridad, expresó que el ministro "debe tener la libertad para poder hacer las evaluaciones de sus subsecretarios" de su ministerio.

"El nuevo ministro Arrau estimó que esa evaluación del desempeño, tanto de la subsecretaria de Prevención del Delito como del subsecretario de Seguridad Pública, no había sido de acuerdo a lo esperado y tiene toda la libertad para poder conformar sus propios equipos", dijo.

El senador Andrés Longton (RN) cuestionó la salida de Jouannet, expresidente de Amarillos: "Teníamos una buena evaluación del subsecretario. Nos parece que hay formas de abandonar los cargos y esta no fue una buena forma". El parlamentario recordó que la ahora exautoridad "fue un gran colaborador para sacar proyectos de seguridad en el Gobierno anterior. Amarillos fueron grandes aliados en el 'Rechazo'. Tiene que haber un mínimo de deferencia con aquellos que contribuyeron en nuestro país en momentos difíciles".

Desde la oposición, la diputada Lorena Fries (FA) valoró positivamente el cambio y espera que "a partir de esto no solo se diga cuál es el conjunto de leyes (en seguridad), sino que también las metas a las que se pretende llegar, ya que eso no quedó claro en la Cuenta Pública".

El exministro de Seguridad Pública Luis Cordero cuestionó la propuesta anunciada por el Presidente José Antonio Kast durante su primera cuenta pública sobre la creación de un Registro de Vándalos e Incivilidades, con el cual se retirarán derechos como la gratuidad en educación superior y la Pensión Garantizada Universal (PGU) a quienes integren la nómina. Cordero dijo en radio Sonar que no es la primera vez que se establecen registros para quienes cometan determinados tipos de delitos, pero el anunciado por Kast es "distinto" porque "lo que busca es más bien retirar beneficios o derechos".

"Hay algunos derechos que no se pueden retirar por expresa disposición constitucional. Por ejemplo, en Chile no se puede aplicar como sanción la pérdida de derechos previsionales. Lo prohíbe la Constitución. Eso explica que condenados por delitos de lesa humanidad puedan seguir recibiendo sus pensiones de jubilación", explicó.

El exministro advirtió también que el registro "podría entrar a confundir delitos graves con incivilidades. Los delitos graves los hemos tratado en muchísimas ocasiones, se han aumentado las penas, incluyendo lanzamientos de bombas molotov".

Cordero se mostró de acuerdo con la importancia de "atender las incivilidades", como beber en la calle o hacer rayados, pues "según la evidencia es uno de los aspectos -junto con los delitos violentos- que más temor provocan en la población, porque son muy disruptivas".

El ministro de la Segpres, José García Ruminot, defendió en T13 Radio que "esto no es capricho de la autoridad, no puede ser arbitrario, debe estar respaldado en la ley, de tal manera que los derechos fundamentales de las personas, aunque hayan delinquido, estén debidamente resguardados".

"Se trata de que personas que hayan cometidos determinados delitos tengan sanción adicional. Si una persona golpea a un carabinero o a un funcionario de la salud, va a tener la sanción correspondiente a ese delito, pero además, determinado por los tribunales, va poder ser sancionado con la pérdida de algún beneficio del Estado que está recibiendo", añadió.

El exministro de Seguridad Pública Luis Cordero cuestionó la propuesta anunciada por el Presidente José Antonio Kast durante su primera cuenta pública sobre la creación de un Registro de Vándalos e Incivilidades, con el cual se retirarán derechos como la gratuidad en educación superior y la Pensión Garantizada Universal (PGU) a quienes integren la nómina. Cordero dijo en radio Sonar que no es la primera vez que se establecen registros para quienes cometan determinados tipos de delitos, pero el anunciado por Kast es "distinto" porque "lo que busca es más bien retirar beneficios o derechos".

"Hay algunos derechos que no se pueden retirar por expresa disposición constitucional. Por ejemplo, en Chile no se puede aplicar como sanción la pérdida de derechos previsionales. Lo prohíbe la Constitución. Eso explica que condenados por delitos de lesa humanidad puedan seguir recibiendo sus pensiones de jubilación", explicó.

El exministro advirtió también que el registro "podría entrar a confundir delitos graves con incivilidades. Los delitos graves los hemos tratado en muchísimas ocasiones, se han aumentado las penas, incluyendo lanzamientos de bombas molotov".

Cordero se mostró de acuerdo con la importancia de "atender las incivilidades", como beber en la calle o hacer rayados, pues "según la evidencia es uno de los aspectos -junto con los delitos violentos- que más temor provocan en la población, porque son muy disruptivas".

El ministro de la Segpres, José García Ruminot, defendió en T13 Radio que "esto no es capricho de la autoridad, no puede ser arbitrario, debe estar respaldado en la ley, de tal manera que los derechos fundamentales de las personas, aunque hayan delinquido, estén debidamente resguardados".

"Se trata de que personas que hayan cometidos determinados delitos tengan sanción adicional. Si una persona golpea a un carabinero o a un funcionario de la salud, va a tener la sanción correspondiente a ese delito, pero además, determinado por los tribunales, va poder ser sancionado con la pérdida de algún beneficio del Estado que está recibiendo", añadió.