Stephanie Ríos

El ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, y el intendente de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, se reunieron ayer en el Cajón del Maipo durante la instalación del puente mecano que reemplazará a la estructura que resultó afectada hace una semana por los aluviones en el sector de San Alfonso. El puente tiene una longitud de 30 metros, costó $300 millones y fue trasladado desde Los Ángeles hasta la Región Metropolitana.

Reclamos a orrego

La finalidad de la visita era dar cuenta del avance de los trabajos que debiesen finalizar esta semana, cuando familiares de las tres personas que aún están desaparecidas llegaron al lugar para increpar a las autoridades y cuestionar las labores de búsqueda del Gope, el Ejército y la Policía de Investigaciones (PDI). Orrego respondió a las críticas argumentando que "se ha hecho un trabajo con drones para escanear el río por cuadrículas. Se va a seguir buscando hasta que los encontremos. Además, el Ministerio de Obras Públicas subió una retroexcavadora al lugar para colaborar con la búsqueda", dijo. En tanto, los familiares de los jóvenes desaparecidos manifestaron su molestia señalando que "las autoridades no han ayudado mucho". Marcelo Suazo, Karin Araya y Mario Requena son las identidades de los desaparecidos.

300 millones costó el puente mecano que fue insatalado ayer en el Cajón del Maipo.

3 personas aún siguen desaparecidas tras los aluviones ocurridos en la Región Metropolitana.

La ministra de educación, Adriana Delpiano, afirmó en el programa Estado Nacional, de TVN, que la cartera velará por los alumnos de la casa de estudio si es que el proceso de cierre ocurre, tras declararse en quiebra luego que una empresa de guardias acusara el no pago de sus honorarios.

La titular de la cartera afirmó que "si finalmente se toma la decisión de cerrar la universidad, hay que nombrar un administrador de cierre, que no es lo mismo que un administrador provisional. Hay que buscar la mejor alternativa para hacernos cargo de 500 alumnos". Delpiano también aseguró que el ministerio está en conversaciones con otras universidades en el caso que Arcis cierre sus puertas definitivamente, argumentando que el proceso sería similar a lo ocurrido con la Universidad del Mar donde los alumnos, en su mayoría, fueron redistribuidos a otras casas de estudio. La ministra, además, aseguró que la casa de estudios no pertenece al Partido Comunista y que "ellos no están al control de la universidad", luego de acusaciones provenientes de Chile Vamos. Delpiano se reunirá con representantes de la Universidad Arcis el próximo 10 de marzo.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó una solicitud al parlamento para que investiguen las presuntas escuchas telefónicas a sus conversaciones en plena época de campaña, en 2016. Trump denunció el hecho el pasado fin de semana sin presentar ningún tipo de pruebas. Además, demostró su malestar a través de Twitter, manifestando: "Que bajo cayó el presidente Obama al pinchar mis teléfonos durante el sagrado proceso electoral". El vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer, anunció que el presidente también solicitó investigar a Barack Obama para determinar si abusó de sus poderes al intervenir el teléfono de Trump. El actual presidente acusó a Obama de haber ordenado grabar sus conversaciones en la Torre Trump, en Nueva York, el pasado noviembre. Por su lado, el ex mandatario, negó categóricamente las acusaciones. Kewin Lewis, un portavoz de Barack Obama, aseguró que las acusaciones eran falsas y Ben Rhodes, quién escribía los discursos del ex presidente, señaló que "ningún presidente puede ordenar que se pinche un teléfono".

A través de un comunicado de prensa, el conglomerado de negocios en ingeniería y construcción brasileño, Odebrecht, negó ayer haber entregado dinero durante 20 años a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a fin de garantizar la seguridad de sus obras en el país mencionado. Esto, luego de que el semanario Veja publicara el sábado un reportaje en el cual se hacía dicha acusación.

De acuerdo a la publicación semanal, dos ejecutivos de la compañía admitieron ante el fiscal general de la República que esos pagos, de entre US$50.000 Y US$100.000 al mes, se realizaban a cambio de "permisos" para la realización de sus obras en zonas bajo el control de la guerrilla.

Según el primer ministro somalí, Hasan Ali Khaire, la sequía que azota al país es una "calamidad". Más de 110 personas han fallecido debido al hambre y las severas diarreas provocadas por la calidad del agua en las regiones del sur del país, específicamente en las localidades de Bay y Bakool. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estimó que 5 millones de personas del país africano necesitan ayuda y comida, debido al hambruna, mientras que el gobierno decretó desastre nacional.