Matías Gatica Lindsay

El 7° Tribunal de juicio Oral en lo Penal de Santiago dictó ayer la sentencia contra 17 personas que fueron declaradas culpables por un megafraude a Fonasa superior a $31 mil millones. Los nueve médicos involucrados deberán cumplir con pena efectiva de cárcel.

Luego de más de un año de juicio, estas 17 personas, entre ellas los nueve médicos, captadores y compradores de licencias médicas fraudulentas, fueron declarados culpables en junio y ayer se dictó la sentencia en la que se acreditaron los delitos de emisión de licencias falsas, asociación delictiva, fraude de subvenciones y lavado de activos.

Entre 2020 y 2022 el médico colombiano Samir Rivaldo y su pareja Yesica Donado reclutaron a otros profesionales extranjeros con quienes crearon diversos centros médicos con el fin de emitir licencias fraudulentas. En ese periodo se otorgaron más de 80 mil de estos documentos, que provocaron un perjuicio a Fonasa de $31.571.798.643.

Samir Rivaldo fue condenado a a 10 años, por fraude de subvenciones; a cinco por emisión de licencia falsas; a tres por asociación ilícita, y a tres por lavado de activos.

También fueron sentenciados a pena efectiva los médicos Yesica Donado (21 años), Lizney de La Hoz (13 años), José Gnecco (13 años), Ana Toncel (16 años), Karen Mejía (13 años), Obed Urrea (16 años) , Yainer Olivero (15 años) y Jorge González (12 años).

Los captadores Álvaro Gnecco y Rodrigo Campos fueron condenados a 13 y 17 años, respectivamente; mientras que se otorgó la pena de libertad sustitutiva para la captadora Nancy Verdejo y para los compradores Miguel Hidalgo, Luis Jeria, José Araya y Marcelo López.

Los imputados fueron condenados a pagar multas millonarias, que en el caso de Rivaldo, quien emitió más de 16 mil licencias fraudulentas, asciende a los $2.566 millones. Junto con ello la justicia decretó el decomiso de inmuebles, vehículos y cuentas bancarias.

Los sentenciados deberán pagar más de $26.000 millones para resarcir a Fonasa

Al dictar la sentencia, la jueza Grace Díaz dijo que "la cuantiosa pérdida de recursos públicos que estas conductas provocaron, repercute directa e inevitablemente sobre la calidad, cobertura y suficiencia de las prestaciones sanitarias a que acceden todos los ciudadanos beneficiarios del sistema estatal de salud".

Sostuvo que hubo "un aprovechamiento sistemático del sistema previsional de salud chileno".

El fiscal Alvaro Pérez dijo que "el médico que fue condenado a las penas mayores fue a 21 años. Otros médicos, 16, 15, 13 años. No solamente fueron condenados estos médicos, también fueron condenados otras personas que intervinieron en esta estructura criminal relacionada fundamentalmente con captadores (...) algunos compradores de licencias médicas".

El persecutor destacó que todos los médicos fueron condenados a penas efectivas de cárcel y que en el caso de los otros imputados, entre ellos los compradores, fueron sentenciados a "algo más de cuatro años", por lo que en esos casos se accedió a la pena alternativa de libertad vigilada intensiva.

Una de la abogadas defensoras, Camila Cisterna, informó que presentarán los recursos de nulidad correspondientes; mientras, el abogado de tres de los sentenciados, Roberto Guzmerino, dijo que llevará el tema a la Corte Suprema "para que resuelvan, entre otras cosas, que hay dos de las magistradas que están con cuaderno de remoción (...) al parecer por el mal uso de licencias".

En este último caso se habría referido a la juezas Grace Díaz y Alejandra García. Este última, al cierre del juicio se inhabilitó luego de un proceso administrativo en su contra por presuntamente haber viajado al extranjero teniendo reposo médico.

La ministra de Salud, May Chomali, aseguró que "estamos buscando múltiples alternativas en Fonasa, Suseso, Compin, nuevos sistemas para pesquisar esto (licencias irregulares) precozmente"

Matías Gatica Lindsay

El 7° Tribunal de juicio Oral en lo Penal de Santiago dictó ayer la sentencia contra 17 personas que fueron declaradas culpables por un megafraude a Fonasa superior a $31 mil millones. Los nueve médicos involucrados deberán cumplir con pena efectiva de cárcel.

