Leo Riquelme

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) entregó un informe de expertos independientes sobre Venezuela y confirmó la comisión de violaciones sistemáticas a los derechos humanos contra quienes tienen posturas críticas al régimen de Nicolás Maduro, incluyendo a quienes cuestionan las políticas sanitarias por el coronavirus.

El documento se centra en el período 2014-2020, tiene más de 400 páginas, fue elaborado en base a cientos de entrevistas y se enfocó en 223 casos, de casi 3 mil reportados. Sus encargados indicaron que el gobierno no ayudó en la entrega de antecedentes.

La misión corroboró detenciones arbitrarias por razones de afiliación, participación, opiniones o expresión política. Muchos apresados fueron víctimas de desapariciones forzadas de corta duración, con "tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluida la violencia sexual y de género, a manos de las agencias de inteligencia" de las policías estatales.

Las torturas se habrían cometido en su mayoría para tener información y claves de teléfonos, correos electrónicos y redes sociales. Las técnicas utilizadas eran poner a los detenidos en posiciones de estrés; asfixiarlos con bolsas plásticas; usar sustancias químicas o agua; propinar palizas o descargas eléctricas; amenazar de muerte y violación contra la víctima o sus familiares; someter a iluminación constante; frío extremo; y desnudez forzada.

"La misión tiene motivos razonables para creer que en varios casos el Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) fabricó evidencias colocando pruebas falsas a las víctimas, especialmente armas de fuego, y/o distorsionando los resultados de los allanamientos de casas o automóviles. Una práctica común era que los funcionarios gubernamentales de alto nivel hacían declaraciones públicas refiriéndose a las detenciones poco antes o poco después de que se produjeran, comentando sobre la responsabilidad penal del acusado", precisa el informe.

La misión identificó que las víctimas solían ser críticos del gobierno con un alto perfil público, como activistas sociales, dirigentes políticos, opositores y disidentes militares. "Eran percibidas como una amenaza", dice el texto.

Las detenciones también incluían a sus amigos y familiares, quienes eran sometidos a interrogatorios para "ejercer presión" sobre sus cercanos de mayor perfil.

El listado abarca a personas que el Estado consideraba como desafiantes a las "narrativas oficiales", como funcionarios públicos, jueces, fiscales, abogados, defensoras de derechos humanos, periodistas, blogueros y usuarios de redes sociales.

"En 2020, también se detuvieron a trabajadores de la salud y a usuarios de las redes sociales que criticaban la respuesta del Gobierno ante la pandemia del Covid-19", precisa la ONU.

En agosto, dirigentes médicos y de la oposición denunciaron que muchas personas prefieren ocultar que tienen coronavirus para evitar ser llevados a residencias sanitarias de aislamiento. Acusaron en esa ocasión que en ellas las condiciones son inhumanas y son usadas como una estrategia chavista para reprimir a críticos del régimen.

Ruptura gradual

Entre el 1 de enero de 2014 y el 15 de julio de 2020 la misión identificó 3.479 casos de detenciones por motivos políticos, de los cuales 902 fueron selectivas. Según la ONG Foro Penal, existe una especie de "puerta giratoria" en la que a medida que unos son apresados, otros son liberados. Esto sería para mantener un número constante de reos.

Recientemente Maduro indultó a 110 presos políticos y la Alta Comisionada de la ONU para los DD.HH. le pidió avanzar en esta senda.

El informe indica que desde 2014 comenzó a vivirse en el país una "ruptura gradual de las instituciones democráticas y el Estado de Derecho", que favoreció una "creciente impunidad", la "obstaculización" hasta llegar al bloqueo de la Asamblea Nacional (el legislativo, de mayoría opositora) y la intervención del Tribunal Supremo, en el cual el chavismo designó 15 jueces.

La indagatoria concluyó que en Venezuela se cometen "crímenes de lesa humanidad", y si bien detalla que las responsabilidades penales son individuales, agregó que existe "amplia información" que demuestra que "las autoridades a nivel presidencial y ministerial tenían y ejercían su poder y supervisión" sobre los organismos identificados como autores de violaciones; no adoptaron medidas para evitarlas; y con sus políticas contribuyeron a que ocurrieran.

"La misión tiene motivos razonables para creer que tanto el Presidente como los ministros para Relaciones Interiores, Justicia y Paz y de Defensa ordenaron o contribuyeron a la comisión de los delitos documentados". Ante esto, recomendó que las conclusiones sean tomadas en cuenta por la Corte Penal Internacional, que ya tiene causas abiertas contra Maduro.