Matías Gatica Lindsay

Como de "suma urgencia" calificaron tanto senadores oficialistas como opositores el avance en la Cámara Alta del proyecto que regula los sistemas de Inteligencia Artificial. La iniciativa, aprobada por la Cámara de Diputados en octubre de 2025, se encuentra en su segundo trámite legislativo y deberá ser revisada por la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación del Senado.

El proyecto, que tuvo su origen en una moción parlamentaria con un mensaje del Gobierno del exPresidente Gabriel Boric, busca establecer reglas para el desarrollo y uso de esta tecnología de forma segura, ética y responsable, pero que a su vez promueva la innovación, sin dejar de proteger los derechos de las personas. Para ello propone clasificar los sistemas de IA según el nivel de riesgo que presentan (inaceptable, alto, moderado y bajo), para que las exigencias y obligaciones sean proporcionales al impacto que puedan generar.

De esta forma, los sistemas de mayor riesgo deberán cumplir requisitos más estrictos en materia de transparencia, seguridad y supervisión.

La iniciativa contempla la creación de un Consejo Asesor Técnico que supervise el cumplimiento de la normativa; otorga facultades de fiscalización y sanción a la Agencia de Protección de Datos Personales; y establece multas desde las 5 mil hasta las 20 mil UTM, dependiendo de la gravedad de la infracción.

Senadores de comisión

Si bien existe consenso entre los senadores que integran la comisión que revisará el proyecto sobre la necesidad de regular el uso de la IA, los parlamentarios plantean diferencias sobre el enfoque que debería tener la futura ley.

El senador PPD Ricardo Celis dijo a este medio que la IA avanza más rápido que la legislación, por lo que es "urgente" contar con una regulación moderna. En ese sentido, afirmó que "debemos establecer reglas claras que protejan los derechos de las personas, resguarden la privacidad y eviten abusos, pero sin frenar la innovación y el desarrollo tecnológico". Asimismo, planteó que "la IA debe estar al servicio de las personas y no por sobre ellas", agregando que las mayores exigencias de transparencia y supervisión deben concentrarse en áreas sensibles como la salud, la educación y la seguridad.

Por su parte, la senadora PS Daniella Cicardini dijo que "Chile no puede llegar tarde a esta discusión", defendió la necesidad de contar con "una regulación moderna, seria y equilibrada", y agregó que es clave el rol del Estado para fijar reglas, establecer estándares y evitar abusos, sin dejar atrás a universidades, emprendedores y pymes.

Por el contrario, el senador Rojo Edwards (Ind.-RN) sostuvo que, si bien es urgente avanzar en una regulación, el proyecto necesita un cambio de enfoque mediante una indicación sustitutiva. A su juicio, "es absolutamente urgente la certeza jurídica respecto a la inteligencia artificial" y la ley debe ser "habilitante para el uso de la inteligencia artificial y para la inversión", más que replicar modelos regulatorios extranjeros. En esa línea, señaló que la iniciativa "se hizo modelada bajo los estándares europeos que los propios europeos están retrocediendo".

Edwards agregó que la normativa debe hacerse cargo de los riesgos y del mal uso de la inteligencia artificial, pero advirtió que "no se puede culpar a un emprendedor que realiza una herramienta cuando un tercero la utiliza para algo para lo cual no fue creada". Por ello, insistió en que el foco debe estar en "ayudarlos fuertemente, darles garantía, acceso a financiamiento e incentivos", para atraer inversión y fortalecer el desarrollo de esta tecnología.

Opiniones de expertos

Las opiniones de expertos también apuntan a que el desafío no solo está en aprobarla, sino en lograr una regulación que abarque los derechos y el desarrollo.

Francisco Farías, gerente legal de Maxxa, plataforma financiera integral creada para apoyar a las pymes, explicó que el proyecto establece una responsabilidad compartida entre desarrolladores, proveedores e implementadores, por lo que una empresa que utilice herramientas de terceros "no está eximida de responsabilidad frente a quienes resulten dañados". A su juicio, la regulación debe transformarse en "un marco de confianza y no una barrera de entrada", especialmente para las pymes.

Farías añadió que la experiencia europea demuestra que una regulación demasiado exigente puede afectar a startups y pequeñas empresas, por lo que llamó a establecer criterios claros para clasificar los niveles de riesgo y plazos de implementación realistas.

En el mundo académico, el profesor de la U. de los Andes, Claudio Álvarez, respaldó el enfoque basado en riesgos, pero advirtió que "no es lo mismo probar una herramienta educativa en un entorno académico supervisado que desplegar un sistema automatizado" que influya en decisiones sobre salud, educación o beneficios sociales, por lo que sostuvo que una regulación excesivamente compleja podría terminar favoreciendo a las grandes empresas por sobre universidades, startups y emprendedores. Por ello, propuso una fiscalización con mayor participación de centros de investigación.

"Si no regulamos podemos normalizar sistemas opacos, pero si regulamos mal podemos generar una burocracia redundante que termine castigando a quienes quieren innovar responsablemente", añadió.

Una visión similar expresó el profesor de Derecho de la Información de la U. Autónoma, Sebastián Zárate, quien dijo que el modelo por niveles de riesgo permite adaptar la regulación según el impacto de cada sistema. Por eso advirtió que "el reto consiste en construir una norma capaz de amoldarse a ese cambio sin frenar el desarrollo tecnológico", y que es clave "articular y desarrollar de mejor manera" la legislación con los neuroderechos existentes en Chile.