Luego de más de un año de juicio, estas 17 personas, entre ellas los nueve médicos, captadores y compradores de licencias médicas fraudulentas, fueron declarados culpables en junio y ayer se dictó la sentencia en la que se acreditaron los delitos de emisión de licencias falsas, asociación delictiva, fraude de subvenciones y lavado de activos.

Entre 2020 y 2022 el médico colombiano Samir Rivaldo y su pareja Yesica Donado reclutaron a otros profesionales extranjeros con quienes crearon diversos centros médicos con el fin de emitir licencias fraudulentas. En ese periodo se otorgaron más de 80 mil de estos documentos, que provocaron un perjuicio a Fonasa de $31.571.798.643.

Samir Rivaldo fue condenado a a 10 años, por fraude de subvenciones; a cinco por emisión de licencia falsas; a tres por asociación ilícita, y a tres por lavado de activos.

También fueron sentenciados a pena efectiva los médicos Yesica Donado (21 años), Lizney de La Hoz (13 años), José Gnecco (13 años), Ana Toncel (16 años), Karen Mejía (13 años), Obed Urrea (16 años) , Yainer Olivero (15 años) y Jorge González (12 años).

Los captadores Álvaro Gnecco y Rodrigo Campos fueron condenados a 13 y 17 años, respectivamente; mientras que se otorgó la pena de libertad sustitutiva para la captadora Nancy Verdejo y para los compradores Miguel Hidalgo, Luis Jeria, José Araya y Marcelo López.

Los imputados fueron condenados a pagar multas millonarias, que en el caso de Rivaldo, quien emitió más de 16 mil licencias fraudulentas, asciende a los $2.566 millones. Junto con ello la justicia decretó el decomiso de inmuebles, vehículos y cuentas bancarias.

Los sentenciados deberán pagar más de $26.000 millones para resarcir a Fonasa

Al dictar la sentencia, la jueza Grace Díaz dijo que "la cuantiosa pérdida de recursos públicos que estas conductas provocaron, repercute directa e inevitablemente sobre la calidad, cobertura y suficiencia de las prestaciones sanitarias a que acceden todos los ciudadanos beneficiarios del sistema estatal de salud".

Sostuvo que hubo "un aprovechamiento sistemático del sistema previsional de salud chileno".

El fiscal Alvaro Pérez dijo que "el médico que fue condenado a las penas mayores fue a 21 años. Otros médicos, 16, 15, 13 años. No solamente fueron condenados estos médicos, también fueron condenados otras personas que intervinieron en esta estructura criminal relacionada fundamentalmente con captadores (...) algunos compradores de licencias médicas".

El persecutor destacó que todos los médicos fueron condenados a penas efectivas de cárcel y que en el caso de los otros imputados, entre ellos los compradores, fueron sentenciados a "algo más de cuatro años", por lo que en esos casos se accedió a la pena alternativa de libertad vigilada intensiva.

Una de la abogadas defensoras, Camila Cisterna, informó que presentarán los recursos de nulidad correspondientes; mientras, el abogado de tres de los sentenciados, Roberto Guzmerino, dijo que llevará el tema a la Corte Suprema "para que resuelvan, entre otras cosas, que hay dos de las magistradas que están con cuaderno de remoción (...) al parecer por el mal uso de licencias".

En este último caso se habría referido a la juezas Grace Díaz y Alejandra García. Este última, al cierre del juicio se inhabilitó luego de un proceso administrativo en su contra por presuntamente haber viajado al extranjero teniendo reposo médico.

La ministra de Salud, May Chomali, aseguró que "estamos buscando múltiples alternativas en Fonasa, Suseso, Compin, nuevos sistemas para pesquisar esto (licencias irregulares) precozmente"

Matías Gatica Lindsay

El 7° Tribunal de juicio Oral en lo Penal de Santiago dictó ayer la sentencia contra 17 personas que fueron declaradas culpables por un megafraude a Fonasa superior a $31 mil millones. Los nueve médicos involucrados deberán cumplir con pena efectiva de cárcel.

Luego de más de un año de juicio, estas 17 personas, entre ellas los nueve médicos, captadores y compradores de licencias médicas fraudulentas, fueron declarados culpables en junio y ayer se dictó la sentencia en la que se acreditaron los delitos de emisión de licencias falsas, asociación delictiva, fraude de subvenciones y lavado de activos.

