Matías Gatica Lindsay

La Contraloría publicó su informe final sobre la llegada al país en vuelos chárter de 64 niños haitianos en el marco de procesos de reunificación familiar en 2025, situación que derivó en una investigación por eventual tráfico de menores. El ente fiscalizador detectó "irregularidades" e "incumplimientos" en distintas instituciones de Estado.

Luego que la PDI informara que los 64 menores fueron encontrados en buenas condiciones, la Contraloría reveló que el Servicio Nacional de Migraciones, entonces liderado por Luis Thayer, aplicó excepciones a requisitos exigidos por la ley para el ingreso de extranjeros sin tener facultades para ello, lo que configuró una vulneración al ordenamiento jurídico.

El informe sostiene que el Sermig presenta "debilidades significativas en sus controles", entre ellas la falta de verificación de antecedentes entregados por los solicitantes, la ausencia de protocolos para situaciones críticas, la aprobación de permisos sin contar oportunamente con informes policiales y registros incompletos o erróneos.

También detectó "incumplimientos a la normativa en el otorgamiento de permisos", como certificados vencidos o no legalizados y la falta de documentos obligatorios. A ello se suma la emisión de "un memorándum que, sin contar con atribuciones para ello, disminuyó los requisitos y condiciones aplicables al procedimiento", lo que implicó "arrogarse atribuciones propias de los poderes colegisladores, o de la potestad reglamentaria". Además, constató una "ausencia de verificación suficiente de los adultos responsables" de los niños.

Además denunció "una serie de incumplimientos relevantes" en el Sermig, la Subsecretaría de la Niñez y la PDI. Respecto de esta última, dijo que "no cuenta con manuales generales, formales y completos de control migratorio", además de presentar errores en registros, discrepancias con la información del Sermig y debilidades en la fiscalización de extranjeros en situación irregular. Asimismo, observó una "débil estructura de control interno y gestión".

El informe, además, detectó "irregularidades en el control de vuelos, particularmente chárter", debido a que una aerolínea no presentó el listado de pasajeros exigido por la normativa sin recibir oportunamente la sanción correspondiente, así como problemas de "coordinación interinstitucional" entre los organismos involucrados. Ante estos antecedentes, la Contraloría instruyó "sumarios administrativos en los tres servicios auditados para determinar eventuales responsabilidades funcionarias" y ordenó implementar sistemas de seguimiento de los menores para verificar que sus derechos no hayan sido vulnerados.

Luis Thayer dijo que como el informe instruye la apertura de sumarios "no voy a referirme a los aspectos señalados en el informe. Voy a reiterar, sin embargo, lo que dije dentro de la comisión en términos de que yo tengo la convicción legal respecto de que las decisiones que tomamos en materia de la exención del procedimiento de legalización en un consulado colapsado, lo mismo que hicimos respecto del cierre del consulado venezolano aquí en Chile, tiene todo el fundamento legal".

El diputado Felipe Ross (Rep) dijo que Thayer "debió" conocer "cuáles eran sus atribuciones y escogió poner sus consideraciones morales por sobre la ley". Su par Cristián Araya (Rep) señaló que el exPresidente Gabriel Boric y Tayer "deben responder por las ilegalidades cometidas en materia migratoria",

El presidente del PPD Raúl Soto, dijo que "me preocupa el tono del señor Thayer. Insiste en que tiene la 'convicción legal' de que actuó bien y deja a entrever que la Contraloría estaría equivocada".

En tanto la Contralora Dorothy Pérez reveló en la Cámara que hubo una denuncia a una funcionaria del Sermig por presuntamente recibir pagos para agilizar trámites de documentos migratorios.

Matías Gatica Lindsay

La Contraloría publicó su informe final sobre la llegada al país en vuelos chárter de 64 niños haitianos en el marco de procesos de reunificación familiar en 2025, situación que derivó en una investigación por eventual tráfico de menores. El ente fiscalizador detectó "irregularidades" e "incumplimientos" en distintas instituciones de Estado.

Luego que la PDI informara que los 64 menores fueron encontrados en buenas condiciones, la Contraloría reveló que el Servicio Nacional de Migraciones, entonces liderado por Luis Thayer, aplicó excepciones a requisitos exigidos por la ley para el ingreso de extranjeros sin tener facultades para ello, lo que configuró una vulneración al ordenamiento jurídico.

El informe sostiene que el Sermig presenta "debilidades significativas en sus controles", entre ellas la falta de verificación de antecedentes entregados por los solicitantes, la ausencia de protocolos para situaciones críticas, la aprobación de permisos sin contar oportunamente con informes policiales y registros incompletos o erróneos.

También detectó "incumplimientos a la normativa en el otorgamiento de permisos", como certificados vencidos o no legalizados y la falta de documentos obligatorios. A ello se suma la emisión de "un memorándum que, sin contar con atribuciones para ello, disminuyó los requisitos y condiciones aplicables al procedimiento", lo que implicó "arrogarse atribuciones propias de los poderes colegisladores, o de la potestad reglamentaria". Además, constató una "ausencia de verificación suficiente de los adultos responsables" de los niños.

