Diego Gotelli C.

Molestia causó en la Cancillería la acusación surgida por el gobierno de Venezuela, que el domingo vinculó a Chile con el presunto atentado frustrado al presidente Nicolás Maduro, imputación que llevó a Caracas a exigir explicaciones a La Moneda.

La principal y única prueba que hasta el momento ha presentado la administración venezolana para inculpar a Chile es la confesión de Henryberth Rivas Vivas, alias Morfeo, quien fue detenido el fin de semana acusado de formar parte de la cúpula que gestó el ataque del 4 de agosto, cuando dos drones que habrían portado explosivos C4 estallaron cerca de un acto público del mandatario.

En su declaración, exhibida por el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, el apresado dijo que al día siguiente del ataque fue contactado por una persona en España que le ordenó ir a la Embajada de Chile en Caracas, ya que ahí lo trasladarían a otras reparticiones para abandonar el país.

"No hay inmunidad diplomática en el caso de encubrimiento de terroristas", expresó el ministro Rodríguez, palabras que fueron recibidas como una "amenaza" por el titular de Relaciones Exteriores de Chile, Roberto Ampuero, quien ayer confirmó el envío de una nota de protesta a Caracas, a través del embajador de Venezuela en Santiago, Arévalo Méndez.

Para el canciller chileno, la intención de desconocer la inmunidad diplomática de la embajada "es particularmente grave porque supone poner en riesgo la integridad y seguridad de los representantes diplomáticos chilenos, y también de los huéspedes venezolanos que allí se encuentran".

Sobre la acusación, Ampuero afirmó que se tratan de declaraciones "calumniosas" e "irresponsables". La vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, agregó que el fin de la imputación es "desviar la atención" de la "crisis humanitaria" que vive Venezuela.

"Lo que ha denunciado falsamente el gobierno de Venezuela en contra de nuestro país no tiene ningún tipo de asidero y demuestra su falta de entendimiento de países democráticos", enfatizó la ministra.

Al rechazo nacional se sumaron los gobiernos de México y Colombia, cuyas embajadas también fueron involucradas en el presunto plan de escape de alias Morfeo. En respuesta, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, tuiteó que los aludidos se estarían "victimizando" en vez de aclarar la situación, y que sus posturas "llevan a prefigurar total desinterés hacia cualquier investigación objetiva, con el propósito de ocultar vínculos y responsabilidades".

28 detenidos van a la fecha por el presunto atentado contra Nicolás Maduro del 4 de agosto.

la declaración de alias Morfeo fue exhibida a la prensa local. En ella dice que le ordenaron ir a la Embajada chilena tras el ataque.

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D. G. C.

A cuatro meses que iniciara el proceso de compensación por el caso del papel tissue, esta semana el sistema vivirá una de sus últimas fechas claves, ya que el domingo se cerrarán las inscripciones para quienes no recibieron el pago de forma automática.

Este grupo, denominado público general, corresponde a quienes no son clientes del BancoEstado ni reciben beneficios del Instituto de Previsión Social (IPS). Según la estimación inicial del Sernac, cerca de dos millones de consumidores mayores de edad cumplen con los requisitos y a agosto ya iban 1,3 millones de anotados.

Respecto a los pagos, para los usuarios bancarios y del IPS el proceso culminó a fines de agosto con más de 11,5 millones de personas que ya cuentan con su compensación por la colusión, ya sea en sus cuentas o en su liquidación del mes pasado. En el caso del público general, en tanto, los depósitos partieron el 1 de agosto y se extenderán hasta el 10 de octubre, siguiendo un calendario respecto al orden de su inscripción.

Para este universo existen dos formas de pago. Si prefirió la transferencia a otro banco el trámite se concretará unos 15 días hábiles después de inscribirse, mientras que si optó por el retiro en CajaVecina sus $7.000 estarán disponibles diez días hábiles después del registro.

La compensación terminará en mayo del 2019, cuando se de a conocer el remanente del proceso y cómo se distribuirá ese dinero.

Aunque evitó comentar el escenario procesal que enfrentan, el gobierno aseguró ayer que ha entregado todo el apoyo a los dos jóvenes chilenos acusados de homicidio en Malasia, por el que arriesgan una pena que podría ser 30 años de prisión o la pena de muerte.

"Quiero que tengan la plena seguridad de que la Cancillería no ha dejado ni dejará solos a estos jóvenes chilenos", dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero.

El jueves se reanudará el juicio contra el ingeniero Felipe Osiadacz, de 27 años, y el cocinero Fernando Candia, de 30, acusados de matar a un hombre, a quien los chilenos acusan de haberlos seguido hasta su hotel exigiéndoles dinero. Según su versión, ellos sólo se defendieron y en un "forcejeo", el sujeto falleció. Por ello, se declaran como inocentes

El caso se mantendrá abierto hasta el 9 de octubre en el tribunal, lapso en que la fiscalía interrogará a ocho testigos. Osiadacz y Candia llevan un año en prisión.

El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) autorizó ayer el uso de tronaduras en el proyecto de extracción de carbón de Mina Invierno en la Isla Riesco, en la Región de Magallanes. Con ello, revirtió la decisión que había acordado la Comisión de Evaluación Ambiental de Magallanes, quien en enero indicó que esa modalidad para sacar mineral afectaría a la fauna de esa zona austral. Un informe del gobierno había expresado en abril su apoyo al proyecto, pues aseguraba que no tendría efectos adversos contra el medio ambiente. Grupos ecologistas afirmaban que avalarlo no sólo perjudicaba al ecosistema del sector, sino que también respaldaba el uso de un combustible fósil. El titular del proyecto dijo ayer en un comunicado que la decisión dará "continuidad a la operación de Mina Invierno y con ello tranquilidad a más de mil trabajadores y sus familias" y aseguró que cumplirá con los "más altos estándares exigidos por la autoridad medioambiental en el país".