Entre 2020 y 2022 el médico colombiano Samir Rivaldo y su pareja Yesica Donado reclutaron a otros profesionales extranjeros con quienes crearon diversos centros médicos con el fin de emitir licencias fraudulentas. En ese periodo se otorgaron más de 80 mil de estos documentos, que provocaron un perjuicio a Fonasa de $31.571.798.643.

Samir Rivaldo fue condenado a a 10 años, por fraude de subvenciones; a cinco por emisión de licencia falsas; a tres por asociación ilícita, y a tres por lavado de activos.

También fueron sentenciados a pena efectiva los médicos Yesica Donado (21 años), Lizney de La Hoz (13 años), José Gnecco (13 años), Ana Toncel (16 años), Karen Mejía (13 años), Obed Urrea (16 años) , Yainer Olivero (15 años) y Jorge González (12 años).

Los captadores Álvaro Gnecco y Rodrigo Campos fueron condenados a 13 y 17 años, respectivamente; mientras que se otorgó la pena de libertad sustitutiva para la captadora Nancy Verdejo y para los compradores Miguel Hidalgo, Luis Jeria, José Araya y Marcelo López.

Los imputados fueron condenados a pagar multas millonarias, que en el caso de Rivaldo, quien emitió más de 16 mil licencias fraudulentas, asciende a los $2.566 millones. Junto con ello la justicia decretó el decomiso de inmuebles, vehículos y cuentas bancarias.

Los sentenciados deberán pagar más de $26.000 millones para resarcir a Fonasa

Al dictar la sentencia, la jueza Grace Díaz dijo que "la cuantiosa pérdida de recursos públicos que estas conductas provocaron, repercute directa e inevitablemente sobre la calidad, cobertura y suficiencia de las prestaciones sanitarias a que acceden todos los ciudadanos beneficiarios del sistema estatal de salud".

Sostuvo que hubo "un aprovechamiento sistemático del sistema previsional de salud chileno".

El fiscal Alvaro Pérez dijo que "el médico que fue condenado a las penas mayores fue a 21 años. Otros médicos, 16, 15, 13 años. No solamente fueron condenados estos médicos, también fueron condenados otras personas que intervinieron en esta estructura criminal relacionada fundamentalmente con captadores (...) algunos compradores de licencias médicas".

El persecutor destacó que todos los médicos fueron condenados a penas efectivas de cárcel y que en el caso de los otros imputados, entre ellos los compradores, fueron sentenciados a "algo más de cuatro años", por lo que en esos casos se accedió a la pena alternativa de libertad vigilada intensiva.

Una de la abogadas defensoras, Camila Cisterna, informó que presentarán los recursos de nulidad correspondientes; mientras, el abogado de tres de los sentenciados, Roberto Guzmerino, dijo que llevará el tema a la Corte Suprema "para que resuelvan, entre otras cosas, que hay dos de las magistradas que están con cuaderno de remoción (...) al parecer por el mal uso de licencias".

En este último caso se habría referido a la juezas Grace Díaz y Alejandra García. Este última, al cierre del juicio se inhabilitó luego de un proceso administrativo en su contra por presuntamente haber viajado al extranjero teniendo reposo médico.

La ministra de Salud, May Chomali, aseguró que "estamos buscando múltiples alternativas en Fonasa, Suseso, Compin, nuevos sistemas para pesquisar esto (licencias irregulares) precozmente"

El Ministerio de Salud presentó ayer el Plan de Inversiones Oncológicas 2026-2030 que contempla proyectos para fortalecer la red pública en la detección, diagnóstico y tratamiento de cáncer en Chile.

El plan considera 29 proyectos de inversión oncológica entre 2026 y 2035, que tendrán una inversión total estimada de US$835 millones.

De estas iniciativas, 25 corresponden al Plan Nacional del Cáncer y cuatro son construcciones hospitalarias que incluirán prestaciones oncológicas de alta complejidad.

De estas primeras 25, dos están en ejecución, cinco en diseño, nueve en estudio y una en propuesta. El jefe del Departamento de Cáncer del Minsal, Alejandro Berkovits, dijo que hay 12 centros en construcción, 11 en habilitación, es decir, "centros que están construidos y que nosotros queremos habilitar áreas para otorgar prestaciones oncológicas de alta complejidad; y dos que van a tener modernización de equipamiento".