Además denunció "una serie de incumplimientos relevantes" en el Sermig, la Subsecretaría de la Niñez y la PDI. Respecto de esta última, dijo que "no cuenta con manuales generales, formales y completos de control migratorio", además de presentar errores en registros, discrepancias con la información del Sermig y debilidades en la fiscalización de extranjeros en situación irregular. Asimismo, observó una "débil estructura de control interno y gestión".

El informe, además, detectó "irregularidades en el control de vuelos, particularmente chárter", debido a que una aerolínea no presentó el listado de pasajeros exigido por la normativa sin recibir oportunamente la sanción correspondiente, así como problemas de "coordinación interinstitucional" entre los organismos involucrados. Ante estos antecedentes, la Contraloría instruyó "sumarios administrativos en los tres servicios auditados para determinar eventuales responsabilidades funcionarias" y ordenó implementar sistemas de seguimiento de los menores para verificar que sus derechos no hayan sido vulnerados.

Luis Thayer dijo que como el informe instruye la apertura de sumarios "no voy a referirme a los aspectos señalados en el informe. Voy a reiterar, sin embargo, lo que dije dentro de la comisión en términos de que yo tengo la convicción legal respecto de que las decisiones que tomamos en materia de la exención del procedimiento de legalización en un consulado colapsado, lo mismo que hicimos respecto del cierre del consulado venezolano aquí en Chile, tiene todo el fundamento legal".

El diputado Felipe Ross (Rep) dijo que Thayer "debió" conocer "cuáles eran sus atribuciones y escogió poner sus consideraciones morales por sobre la ley". Su par Cristián Araya (Rep) señaló que el exPresidente Gabriel Boric y Tayer "deben responder por las ilegalidades cometidas en materia migratoria",

El presidente del PPD Raúl Soto, dijo que "me preocupa el tono del señor Thayer. Insiste en que tiene la 'convicción legal' de que actuó bien y deja a entrever que la Contraloría estaría equivocada".

En tanto la Contralora Dorothy Pérez reveló en la Cámara que hubo una denuncia a una funcionaria del Sermig por presuntamente recibir pagos para agilizar trámites de documentos migratorios.

La ministra de Educación, María Paz Arzola, desdramatizó la resolución del Tribunal Constitucional que acogió los argumentos de la oposición y declaro inconstitucionales cuatro artículos del proyecto Escuelas Protegidas.

Luego que el TC declaró inconstitucional la facultad policial para revisar vestimentas y mochilas de estudiantes en colegios sin orden judicial, la prohibición de vestimentas con apología a la violencia, las sanciones a quienes interrumpan las clases, y la pérdida de gratuidad universitaria para estudiantes condenados por violencia, Arzola dijo ayer a radio Infinita que son "respetuosos" del fallo, del cual aseguró aún no conocen "el fundamento" y señaló que "nuestro objetivo sigue siendo el mismo que es avanzar en la protección, en la seguridad en las escuelas, en poder entregar herramientas a los colegios para que puedan prevenir también hechos que escapan de sus posibilidades resolver".

Además destacó el la iniciativa " tiene distintas herramientas, que lo que buscan es enfrentar los problemas de inseguridad, dar más facultad a los docentes. Otra disposición de esta ley tiene que ver con incorporar más filtros a las denuncias por convivencia que se realizan a la Superintendencia (...) y por tanto, ahí también vemos que son avances que ya tenemos asegurados" y que "de todas maneras estamos más adelante de lo que estábamos antes de esta ley, y aquellas materias que se han objetado vamos a ver cómo avanzar una vez que estén los fundamentos".

En la oposición valoraron el fallo y en el oficialismo el diputado Ricardo Neumann (UDI) dijo que "estudiaremos los fundamentos del fallo y, si es necesario, impulsaremos una reforma constitucional".

La ministra de Educación, María Paz Arzola, desdramatizó la resolución del Tribunal Constitucional que acogió los argumentos de la oposición y declaro inconstitucionales cuatro artículos del proyecto Escuelas Protegidas.

Luego que el TC declaró inconstitucional la facultad policial para revisar vestimentas y mochilas de estudiantes en colegios sin orden judicial, la prohibición de vestimentas con apología a la violencia, las sanciones a quienes interrumpan las clases, y la pérdida de gratuidad universitaria para estudiantes condenados por violencia, Arzola dijo ayer a radio Infinita que son "respetuosos" del fallo, del cual aseguró aún no conocen "el fundamento" y señaló que "nuestro objetivo sigue siendo el mismo que es avanzar en la protección, en la seguridad en las escuelas, en poder entregar herramientas a los colegios para que puedan prevenir también hechos que escapan de sus posibilidades resolver".

Además destacó el la iniciativa " tiene distintas herramientas, que lo que buscan es enfrentar los problemas de inseguridad, dar más facultad a los docentes. Otra disposición de esta ley tiene que ver con incorporar más filtros a las denuncias por convivencia que se realizan a la Superintendencia (...) y por tanto, ahí también vemos que son avances que ya tenemos asegurados" y que "de todas maneras estamos más adelante de lo que estábamos antes de esta ley, y aquellas materias que se han objetado vamos a ver cómo avanzar una vez que estén los fundamentos".

En la oposición valoraron el fallo y en el oficialismo el diputado Ricardo Neumann (UDI) dijo que "estudiaremos los fundamentos del fallo y, si es necesario, impulsaremos una reforma constitucional".