Diego Gotelli C.

Con desilusión Catalina, de 11 años, vio como la semana pasada su colegio la vetó de las clases online, impidiéndole hacer una de las actividades que, según reconoce, más le gusta.

La niña que cursa sexto básico en el Denham School de San Bernardo se dio cuenta de su exclusión cuando intentó ingresar a la plataforma digital del establecimiento para repasar materias, cosa que no pudo hacer pues un mensaje le alertó que el administrador había inhabilitado su cuenta.

"Nosotros pensamos que nos habían hackeado", contó la menor, quien junto a su familia expuso su caso en Canal 13. Pero cuando su madre reportó el problema supo que el veto era por no pago de una mensualidad. "Me sentí mal porque me están quitando el derecho a estudiar, que a mí me gusta", lamentó la niña.

Su caso no es único. El citado medio identificó a al menos cinco apoderados del colegio que acusaban la misma suspensión por deudas, y pese a que ante la cobertura mediática el recinto los reintegró pidiendo saldar pagos, esa solución no siempre se repite.

Según datos entregados a este medio por la Superintendencia de Educación, en lo que va de año han recibido 107 denuncias de cancelación de matrículas por deudas, de las cuales 84 se resolvieron y 23 permanecen aún en revisión por ahora.

Los vetados activos se distribuyen en las regiones de Antofagasta (4 casos), Atacama (2), Valparaíso (2), Los Lagos (1) y la Metropolitana (14). Esta última además concentra la mayoría de denuncias en el año, con 59 casos.

Desde el organismo destacaron en un comunicado que al haber 84 casos resueltos demuestra que hay voluntad de familias y escuelas en "llegar a acuerdos para no poner en riesgo la educación de los niños y niñas", pese a las dificultades económicas de ambas partes. Sin embargo, recordaron que este año por ley está prohibido aplicar sanciones a estudiantes "como prohibirles el acceso a clases o cancelar la matrícula" por deudas económicas de apoderados, por lo que llamaron a denunciar en el sitio www.supereduc.cl.

Durante el primer trimestre la materia más denunciada en la página fueron las "irregularidades en la entrega del servicio educativo mediante modalidad remota", categoría que se mide por primera vez y que hasta marzo acumulaba 147 quejas. Segundo en el ranking de reclamos figuraban las "no renovaciones o cancelaciones de matrícula por problemas con apoderados", que entre enero y marzo acumuló 120 denuncias, más del doble que en igual lapso del año anterior.

Tras conocerse el caso de San Bernardo, el presidente capitalino del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, criticó el actuar, tildándolo de "inmoral" y asemejándolo al "bullying", añadiendo que esto muestra "que el fin al lucro en la educación no es tal".

en la capital se han denunciado 59 casos de cancelación de matrícula por deudas. Ya se resolvieron 45.

Representantes de los distintos partidos y movimientos de la oposición salieron ayer de forma conjunta a rechazar la decisión del Gobierno de recurrir ante el Tribunal Constitucional contra el tercer retiro del 10% de las AFP, que hoy debe votarse en el Senado en general y particular.

Los dirigentes acusaron a La Moneda de actuar "sin un mínimo de empatía y sensibilidad" al trabar el acceso a estos recursos, para "tener algo de la tranquilidad que no han tenido con las políticas de Gobierno", reza la declaración pública.

Los firmantes demandaron al Ejecutivo que promueva una Renta Básica de Emergencia, de carácter universal, para que las familias puedan enfrentar la pandemia.

Parlamentarios del sector se reunieron ayer a analizar la posible presentación de una acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera, algo que no logra consenso en la oposición.

El Gobierno defendió el recurso, insistiendo en que era su "deber" por la presunta ilegalidad del proyecto. Sin embargo, criticó que se discuta una acusación contra Piñera. El vocero Jaime Bellolio lo calificó de "absurdo" y acusó a sus promotores de tener "poco apego a la democracia".

Por 105 votos a favor, 18 en contra y 26 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó ayer un proyecto para fijar un impuesto especial a los "súper ricos" e incrementar la tasa que pagan las grandes empresas, a fin de allegar más recursos para enfrenar los efectos económicos y sociales de la pandemia.

El avance en general de la iniciativa impulsada principalmente desde el PC fue posible gracias a que contó con votos de Chile Vamos, bloque que esta semana presentó una propuesta en una dirección similar.

El proyecto aprobado ayer consagra una tasa única de 2,5% a quienes tengan un patrimonio superior a los US$22 millones. Asimismo, eleva el impuesto de 27 a 30% para las grandes compañías. Todo esto ahora deberá ser discutido en particular en la comisión de Constitución.

El ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa, afirmó que el Gobierno está explorando "fórmulas" para elevar la recaudación fiscal a fin de financiar los programas sociales de la pandemia. Pese a ello, sostuvo que esta iniciativa tenía "tintes políticos".