Con el foco en la radioterapia, la red pública busca aumentar el equipamiento de alta complejidad: los aceleradores lineales pasarían de 19 a 53 en 2035, la braquiterapia de cuatro a 12 equipos, los SPECT-CT de siete a 25 y los PET-CT de tres a 18. Con ello, se busca ampliar la cobertura a más regiones y descentralizar las atenciones. "Necesitamos un país pintado de azul, donde los pacientes no tengan que salir de su región para tratarse de un cáncer con algo tan básico como es una radioterapia", dijo la ministra de Salud, May Chomali.

Dijo que pedirá a Hacienda un aumento presupuestario de entre un 4% y un 5% para cubrir estas iniciativas. Los proyectos en ejecución tienen un costo de US$150 millones y los restantes, a discutirse en los presupuestos de 2027 a 2030, suman US$685 millones estimados.

El Ministerio de Salud presentó ayer el Plan de Inversiones Oncológicas 2026-2030 que contempla proyectos para fortalecer la red pública en la detección, diagnóstico y tratamiento de cáncer en Chile.

El plan considera 29 proyectos de inversión oncológica entre 2026 y 2035, que tendrán una inversión total estimada de US$835 millones.

De estas iniciativas, 25 corresponden al Plan Nacional del Cáncer y cuatro son construcciones hospitalarias que incluirán prestaciones oncológicas de alta complejidad.

De estas primeras 25, dos están en ejecución, cinco en diseño, nueve en estudio y una en propuesta. El jefe del Departamento de Cáncer del Minsal, Alejandro Berkovits, dijo que hay 12 centros en construcción, 11 en habilitación, es decir, "centros que están construidos y que nosotros queremos habilitar áreas para otorgar prestaciones oncológicas de alta complejidad; y dos que van a tener modernización de equipamiento".

Con el foco en la radioterapia, la red pública busca aumentar el equipamiento de alta complejidad: los aceleradores lineales pasarían de 19 a 53 en 2035, la braquiterapia de cuatro a 12 equipos, los SPECT-CT de siete a 25 y los PET-CT de tres a 18. Con ello, se busca ampliar la cobertura a más regiones y descentralizar las atenciones. "Necesitamos un país pintado de azul, donde los pacientes no tengan que salir de su región para tratarse de un cáncer con algo tan básico como es una radioterapia", dijo la ministra de Salud, May Chomali.

Dijo que pedirá a Hacienda un aumento presupuestario de entre un 4% y un 5% para cubrir estas iniciativas. Los proyectos en ejecución tienen un costo de US$150 millones y los restantes, a discutirse en los presupuestos de 2027 a 2030, suman US$685 millones estimados.

El Ministerio de Salud presentó ayer el Plan de Inversiones Oncológicas 2026-2030 que contempla proyectos para fortalecer la red pública en la detección, diagnóstico y tratamiento de cáncer en Chile.

El plan considera 29 proyectos de inversión oncológica entre 2026 y 2035, que tendrán una inversión total estimada de US$835 millones.

De estas iniciativas, 25 corresponden al Plan Nacional del Cáncer y cuatro son construcciones hospitalarias que incluirán prestaciones oncológicas de alta complejidad.

De estas primeras 25, dos están en ejecución, cinco en diseño, nueve en estudio y una en propuesta. El jefe del Departamento de Cáncer del Minsal, Alejandro Berkovits, dijo que hay 12 centros en construcción, 11 en habilitación, es decir, "centros que están construidos y que nosotros queremos habilitar áreas para otorgar prestaciones oncológicas de alta complejidad; y dos que van a tener modernización de equipamiento".

Con el foco en la radioterapia, la red pública busca aumentar el equipamiento de alta complejidad: los aceleradores lineales pasarían de 19 a 53 en 2035, la braquiterapia de cuatro a 12 equipos, los SPECT-CT de siete a 25 y los PET-CT de tres a 18. Con ello, se busca ampliar la cobertura a más regiones y descentralizar las atenciones. "Necesitamos un país pintado de azul, donde los pacientes no tengan que salir de su región para tratarse de un cáncer con algo tan básico como es una radioterapia", dijo la ministra de Salud, May Chomali.

Dijo que pedirá a Hacienda un aumento presupuestario de entre un 4% y un 5% para cubrir estas iniciativas. Los proyectos en ejecución tienen un costo de US$150 millones y los restantes, a discutirse en los presupuestos de 2027 a 2030, suman US$685 millones estimados.